Nueva Constitución para Chile en el
contexto del estallido social actual

Luis Pezo Orellana
Luis_pezo@hotmail.com

“¡Chile despertó!”, es una de las consignas que se dicen, escriben y cantan en el marco de las movilizaciones que a diario se realizan, producto del inédito e impresionante estallido social que se ha producido a lo largo de todo el país desde el 18 de octubre de este año.

Las manifestaciones comenzaron a propósito del alza en las tarifas del transporte público, siendo el hito de inicio las evasiones al metro realizadas y convocadas en señal de protesta por estudiantes secundarios en Santiago. La olla a presión provocada por años de neoliberalismo, la extrema desigualdad social, el abuso y la usura institucionalizadas, la inequidad de la justicia, el distanciamiento y descrédito de la gente hacia los partidos políticos, las continuas alzas de los servicios básicos y del costo de la vida, entre otros muchos factores, explotó a través de múltiples demandas sociales que exigen un país más justo e interpelan al Estado para que se haga cargo de garantizar derechos que han estado en gran medida entregados al mercado (salud, educación, agua, pensiones, electricidad, infraestructura vial, etc.).

Dado que se ha evidenciado que la Constitución Política de la República de Chile, vigente desde la dictadura cívico-militar, no ha permitido realizar cambios importantes en estas materias, la exigencia de generar una Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente ha cobrado gran fuerza en el marco del estallido social, siendo una de las consignas más presentes en las movilizaciones.

El 15 de noviembre, un conjunto de partidos políticos de diversas tendencias, generó un acuerdo, ratificado por el gobierno, para realizar un plebiscito en abril de 2020, que someta al escrutinio de la ciudadanía la necesidad de contar con una nueva constitución y también el mecanismo para generarla, siendo uno de ellos la asamblea constituyente, denominada en este acuerdo como “convención constitucional”.

Este acuerdo ha generado críticas fundadas por parte de diversos actores y por gran parte de la ciudadanía, por fijar a priori condiciones cuestionables respecto del cuórum para aprobar preceptos de la nueva constitución, así como sobre la elección y composición de quienes conformarán el órgano constituyente, entre otros aspectos cuyos detalles quedarían a cargo de una “comisión técnica”, compuesta por representantes de partidos políticos.

No obstante, es posible constatar que el tema constitucional ha sido el que mayor avance ha logrado producto de la movilización social, ya que existe la posibilidad cierta de iniciar el próximo año el proceso constituyente chileno, si es que la ciudadanía así lo confirma en el plebiscito antes mencionado. Hoy vemos cómo este tema se trata en cabildos y asambleas populares de diversas organizaciones sociales, así como en foros, charlas, conversatorios y seminarios de diverso tipo. Asimismo, se aborda continuamente en la prensa escrita, redes sociales y hasta en programas de televisión abierta en diferentes horarios, y por supuesto, en las manifestaciones sociales de la calle. Todo parece indicar que el tema llegó para instalarse un buen tiempo, y ofrece la posibilidad de tener la mayor deliberación democrática que se haya dado en la historia de Chile.

Considerando este contexto, en atención a la gentil solicitud del IPDRS, presento de manera sinóptica algunos aspectos que se desarrollan con mayor profundidad en el artículo “Nueva Constitución y Desarrollo Rural en Chile: elementos para la reflexión y el debate” (Pezo, 2017), publicado por la revista Sustentabilidad(es).

¿Por qué cambiar la Constitución de 1980?

Cualquier intento de incorporar los temas rurales y de desarrollo rural en la constitución chilena, debe considerar los obstáculos que la actual carta magna impone para aquello y los principales cuestionamientos que sobre ésta se han realizado, y que permiten comprender el escenario actual que busca su reemplazo definitivo. Estos cuestionamientos principales se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Los “pecados de origen”: La Constitución de 1980 es una constitución surgida desde la cruenta dictadura cívico - militar, que impone autoritariamente el modelo económico y político vigente. En su formulación estuvo ausente el debate abierto y su “ratificación popular” se dio a través de un plebiscito fraudulento[1], por lo tanto es una constitución cuyo origen es ilegítimo.

1. La constante histórica: En Chile nunca ha habido un proceso constituyente democrático, nunca se ha realizado un debate nacional acerca de las normas esenciales que deben regir la institucionalidad política y la vida en comunidad. Como señala Manuel Antonio Garretón: “Chile es el único país del mundo que después de una larga dictadura que impuso su institucionalidad no ha hecho un proceso constituyente, y el único de América Latina que no ha tenido una asamblea constituyente después de la dictadura” (Garretón, 2013: 32).

1. Una constitución “tramposa”: La Constitución de 1980 contiene reglas tramposas puestas intencional y explícitamente por quienes la redactaron, con el fin de impedir que cualesquiera de los gobiernos posteriores puedan hacer algo distinto de lo que la derecha política permita (Atria, 2013). Las trampas consisten en “cerrojos” constitucionales que al fin y al cabo neutralizan las posibilidades de instalar temas importantes desde la ciudadanía a en materia de creación o cambio de normas legales. El sistema electoral (que sólo recientemente se modificó), los cuórum excesivamente altos para modificar leyes y reformar la constitución y el control preventivo del tribunal constitucional, son obstáculos para legislar a favor de las demandas populares.

1980. Necesidad de incorporar temas relevantes en la Constitución: Son diversos y numerosos los temas que se han planteado debieran ser abordados por una nueva carta fundamental chilena, los cuales están ausentes en la Constitución de 1980. Algunos de ellos son los siguientes: avanzar de una democracia representativa a un sistema político más participativo, descentralizado y con autonomías territoriales; reconocimiento constitucional del país como Estado plurinacional con derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas; reconocimiento y garantías estatales sobre los derechos económicos, sociales y culturales; protección y soberanía efectiva sobre recursos naturales estratégicos; protección efectiva del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad; rol más activo del Estado en la economía, entre otros.

Por último, en este apartado cabe señalar que la Constitución de 1980 no contiene ninguna disposición explícita que permita promover el desarrollo rural, como la tienen las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), con los conceptos de Soberanía Alimentaria y de Desarrollo Rural Integral Sustentable, respectivamente. Al contrario, como veremos a continuación en el caso la tierra y el agua, las disposiciones constitucionales vigentes son absolutamente desfavorables al respecto.

Constitución y concentración de la tierra en Chile

En el escenario neoliberal que se impone con la dictadura, marcado por la contrarreforma agraria y el libre mercado de la tierra, se conforma un proceso sostenido y creciente de concentración de la tierra y de descomposición y pauperización del campesinado que se mantiene hasta hoy.

La anterior reforma agraria fue posible gracias a disposiciones constitucionales que establecían la función social de la propiedad y la posibilidad de expropiación de “predios rústicos”. Después del golpe de Estado, además de suprimir la ley de reforma agraria, el gobierno dictatorial modificó, a través de la Constitución de 1980, la función social de la propiedad, eliminando también las referencias a las expropiaciones de predios rústicos.

Por otra parte, en el año 1974 se estableció el Decreto 701 para fomentar las plantaciones forestales, ofreciendo beneficios y garantías a este tipo de inversiones, lo cual favoreció la plantación de 2,5 millones de hectáreas – fundamentalmente pino y eucaliptus, bonificadas por el Estado-, en tierra anteriormente reformada que fue traspasada a privados, las cuales están hoy concentradas en dos grandes grupos económicos. Además de la pérdida de bosque nativo y de tierras agrícolas que podrían destinarse a la producción de alimentos, la expansión de las explotaciones forestales ha implicado el desplazamiento y empobrecimiento de la población indígena mapuche (Chonchol, 2017).

Al presentar esta situación, lo que queremos destacar es que el proceso de concentración de la tierra en Chile tiene directa relación con la legislación y políticas de corte neoliberal que se han implementado en el país y con la carencia absoluta de protección legal para el campesinado y sus tierras, con la única excepción de las tierras indígenas protegidas por la Ley N°19.253 desde el año 1993.

Desde nuestra perspectiva, es necesario plantear el tema de la tierra y su función económica y social en el debate constituyente chileno, con el fin de sentar bases constitucionales para hacer frente al proceso de concentración de la misma, así como la protección, distribución y el acceso a la tierra por parte de la agricultura familiar, pequeños y medianos productores, con consideraciones especiales al respecto para los pueblos indígenas, su territorialidad y autodeterminación.

La constitución chilena y la privatización del agua

En Chile existe una legislación mercantil de las aguas, que convierte a nuestro país en el único del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y su gestión (Mundaca, 2015). La Constitución de 1980 asegura esta situación en el artículo 19, número 24, consagrado al derecho de propiedad, en donde señala lo siguiente: “Los derechos particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

La citada disposición constitucional es el principal anclaje que ha evitado la derogación o reformas sustanciales al Código de Aguas de 1981, que hace operativa la privatización y mercantilización de las aguas a través de las siguientes disposiciones (Correa y Mundaca, 2017):

• Reconoce a las aguas como bien nacional de uso público, pero se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, permitiendo la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas y su transacción en el mercado.

• Le transfiere al Estado, a través de la Dirección General de Aguas, la facultad de conceder a particulares, de manera gratuita y a perpetuidad, los derechos de aprovechamiento de aguas, los cuales pasan a formar parte del patrimonio de sus titulares.

• Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, lo cual tiene dos grandes efectos: 1) se crea, de facto, el mercado de las aguas, en el cual sus propietarios pueden vender, comprar o arrendar agua y 2) genera la existencia de propietarios de agua sin tierra, y propietarios de tierra sin agua.

• Distingue entre derechos de aprovechamiento consuntivos (que se consumen totalmente las aguas, por ejemplo: agricultura, minería) y no consuntivos (que se utilizan, pero que se deben restituir, por ejemplo: hidroelectricidad). Ambos tipos de derecho se otorgan a particulares, y luego se transan en el mercado.

A más de 35 años de su vigencia, el Código de Aguas ha provocado una alta concentración de la propiedad de los derechos de agua. Lo anterior ha tenido fuertes repercusiones en la agricultura familiar campesina. De acuerdo a Mundaca (2017a), miles de familias campesinas privadas de agua han debido abandonar la actividad agrícola o migrar hacia las ciudades. Lo anterior, sumado a los severos períodos de escasez hídrica que han existido en los últimos años en muchas zonas rurales, ha contribuido a la pauperización sostenida del campesinado.

Para hacer frente a éstas y otras problemáticas asociadas con la privatización y mercantilización de las aguas, se hace necesario derogar el inciso final del número 24 del artículo 19 de la Constitución vigente, y establecer, para la recuperación de las aguas, “un marco constitucional que consagre a las aguas como un bien nacional de uso y dominio público, y su acceso, como un derecho humano esencial e irrenunciable” (Mundaca, 2015: 24)

Epílogo: ¿Qué va a ser de Chile?

Probablemente sea una de las preguntas que todos y todas nos estamos haciendo en estos momentos. A más de un mes de iniciado el estallido social, las manifestaciones continúan. El gobierno no ha dado respuesta satisfactoria a las múltiples demandas sociales y ha respondido con la represión más brutal que se haya conocido desde el fin de la dictadura. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre esta represión, actualizadas al 25/11/2019, son las siguientes:

Fuente: INDH (www.indh.cl)

Por su parte, datos oficiales de la Fiscalía Nacional indican que, del total de investigaciones por violaciones a derechos humanos (2.670), 2.052 corresponden a denuncias contra Carabineros, 183 involucran al Ejército, 50 a la Policía de Investigaciones (PDI) y 26 a la Armada[2]. Recientes informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch (HRW) denunciaron graves violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza tanto a manifestantes como a transeúntes.

Por cierto, la brutal represión no ha hecho sino aumentar la conflictividad social. A las manifestaciones sociales se le suman saqueos y destrozos a lo largo de todo el país, y las comunicaciones del presidente y del gobierno anuncian más represión. En el Congreso Nacional se fraguan acusaciones constitucionales contra el Ministro del Interior y contra el Presidente Piñera, mientras que en las calles se pide a gritos la renuncia del primer mandatario. Es muy probable que las movilizaciones se mantengan hasta que haya respuestas satisfactorias y efectivas respecto de las demandas sociales, así como justicia y reparación para las víctimas de la represión.

Conviviendo con la inseguridad y la incertidumbre, está también el entusiasmo y la esperanza que ha promovido este despertar de Chile, y la expectativa de la generación de un “Pacto Social” que corrija las injusticias y marque un antes y un después de este estallido social. En este ámbito está la posibilidad de generar una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, que tenemos a la vuelta de la esquina, más cerca que nunca en la historia de nuestro país. La desconfianza que persiste respecto del acuerdo cupular sobre este tema exige una ciudadanía activa y vigilante del camino que el proceso vaya asumiendo. Que este tema se posicione en las conversaciones cotidianas y en todos los rincones del Chile rural es un propósito al cual hemos querido contribuir en este escrito y en el artículo al cual hemos hecho referencia.

Bibliografía

Atria, F. (2013). La constitución tramposa. Santiago: LOM.

Correa, C. y Mundaca, R. (2017). Recuperación del agua y defensa de la vida. En: Varios Autores, Recuperar el agua. Santiago: Editorial Aún creemos en los sueños.

Chonchol, J.(2017). La revolución chilena en el campo. En: Varios Autores, Reforma Agraria. Santiago: Editorial Aún creemos en los sueños.

Fuentes, C. (2013). El Fraude: crónica sobre el plebiscito de la constitución de 1980. Santiago: Hueders.

Garretón, M.A. (2013). El nuevo esfuerzo: plebiscito para una nueva constitución. En: Varios Autores: Plebiscito para una nueva constitución. Santiago: El Desconcierto.

Mundaca, R. (2015). La privatización de las aguas en Chile. Causas y resistencias. Segunda Edición. Santiago: América en Movimiento.

Mundaca, R. (2017). Recuperar el agua para ir a una segunda reforma agraria. En: Varios Autores, Reforma Agraria. Santiago: Editorial Aún creemos en los sueños.

Pezo, L. (2017). Desarrollo Rural y Nueva Constitución en Chile. Elementos para la reflexión y el debate. En: Sustentabilidad(es), vol. 8, núm. 15: 43-78.

[1] Para revisar en detalle el proceso fraudulento del plebiscito para aprobar la constitución de 1980, véase Fuentes (2013).

[2] Fuente: Sitio web de la Fiscalía Nacional. Noticia “Fiscalía eleva a 2.670 las investigaciones penales por violaciones a derechos humanos” (26/11/2019). http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=16974

Pensamiento crítico en el ámbito
socioambiental y territorial de Chile

Alexander Panez Pinto

alexander.panez@gmail.com

Rodrigo Faúndez Vergara

rodrigofaundezv@gmail.com

1. Marco general del país

Un contexto determinado por la trayectoria del poder hacendal en el Valle Central de Chile y la colonización del territorio mapuche en la segunda mitad del siglo XIX. Con la Pacificación de la Araucanía, el Estado desarrolló un proceso de expansión territorial hacia al sur del país, represión física, inferiorización y el despojo de territorios. Las comunidades mapuche quedaron concentradas en reducciones, que sumaban aproximadamente 500 mil hectáreas.

El régimen dictatorial reprimió la osadía campesina de rebelarse contra el poder patronal. La reforma agraria como reestructuración implicó la modernización de la agricultura y mayor integración al mercado internacional. Con la contrarreforma agraria, un tercio de la tierra expropiada fue devuelta a sus antiguos propietarios, otro tercio fue rematado o vendido a empresarios, y el tercio restante fue asignado a campesinos no involucrados en organizaciones o partidos de izquierda.

Se consolidó la propiedad privada del agua y su reconocimiento como un bien económico separado de la tierra, transable en el mercado.

El retorno al gobierno de Sebastián Piñera significó la tendencia a facilitar el proceso de acumulación de capital, y el incremento de la criminalización hacia quienes se oponen. Han aumentado los anuncios de inversión privada en actividades extractivas, destaca el sector minero con un aumento de 971 % alcanzando $4.770 millones y la autorización de proyectos con fuerte impactos socio-ecológicos.

Los movimientos en conflictos de larga duración han profundizado su estrategia de incidencia, han surgido nuevos focos de conflicto por la expansión de monocultivos, se han presentado acciones inéditas de campesinos, y se ha acentuado el conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado chileno.

2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio

La concentración de la tierra es similar a la existente antes de la reforma agraria (1967-1973). El Censo agropecuario (2007) reflejó la desigualdad en la tenencia de la tierra. Las explotaciones menores a 20 hectáreas, son 75 % del total de explotaciones y concentran apenas 3,9 % de la tierra. Las explotaciones de más de 200 hectáreas, equivalentes a 3,9 % del total de explotaciones y concentran 85,1 % de la superficie plantada.

Al 2018, no se registran avances en el acceso a la tierra para campesinos. De acuerdo a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entre los años 1995 y 2018, 6.833 familias indígenas han sido beneficiadas con subsidios para compras de tierras, lo que corresponde a una superficie de 55.255,55 hectáreas. Entre los años 2010 y 2018 se compraron 24.411 hectáreas, resultando 3.655 familias indígenas beneficiadas. 248 familias indígenas obtuvieron tierras, 1.686 hectáreas de superficie, en promedio 6,7 hectáreas por familia. La compra de tierra se concentró en cuatro regiones, BioBio (29,3 %), Araucanía (19,3 %), Los Ríos (15 %) y Los Lagos (36,4 %); con presencia del pueblo Mapuche.

La Ley Lafkenche (20.249) crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios. Entre los años 2009 y 2018, se han decretado 43.619 hectáreas para este uso. Existen cuestionamientos al proceso de adjudicación, por su arbitrariedad y los tiempos de tramitación.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

Explotación de litio en el Salar de Atacama

La Corporación de Fomento (CORFO) y la empresa Soquimich (SQM) firmaron un acuerdo, que aumentará la explotación de litio en el Salar de Atacama, utilizado para electromovilidad y el incremento de la recaudación fiscal. El Consejo de Pueblos Atacameños exigió la protección del territorio y el derecho a consulta indígena. El Salar está sobreexplotado 2.000 litros de agua por segundo sobre su capacidad de recarga natural. El emprendimiento minero “Pascua Lama” fue clausurado por el primer Tribunal Ambiental, por pedido de campesinos e indígenas diaguita (provincia del Huasco).

Conflicto con el agronegocio frutícola en Petorca, Valparaíso

El aguacate (palta) representa 60 % de la superficie cultivada. El río Ligua está sobre-otorgado en 129 %, y el río Petorca, en 87 % sobre su disponibilidad. El impacto de este alto consumo de agua es el agotamiento de los suelos y el aumento de la erosión. El Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (MODATIMA) internacionalizó la denuncia. Los exportadores y el gobierno criminalizaron estas acciones. Conflictos similares ocurren en la laguna de Aculeo (comuna de Paine), en Panquehue (región de Valparaíso) y Las Cabras (región de O’Higgins) también con la producción de paltos.

Oposición al embalse Punilla en San Fabián de Alico (región de Ñuble)

San Fabián de Alico de la región de Ñuble, amenazada por “Hidroñuble”, que propone construir una central hidroeléctrica y el embalse Punilla que implica inundar 1.700 hectáreas de tierra agrícola y pastoreo campesino. La policía chilena y empleados de la “Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A” (de la empresa italiana Astaldi) desalojaron a 80 familias, sin una solución habitacional. Destaca el protagonismo campesino en su negativa de desocupar sus tierras, así pasó también en el fundo Mundo Nuevo de Curanilahue (región de Bio-bio).

Conflicto con empresas y reivindicación del pueblo Mapuche

La radicalización del “nuevo movimiento mapuche” coincide con los impactos de las plantaciones de pino y eucaliptus en la disponibilidad de agua, contaminación y pérdida de territorio. El asesinato de Camilo Catrillanca provocó el malestar y solidaridad popular, y ante la ofensiva del Estado las organizaciones Mapuche se unificaron en un “estado de rebeldía”, que a su vez, sumó recuperaciones de tierra, en el sector Butaco y las 20 mil hectáreas de 11 comunidades del lago Lleulleu, en Biobio.

La violencia hacia comunidades como rasgo común en los conflictos

Al sospechoso suicidio de Macarena Valdés (2016), opositora a la instalación de torres de alta tensión en la comunidad Newen-Tranguil en Los Ríos; se sumaron los asesinatos de Camilo Catrillanca y Alejandro Castro de la bahía de Quintero-Puchuncaví. Numerosos defensores/as han sufrido amenazadas de muerte por su lucha contra proyectos extractivos.

4. Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y el territorio

Ocupación de fundos y lucha con las empresas forestales

Fundo Mundo Nuevo en Curanilahue. 36  familias ocuparon el fundo Mundo Nuevo de Curanilahue (región de Bio-bio), primera recuperación de tierras en manos de empresas forestales, realizada por grupos no-mapuches.

Marcha plurinacional por el agua y los territorios. En esta sexta versión se desarrolló en 11 de las 15 regiones del país, el día 28 de abril, en el marco del día mundial de la tierra.

Encuentro Wallmapu-Patagonia. En mayo se realizó en Panguipulli, región de los Ríos, entre organizaciones mapuches de Chile y Argentina, orientada a intercambiar información sobre los proyectos extractivistas y asociados a la iniciativa IIRSA-COSIPLAN.

Futa Trawun y Declaración de Comunidades mapuche de Temukuikui. Luego del asesinato de Camilo Catrillanca, en diciembre, organizaciones mapuche se reunieron para exigir la desmilitarización del Wallmapu; verdad en el relato sobre el despojo del Estado hacia el pueblo mapuche; continuar con el control territorial y continuar la ruta de libre determinación.

Encuentro nacional de MODATIMA. En diciembre se realizad el 2° encuentro, decide su agenda 2019 en tres ejes de acción: desmercantilización de la tierra, el agua y la energía.  

IX Tribunal ético en Illapel, Región de Coquimbo. En diciembre, organizado por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), cuestionó la violencia estatal y de las estrategias contra las luchas campesinas.

Impulso a la “Ley de la jibia” (Boletín 9489). Organizaciones de pescadores artesanales y sectores de oposición al gobierno, impulsaron esta ley que permite la captura de este molusco con métodos artesanales.

5. Propuestas

Propuestas de políticas

1. Incidencia social en la Reforma al código de aguas

Si bien la reforma al Código de Aguas de 1981 avanzaba en consagrar las aguas como un bien nacional de uso público, el derecho de propiedad sigue suscrito en la constitución. Las propuestas de los movimientos son: Consagrar el Agua como bien común y derecho humano en la constitución. Restituir el agua a la tierra. Establecer prioridades de uso. Nueva institucionalidad hídrica.

1. b) Propuesta de derogar el Decreto de Ley 701 sobre Fomento a la Industria Forestal

El Decreto de Ley 701, instituido en la Dictadura civil-militar (1974), ha subsidiado a la industria forestal, el grupo Matte, a través de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones; Forestal Mininco; grupo Angelini, entre otras.

Alternativas productivas y de resignificación del territorio

1. Cooperativa de cultivos tradicionales Andinos Petorquinoa, Valparaíso

Petorquinoa es una cooperativa campesina de cultivos andinos como la quínoa y sus derivados. Los 40 campesinos reestablecen su relación con la tierra y muestran que es posible defender el territorio con cultivos tradicionales de bajo impacto hídrico.

1. b) Control comunitario de cuencas frente al monocultivo forestal, Catruman, Chiloé, Región de Los Lagos

Una experiencia de restauración ecológica del territorio, mediante manejo de cuencas desde la comunidad. Una red participativa de agua, la reforestación con árboles nativos, la construcción de un humedal artificial, modificando sectores de monocultivo forestal.

6. Normas

La agenda legislativa se ocupó en la discusión en torno al proyecto de ley de reforma al Código de Aguas. El gobierno se opuso a las limitaciones parciales a la propiedad privada sobre las aguas y resguarda la certeza jurídica a los privados.

Se promovió el proyecto de ley que “Prohíbe plaguicidas de elevada peligrosidad” (2010) y que volvió a ser discutido en el segundo semestre del 2018.

El gobierno, en junio, retiró el proyecto de ley llamado “ley de glaciares” por un proyecto general para crear un sistema de áreas protegidas. El proyecto de ley que Moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para “reducir el componente político” y lograr mayor eficiencia

Aprobación en el senado al reconocimiento constitucional al pueblo Afrodescendiente.

7. Instituciones

El perfil empresarial de diferentes ministros problematiza su imparcialidad frente a temas agrarios y socioambientales. El ministro de agricultura Antonio Walker, ex presidente de la Federación de Productores de Fruta y empresario agrícola de la región del Maule, posee derechos de aprovechamiento de agua de 20 mil litros/segundo. Otros con este derecho, son el ministro de hacienda, la ministra de energía, el ministro de minería y el ministro de desarrollo social (MODATIMA, 2019).

El embajador de Chile en China (Luis Schmidt Montes), es ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y también presidente de FEDEFRUTA.

Conformación de alianzas público-privadas para políticas públicas bajo la idea de la filantropía privada y la responsabilidad social, como “Compromiso País”, donde varios empresarios promueven el desarrollo de 16 grupos sociales vulnerables, “Personas pertenecientes a pueblos indígenas en el 40% más pobre”, que cuenta con una mesa de trabajo en la que participan 2 representantes del sector privado, uno de ellos, Juan Sutil, empresario frutícola y presidente de la corporación “Reguemos Chile”, para quien la problemática del pueblo mapuche se debe a la falta de políticas de apoyo al emprendimiento en las comunidades y propone convertir a las comunidades mapuche de la Araucanía en “zonas de exportación de fruta”. Otro ejemplo, el “Plan agua para Petorca”, con representantes del ejecutivo y del agronegocio, proponen que el Estado compre derechos de aprovechamiento de agua a empresas agrícolas para garantizar el consumo de agua potable en la provincia o que estas empresas donen sus derechos de agua a los sistemas comunitarios de agua potable rural como medida de emergencia.

*Resumen elaborado en base al Capítulo Colombia del Informe 2018 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, disponible en: https://bit.ly/2WFbNKk

Wilson Poma Calle
Egresado de Sociología

El 27 de septiembre de 1979 fue establecido como Día Mundial del Turismo, por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en conmemoración a la aprobación de su estatuto orgánico. En este documento iniciaremos con la pregunta: ¿Es el turismo una alternativa para el desarrollo rural? Intentaremos responderla a partir de algunos apuntes sobre experiencias en Bolivia y Perú.

El turismo es considerado como una industria que no daña el medio ambiente, al interior de él se generaron variantes como: el turismo recreativo, turismo de aventura, turismo vivencial, eco turismo y turismo comunitario, entre otros. Y con muchos matices, es tomado en cuenta en la legislación de la mayoría de países en la región.

Existe una variedad de atractivos turísticos que se ofertan a los visitantes que residen en los demás continentes. Este conjunto de atractivos lo podemos agrupar de la siguiente manera: atractivo cultural, atractivo natural, atractivo arqueológico o histórico, cabe mencionar que mucho tiene que ver donde se desarrolla el turismo para determinar su potencial como atractivo y poder ser ofrecido en el mercado.

Hay que considerar también que el turismo, en su variedad de ofertas, dinamiza los mercados locales, donde la población local toma el rol como de demandante, en su mayoría personas que residen en las urbes, y ofertante, comunidades rurales e instituciones privadas o públicas que brindan estos servicios.

En este caso, Las comunidades rurales poseen una serie de espacios naturales, antropológicos y actividades propias de su cultura, entre otros atractivos, que motivan el desplazamiento de una persona o grupo, que por curiosidad o por la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual, asisten en su búsqueda. Las comunidades rurales, en su afán de dinamizar su economía, tiende a invertir en estos recursos acompañandolos con otros servicios como el hospedaje, alimentación, transporte y otros. Estas actividades son hechos que promueven una visión utilitaria del paisaje, población y demás recursos de los territorios rurales.    

En Bolivia existen una serie de emprendimientos donde las comunidades rurales incursionan en el turismo como las comunidades en la Isla del Sol en el lago Titicaca (La Paz), donde el turismo ha proliferado desde hace décadas. Donde emprendimientos privados toman el protagonismo, reduciendo la participación de los comunarios a trabajadores, con la función de exotizar la expresión de la comunidad andina, idealizando su cotidianidad y creando una tensión en la relación entre las familias comunarias (observadas) y los visitantes.

También se tiene el caso de un denominado ‘Museo del Altiplano’, instalación privada al interior del hostal Inca Utama en Huatajata (sector Lago Titicaca), donde se encuentran una serie de representaciones de la vida cotidiana “típica” de una familia andina, además, las personas que la representan visten ropa típica y realizan actividades tradicionales, creando una presentación idílica sobre el diario vivir en comunidad.

A partir de estos casos podemos afirmar que, existe una pérdida de valores culturales y sus comportamientos, un sometimiento al mercado, se idealiza y cosifica la vida en comunidad, se promueve una marcada distinción entre la comunidad andina y los visitantes.

En Perú en la localidad de Raqchi Sicuani (Cusco), la población declara que su principal ingreso económico es la agricultura pero en realidad es la venta de productos “culturales” y la gran mayoría de estos productos son de procedencia externa, además, esta actividad económica reconfigura el comportamiento de los integrantes de una familia en la localidad (Córdova, Incidencias del turismo receptivo en los cambios de identidad cultural de los pobladores de la localidad de Raqchi Sicuani-Cusco, 2017)

Muchas familias se encuentran en contextos donde su comunidad posee varios atractivos turísticos. La comunidad de Raqchi Sicuani tiene bastantes atractivos arqueológicos del tiempo de los Incas, atractivo que motiva una variedad de visitas, por tal motivo, los comunarios se dedican a vender una serie de productos y servicios. La mayoría de esta población es intermediaria de productos “culturales” y muchos de estos vienen con innovaciones descontextualizadas de la cultura incaica; además, los vendedores son intermediarios de servicios como la consulta con sacerdotes y curanderos con saberes ancestrales.

En esta experiencia existe un gran sometimiento al mercado, cambiando la cotidianidad de la población local, una cosificación de los símbolos de la cultura local y usándolas de una forma inadecuada, por ejemplo; sombreros de paja con símbolos andinos.

No podemos negar que existen casos donde la comunidad es la principal protagonista, como el emprendimiento ecoturístico en Chalalán (Norte La Paz, Bolivia) y la isla de Taquile (Puno, Perú). Estos emprendimientos son un hito del turismo, en sus países, porque cuentan con una participación activa de la comunidad local. Aunque no se libran de conflictos y dificultades, Chalalán sigue vigente pero con muchos problemas internos en la comunidad, de carácter económico e intromisión de inversiones externas (Mamani, Trabajo Dirigido en el Gobierno Autónomo de Rurrenabaque, 2019). En el caso de Taquile, que logra y mantiene un control comunitario del turismo al interior de la isla; no obstante, en los últimos años, se perdió el control del transporte, y además, han incorporado “mejoras” en sus domicilios, como el uso de materiales de construcción no-tradicionales y falta de transmisión de los saberes culturales (idioma, comidas tradicionales y otros); señales de un paulatino acercamiento a lo “moderno” (Zorn y Farthing. Desafíos de un turismo controlado por la comunidad: el caso de la Isla Talique, Perú. 2006), y un distanciamiento de lo tradicional, una contradicción pues precisamente, lo tradicional es el principal capital del turismo en la comunidad rural.

Reflexión

El turismo promueve un comportamiento que tiende a la ‘modernización’; es decir, ciertos esquemas culturales, de consumo, vivienda y apreciación. Un emprendedor local debe necesariamente adecuarse a las condiciones y brindar un buen servicio. En esta tarea, el emprendedor debe adquirir; por ejemplo, productos de buena calidad, instalaciones adecuadas de hospedaje con servicios básicos, acceso a agua caliente, dormitorios, condiciones salubres en el preparado de alimentos, acceso a medios de comunicación (cobertura telefónica, internet, caminos a un poblado, entre otros), incluso se debe cualificar el servicio que presta el personal a cargo, pidiendo que éste se instruya en actividades puntuales, como la recepción, cocina, guiaje de trekking, entre otros. Es decir ‘mejorar’ su oferta de productos y servicios para captar mayores y mejores ingresos.

Los casos expuestos y valorando las múltiples dificultades que se dan en la comunidad rural, podemos afirmar que la incursión de la comunidad al mercado del turismo, representa más pérdidas que beneficios, pues su cultura está siendo instrumentalizada, exotizada e invadida por la influencia de otras culturas. El esfuerzo por realizar mejoras conlleva una serie de cambios en el cotidiano vivir de la población rural, además de promover un comportamiento direccionado a mercantilizar lo cultural. Sin embargo, existen casos donde las comunidades son beneficiadas directamente y logran la autogestión, abriendo sus puertas a diferentes alternativas de desarrollo. Y estos casos pueden replicarse, siempre y cuando, tengan los estudios y apoyo necesario para que la población pueda empoderarse del emprendimiento.   

Tierratorio de la paz-conflicto y el
desacuerdo de paz

Flavio Bladimir Rodríguez Muñoz

Docente investigador Área conflicto y dinámica social

Director Programa de Geografía - Universidad Externado de Colombia

Andrés Felipe López Galvis

Estudiante de Doctorado

Universidad Toulouse 2 – Jean Jaurès, UMR CNRS 5193 LISST/Dynamiques Rurales, Francia y
Programa de Geografía, Universidad Externado de Colombia

Luis Ángel Ojeda Rodríguez
Agrónomo – Universidad Nacional de Colombia

1. Marco General

Las comunidades manifiestan que sin acceso a la tierra no hay garantías para acceder al apoyo del Estado. En las zonas rurales de Colombia solo 16 % de los pequeños productores tienen acceso a crédito. El microcrédito no transforma las problemáticas asociadas a la tierra y que requieren acciones específicas contra la pequeña propiedad y microfundios. Según la Fundación PARES en el 2017, la población desplazada fue de 75 mil personas y la ACNUR en el 2018 indica que un poco más de 30 mil. De los desplazados, 87 % han tenido como origen el campo de acuerdo al CNMH, lo que ha dejado cerca de 8,3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas por la fuerza.

Durante las negociaciones y el Acuerdo de paz, se vivió un intenso debate sobre la guerra y su vínculo con los conflictos socioambientales, el control de los territorios, la extracción de recursos, y la persistencia de la fumigación de cultivos ilícitos, entre otros.

El despojo de la tierra, la reparación a las víctimas y el tema agrario son puntos centrales del Acuerdo de paz, no obstante, existe una gran conflictividad, al momento de aprobar la normatividad correspondiente, pese a los compromisos del Estado. El cambio de gobierno no representó un cambio en la matriz económica reprimarizada, más de 60 % de sus exportaciones están representadas en petróleo, minerales, oro y otras piedras.

Los detentores del poder político han convertido a la Jurisdicción Especial para la Paz en el blanco de los ataques. La justicia especial para la paz, la recomposición del movimiento popular y las disputas por el poder local, son procesos que posibilitarían un gobierno de transición a la paz.

2. Avances (y retrocesos) en el acceso a la tierra y el territorio: tensiones en la implementación de la Reforma Rural Integral

El área destinada al uso agropecuario, según el último Censo Nacional Agropecuario, comprendía 43 millones de hectáreas, de las cuales 34,5 correspondía a pastos y rastrojos y 8,5 al uso agrícola. Los productores residentes alcanzan cerca de 12,3 millones de hectáreas del área rural dispersa, los productores no residentes ocupan más de 28,3 millones de hectáreas.

El índice de GINI, en 1988 era de 0,84, pasó en 2012 a 0,88 y en 2016, ascendió a 0,89. El conflicto se debe a que los 6 millones de hectáreas de vocación ganadera, en la actualidad presentan 38 millones de hectáreas; es decir, esta actividad concentra áreas de vocación forestal, agrícola y agroforestal. El área de vocación agrícola que tiene más de 11 millones de hectáreas, pero solo se aprovecha 6 millones de hectáreas.

Se creó el Fondo de Tierras con 525 mil hectáreas transferidas, en el último año se avanzó en el diseño participativo de 16 Planes definidos que incluyen el diagnóstico de 11 mil veredas.

El Programa Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) no logra dar respuesta a las problemáticas inmediatas, las comunidades y organizaciones sociales tuvieron que movilizarse para ser incluidos en el plan de desarrollo. Se vive la ausencia de un efectivo proceso pedagógico en las comunidades sobre los acuerdos de paz. La metodología implementada ha generado fraccionamiento y conflictos en las organizaciones sociales. Hasta mayo se recibieron 13.977 solicitudes de inscripción en el Registro de Sujetos de Ordenamiento, que incluyen a las comunidades étnicas con un plan de atención específico, y que reportan la legalización de 27 resguardos indígenas con 2.584 familias repartidas en 245.811 hectáreas. De estas últimas, más de 95 % corresponden a dos resguardos en el departamento del Vichada, la ampliación de 3 resguardos indígenas correspondientes a 506 familias y 377 hectáreas; la titulación de 15 consejos comunitarios de comunidades negras con 1.738 familias y 6.844 hectáreas.

La ANT reportó un total de 1.928 títulos otorgados, y la formalización de 1.974 títulos a familias campesinas en al menos 6.000 hectáreas. Se aprobó un nuevo perímetro que corresponde al polígono 2 de la propuesta de Zona de Reserva Campesina Montes de María en los municipios de Córdoba, El Guamo, Zambrano y San Juan Nepomuceno.

3. Conflictos en el post acuerdo

El conflicto ha consistido en la disputa de los grupos armados por el territorio y las actividades que han servido como financiamiento de estos ejércitos al margen de la ley. La desigual distribución de tierras y la ausencia de reforma motivan el conflicto, que tienen a 15 regiones y 78 municipalidades con graves problemas de seguridad.

El gobierno firmó pactos colectivos de sustitución de cultivos con más de 120 mil familias en el 2017, sin plantear una solución productiva sostenible. La salida de las FARC originó la llegada de grupos ilegales, que controlan los cultivos y ejercen presión a los productores para que no se integren al PNIS.

Los departamentos de Arauca, Guaviare, Caquetá y Putumayo son corredores estratégicos del narcotráfico y el control territorial que ejercen grupos de poder, en lugar del Estado. Estas disputas generan la violencia e inseguridad que afectan a las comunidades rurales.

En la Amazonía y el Pacífico donde están los territorios de comunidades negras e indígenas, un gran número de municipios sin información catastral, tierras que están articuladas al PNIS donde, la tierra no puede ser adjudicada, por ser territorios colectivos o zonas de reserva forestal.

En la región de la Orinoquía, 5.5 millones de las 7.3 millones de hectáreas, que el Ministerio de Agricultura y la Sociedad de Agricultores de Colombia estiman como aptas para ser incluidas en las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES), iniciativa impulsada por grandes ingenios azucareros y gremios de cultivo de palma de aceite, entre otros, como una alternativa de inversión

El persistente conflicto y la implementación del Acuerdo, han puesto en riesgo el avance de los procesos organizativos y sociales. En junio de 2018 se contaban 148 asesinatos, a partir de la firma del Acuerdo de paz, y luego de la posesión del nuevo presidente, se presentaron 120 asesinatos de líderes sociales. Estos asesinatos están ligados a la búsqueda del reconocimiento efectivo de derechos, restitución a derechos de víctimas, derechos colectivos territoriales y culturales, y la participación de sectores políticos alternativos.

4. Algunas respuestas desde las regiones y las organizaciones sociales

Se conforma una “Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo” integrado por una gama de actores, incluidos organizaciones campesinas e indígenas en conflicto por la delimitación de sus tierras, por lo que no se ha podido constituir la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo.

Una medida es la constitución de Guardias campesinas como figura civil de seguridad del territorio y de la vida, para velar por los intereses y la autonomía campesina.

A inicios de 2019, en la Audiencia Pública: “El campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo”, los sectores detractores del señalan que éste desconoce al agro. El Movimiento Alternativo Indígena y Social señala que el PND refleja el poco interés del gobierno de Duque tiene hacia el desarrollo rural. Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, mostró la vulneración de derechos a los sujetos de especial protección constitucional que se deben beneficiar con la RRI. Adriana Fuentes de FIAN, argumentó sobre lo inapropiado de las estrategias gubernamentales, que expuso su mayor preocupación por la actividad minera, que por la agropecuaria. Mientras que el campesinado invisibilizado, por la “productividad” que brindan las empresas y por un Estado centralista. La adecuación de tierras está basada en alianzas público privadas, los distritos de riego están privatizados y abocados a la palma de aceite, en lugar del cultivo de alimentos.

5. Propuestas: la Minga como respuesta

Se tuvo una participación multitudinaria en consultas populares para decidir sobre sus derechos y territorios. En la mayoría de las manifestaciones en Bogotá, se mostró la disposición de dialogar con el Estado. No obstante, también se vio la inasistencia a las mesas de trabajo planificadas por parte del gobierno.

La Minga Indígena de inicios de 2019, surge como alternativa al Plan de Desarrollo y la urgencia de frenar los asesinatos, secuestros, desplazamientos forzosos, y además, por el rechazo al Tratado de Libre Comercio y la aplicación de las políticas de la Seguridad Democrática. El Consejo Regional Indígena del Cauca reclamó el cumplimiento de compromisos de 2005 y sumó exigencias acordar un plan cuatrienal 2019-2022. Más organizaciones se suman, y acuerdan un Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina y presentan una “propuesta campesina para el PND”.

Cerca de 1.700 campesinos exigieron su inclusión en el censo poblacional. La Corte Suprema de Justicia pidió al Estado, delimitar el concepto de campesino, contabilizar e identificar su situación actual para garantizar el derecho a la igualdad material.

6. Normas: ámbito jurídico para la implementación del Acuerdo
   de paz

Gobernanzas locales

La Zona de Reserva Campesina Valle del río Cimitarra estableció, en los años 90, un acuerdo entre las comunidades de la zona con el ELN y las FARC para evitar la deforestación y respetar ese territorio, medida que continua en vigencia. Otros ejemplos son el de la ZRC de la cuenca del río Pato y Balsillas, donde hay un acuerdo escrito entre las familias de la zona, se registra cuánto se tala y cuánto se caza. Y finalmente, la ZRC de Cabrera donde sus habitantes realizaron una consulta popular que prohibió los proyectos mineros en el complejo de páramos Sumapaz y Cruz Verde.

La restitución de tierras a víctimas de la violencia

A fines de 2018, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 120.233 solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas, 93.165 se encuentran habilitadas para la restitución de tierras. Se ha finalizado el trámite administrativo para 72 % de las solicitudes habilitadas y 24.352 (36 %), fueron incluidas en el Registro. Estas inscripciones corresponden, a su vez, a 2.310.227 hectáreas.

En el 2018, se decretó la primera Zidres, con 175 mil hectáreas de extensión. Este instrumento de fomento productivo permite que el Estado arriende o concesione grandes extensiones de tierras a empresarios que deseen desarrollar un proyecto productivo con medianos y pequeños productores, bajo un esquema asociativo.

7. Instituciones

Se hizo una consulta previa sobre el Proyecto de ley que modifica la Ley de Reforma Agraria y al Decreto 902 (2017), a la cabeza del MADR y la ANT. 

Las organizaciones que siguen la implementación de una política rural redistributiva y reconocimiento de derechos, han argumentado que, al contrario de lo formulado en el PND, su enfoque es “anticampesino” debido a que “no reconoce el papel de los pobladores rurales en el desarrollo rural”. Las críticas al PND 2018-2022 se refieren a que el incentivo a la asociatividad se enfoca hacia la agroindustria a partir del desarrollo de clústeres, cadenas de valor, etc. sin promover la pequeña y mediana producción. El Catastro Multipropósito parece estar orientado “a dar legalidad a situaciones irregulares e ilegales que se presentan en los procesos de adquisición y acumulación de tierras, para generar la confianza inversionista”, requerida en grandes proyectos agroindustriales y de infraestructura. En cuanto a la Infraestructura productiva, 75 % de las vías terciarias se encuentran en mal estado, y la meta para la construcción de nuevas vías terciarias de 400 kilómetros muestra que la estrategia “sólo funciona a pocos kilómetros de las vías secundarias y principales, a distancias más profundas, los altos costos de intermediación los tornan inviables”. Respecto a la cobertura de riego, en Colombia es apenas de 6 % de los 18,4 millones de hectáreas con potencial para incorporar riego y drenaje. El PND propone ampliar la cobertura, pero es significativa la diferencia entre las 5.900 hectáreas en áreas de riego para pequeños productores contrastan con las 144.917 hectáreas con distritos de adecuación, que seguramente serán priorizados en áreas donde se establezcan los encadenamientos agroindustriales. El acelerado crecimiento de cultivos ilícitos es uno de los mayores retos para la construcción de la paz, los profesionales que estuvieron en la Mesa de Concertación Nacional, muestran que la exclusión de compra de predios por mejoras cuando existan cultivos ilícitos implica en la práctica no brindar alternativas a “miles de familias que dependen de este tipo de economías”. Finalmente, respecto a las mujeres rurales, el PND indica que los procesos de acceso y formalización de tierras, sumarán de 8 mil a 12 mil las mujeres beneficiadas. Las metas apuntan a que la participación en servicios y créditos, llegue a 30 % y a 34 %, respectivamente. Sin embargo, Jennifer Mojica, ex-subgerente del Incoder señala que “el enfoque diferencial se limita a decir que una parte de los “beneficiarios” serán mujeres, más no recoge las necesidades diferenciales de género”, la economía del cuidado y otras formas propias de producción de la mujer rural.

Pacto de Leticia, reunión infructuosa
para la Amazonía

Oscar Bazoberry Chali

El día 6 de septiembre, se llevó a cabo una Reunión de Jefes de Estado y Jefes de Delegaciones en Colombia. El fuego y la devastación de los incendios para la deforestación en la región sudamericana, ya se habían difundido a nivel mundial, y en especial, la población de los países amazónicos mostraba su preocupación por las políticas y la responsabilidad de sus gobiernos en estos fenómenos donde confluyen causas climáticas con acciones humanas.

A mediados de septiembre, con mayor información sobre la magnitud de los incendios y su recurrencia en los últimos años, y la escasa reacción de los países y la región en emergencias de esta naturaleza. Ningún gobierno dispuso a la población de información continua, sistemática, y en tiempo real sobre los incendios. Este hecho que desnudó la escasa información oficial y pública sobre la tenencia y distribución de tierras, permisos de desforestación, y otros que permitirían tener mayor certeza sobre las responsabilidades y acciones de previsión a futuro.

Sobre esta base, se puede valorar la reunión de los presidentes y el texto firmado, que se denominó “Pacto de Leticia por la Amazonía”.

Primero:

La convocatoria y la reunión se realizaron al margen de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). El documento del pacto se refiere a esta institución intergubernamental de los mismos países que propiciaron el encuentro de Leticia, como un tercero, un externo, al mismo nivel que otros Estados y fuentes de cooperación: “Nuestra intención de cooperar y nuestro llamado a otros Estados interesados, a la Organización  del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y demás organizaciones regionales e internacionales a cooperar para la consecución de las acciones aquí acordadas construyendo en armonía con los esfuerzos nacionales y en atención a las solicitudes de los países amazónicos signatarios de este Pacto y con pleno respeto a su soberanía” (Pacto de Leticia, 2019).

El Pacto llama a “Fortalecer la acción coordinada para la valoración de los bosques y la biodiversidad, (…) Establecer mecanismos de cooperación regional y de intercambio de información para combatir acciones ilegales, (…) Crear la Red Amazónica de Cooperación ante desastres naturales”; entre otras intenciones y verbos que expresan acciones inaugurales como si no existieran o no habrían existido anteriormente, incluyendo la creación de organizaciones intergubernamentales.

A su vez la OTCA, que visiblemente no jugó ningún rol en el evento, días después publica un comunicado valorando la acción de los Estados en apaciguar los incendios forestales, controlar la deforestación, y remata la publicación en formato de noticia, con un mensaje de la Ex Secretaria de la OTCA, la ecuatoriana Rosalía Arteaga Serrano (gestión 2004-2007), que llama a retomar el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y dar funcionalidad a la OTCA, en vez de crear nuevas instituciones.

Al parecer, como en otros casos en la región, nuevamente tenemos una organización intergubernamental disfuncional con los procesos políticos de la región, con escasa capacidad técnica y con ninguna relevancia en el alcance de sus propios objetivos.

Segundo:

Resalta en el texto publicado, la “advertencia” de que las Amazonías, son propiedad y un asunto de los Estado-nacionales. Afirmación llamativa porque el trasfondo de la declaración es una reiteración histórica de la mirada de los Estados sobre los territorios y poblaciones, a quienes se les niega su historia propia, cultura y formas de gobierno subnacional, y de autogobierno reconocido en sus normativas, y por el derecho internacional refrendado en los países.

Utilizamos en plural Amazonías, por la interdependencia de los sistemas ecológicos y la acción humana, y que desde la mirada de los Estados son territorios fragmentados por el derecho internacional y su soberanía, aunque no atención. Como reza el Pacto de Leticia: “Reafirmando los derechos soberanos de los países de la región Amazónica sobre sus territorios y sus recursos naturales, incluyendo el desarrollo y el uso sostenible de esos recursos, conforme es reconocido por el derecho internacional”, agrega “Alentando a la comunidad internacional a cooperar por la conservación y el desarrollo de la Amazonía, sobre la base del respeto a sus respectivas soberanías, prioridades e intereses nacionales”

Dada la primacía de los Estados, cabe la pregunta ¿Para qué un pacto? Caben dos respuestas: 1) para mejorar la colaboración de los Estados en un objetivo común sobre la Amazonía; 2) para ratificar sus soberanías en un contexto de globalización que amenaza las decisiones de los gobiernos. En este texto, prima la segunda.

Tercero:

Se reconoce la importancia que en la declaración, y en la organización del evento, ha tenido y tiene la población indígena. La combinación del enfoque de biodiversidad y “pueblos indígenas y tribales y pueblos en condición de aislamiento voluntario  y  contacto  inicial  (PIACI)  poseedores  de  saberes  ancestrales, conocimientos  tradicionales  y  diversidad  cultural  y  lingüística,  que  deben protegidos”, es altamente significativa.

Sin embargo, es tenue el reconocimiento a los derechos sobre el territorio, y las demandas de autonomía, derecho a la consulta, participación en las decisiones sobre el territorio independientemente del Estado que los acoja, y a estas alturas, también podemos decir, a pesar de quienes ostentan sus gobiernos.

Resulta más ilustrativa, la ambigüedad de la declaración respecto a los otros actores que se encuentran en la Amazonía, quienes impulsan la deforestación, quienes realizan las actividades ilegales, quienes fomentan el mercado inmobiliario y las ciudades, quienes contaminan los ríos, quienes extraen la madera. Se omite, como en otros documentos oficiales, nombrar a los otros sujetos que se encuentran activos en la Amazonía y que amparados en las leyes de los países o en las omisiones institucionales, son parte del problema que se pretende enfrentar, y tendrán que ser parte activa de las soluciones.

La omisión a la multiplicidad de actores e intereses, en este caso, resguarda la responsabilidad de los Estados apuntando al conjunto de “actividades ilegales que atentan la conservación de la Amazonía”, y no así a las actividades legales e impulsadas por los propios Estados, incluida la violencia ejercida contra los líderes y población indígena amazónica.

Para terminar

El Pacto de Leticia anticipa, o más bien reitera, el ánimo de los Estados sudamericanos respecto a los recursos naturales, la biodiversidad, los recursos estratégicos como el agua, y su subordinación a la economía extractiva y dependiente que está vigente y se consolida en los últimos años, incluidas las actividades que en el documento se señalan como ilegales. En este sentido la Amazonía no es una excepción.

Como en otros documentos, siempre será un gran paso el reconocer a los pueblos indígenas, el patrimonio de la biodiversidad. Sin embargo, continuará siendo una visión parcial si no se nombra, identifica y conoce a los otros actores que intervienen en los territorios, y en buena parte de las veces violentan las estructuras sociales y las de la naturaleza, por codicia de la acumulación y por la búsqueda de mejores oportunidades. En este sentido, no se puede aislar discursivamente a la Amazonía del conjunto de políticas nacionales y la responsabilidad de los gobiernos en los desplazamientos forzados, y en los incentivos, formales e informales, a la inversión extractivista –nacional o transnacional- insostenible.

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que las iniciativas, actividades, prácticas, expectativas que atentan con la biodiversidad y las culturas amazónicas, se han transnacionalizado, translatinizado, por lo que los intereses de los gobiernos, en protección de empresas de sus países, contradice la idea de soberanía a la que hacen alusión en el Pacto de Leticia. Si a esto le sumamos la histórica y permanente debilidad de las organizaciones intergubernamentales, de los mecanismos de colaboración y cooperación regional que se han creado en Sudamérica y Latinoamérica, el impacto de la OTCA o lo que pueda sustituirla en el corto plazo, es más un juego de luces que la voluntad de fortalecimiento de un sistema de coordinación efectivo.

Algunos datos

El encuentro de Leticia es producto del Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional Perú-Colombia que se reunió el 27 de agosto de 2019 en la ciudad de Pucallpa Perú. En el comunicado indica: “4. Los señores Presidentes reconocieron la necesidad de unir esfuerzos en beneficio de la protección y uso sostenible de la región Amazónica, por ser uno de los ecosistemas más importantes para la resiliencia del planeta, y coincidieron en impulsar la propuesta de Colombia de convocar a los países amazónicos para establecer un Pacto que procure su conservación, desarrollo y aprovechamiento sostenible, en beneficio de las comunidades que la habitan, con pleno respeto a las respectivas soberanías nacionales. Para ello acordaron convocar una urgente reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la región Amazónica en Leticia (Colombia) el 6 de septiembre, con el fin de aunar esfuerzos para este propósito” (https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/50233-declaracion-de-pucallpa).

Con un lapso muy breve, para 10 días después, el Presidente de Colombia llama a una Cumbre Presidencial por la Amazonía, y hace una alusión al tratado y estructura intergubernamental vigente, “Es cierto que en 1978 se firmó el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y después, en la década del 2000, se creó la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), pero lo cierto es que la OTCA y el Tratado como tal se han quedado cortos y no han tenido el suficiente liderazgo a nivel presidencial para entender cómo debemos ejercer una protección armónica, confiable y basada en indicadores, de nuestra Amazonía” (https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/Presidente-Duque-liderara-este-viernes-en-Leticia-la-Cumbre-Presidencial-por-la-Amazonia-191905.aspx).

Cabe recordar que el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), ha sido firmado julio de 1978 por todos los países que tienen presencia en la Amazonía. Con un protocolo de enmienda, firmado en Caracas en diciembre de 1998, se crea la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) con sede permanente en Brasilia. En esta coyuntura, la Secretaría General está en manos de Bolivia.

En el portal electrónico de la OTCA, se publica una noticia en la que la Ex Secretaria de la OTCA, la ecuatoriana Rosalía Arteaga Serrano (gestión 2004-2007), sin hacer referencia a la reunión de Leticia, publica una nota titulada “El porqué de la OTCA”, donde indica lo siguiente: “La idea de crear un nuevo tratado significaría desconocer una tradición que ya tiene cuatro décadas e implicaría un partir de cero en la consecución de acuerdos en los que ya la organización tiene cierta experiencia. Es hora de volver al multilateralismo para solucionar los problemas, de fortalecer las instituciones y no crear nuevas que entrañan dificultades burocráticas para cristalizar acuerdos” (http://www.otca-oficial.info/news/details/582).

Una década para la reparación de los daños que dejaron los incendios forestales

Lorenzo Soliz

Tristemente, el 2019 pasará a la historia como el año en que la humanidad incendió el planeta, la casa grande de todos los seres vivos. El fuego está arrasando con muchas áreas de distintas regiones de países del norte y del sur.

Arden los pulmones del planeta

Se suele decir que la Amazonía es el pulmón del planeta, y los africanos nos enseñaron que los bosques tropicales del África son el otro pulmón. Este año ambos pulmones están soportando incendios de magnitud y mayores presiones por diferentes frentes. Sin embargo, nada se compara con los incendios de la Amazonía -sobre todo brasilera, pero también una parte de la Amazonía boliviana y peruana, como pudimos evidenciar hace unos días-, de los Bosques de la Chiquitanía y del Chaco paraguayo, que movilizaron a la sociedad civil, la condena y repudio de organizaciones como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y de la comunidad internacional en general.

Los datos preliminares de las superficies quemadas fueron proporcionados por INPE en el caso de Brasil, reportan 57.827 km2 quemados, de los cuales 18.629 (más de 1.800.000 hectáreas) corresponderían a la Amazonía. En el caso de Bolivia, solo en la Chiquitanía al menos 750.000 hectáreas y en Paraguay 350.000 hectáreas. En la zona de la triple frontera amazónica de Perú, Bolivia y Brasil, en el lado peruano, en Iñapari, fueron quemadas más de 1.500 hectáreas.

Modelos de desarrollo y consumismo gatillan los incendios forestales

Los incendios que están aconteciendo en la Amazonia y en las tierras bajas de Sudamérica tienen su origen en la irresponsable acción humana, principalmente por la codicia y el enriquecimiento a costa del extractivismo y destrucción de la naturaleza; la demencia por el crecimiento económico de los modelos de desarrollo imperantes en la región; las leyes, políticas, prácticas e inversiones que la sustentan y respaldan. Asimismo, en estilos de vida basados en el consumismo de bienes y servicios a gran escala. Juntos gatillan el incremento de la producción y exportación de commodities, la ampliación de la frontera agrícola y la deforestación basada en las quemas que hoy están mermando los pulmones del planeta.

Si bien el uso del fuego es una práctica antigua en la agricultura, éste se utilizó en la disputa por tierras y recursos naturales sea para expulsar a comunidades campesinas, pueblos indígenas de sus territorios o para justificar el haber realizado trabajo e “inversiones” y legalizar la posesión. Hoy, además, -incluso declarando el 10 de agosto como “el día del fuego” en el caso de Brasil- se lo utiliza para dar cumplimiento a las verdaderas políticas y planes de los gobernantes de los países afectados, que respaldan y promueven los intereses de grandes propietarios de la tierra, capitales transnacionales del agronegocio, de sendos encuentros de gobernantes de otras latitudes que concluyeron con acuerdos y compromisos de exportación de comodities, especialmente de carne. No desconocemos que algunos pequeños productores siguen esta ruta, en el furgón de cola del agronegocio, incendiando los bosques para habilitar tierras para cultivos industriales y la ganadería. En el caso de Bolivia, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) desde 2017 los “actores de desmonte” son comunidades campesinas en 31%; en 6% las comunidades indígenas, y 63% correspondió a los propietarios privados; esta es una tendencia que se mantiene al menos las últimas dos décadas.

Pese a las estimaciones preliminares o definitivas de las superficies quemadas, nunca se podrá determinar las cuantiosas pérdidas en biodiversidad, en fauna y flora; de las inversiones y bases productivas, de bosques manejados con recursos forestales no maderables, la melea, los recursos de caza, pesca y farmacopea de comunidades y pueblos indígenas en sus territorios y sus bosques. Tampoco los costos de la contaminación ambiental a nivel local y global; los efectos de la contaminación de ríos y fuentes de agua como de la lluvia ácida que sobreviene; los gastos de la población por las afectaciones a su salud, las horas no trabajadas y las horas de clases perdidas en las escuelas de las zonas directamente afectadas. Imposible determinar el esfuerzo humano de tantos voluntarios y personal asignado para sofocar los incendios y los enormes costos de la logística por tierra y aire, etc. Éstos y los gastos no informados ni transparentados por los gobiernos son el alto costo del “desarrollo”, del tipo de crecimiento económico que ellos promueven y respaldan.

En riesgo los objetivos de desarrollo sostenible y el acuerdo por el clima

Estamos próximos a completar el cuarto año de vigencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como se sabe, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, adoptó en septiembre de 2015, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, debido a los incendios forestales y sus múltiples efectos, sobre todo en las zonas directamente afectadas en los diferentes países no será fácil poner fin a la pobreza en todas sus formas (ODS 1); tampoco lograr el hambre cero, la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y la agricultura sostenible (ODS 2) cuando las bases productivas, el hábitat y los bosques y áreas de sustento se han perdido y llevará tiempo en recuperarse. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible (ODS 8), corre el riesgo de quedar en slogan, si no se toma en cuenta adecuadamente que lo sostenible, como recupera la Declaración de la ONU, implica lo social, económico y ambiental, y no solamente el ímpetu por el crecimiento económico. Con los incendios forestales y sus efectos multidimensionales se ha retrocedido décadas en la tarea adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos (ODS 13) y, más aún, en proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, y detener la pérdida de biodiversidad (ODS 15). Estos efectos multidimensionales que están provocando los incendios forestales comprometerán también la reducción de las desigualdades (ODS 10), que es el mayor reto de nuestros tiempos.

A ello se añade que existe un serio riesgo de no lograr evitar el aumento en la temperatura del planeta supere 1,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial; en vez de reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en 45% para 2030, estas cifras se han incrementado a nivel planetario, especialmente desde la Amazonía.

En Vísperas del Sínodo por la Amazonía

El Papa Francisco convocó para este 6 al 27 de octubre venidero a una Asamblea Sinodal Especial sobre la Panamazonía, región del planeta en que habitan cerca de 34 millones de personas, de los cuales más de tres millones son indígenas de más de 390 pueblos y culturas que conviven en una relación vital con la naturaleza. Ya en el primer encuentro preparatorio del Sínodo en 2018, el Papa indicó “Probablemente, los pueblos originarios amazónicos, nunca estuvieron tan amenazados como ahora. La Amazonía es una tierra disputada desde varios frentes”. Los incendios forestales y la crisis climática que actualmente vive esta región en vísperas del Sínodo son parte y expresión de dichas disputas, que están provocando los efectos multidimensionales que hemos mencionado, especialmente sobre la población más vulnerable y la biodiversidad. Sin duda la Asamblea sinodal deberá referirse no sólo a la situación actual de crisis ambiental sino sobre los modelos de desarrollo imperantes en la región, como ya lo ha manifestado recientemente el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Una década para la reparación de los daños

La tarea inmediata es extremar recursos y voluntades para apagar los incendios, infelizmente fue necesaria la movilización social y el repudio internacional para sensibilizar a algunos gobernantes.

Sofocado el fuego, los especialistas indican que se requerirán 200 años para la recuperación de los bosques primarios, es necesario declarar la década de la reparación de los múltiples daños a la naturaleza, al ambiente y a las poblaciones locales, con medidas específicas y recursos asignados en terreno. Entre ellas, veda por 10 años para la caza y pesca en las zonas afectadas, salvo si en ellos viven poblaciones nativas. Recuperación de áreas protegidas, de bosque primario y planes de manejo de recursos naturales. Asignación de recursos para la reforestación efectiva con especies locales, asegurando su prendimiento y monitoreo hasta su madurez, tarea a la que deben contribuir soldados, premilitares, voluntarios, etc. Recuperación y fortalecimiento de las bases productivas de las poblaciones afectadas. Implementación del manejo de cuencas y microcuencas de las áreas afectadas. Derogatoria de normas, políticas y leyes que autorizan quemas e incentivan el desbosque, endurecimiento de sanciones a los infractores, con acciones de reparación y reforestación. Incremento de la productividad según la vocación productiva de cada en área, sin necesidad de ampliar nuevas superficies, con innovación tecnológica, promoción de la agricultura sostenible, la agricultura sin quema, entre otras. Sobre esto último hay muchas experiencias locales en los diferentes países que optan por modelos productivos sostenibles, tomados en cuenta por los gobernantes pero solo en el papel más no en la práctica. Reforzamiento de la educación ambiental en todo el sistema educativo formal y no formal. Estas propuestas se suman o son parte de acuerdos internacionales sobre el clima, los Objetivos de desarrollo sostenible al 2030, la década de la agricultura familiar, entre otras.

El poder de los consumidores locales, nacionales y de ultramar también puede contribuir a la reparación de las zonas afectadas, desde la demanda y el consumo responsable e informado. Quienes tienen el poder político y el poder de la influencia pueden contribuir a cambiar los modelos productivos y modelos de desarrollo, para evitar y reparar lo que está aconteciendo en 2019, por los incendios forestales.

Las semillas son bienes comunes ¿necesitamos leyes para protegerlas?

Jhaquelin Dávalos Escobar

El acaparamiento de las semillas a nivel del mundo es un asunto crucial para la autonomía de las naciones, organizaciones campesinas e indígenas. Las empresas de semillas se valen no sólo de mecanismos tecnológicos para apropiarse de las semillas sino también de mecanismos jurídicos, logrando que los Estados les atribuyan derechos de propiedad intelectual o derechos de obtentor vegetal (Bravo, 2019). Ante esta fuerte presión, las y los sujetos de la agricultura familiar han generado resistencias a nivel de la inventariación, conservación, intercambio de semillas y el posicionamiento de esta problemática en la agenda internacional (Derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, 2018). Sin embargo, una formación para discriminar algunos enfoques de protección de las semillas, se avizoraba muy necesaria. Por ejemplo, la certificación de semillas, queriendo o sin querer, le hace el juego a los grandes monopolios de semillas. Por eso, hacía falta generar un curso que profundice el enfoque de los bienes comunes en el análisis de las leyes de semillas a nivel de la región andina. De esa manera, dicha experiencia virtual será compartida aquí.

Enfoques de protección de las semillas

Para diferenciar los enfoques de protección de las semillas es útil analizar los argumentos que defienden normativas internacionales que instalan un mercado de semillas. En el curso, Elizabeth Bravo, bióloga y docente del curso, propuso un ejercicio bastante arriesgado: ver el documental "La Gran Historia - Perú: Biopiratería". El argumento principal de este video, alineado al Protocolo de Nagoya, es que la problemática de las semillas radica en la biopiratería y la falta de pago de beneficios a los territorios que han proveído semillas a las empresas. El video es tan convincente que cualquiera se pone a protestar por el robo de recursos fitogenéticos y empieza a simpatizar con la idea de que debiera existir compensaciones económicas por ello. Sin embargo, desde el enfoque de los bienes comunes el problema surge con la acumulación por desposesión de las semillas y con la obligatoriedad tácita de que los territorios sean asumidos como mercados de semillas en una nomenclatura (proveedores-usuarios) que los convierte en territorios dependientes. Este análisis no hubiera sido fácil de no comprender que:

Los (bienes) comunes cuestionan las nociones de propiedad: numerosos (bienes) comunes no pueden ser usados y explotados por todos a su libre antojo, pero tampoco son propiedad privada. En los regímenes de propiedad privada las personas tienen la propiedad legal de determinados bienes, pueden excluir legalmente a otros del uso y los beneficios de esa propiedad, y tienen el derecho a disponer de la propiedad como lo deseen. La propiedad individual y privada constituye la base del intercambio comercial. Expresar tales transacciones como “derechos” da a entender que los derechos humanos son necesariamente individuales, y que en un mercado todos los actores tienen los mismos “derechos”. Los (bienes) comunes, por otro lado, se remiten a una posesión y “propiedad” (a falta de mejores términos) colectiva, donde un grupo o más de personas ejerce derechos colectivos para usar, beneficiarse y tomar decisiones sobre algo compartido: un espacio, recursos, etc. A diferencia de los regímenes de propiedad privada, la gobernanza de los (bienes) comunes tiene en cuenta las asimetrías de poder entre personas y comunidades, así como el posible abuso de poder (Shalmali, 2017:2)

Otro ejercicio para comprender las tendencias de los enfoques de protección de las semillas es analizar las políticas nacionales de protección de semillas. En algunas sesiones con técnicos bolivianos en Charagua, Santa Cruz, y Macharatí, Chuquisaca, territorios en proceso de consolidación de la autonomía indígena, se reflexionó, por ejemplo que “(…) el desequilibrio de disponibilidad entre semillas nativas y criollas de maíz y semillas de soya. El ente responsable de la certificación de semillas en Bolivia, ha priorizado, por lo menos en el chaco, más variedades de soya que variedades de maíz criollo. De hecho, el INIAF solo tiene inscritos al maíz gateado y blando, de acuerdo al agrónomo Gilberto Gaspar” (Dávalos, 2019); aunque el maíz es alimento fundamental en la zona para garantizar la seguridad alimentaria guaraní y criolla. Sin embargo, desde la institución estatal se prioriza la soya para su certificación y desde el lenguaje se procura su aceptación a partir de nominaciones locales. Así, variedades de soya tienen nombres locales como “munasqa”, querer en quechua, o “jenecherú”, el fuego que nunca se apaga, en guaraní.

Ahora, ejercitar una mirada que afirme las semillas como bienes comunes tampoco es tan sencillo de hacer; pero, una, manera de hacerlo es poniendo en relación la realidades jurídicas de nuestros países, reconociendo problemáticas comunes y plateando creativamente algunas estrategias para afirmar a las semillas como bienes comunes. Al respecto compartimos un mapa verbo icónico, de Luana Rockenbach del Brasil.

“Para mantener las semillas criollas es necesario mantener el territorio y la cultura de los pueblos que las cultivan. La educación debe ser integral y considerar los conocimientos tradicionales como un patrimonio a ser mantenido. La tierra y las semillas deben ser bienes comunes de libre acceso a los pueblos. Qué es el agronegocio sino la expresión del machismo y patriarcado sobre la tierra. Por eso, el feminismo campesino debe garantizar que la mujer participe de las decisiones sobre qué y cómo plantar y trabajar la tierra, que pueda expresarse sobre la tierra, las semillas y sus conocimientos.

En el mapa se muestra cómo fortalecer al campesino con un consumo consciente de parte del público urbano, cooperativas y sistemas de participación de garantía que le permita seguir produciendo con biodiversidad. Es muy importante que las personas en la ciudad estén conscientes de la marginación que sufre las semillas y el campesino para que se sumen a la lucha por derechos y contra el monopolio sobre las semillas.” (Luana Rockenbach).

Este curso virtual no sólo ha sido un ejercicio cognitivo sino una manera de posicionar el enfoque de los bienes comunes desde trabajos puntuales como memes, infografías, podcasts y de mapas. Además, de acuerdo a Germán Vélez, docente que diseño el curso, ha permitido desarrollar “herramientas para  conocer los marcos jurídicos internacionales sobre propiedad intelectual, biodiversidad, semillas que se implementan en los países andinos; conocer las normas  relativas a la propiedad intelectual y de certificación de semillas; conocer los marcos normativos sobre semillas en los países andinos; e  identificar estrategias, acciones sociales y locales que buscan proteger y defender los bienes comunes frente a la privatización y el control  de las semillas”

El Curso virtual: Leyes de semillas en los países andinos, enfoque de los bienes ha sido ha sido organizado en la alianza IPDRS, Grupo Semillas, CIDES UMSA y CIPCA bajo el principio de que ningún pueblo en el mundo podrá vivir autónomamente sin sus semillas.

Referencias bibliográficas

BRAVO, Elizabeth (2019). Unidad 1: Marcos jurídicos internacionales sobre las semillas. En: Curso virtual. Leyes de semillas en los países andinos, enfoque de los bienes comunes. La Paz: IPDRS-Interaprendizaje. Campo virtual por la tierra y el desarrollo rural. 

DAVALOS, Jhaquelin (2019). Macharetí y Charagua, región del chaco boliviano, en el curso virtual de Leyes de semillas en los países andinos. La Paz: Interaprendizaje-IPDRS. Recuperado de: http://bit.ly/2FuujKT

GRUPO HISPAN TV (13 de noviembre de 2013). La Gran Historia Perú: Biopiratería. Recuperado de: https://bit.ly/2Cy4S9J

ONU. (2018). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/73/165 Consultada en marzo 15 de 2019.

SHALMALI, Guttal (22 de noviembre 2017). El derecho a los (bienes) comunes. Boletín 234. Uruguay:  Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Recuperado de: https://bit.ly/2GxnJFD

 Las Reformas Tributarias: una cátedra de la dominación en el Paraguay

Luis Rojas Villagra

Por enésima vez en las últimas décadas, se vuelve a hablar de una reforma tributaria en el Paraguay. Las causas de este recurrente debate son las mismas de siempre: los insuficientes recursos provenientes de impuestos con que cuenta el Estado paraguayo, la bajísima presión tributaria del país, la baja inversión pública en salud, educación, vivienda, etc., el escaso aporte de los sectores más rentables de la economía como el de los agronegocios, el injusto sistema tributario que aumenta las desigualdades, entre otros.

Desde el inicio de la denominada transición democrática en 1989, varias reformas tributarias se han implementado, a partir del diagnóstico señalado, pero las mismas no solo no solucionaron dichos males, sino que, en ciertos casos, los profundizaron. La primera de ellas, la reforma de 1991, plasmada en la Ley 125/91, generalizó el IVA, el impuesto menos justo y progresivo, colocándolo como la columna vertebral del sistema tributario, cargado principalmente sobre las espaldas de la estrecha clase media y las amplias capas empobrecidas del país.

La segunda reforma significativa del periodo llegó en el 2004, 13 años después, con la denominada Ley de Adecuación Fiscal (Ley 2421/04), que fue impulsada con un fuerte componente discursivo de justicia tributaria. La misma creó el Impuesto a la Renta Personal (IRP) y el Impuesto a la Renta de Actividades Agropecuarias (IMAGRO), con la promesa de mayor contribución de los sectores de más altos ingresos, lo cual de ninguna manera ocurrió: el IRP no entró en vigencia sino hasta el año 2012 (8 años después), cuando fue desfigurado por el Legislativo en su capacidad recaudatoria; por su parte el IMAGRO nunca recaudó un monto significativo del sector ganadero y sojero, garantizando privilegios para los mismos. Además de esto, la ley del 2004 eliminó los denominados derechos aduaneros de exportación (como resultado del lobby sojero), una figura que contemplaba la ley anterior para gravar el comercio externo; además redujo la tasa del impuesto a la renta empresarial (IRACIS), del 30 al 10 %.

Ante el mantenimiento de la baja recaudación y la injusticia tributaria, nuevamente en el 2013 tuvo lugar otra reforma: la Ley 5061/13, que implementó el IVA Agropecuario y la sustitución del IMAGRO por el Impuesto a la Renta Agropecuaria (IRAGRO). Esta reforma estuvo enfocada en el escaso aporte del sector agropecuario, y fue una reacción de dicho sector a la posibilidad de aprobación del impuesto a la exportación de granos en el Congreso, que debía ser tratado. Ese impuesto fue descartado bajo la (falsa) promesa de que con el IRAGRO y el IVA agropecuario la recaudación desde este influyente sector se incrementaría significativamente: el impulsor técnico de este proyecto, Manuel Ferreira, entonces ministro de Hacienda, hablaba de un incremento en el aporte en torno a los 300 millones de dólares. Esto nunca ocurrió, en el 2018 el IRAGRO solo aportó el 2,4 % de las recaudaciones y los defectos del sistema fiscal se mantuvieron, por lo cual en el 2019, se vuelve al mismo debate de los últimos 30 años.

Un Estado controlado

Lo relatado anteriormente describe una dinámica recurrente en relación al Estado y la política en el país: mientras los discursos y justificaciones van en una dirección, las acciones y medidas concretas van en la dirección contraria. No se hace lo que se dice, más bien se concreta y prolonga lo que se dice combatir. Mientras la Constitución Nacional garantiza empleo, salud, educación, vivienda, ambiente sano y oportunidades para el desarrollo de toda la población, la realidad cotidiana nos muestra desempleo, pobreza, pésimos servicios sanitarios y educativos, falta de tierras y viviendas, desalojos recurrentes, amplia contaminación y deforestación, migración forzada, cárceles repletas, violencia creciente.

En el caso del sistema tributario, el discurso ha sido durante cada proceso de reforma, el de lograr mayor justicia tributaria, más recaudación e inversión social, así como menos privilegios. En la práctica, las reformas realizadas han garantizado privilegios tributarios a los sectores de altos ingresos, han mantenido la presión tributaria más baja de Sudamérica[1], una bajísima inversión social y el incremento de las desigualdades sociales.

¿Por qué el Estado y la práctica política prolongan y profundizan un modelo tributario (y económico) que perpetúan la exclusión social y el enriquecimiento de ciertos sectores? ¿Por qué se habla de bien común y equidad social, cuando se gobierna según los intereses de los grupos de poder? La búsqueda de respuestas a estas preguntas nos conduce a otras preguntas, más de fondo ¿qué es el Estado? ¿a quién representa el gobierno? Sobre esto no hay consenso, si muchos debates y polémicas. En la versión liberal (dominante en el pensamiento colectivo de nuestra sociedad), el Estado es la nación jurídicamente organizada, y se constituye en un árbitro imparcial, que dirime de forma neutral los conflictos entre los diversos sectores de la sociedad. En esta visión idealizada del Estado, el mismo busca el bien común de todos los ciudadanos por igual.

Por el contrario, desde el pensamiento crítico, el Estado es la expresión de la correlación de fuerzas existente entre los diferentes sectores sociales, el tipo de Estado en un país es la condensación del poder y la fuerza de esos sectores en conflicto. En consecuencia, el Estado y el gobierno no son imparciales o neutrales, sino instrumento de diferentes sectores, de acuerdo al poder, a la fuerza, que detenten los mismos. Más allá de una retórica políticamente correcta, no está en la práctica al servicio de todos los sectores por igual, sino que se gobierna fundamentalmente para la defensa y ampliación de los intereses de los grupos o clases sociales de mayor poder e influencia.

Para explicar el comportamiento del Estado y la propia sociedad, el influyente intelectual italiano Antonio Gramsci (1891 – 1937), trabajó con el concepto de hegemonía, que expresa la conducción de un grupo social sobre otros, resultado de relaciones sociales conflictivas, donde el grupo hegemónico recurre a la construcción de consensos en el pensamiento colectivo, o a la coerción a partir del control de los poderes del Estado[2]. Señala Gramsci que, en las sociedades occidentales, tiende a prevalecer la dominación (hegemonía) por medio de la construcción de consensos, de ideas, convicciones y creencias, a través de instrumentos de la sociedad civil, particularmente los medios de comunicación, instituciones de formación, iglesias, asociaciones gremiales, partidos, entre otros, que moldean el pensamiento en función a los intereses del sector dominante. Una de las ideas centrales construidas para mantener los privilegios de un sector, es que vivimos en un sistema democrático, donde el Estado canaliza las demandas sociales hacia la construcción del bien común. Nada más alejado de la realidad paraguaya.

Lo que viene ocurriendo en el Paraguay desde hace varias décadas es que gobiernan el país, a partir de su posición hegemónica, miembros o representantes del sector empresarial, tanto nacional como extranjero, donde predomina un poderoso sector terrateniente vinculado a la explotación de la tierra y la especulación inmobiliaria, un moderno sector transnacional que controla el comercio exterior, y una burguesía fraudulenta, enriquecida a partir de sus negocios con el Estado, la corrupción y diversas actividades ilegales. Los partidos políticos principales y los aparatos ideológicos son instrumentos de los Cartes, Zucolillo, Vierci, Wasmosy, Riquelme, Favero, Cargill, Bayer-Monsanto, JBS, Itaú, etc., para la conservación del modelo económico y político vigente en el Paraguay, que les reditúa enormes ganancias y bajos impuestos, en detrimento de los sectores sociales de menores recursos y capacidad de incidencia.

Más recientemente, el fenómeno del control del Estado por parte de una élite poderosa ha sido definido por la organización internacional OXFAM como una Captura del Estado, que se da con “el ejercicio de influencia abusiva por parte de élites económicas y políticas, para que las leyes y los gobiernos funcionen de acuerdo a sus intereses y prioridades, y en detrimento del interés general de la población. Cuanto más concentrado está el poder (que puede provenir de la riqueza, pero también de otras fuentes), más capacidad tienen las élites de crear o moldear leyes, políticas e instituciones que facilitan sus privilegios”[3].

Una nueva Reforma, una vieja práctica

El actual proceso de reforma fiscal, impulsado por el gobierno de Abdo Benítez, se inscribe en la lógica descrita: es un proceso con objetivos grandilocuentes en el discurso, mayor equidad social, justicia tributaria, eficiencia y transparencia, pero que en lo concreto apunta al mantenimiento de la misma estructura tributaria vigente, con leves retoques. La idea fundamental colocada en la opinión pública, para el mantenimiento de este sistema tributario de privilegios, es que con esta reforma el Paraguay logra competitividad para la atracción de inversiones, en base a bajas tasas de impuestos, que serán mantenidas o incluso reducidas, como señalan sus promotores: “la reforma tributaria ayudará a la competitividad y a la atracción de inversiones, ya que en la misma se plantea una baja de la tasa del impuesto para las empresas que remesan utilidades en el exterior para la inversión extranjera directa”[4]. De hecho, la reforma tributaria no plantea ningún cambio sustantivo en el sistema, solo retoques en consonancia con los intereses del sector empresarial, que busca mantener los bajos costos para sus empresas, como señala Manuel Ferreira “el país es atractivo en materia del bajo costo impositivo, energía eléctrica accesible, mano de obra y materiales a bajo costo”[5]. Para el ex ministro y asesor empresarial, es positivo que la mano de obra, es decir los trabajadores y trabajadoras, cobren bajos salarios, sin importar en qué condiciones viven.

El gobierno actual representa los intereses del mismo sector que ejerce una hegemonía excluyente desde hace décadas en el país. Por ello, para la elaboración de esta propuesta de reforma, el Ministerio de Hacienda conformó una Comisión Técnica Económica Tributaria, integrada por representantes del sector público y del sector privado, en especial, por miembros y asesores del sector empresarial. Como para dejar en claro quienes tienen influencia real y poder de decisión sobre las políticas económicas. Además de los representantes del gobierno y el Congreso en la Comisión, la integraron Santiago Peña (Banco BASA), Manuel Ferreira (DENDE), César Barreto (DENDE y Banco Familiar), los consultores de empresas Nora Ruoti y Carlos Mersán, Manuel Riera (Asociación Rural del Paraguay), Gustavo Volpe (Unión Industrial Paraguaya), Beltrán Macchi (Visión Banco), Carlos Jorge Bidermann (Cámara de Anunciantes del Paraguay), Esteban Morabito (MAAHSA), entre otros miembros del sector privado. No hubo representantes de los trabajadores, campesinos, indígenas o cooperativistas.

Este hecho nos trae a la memoria el denominado 1er Seminario sobre Reforma Agraria realizado en 1958, durante el gobierno de Stroessner. En el mismo, participaron los representantes del gobierno, de la FAO, de los terratenientes (ARP) y los empresarios (FEPRINCO). Para discutir sobre reforma agraria no se invitó a representantes de campesinos ni indígenas, a pesar de ser la población más numerosa interesada en la temática. De entonces a hoy, pasaron 60 años, tiempo en el que se ha mantenido dicha práctica, la captura del Estado por parte de los sectores de mayor fuerza (económica, política, comunicacional) en la sociedad, quienes gobiernan para sí mismos, desde los tres poderes.

Episodios similares se repiten de diversas maneras. En muchos entes públicos, existen asesores o consejeros permanentes, nombrados por los gremios empresariales, por ejemplo, en el BNF, INDERT, Fondo Ganadero, IPTA, CONACYT, INFONA, entre otros. También es recurrente que ejecutivos de empresas ocupen de forma intercalada, cargos en el sector público y privado, como ha ocurrido con presidentes del Banco Central, Ministros de Hacienda, de Industria, Obras Públicas, y muchos entes más. Los intereses empresariales, principalmente la búsqueda del lucro, están íntimamente entrelazados con las políticas públicas del Estado.

En resumen, en el Paraguay una minoría con poder gobierna para esa misma minoría. Lo cual ocurre en todos los ámbitos, sea en lo relativo a la tierra, la producción, la vivienda, el salario mínimo, el medio ambiente, la educación o la salud. Es la expresión del poder, de múltiples fuentes, que ha acumulado dicho sector. Para que las políticas públicas y las nuevas reformas que se vayan a implementar beneficien a los sectores populares, a los empobrecidos y marginados, será necesario un cambio en la correlación de fuerzas en el seno de la sociedad. Será necesario que, éstos mismos sectores, empiecen a actuar colectivamente con mayor fuerza, a partir de la conciencia, organización, articulación y movilización, en dirección a las transformaciones sociales necesarias y la conquista de los derechos para todas y todos. Sin privilegios, como los que hoy detentan quienes se adueñaron del Estado y del país.

[1] Solo del 13 %, mientras Uruguay, Argentina y Brasil están por encima del 30 %.

[2] Antonio Gramsci, Análisis de las Situaciones. Relaciones de fuerzas. Disponible en www.gramsci.org.ar

[3] https://www.oxfam.org/es/que-es-la-captura-del-estado-y-que-tiene-que-ver-con-el-aumento-de-la-desigualdad-en-america-latina-caribe

[4]   https://www.5dias.com.py/2019/04/reforma-tributaria-no-implica-suba-de-tasas/

[5] https://www.abc.com.py/nacionales/2019/06/29/beneficios-para-el-paraguay-con-acuerdo-mercosur-ue/

 Reflexiones del informe anual sobre acceso a la tierra y territorio en sudamérica 2018[1]

Oscar Bazoberry Chali,
sociólogo, coordinador general Instituto para
el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS

Ruth Bautista Durán,
socióloga, investigadora Instituto para
el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS

Presentamos algunas reflexiones que emergieron en el trabajo de coordinación de la cuarta versión del Informe anual sobre acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, y el trabajo de edición realizado sobre los 9 capítulos correspondientes a 9 países de la región, que presenta el Informe 2018, un esfuerzo colectivo que se enmarca en las acciones del Movimiento Regional por la tierra y territorio.

Puede que en este acercamiento prime el ámbito gubernativo, que dificulta el abordaje regional e impone en los análisis, aquellas subjetividades, empatías o rechazos que nos generan los circunstanciales caudillos, líderes y representantes nacionales.

La oportunidad de tener lecturas comprometidas con las luchas campesinas e indígenas, en una estructura común para presentar los países, nos muestran síntomas, procesos y hasta consecuencias comunes a diversos países, y podemos visibilizar diálogos y alternativas de construcción horizontal.

1. Derechos de los campesinos

La Asamblea General del año 2018, 73ª periodo de sesiones, Resolución A/RES/73/165, de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, aún sin impacto visible. Desde que se presentó la iniciativa hasta que se emitió la declaración, pasaron 17 años. Tiempo que supuso mucho trabajo, comisiones, consejos y otros mecanismos de discusión en las Naciones Unidas. Finalmente la aprobaron en la Asamblea General, con 121 votos a favor, 8 en contra, 54 abstenciones y 10 países que no votaron.

De Sudamérica, en la sesión final, ocho países votaron a favor, ninguno en contra, tres se abstuvieron y uno no votó. Los que votaron a favor fueron: Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela. Los que se abstuvieron fueron Argentina, Brasil, Colombia. Paraguay no votó. En el caso de Paraguay habrá que indagar si fue un cambio de opinión, pues en la primera ronda votó favorablemente.

Los países que impulsaron la Declaración, a nivel interno no han generado ninguna repercusión y los gobiernos no han hecho mayor difusión. Corresponde entonces, un trabajo para garantizar su difusión y aplicación.

2. Estados dependientes, populismos y un nuevo ciclo neoliberal

Uno de los capítulos afirma que la actual coyuntura, es “una etapa transicional hacia el retorno neoliberal”, y otro explica que el Estado “no intervino los mercados, ni direccionó el desarrollo productivo ni disciplinó al capital financiero”. La figura del retorno podría ser cuestionable si se toma en cuenta que en el trasfondo de los progresismos en gobierno, no dejó de ser un modelo económico basado en la reprimarización de la economía y la concentración y privatización –y extranjerización– de los recursos naturales.

Ecuador como Argentina, recurren a negociar con el Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de equilibrar sus economías y salir a flote en un sistema en crisis. Este nuevo ciclo de profundización neoliberal determina el rol que juega el Estado (nacional) como protagonista, mediador o un actor más en la dinámica del mercado global.

Otro síntoma de esta renovación o profundización del modelo neoliberal, tiene que ver con la institucionalidad pública tomada por sectores gremiales específicos. A nombre del desarrollo, modernización y eficiencia, son los representantes de la agroindustria quienes dirigen los ministerios de agricultura, desarrollo rural, etc.

La relación de las organizaciones sociales y los gobiernos populistas restaron fuerza e independencia a las agendas reivindicativas. Esta es una alerta a sostener la independencia sindical u organizativa y la perspectiva de la libre determinación.

El endurecimiento de los gobiernos tiene que ver con decisiones a nivel económico y con una serie de radicalizaciones como respuesta a lo que se supone han sido los gobiernos de izquierda, el “discurso de odio” que promueve Jair Bolsonaro en Brasil, y también, la sistemática omisión a las aspiraciones a la paz en Colombia.

La importancia del rol del Estado sobrepasa la dimensión económica y el liberalismo de mercado. Los procesos de deslegitimación, escándalos de corrupción que se extienden al tráfico de tierras y al narcotráfico, ponen en entredicho la naturaleza de la democracia.

En cuanto al acceso a la tierra, estos temas se traducen en la reestructuración y el cambio de estatus que adquieren los temas rurales en la institucionalidad pública. En Colombia, la implementación de la paz invisibiliza la concentración y acaparamiento de tierras, y la política agraria está basada en alianzas público privadas.

En toda la región, existe una nítida concentración y centralidad del Estado nacional, en diversos países se han revertido decisiones locales respecto a los sistemas productivos, a exigencia de las corporaciones.

3. Disputa por la matriz de desarrollo

La posibilidad de acceder a la tierra para campesinos e indígenas se esclarece en la disputa por la matriz de desarrollo. Bolivia persiste en construir una imagen indígena estatal y un discurso populista, no obstante, delata su vocación desarrollista por los proyectos de infraestructura, generación de energía, y lo más reciente, la proliferación de la necesidad de la biotecnología, transgénicos y la producción de alcohol anhidro para biocombustibles.

En Colombia, así como se aprobó la primera ZIDRES, se logró aprobar un nuevo perímetro de la propuesta de Zona de Reserva Campesina Montes de María. En Paraguay, centro de la “república de la soja”, se articuló una propuesta de ley para crear un impuesto a la exportación de soja en estado natural y se debatió una ley marco de “Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la Alimentación”.

El caso del Uruguay, las mayores movilizaciones del agro articularon diferentes sectores, los pequeños productores, los medianos e incluso los grandes. No discutiendo el modelo, pero sí el permanente y creciente desplazamiento de la propiedad accionaria.

La disputa por la matriz de desarrollo está en la crítica y también en las alternativas y apuestas por construir otros modelos y formas propias de desarrollo. La toma de conciencia –de la población rural y urbana– por el agua y por los impactos de los megaproyectos de desarrollo, generan una corriente de opinión masiva contra el avance del extractivismo, la megaminería, el fracking y las fumigaciones aéreas.

4. Titularización masiva e individualización de la tierra

Bajo la idea de que la seguridad jurídica es una garantía para los derechos de las personas, familias y comunidades, mucha población rural, se sumerge en largos procesos por el reconocimiento, adquisición y/o titularización de las tierras que poseen.

En Bolivia, no se han viabilizado más demandas de titularización colectiva, gran parte de las demandas han sido cubiertas, y el INRA ha dejado de socializar los beneficios que conlleva el título colectivo.

En Paraguay, los datos de avance de dotación y titulación son insignificantes, y el esfuerzo gubernamental ha pasado por regularizar jurídicamente lotes dentro de las colonias campesinas, bajo una política de titulación masiva, de acuerdo a las políticas del Banco Mundial. Y en Uruguay, los reguladores de facto son las grandes empresas, sociedades anónimas y capitales extranjeros que apoyan la legalización de colonias campesinas, y exigen la libre compra-venta-arrendamiento de tierra.

En Perú el saneamiento físico legal de las comunidades campesinas y nativas sería prioritario, no obstante, se privilegia la titulación individual. El nulo apoyo a la titulación colectiva está relacionado al poco financiamiento, pero además, aunque se hayan ratificado los derechos colectivos, aún no se comprende la demanda de titulación integral del territorio del pueblo indígena Achuar (Pastaza).

Los más de 30 mil desplazados por el conflicto armado en Colombia, han vivido la modificación no sólo de su pertenencia territorial, sino también un dislocamiento en su concepción de vida. No tocar la concentración de la tierra en este país muestra la dureza del modelo imperante. Los procesos de reconocimiento, regularización y titulación agraria son mecanismos de control y disciplinamiento para las comunidades campesinas e indígenas. Impulsar la titularización individual de la tierra, tiene que ver con los intentos modernizantes de generar sujetos incorporados al mercado, como fuerza de trabajo o como consumidores.

5. Propuestas de autogobierno y jurisdicciones propias

En un contexto desalentador y peligroso para los defensores de la tierra y los territorios en la región, en Brasil, tres mil personas se manifestaron en la explanada de los ministerios, reivindicando la demarcación de tierras indígenas. Además, el Foro Alternativo Mundial del Agua propuso la construcción de la alianza de diversidades para enfrentar “ao sistema capitalista, patriarcal, racista e colonial”.

Al sur, en Chile por primera vez, 36 familias no mapuche ocuparon el fundo Mundo Nuevo de Curanilahue en manos de empresas forestales. En Argentina, se avanzó con la recuperación territorial de la zona de Pichunko-Ladera Correntoso (Neuquén) y en el Chaco, la comunidad originaria de Miraflores inició la recuperación del territorio ancestral de 10 mil hectáreas. En Paraguay, las familias no descansaron ante la injusta condena de 11 campesinas y campesinos, por la masacre de Curuguaty, finalmente, un recurso de casación presentado al Tribunal de Apelaciones, los devolvió a la libertad.

La resistencia a los proyectos de desarrollo en Uruguay generó diversas plataformas. El movimiento Cota 81, el colectivo eco-feminista “Por el costado de la vía” y el movimiento “Canelones Libre de Soja Transgénica”, defienden la producción familiar granjera.

En Colombia, la paz se ha estado tejiendo en los territorios y las comunidades desde hace mucho tiempo, acuerdos comunitarios con los grupos armados por la protección de la biodiversidad y las poblaciones, que aún se respetan. Se han generado instancias locales con diversos actores, que convocan al sector armado y al gobierno. ¿Acaso éste no sería el rol de un Estado? ¿Acaso estas iniciativas no son gérmenes de autogobierno?

La movilización de las mujeres se ha visibilizado masivamente en las ciudades, ha tenido repercusión en la vida rural. En Argentina, se ha llevado a cabo un 1er Parlamento de Mujeres Originarias. El encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas en la comunidad mapuche-tehuelche de Costa del Lepá (Chubut), convocó a personas mapuche y no mapuche, a compartir responsabilidades en la resistencia al extractivismo y la violencia estatal sobre los pueblos indígenas.

Los autogobiernos indígenas y campesinos son resultado de la resistencia histórica y también del marginamiento de los Estados nacionales, unos más violetos que otros. No perder la perspectiva del autogobierno y el desarrollo de las jurisdicciones propias son ámbitos valorables, para proponer nuevas formas de interlocución con los Estados.

La nación originaria Qhara Qhara, en Bolivia, ha aportado jurisprudencia útil para los pueblos indígenas, frente a la justicia ordinaria, a la institucionalidad republicana y centralista. Además, reivindican la propiedad de las riquezas del Galeón San José, sumergido cerca de la costa de Cartagena de Indias, reclamado por la actual Corona de España, empresas estadounidenses y el Estado colombiano.

6. Venezuela

A pesar de los esfuerzos realizados por el IPDRS, no contamos con el capítulo de Venezuela, por no disponer de suficiente información y por múltiples y cotidianas dificultades y desafíos institucionales. Es una situación polémica, politizada, y para muchos una impronta de los esquemas globales, de los imperialismos, que se manifiestan descarnadamente. Para millones personas, es una situación límite, un drama humano.

Desde el enfoque rural, el acceso a la tierra y el territorio, la apuesta por la diversidad y el más amplio espectro de sujetos rurales, resulta difícil de discernir por el manto político y de política internacional que lo cubre todo.

En el 2013, la FAO reconoció al gobierno de Venezuela por reducir a la mitad el porcentaje y el número de personas con hambre o subnutrición, gracias a que miles de personas tenían acceso a subsidios en los alimentos ofertados en la red de abastecimiento de alimentos del Estado. El 10 de abril del 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, afirmó que “la prevalencia de la subnutrición casi se ha triplicado en los últimos cinco años (…) Venezuela ha importado hasta el 75 % de sus alimentos. Como resultado de la crisis, la disponibilidad y la asequibilidad de los alimentos disminuyeron, al disminuir las importaciones, la producción local disminuyó y el poder adquisitivo disminuyó”.[2]

El 2017, nos preguntábamos sobre las políticas Agropatria, el Instituto Nacional de Tierras, o el Plan Chamba Juvenil para “enviar” jóvenes al campo. La mentada presencia del Estado en el agro y el campo rural, con una orientación productivista, inmediatista y en sentido de emergencia, lo que parece más una sobredimensión del verdadero alcance de los gobiernos.

¿Cuál es la situación de los productores del campo en una situación de crisis alimentaria? Se supondría que, además de garantizar su autoconsumo, los productores se podrían beneficiar, más allá de cualquier juicio moral, de una situación de escases. Al parecer no es así. Los agricultores, grandes y pequeños, son presas de otras formas de violencia y coacción. Sea por los sistemas formales que controlan la distribución, sea por los sistemas informales y hasta mafias.

[1] El texto corresponde a un resumen de la Introducción del Informe 2018 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica (IPDRS, 2019). Disponible en: https://bit.ly/2YZe8gm

[2] Acta de la reunión 8506, Consejo de Seguridad, ONU. Disponible en: https://undocs.org/en/S/PV.8506

 Fragmentación de fuerzas politicas reemplaza hegemonía progresista en ecuador. Analisis de elecciones municipales 2014 – 2019

Francisco Hidalgo  y Dominy Hidalgo

Sociólogo, profesor de Sociología Agraria en la Universidad
Central del Ecuador

Coordinadora del grupo de estudiantes de las Carreras de
Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad
 Central del Ecuador

En Sudamérica uno de los acontecimientos políticos de los últimos años es aquello que se ha denominado como el fin del ciclo progresista en cuyo reemplazo se abre un nuevo ciclo conservador.

En el caso de Ecuador, que atravesó una década de régimen progresista liderada por el ex – presidente Correa y ahora vive un retorno neoliberal con el presidente Moreno, está transformación tiene la particularidad de que los personajes y organizaciones provienen del mismo origen: el movimiento Alianza País.

Para conocer las repercusiones concretas de este proceso en la configuración de las fuerzas políticas, es importante analizar los resultados de las recientes elecciones seccionales, que se cumplieron el pasado mes de marzo de 2019, y compararlas con los resultados de las elecciones similares del 2014.

El estudio que presentamos tiene por objetivo comparar los resultados electorales de este 2019 con aquellos del 2014 y leer cómo ha evolucionado el panorama de las organizaciones políticas en el Ecuador en ese tránsito, poniendo énfasis en los cantones rurales.

ESTUDIO DE LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 – 2019 EN CANTONES RURALES

Como se ha indicado, el estudio se propone analizar la evolución del respaldo electoral de las organizaciones políticas en elecciones de gobiernos municipales en cantones rurales en el Ecuador, comparando dos procesos similares, el de 2019 frente al de 2014; el procesamiento de la información fue realizado por estudiantes de las asignaturas de Sociología del Desarrollo y Sociología Agraria de la Universidad Central del Ecuador[1] y la sistematización correspondió al profesor Francisco Hidalgo, responsable de dichas cátedras.

El estudio se pregunta: ¿Qué organizaciones políticas fueron las que alcanzaron mayor respaldo en las elecciones de gobiernos municipales del 2019, con referencia a los cantones rurales, comparando con las elecciones similares del 2014?

El estudio se realizó con las siguientes bases de datos: para la determinación de los cantones rurales, el Censo Poblacional 2010[2], para los datos electorales de 2014[3] y 2019[4]  se tomó los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral – CNE.

El enfoque del estudio está colocado en los cantones rurales en el Ecuador, para ello se adoptó el criterio de asumir como cantones rurales a aquellos que, de acuerdo a los datos del Censo Poblacional 2010[5], registran una población rural de 51 % o más del total del cantón, esto nos da un total de 152 cantones respecto a un universo total de 221 cantones registrados en el Ecuador.

Otro enfoque del estudio está colocado sobre los gobiernos municipales, que están presididos por el alcalde y los concejales, entre los que se distinguen concejales de las zonas urbanas y concejales de las zonas rurales. El Consejo Nacional Electoral reconoce en 127 cantones la elección de concejales rurales, ver el gráfico 1 del estudio.

Gráfico 1: Registro de Cantones Rurales

Fuente: CNE. Elaboración:  Estudiantes Sociología y Política UCE 2019

El estudio adoptó el criterio de dar seguimiento a la información respecto de quién preside el gobierno municipal, esto es el Alcalde, y el dato sobre el primer lugar en la elección de concejal rural, para dar cuenta de la opción política ganadora respecto del gobierno municipal.

Para la variable de concejal rural nos sujetamos estrictamente a aquellos reconocidos como tales por el Consejo Nacional Electoral, además este estudio deja fuera al registro “concejal por distrito rural”, pues consideramos en la variable “distrito” su comportamiento electoral está fuertemente influido por su pertenencia o proximidad a municipios fuertemente urbanos como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta.

Otro enfoque del estudio se coloca sobre las formas políticas de las organizaciones que auspician a los candidatos a alcaldes y a concejales rurales, según la legislación electoral del Ecuador[6], las instancias reconocidas para presentar candidatos son: partidos políticos o movimientos políticos, estos últimos pueden ser de carácter nacional o local, en unos casos provincial y en otros cantonal, siempre y cuando se encuentren registrados en el Consejo Nacional Electoral; para los procesos electorales se admite la conformación de alianzas que pueden tener muchas combinaciones entre organizaciones nacionales con/sin, organizaciones locales.

En los procesos electorales tenemos básicamente tres etapas: i) inscripción de candidaturas; ii) campaña electoral; iii) día de elecciones y resultados.

En primer lugar, vamos a analizar los datos sobre la inscripción de candidatos a Alcaldes y Concejales Rurales, para ello veamos el Gráfico No. 2, que agrupa los auspicios para la inscripción de candidatos para las dignidades indicadas, estableciendo dos grupos, por un lado, candidatos auspiciados por un partido o movimiento político de carácter nacional, y, por otro lado, candidatos auspiciados por alianzas que integran a partidos o movimientos nacionales junto a movimientos locales y/o alianzas de agrupaciones solo locales.

Gráfico No. 2: Candidatos a Alcaldes promovidos por Partidos o Alianzas en cantones rurales:

Fuente: CNE. Elaboración:  Estudiantes Sociología y Política UCE 2019

Analizando los datos del Gráfico No. 2 tenemos lo siguiente: entre 2014 y 2019 se incrementa el número de candidatos a Alcaldes en los cantones rurales en 35 %, y se incrementa la forma alianza electoral como entidad que auspicia a los candidatos en 71 %; para el 2019 uno de cada tres candidatos a Alcaldes en los cantones rurales fueron auspiciados por alianzas electorales, más adelante veremos cuanta efectividad electoral tuvo esta forma política de auspicio.

Aquí un primer paréntesis en la lectura de los datos recopilados, para recordar que este 2019 se conmemoraron 40 años del retorno constitucional, luego de la última etapa de dictaduras militares, cuando en 1979 se realizaron las elecciones presidenciales que las ganó el binomio Jaime Roldós – Osvaldo Hurtado.

Al iniciar el retorno constitucional la estrategia configurada en la legislación política y electoral apuntaba al fortalecimiento de los partidos políticos e incluso aspiraba a un sistema marcado por dos o tres partidos políticos. Pero a fines de los noventa y luego los 2000, impulsado por los ex - presidentes Sixto Durán Ballén, de la tendencia derecha, y luego Rafael Correa, de la tendencia progresista, se promovieron reformas legales para impulsar la forma organizativa movimiento o alianza electoral.

La evolución política y de la legislación electoral de inicios del siglo XXI fue facilitando la conformación de movimientos y alianzas políticas, en detrimento de la consolidación de partidos políticos.

Volvemos al tema específico del estudio, como acontecimiento político, que es un proceso electoral. Se sabía de entrada que una diferencia sustancial entre las elecciones seccionales del 2019 respecto de las elecciones seccionales del 2014 era la fragmentación de la fuerza política que fuera hegemónica de la década 2007 – 2017 Alianza País, por lo tanto la primera fuerza en el 2014, pero que entre 2017 y 2018 se fractura y genera un espacio vacío.

Espacio vacío sobre aspiran a ganar adhesión las que fueran organizaciones opositoras, obviamente con más recursos los de derecha, en el marco de una aguda ofensiva conservadora en el subcontinente sudamericano.

Aquí tenemos un primer dato comprobado, el avance de la forma movimiento o alianza electoral en el proceso de elecciones seccionales del 2019, por sobre la forma partido político.

Volvamos a la lectura de los datos electorales, ahora tenemos el Gráfico No. 3 que nos informa respecto de candidatos a concejal rural según auspicio de partido o movimiento nacional, por un lado, o por alianzas de diverso nivel, por otro lado.

Gráfico No. 3: Candidato a concejal rural según tipo de auspicio organizativo

Fuente: CNE. Elaboración:  Estudiantes Sociología y Política UCE 2019

Resalta que de 2014 a 2019 crece notablemente el número de agrupamientos políticos y de candidatos y candidatas. Así respecto de candidatos a concejales rurales entre 2014 y 2019 hay un incremento total de candidatos en 47 %, a lo que hay que añadir que respecto de candidatos a concejales rurales hay un incremento del 80%; adicionalmente se duplicó el número de candidatos a concejales rurales que optaron por el auspicio de alianzas entre estructuras locales.  

Ahora damos un salto y pasamos a los datos de los resultados electorales, en el Grafico No. 4 tenemos los resultados electorales respecto de la dignidad de Alcaldes en cantones rurales

Gráfico No.4: Alcalde Electo cantón rural comparando 2014 con 2019

Fuente: CNE. Elaboración:  Estudiantes Sociología y Política UCE 2019

Comparando los resultados para Alcaldes, en los 152 cantones asumidos como rurales a nivel nacional, lo primero que resalta es el incremento de alcaldes electos provenientes de un auspicio desde alianzas electorales, que pueden ser alianzas entre organizaciones nacionales y organizaciones locales, o alianzas entre organizaciones locales. En el proceso del 2019, más de la mitad de los alcaldes electos provinieron de alianzas electorales, son el 53 % del total, frente a lo que aconteció el 2014 que cubrieron el 28 %.

Para enfatizar podemos leerlo desde otro lado del espejo, mientras que en el 2014 el 72% de los alcaldes electos en cantones rurales provinieron del auspicio de un partido o movimiento nacional, para el 2019 representaron solo el 47% del total de los electos.

Para el 2019 la efectividad electoral, respecto de Alcaldes, estuvo en las alianzas electorales en las cuales un peso fundamental estaba en lo local: sea cantonal o provincial, por lo tanto perdieron efectividad electoral las fuerzas que solo agruparon partidos o movimientos nacionales.

Ahora veamos en el Gráfico No. 5 lo que tiene relación con resultado electoral para primer concejal rural electo, según esté auspiciado por partido o alianza

Gráfico No. 5: Primer concejal rural electo según tipo de auspicio político, partido o alianza

Fuente: CNE. Elaboración:  Estudiantes Sociología y Política UCE 2019

La lectura de este dato nos evidencia una sorpresa, para ganar el primer lugar en Concejal Rural la efectividad electoral de la forma política de alianza es menos potente que para Alcalde en cantón rural, pero de similar manera tiene un crecimiento en 2019; así tenemos que en las elecciones del año presente aquel que ganó el primer lugar para concejal rural mediante alianza política fue el 39% del total, mientras que en las elecciones del 2014 fue del 26%; hay un incremento porcentual, pero no en la magnitud que se presenta en la dignidad de  Alcalde.

Nos puede ayudar leerlo desde otro ángulo: en el 2019 el 61% de quienes ganaron el primer lugar para concejal rural fueron auspiciados por un partido o movimiento nacional, mientras que en el 2014 significaron el 74%.

Para las elecciones del 2019: de los ganadores para Alcaldes el 53% fue auspiciado por alianzas que incluían a organizaciones locales, mientras que para alcanzar el primer lugar en concejal rural el 39% correspondió a este tipo de conformación política.  Probablemente la explicación sea que en la elección de Alcaldes hubo un mayor peso de la figura personal o individual del candidato, mientras que para la elección de concejal hubo un mayor peso de la estructura orgánica.

Indiquemos que en el caso del Ecuador, para la dignidad de concejales las organizaciones políticas deben presentar una lista de candidatos/as por cada agrupación, pero los electores pueden votar por la totalidad de la lista o escoger entre candidatos de varias listas.

He aquí una segunda conclusión: los partidos políticos están debilitados pero no anulados, y las alianzas electorales son muy dependientes del impacto o no de las individualidades de caudillos locales o regionales.

Aquí un segundo paréntesis, para mirar con detenimiento a Alianza País, organización fundada en 2006 y liderada inicialmente por el ex – presidente Rafael Correa, había ganado sucesivamente las elecciones presidenciales, parlamentarias y para gobiernos municipales, a la largo de la década indicada. Pero con el ascenso, bajo auspicio del misma agrupación, de Lenin Moreno a la presidencia en mayo del 2017, y posteriormente la ruptura con el legado de Correa, esta organización política se fractura en varios pedazos, evidenci