Zongo: La histórica lucha por el respeto de la justicia indígena contra un empresario minero

Magalí Vienca Copa Pabón[1]

La Constitución Boliviana señala que, las naciones y pueblos indígenas se constituyen en una jurisdicción con potestad para administrar justicia en el marco de sus competencias y que su jurisdicción goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, el paso del reconocimiento al ejercicio jurisdiccional en condiciones de igualdad ha llevado a las autoridades indígenas a recorrer una serie de luchas legales ante los tribunales ordinarios y la justicia constitucional.

Un caso emblemático de la justicia indígena boliviana es el caso de empresario minero Ing. J. Oscar Bellota Cornejo quien mereció la sanción de expulsión del lugar en junio de año 2010 mediante una resolución de la justicia indígena de Zongo. Cabe destacar que, este empresario inicio labores mineras en el lugar desde el año 1975 y se afilió como miembro de la Comunidad de Cahua Grande el año 1979. Como afiliado tuvo mucho poder e influencia en el sector, llegando a iniciar procesos y encarcelar a los dirigentes que estuvieran en su contra. Según los testimonios de los abuelos, llegó a comprar terrenos hasta por el valor 20 bolivianos con promesas de trabajo a los comunarios y apoyo a las comunidades, las cuales no cumplió, además de lo cual, se apropió del agua y los terrenos para el funcionamiento de su mina, por lo que fue juzgado por indebida apropiación de tierras comunales, abusos a trabajadores y comunarios, y daños al medio ambiente.

En aquel entonces, la justicia indígena a la cabeza de las autoridades de la Central Agraria de Zongo, en un magno ampliado, con participación de 35 comunidades, decidió expulsar al empresario minero, tras escuchar a ambas partes. Tras esta decisión las autoridades comienzan a ser procesadas penalmente a denuncia del empresario minero.

“Estoy privado de libertad, encarcelado, sin que haya respetado Leyes que disponen las jurisdicciones establecidos” esto escribió en una carta Gerardo Poma Canqui, el 13 de marzo de 2013, mientras estaba detenido preventivamente en la Cárcel de San Pedro. Él fue una de las cuatro autoridades detenidas, así mismo, otras 40 autoridades y miembros fueron procesados por diferentes delitos denunciados por el empresario minero y, esta lista se hacía más grande debido a la ampliación de la denuncia que hacía constantemente el empresario minero. En mi primera visita a la comunidad de Cahua Grande, en marzo de 2013, los comunarios temblaban de miedo y no querían hablar por las represalias que pudiera tomar el empresario minero.

Las mujeres de Zongo, esposas de los detenidos y procesadas, junto a las autoridades comenzaron una lucha legal para sacar a sus autoridades de la cárcel y evitar más detenciones. Es así, como estas autoridades comienzan a activar todas las acciones y recursos de la Constitución para defender la labor jurisdiccional de la justicia indígena.

El 15 de octubre de 2012, Andrés Jallahuanca, entonces Secretario General de Cahua Grande, interpone ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una consulta como autoridad indígena. Le consulta al Tribunal si es constitucional la sanción de expulsión del minero. Más tarde una comisión de justicia de Zongo encabezada por Marcelo Chambi quien era la cabeza de la Central Agraria, Marcela Quisbert Pilco y Juan Carlos Marcani, promovieron un conflicto de competencias pidiendo al Juez de Primero Instrucción en lo penal de la ciudad de El Alto, a cargo del Juez Enrique Morales Díaz, se aparté del caso toda vez que el caso ya fue resuelto por la Justicia Indígena. En esta etapa denotamos el acompañamiento de Asociación de Antropólogos de La Paz ADA- La Paz, por intermedio de Pedro Pachaguaya y Aldo Bailey.

MAGISTRADOS 2012-2014: L. Velasquez C, G. Cusi M., M. Camacho y R. Chanez Ch. (de pie) V. Andrade, R. Flores y
E. Choque (sentados). Fuente: TCP: www.tcpbolivia.bo

La Sala Primera Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a la cabeza de la entonces magistrada Rosario Chanez Chire y junto al Magistrado aymara Efren Choque Capuma, con el apoyo técnico de la Unidad de Descolonización, emiten una Resolución DCP 0006/2013 de 5 de junio de 2013, primera sentencia de esta naturaleza que revisa las actuaciones de la jurisdicción indígena a la luz de la Constitución. De manera inédita, esta declaración resuelve la APLICABILIDAD de la decisión comunal de expulsión y desalojo del empresario minero José Oscar Bellota conforme a su jurisdicción. Más tarde la Sala Plena del TCP emite a Sentencia Constitucional 874/2014 de 12 de mayo de 2014 que, tiene como relator a Gualberto Cusi Mamani, entonces magistrado indígena de la Sala Especializada, el cual, con el apoyo de la mayoría de magistrados, dispone que la Jurisdicción Indígena de Zongo es la competente para resolver el caso del minero y le ordena al Juez entregar los expedientes del caso a las autoridades de la justicia indígena.

Foto: Pedro Pachaguaya, 13-10-14

El lunes 13 de octubre de 2014, el Juez de Instrucción en lo penal de El Alto Dr. Enrique Morales Díaz, se vio obligado a entregar los expedientes en un acto público a las autoridades de la justicia indígena de Zongo. Blanca Mollinedo entonces Secretaria General de la Central, se carga los 6 expedientes en un aguayo en señal de restitución de la justicia indígena. Sin embargo, el juez no libera a los cuatro detenidos porque ha perdido competencia, generando la necesidad de un acto de cooperación entre la justicia indígena y la ordinaria, de modo que ambas jurisdicciones (la ordinaria y la JIOC – Justicia Indígena Originara Campesina) con intervención del Consejo de la Magistratura, por intermedio de su entonces presidenta, Cristina Mamani, liberan a los cuatro detenidos. Esta ha sido la primera vez que, la JIOC- Zongo, recupera la soberanía jurídica de un caso por orden constitucional.

De acuerdo con lo anterior, quedó establecido que, de ese momento en adelante la competencia del caso es de la justicia indígena. Estaba en manos de la Justicia Indígena de Zongo la competencia del caso, por lo que debían respetar los derechos humanos del empresario y buscar el respeto de su resolución de expulsión.

El primer acto dela JIOC- Zongo fue convocar al empresario minero para que se haga presente ante los jueces indígenas para el cumplimiento de la SCP 874/2014 (notificación de 14/01/2014), sin embargo, el empresario minero no se presenta y más al contrario, inicia nuevos procesos penales contra las autoridades, quienes a su vez ratifican, con una resolución escrita en aymara, su decisión de expulsión contra el empresario minero (Resolución Taripaqi Kamachi “Maya”, publicado en el Diario el 25/01/15).

La lucha no termina. Las autoridades enfrentan nuevos procesos penales, pero esta vez tienen la herramienta del conflicto de competencias para pedirle al juez penal que se aparte del caso, dado que, ya existe una sentencia indígena que, dentro en la justicia indígena equivale a “cosa juzgada”. El Tribunal Constitucional nuevamente les da la razón y emite la Sentencia 0036/ 2018 de 24 de septiembre de 2018, que declara competente a la Justicia indígena, con la cual, el caso del empresario minero vuelve a la jurisdicción indígena por segunda vez.

En todo ese tiempo, el empresario no ha parado de explotar la mina y no han cesado las amenazas de procesos penales contra los comunarios. Esta situación llevó a los comunarios a emitir una resolución final del caso, se buscó que, no sólo se cumpliera la sanción dentro de la comunidad, sino que, también las autoridades del Estado cumplieran la decisión de expulsión y consecuentemente, se suspendiese la mina, se restituyesen los daños al medio ambiente y se pagasen los daños a los trabajadores y comunarios. Para ello, se conformó un Consejo de Justicia, como instancia judicial indígena encargada de la ejecución de la sentencia de expulsión del empresario minero. El consejo convocó nuevamente al empresario minero mediante una notificación a su domicilio y también, mediante un instructivo de la Central Agraria del 16 de septiembre de 2019. Ambas para garantizar su derecho a la defensa. A lo cual, el minero no se presentó a este último acto de la justicia indígena, desconociéndola e irrespetándola.

Miembros del Consejo Justicia (Eusebia Zambrana y Edwin Limachi) (Foto: IPDRS)

En este marco se lleva la última audiencia del 21 de septiembre de 2019 en la comunidad de Cahua Grande, a esta audiencia acuden varias instituciones como veedoras, entre ellas el Viceministerio de Descolonización, La Sub Alcaldía del distrito rural 23 de la ciudad de La Paz, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), Asociación Departamental de Antropólogos (ADA- La Paz), además de autoridades indígenas de otras naciones de La Paz y medios de comunicación.

En esta audiencia, el Consejo de Justicia junto a la Central emite la Resolución 001/2019 del 21 de septiembre de 2019 -notificado al minero y publicado en el periódico la Razón de 26 de septiembre de 2019-, que por enésima vez señala la decisión comunal de expulsión, pero además se dispone que, las instituciones estatales cooperen con la ejecución de la sentencia de expulsión del minero, disponiendo que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Ministerio de Minería dejen sin efecto la concesión minera, además de otras órdenes a otros ministerios, policía boliviana, notarios, entre otros, para que cooperen y coadyuven con la decisión de la justicia indígena. No obstante, lo anterior, nadie obedece a los jueces indígenas. La policía boliviana a la cabeza de su comandante departamental responde que los indígenas “no tienen competencia”. Otras les piden a los jueces indígenas esperar, sin resultado alguno. Ven las polleras y bastones de mando de las autoridades y siguen ideando a la JIOC como una justicia subalterna y sometida a la justicia ordinaria.

En este lapso, el empresario minero arremete nuevamente contra las autoridades indígenas interponiendo una acción de amparo constitucional. Denuncia a los jueces indígenas por violación a sus derechos humanos y, en su memorial de demanda, nuevamente desconoce la competencia de la justicia indígena y él pide a los vocales de la Sala Constitucional Cuarta, se le restituyan sus derechos, entre estos el de continuar explotando la mina, todo esto pese a la resolución de expulsión de las 35 comunidades de Zongo. Así comienza un nuevo desafío para la JIOC Zongo, consistente en demostrar que, sí se respetaron los derechos humanos del empresario minero.

Con la audiencia de amparo, las autoridades indígenas son citadas por medio de mensajes de WhatsApp, convocándolos a una audiencia virtual de amparo para 23 de septiembre de 2020.

Audiencia virtual con autoridades indígenas, 25/09/2020 (Roto: Roger Chambi)

El día indicado las autoridades alquilan un ambiente con internet wifi, colocan las whipalas, con sus bastones de mando en una mano y la Constitución en otra y, se sientan frente a una pantalla de computador para asistir a la audiencia virtual. El equipo jurídico que los apoya ha estado conformado por cuatro abogadas militantes con procesos indígenas, Dra. Gabriela Sauma, María Elena Attar, Patricia Serrudo y mi persona Magalí Vienca Copa. Este cuerpo legal, en diálogo con las autoridades indígenas de Zongo a la cabeza de Gabino Quispe Apaza como Central, Edwin Limachi y Eusebia Zambrana Canqui como jueces indígenas del Consejo y los terceros interesados a la cabeza de la amawta y perito indígena Marcela Quisbert Pilco, quien ha luchado una década por el respeto de la JIOC Zongo, diseñan las estrategias de defensa. En la audiencia se demostró que no se vulneraron los derechos humanos del empresario minero, tanto desde una perspectiva constitucional como también, desde la visión y prácticas indígenas. En esta audiencia se presentaron instituciones y expertos, como AMICUS CURIE (amigos del juez), estuvieron presentes Pedro Pachaguaya en representación de ADA- La Paz, Oscar Bazoberry, Coordinador General del IPRS, Dr. Marco Mendoza de Fundación Construir y la ONG Realidades.

Finalmente, tras cuatro horas de audiencia, donde intervinieron en mayor medida los abogados, se emitió el fallo final de acción de amparo interpuesta por el empresario minero. La presidenta Dra. Carmiña Ninoska Vera Márquez y el vocal Dr. Rubén Ramirez Conde, de la Sala Cuarta Constitucional, resuelven DENEGAR la tutela al empresario minero y les dan la razón a los jueces indígenas, por lo que la Resolución 001/2019 de 21 de septiembre quedó subsistente y es respaldada por la justicia constitucional. En ese momento las autoridades indígenas se abrazan y lloran de alegría. Habían pasado diez años desde que decidieron expulsar al empresario minero en el marco de la justicia indígena y, ese día abogados, jueces indígenas y comunarios, se dieron cuenta del valor de las sentencias indígenas, de que, los papeles de la justicia indígena si tienen fuerza. ¡Ahora sí! Dice la mamá autoridad del consejo de Justicia Eusebia Zambrana y la mamá amawta Marcela Quisbert, entre lágrimas, recuerdan que, varias ex autoridades y comunarios murieron siendo procesados por causa del empresario minero. También jóvenes abogados indianistas como Marco Antonio Tola Calle que acompañó legalmente y Roger Chambi que grabó y difundió el proceso, además de medios de comunicación, dan cuenta de lo que pasó en la audiencia (Pagina Siete – 24/09/20) (Ver: https://www.facebook.com/watch/?v=700430807237324&extid=Om4ZvzPKIrYrW7dl).

Ahora las autoridades inician la ejecución de su sentencia. Saben que todavía deben pelearse con las instituciones del Estado para hacer valer sus resoluciones y que, cuentan con las acciones constitucionales para exigir el cumplimiento estricto de sus decisiones. Las mujeres, como Marcela Quisbert Pilco y otras, se levantan e inauguran un camino diferente para la justicia indígena, un camino que implica superar las brechas que aún les impone el Estado, pero al mismo tiempo, de creación institucional, de puentes inter-institucionales de relacionamiento con el Estado, y fortalecimiento interno, para reconstituir el Derecho Indígena y que, su ejercicio jurisdiccional sea para garantizar los derechos humanos de sus miembros, y para lograr por fin, como seguro los soñaron los caciques apoderados, una soberanía jurídica autentica que, pueda ser la respuesta, quizá, a la crisis judicial en la que vivimos.

[1] Abogada, docente y activista aymara. Fue parte de la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional como abogada constitucionalista (2012-2014) y realizó una Maestría de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí- México.

Venezuela un país devastado

Manuel Gómez Naranjo:
mgomez953@gmail.com  

Juan Fernando Marrero:
fernandomarrero63@gmail.com

Resumen del Capítulo de Venezuela del Informe
Por la Tierra y Territorio en Sudamérica 2019

Desde 1922, el petróleo sustituyó a la agricultura y la ganadería como principales productos de exportación, por tanto, el Estado se convirtió en el dueño de la riqueza del país, pasando a la nacionalización de la industria petrolera (1976). La agricultura y la ganadería fueron relegadas, a tal punto de convertirse en importador neto de alimentos, generando un proceso de estatización de la agroindustria y expropiación de tierras, ocasionando una caída significativa en los niveles de producción agrícola.

El año 2014, las importaciones agrícolas llegaron a ser de US$ 10.400 millones, pero empezaron a declinar a partir de 2015, llegando en 2018 a US$ 3.620 millones se estima que el 2019 no superará los US$ 1.300 millones. Existe escasez de alimentos por la ola hiperinflacionaria que sobrepasó los intentos del gobierno de controlar los precios, pero según el Banco Central de Venezuela la inflación cerró con 9.585,50 % (2019) y en 2018 fue de 130.060,20 %.

Hubo un desmantelamiento de la institucionalidad de apoyo a los productores (crédito, asistencia técnica, sanidad animal y vegetal, investigación) que, al día de hoy, es prácticamente inexistente.

El contexto político es confuso, algunos aspectos marcados por el papel que desempeña Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. El escenario posible para salir de esta dura situación es una transición negociada que permita ir a unas elecciones presidenciales con un Consejo Nacional Electoral neutral y observación internacional.

AVANCES EN EL ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

La Constitución de 1999 declara al régimen latifundista como contrario al interés de la sociedad y sienta las bases de un acceso a la tierra rural en el que se les reconoce a los productores agropecuarios, el derecho a la propiedad de la tierra, en los casos especificados en la ley respectiva. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LDTDA) del 2001 fortalece lo referido, y contiene disposiciones preferentes al considerar al género, la edad, la condición socio-económica y la ocupación precaria consuetudinaria, de los sujetos a favorecer por la política agraria, para luego obtener cartas agrarias o títulos de adjudicación, entregados por el INTI.

En el censo 2011 se registró a 725.128 personas que se reconocen como pueblos indígenas, adquiriendo el reconocimiento a su organización social, política, económica y costumbres propias, así como sus derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente han ocupado y la demarcación de la propiedad colectiva de sus tierras, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001).

El 2013, el sector oficial declara que 6 millones de hectáreas son afectadas y entregadas a campesinos y productores, bajo distintas figuras o instrumentos, cifra observada por los sectores y gremios productivos. Actualmente, el ocultamiento en estadísticas oficiales complica el cálculo de la superficie entregada en el 2019. Se debe considerar que los campesinos y demás productores que no cuentan con la titularidad de la tierra, se afectan los derechos de tenencia y sus garantías. Los títulos de adjudicación son el único instrumento de regularización que garantiza la propiedad de la tierra agraria al campesino y productor, ya que el título de adjudicación no otorga la propiedad plena.

CONFLICTOS EN EL ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

La expropiación de tierras privadas para la adjudicación o entrega de cartas agrarias y la demarcación de tierras indígenas son tema de conflictos ocasionados por la oposición de productores y grandes propietarios que sienten perjudicados sus intereses y derechos.

Por otro lado, se advierte que la principal causa de la conflictividad es la delincuencia, común y organizada. Distintas organizaciones campesinas denuncian el hurto de reses, robos de equipos e insumos, ataques de colectivos armados afines al partido de gobierno, las amenazas del INTI de entregar los fundos y fincas de campesinos y ganaderos a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), la confiscación discrecional de las cosechas (café, cacao, leche), las detenciones arbitrarias de campesinos y el asesinato registrado de productores y campesinos.

La conflictividad ha llegado a niveles como el asesinato de campesinos, líderes y productores, hechos que provocan la organización social, a través de protestas y denuncias públicas en plataformas opositoras, como también en estructuras oficialistas como La Marcha Campesina Admirable y el Congreso Campesino.

Se denuncia una militarización para controlar la producción de café, cacao, arroz, lácteos y caña de azúcar, entre otros. Ejecutados por comandos militares o las llamadas milicias comunales.

El abandono de predios agrícolas, ocasiona una caída importante en la producción y suministro de alimentos. La drástica caída en la oferta agrícola se atribuye a la escasez de insumos por la crisis económica y social, a la inseguridad jurídica en el campo, a la expropiación de 6 millones de hectáreas y la violencia desatada en la cadena productiva, hasta su comercialización.

La situación de los productores de café similar a la de los productores de cacao. Son 59.000 en todo el país con una superficie sembrada de 207.143 hectáreas (según censo agrícola 2007-2008) y eran 290.000 el año 1992. Estos productores (mayoritariamente campesinos) sufren la persecución de los organismos públicos o del hampa organizada, lo que los empuja a abandonar la tierra, a cambiar de rubro o a resistir.

En noviembre se crea el Frente para la Defensa de la Seguridad Jurídica y Personal de los Productores y Habitantes del Medio Rural con el fin de reunir a diputados de la Asamblea Nacional, representantes de gremios productivos, academias, universidades y de la sociedad civil del sector agroalimentario, para denunciar ante las instancias nacionales e internacionales, la situación de violencia y delincuencia que se vive en el campo venezolano.

La explotación minera es un conflicto latente, en este tema resaltamos el proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO) irrespetando la vida (daño ambiental) y costumbres ancestrales de los pueblos indígenas y forzando su desplazamiento de 111.843 Km2, para la cual se presentó un recurso de amparo constitucional introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la defensa de los indígenas y del ambiente, que está aún por decidirse.

ACCIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS DE ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

La mayoría de las organizaciones campesinas e indígenas están influidas por el partido de gobierno y las organizaciones independientes son débiles para plantear reclamos y demandas a un gobierno con rasgos autoritarios. Las movilizaciones campesinas tienen ese carácter desarticulado y confuso tendiendo a actuar a favor del gobierno y tomar venganza con opositores, mediante la invasión a tierras productivas.

Disputas por la tierra: los contrarios se juntan por la defensa de la tierra. Se tejieron alianzas que integran a todos los actores afectados (medianos y grandes productores, campesinos e indígenas) y se constituyó (2018) la Red Agroalimentaria de Venezuela, la cual realizó (2019) encuentros y tratar temas asociados al sector agroproductivo y a la enorme inseguridad sobre la tenencia y propiedad de la tierra.

Los campesinos resisten a la tentación confiscatoria del gobierno. La reducción de los ingresos petroleros ha desatado en el gobierno una voracidad fiscal y corrupción en varios ámbitos, las cuales desatan acciones de resistencia para escapar al monopolio confiscatorio impuesto por el gobierno, llevaron a productores de café a vender el café procesado (molido) sin restricciones de precio.

Movimiento campesino “oficialista” le planta cara al gobierno. En julio se produjo la Marcha Campesina Admirable, colectivo progubernamental; sus planteamientos fundamentales eran: i) reclamar la investigación de  alrededor 300 sicariatos (asesinatos por encargo) de campesinos por causa de la lucha antilatifundista; ii) exigir el reconocimiento del campesinado como centro de la soberanía alimentaria; iii) denunciar a la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana por acciones violatorias contra campesinos; iv) reconducir la política como: la distribuidora de insumos agrícolas Agropatria y otras dirigidas a los verdaderos productores; v) denunciar la poca asertividad de las políticas agrarias del gobierno nacional; junto a la intimidación por la violencia rural de parte de grupos paramilitares, guerrilleros y de naturaleza similar.

Pueblos indígenas entre la tentación del oro y el desgarramiento de sus identidades El 2016 se decretó “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, con 111.843 Km2, en la que están asentadas una cantidad importante de comunidades indígenas. Durante 2019, el Arco Minero del Orinoco fue un campo de batalla en el que algunas comunidades indígenas luchaban por proteger sus territorios, mientras que otras, pactaban con los factores en disputa para sacar provecho de la explotación. Mientras tanto, la presencia institucional del Estado se mantuvo ausente, en manos de las fuerzas irregulares y de componentes paraestatales que lucran ilícitamente la explotación minera.

PROPUESTAS PARA SOBREVIVIR A LA CRISIS

Las principales propuestas relativas a la lucha por el acceso y defensa a los derechos a la tierra se podrían resumir en los siguientes asuntos: Aprobación del Plan País (2019) por parte de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora). Este Plan, a pesar de que ha sido ampliamente discutido en todo el país por una gran diversidad actores políticos, sociales y productivos solo puede ser operacionalizado de forma marginal porque el Poder Ejecutivo en funciones no reconoce sus fundamentos ni su enfoque.  Introducción del proyecto de “Ley de cacao venezolano” a la Asamblea Nacional por parte de ASOPROCAVE.

La sociedad agraria está fuertemente movilizada realizando propuestas, marcos jurídicos para garantizar el acceso y la propiedad de la tierra, formulación de políticas públicas para apoyar el sector agrario, diseños institucionales para mejorar el desempeño del Estado, y hasta la elaboración del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela en cooperación con el Sistema de Naciones Unidas en el que se establecen metas relativas a la seguridad alimentaria.

NORMAS QUE NADIE RESPETA

El gobierno venezolano es reconocido como un Estado interventor y autoritario, especialmente en los últimos 20 años de gobierno revolucionario.

El 2019, el Ejecutivo Nacional presenta la Ley Plan de la Patria o Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Relacionado con las políticas agrarias de acceso a la tierra se dispone actividades concretas para lograr la soberanía alimentaria, garantizar el derecho a la alimentación y optimizar el proceso de la regularización y acceso a la tierra; fomentar la inclusión de los pueblos indígenas; el desarrollo de una política integral de utilización y disfrute de los recursos naturales que garantice la conservación, protección y sustentabilidad de la diversidad biológica y el sistema hídrico nacional. 

DESMANTELAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA

En Venezuela desde hace un par de décadas se acentuó un masivo proceso de desinstitucionalización. El gobierno revolucionario se ha caracterizado por: i) La sujeción absoluta de todos los poderes públicos al poder Ejecutivo, ii) La creación de una institucionalidad paralela para copar espacios que pudieran estar bajo el control de factores de oposición: Asamblea Nacional, gobernaciones, Alcaldías; iii) Impulso de movimientos sociales y organizaciones sociales adeptos al gobierno para contrarrestar las fuerzas sociales opositoras; y vi) La centralización de las instituciones públicas disminuyendo de manera progresiva las atribuciones que habían sido transferidos a los ámbitos regional y municipal.

Un ejemplo de lo dicho es que “…en Julio del 2017, el partido de gobierno autodesigna inconstitucionalmente un cuerpo legislativo paralelo a la AN, la “Asamblea Nacional Constituyente” (ANC) profundizando así, el estado de inseguridad jurídica ya desarrollado por el ejercicio de gobierno mediante decretos de emergencia económica, al no respetar la autoridad legislativa de la AN y promulgando a la vez, decretos y leyes irritas, denominados “Constitucionales”, pero que han permitido bajo falsa legalidad, acciones del Ejecutivo, que inciden directamente sobre la actividad económica del país”

Esta postura autoritaria y centralizadora del gobierno ha sumergido al país en un caos institucional donde todo se vale y donde la función pública se ha precarizado, al punto, que las instituciones del sector agrario son cascarones vacíos totalmente inhabilitados para servir a la sociedad.

 Descarga el Informe Por la Tierra y Territorio 2019 en el siguiente enlace: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/117 

NO BRASIL PÓS GOLPE O RENTISMO NO CAMPO NÃO POUPA NINGUÉM

Valéria Pereira Santos
Claudio Adão Dourado de Oliveira

Resumen del Capítulo de Brasil del Informe
Por la Tierra y Territorio en Sudamérica 2019¹

1. MARCO GENERAL DEL PAÍS

O Brasil é um país caracterizado pela sua riqueza natural, e desde a colonia responde a estruturas profundas de dependência agro-extractiva, difíceis de quebrar, mesmo para governos de esquerda.  Neste contexto, o agronegócio, as actividades extractivas e o desenvolvimento de grandes obras de infra-estrutura constituem um mosaico económico que afecta directamente as populações rurais e urbanas, e os territórios onde estas vivem.

Desde o golpe de Estado da ex-Presidente Dilma Russef até à chegada de Jair Bolsonaro ao poder em 2019, as instituições estatais consolidaram políticas de extrema direita baseadas em ameaças, na perda dos direitos dos povos e na continuação do desmatamento florestal para os converter ao agronegócio.  Uma característica do processo político no Brasil é a militarização. Pelo menos 8 dos 22 ministérios são geridos pelos militares.

A lógica de um governo de extrema direita afecta directamente a sociedade civil, por exemplo, a extinção da cultura, do esporte, da agricultura familiar, do desenvolvimento agrário e da pesca, das microempresas.  Uma estratégia para reduzir o investimento público nestas áreas foi a extinção dos ministérios, que se concentraram em questões sociais como a política fundiária, com o agronegócio; também questões de desenvolvimento social no ministério da economia, ou cidadania e comunidades no ministério dos direitos humanos; finalmente, a regulamentação florestal no âmbito do agronegócio.  As questões de política social foram também gradualmente abolidas por decreto.

O Governo Bolsonaro reforçou uma luta antiterrorista, ocupando ambientes de conflito com acções repressivas.  Um dos conflitos com maior impacto sobre os direitos do povo foi o decorrente da luta pela terra e pelo território.  Num contexto de militarização da política  O Governo Bolsonaro opera com hostilidade explícita, aplicando mecanismos como a restrição de participação, a institucionalização da venda de terrenos e a alteração da regulamentação fundiária para a ocupação do solo, entre outras medidas.

O resultado das políticas fundiárias é a facilidade de expansão agrícola, principalmente na Amazônia, bem como a devastação dos impactos socioambientais para favorecer uma potência econômica.  Estas medidas governamentais intensificam a desigualdade, mostrando uma nova fase do capital, que inclui violência étnica, violência de género e violência geracional para interromper projectos de vida.  Por exemplo, o aumento do feminicídio, os cortes nas políticas relativas às mulheres, a desqualificação do público e do trabalho e o uso da violência nos meios de comunicação social.

2. AVANÇOS NO ACESSO À TERRA E AO TERRITÓRIO

O contexto político e económico do país não é muito favorável ao acesso à terra, devido a medidas económicas, à consolidação de um quadro institucional a favor do agronegócio.  No entanto, os povos indígenas, camponeses, ribeirinhos e comunidades afrodescendentes têm formas resistentes de responder para garantir a vida nas suas regiões.

Um dos maiores desafios consiste em garantir o direito à terra, asim como opções de soberania alimentar, cadeias de valor onde as comunidades possam se inserir para fins comerciais e oportunidades de aplicar as suas práticas sócio-produtivas.

Entre os avanços favoráveis para o sector está o crescimento do consumo de alimentos orgânicos, ligado a campanhas que tornam visíveis os perigos dos pesticidas; e um esforço de vários actores para fomentar a agroecologia.   Existem já mais de 17 mil agricultores biológicos no país, mais 200% do que em 2012 - 200%.  

O movimento agroecológico foi uma resistência visível, porque propõe uma agricultura sustentável ligada a relações mais justas, equilibradas e igualitárias, em que as mulheres têm um papel de liderança, para enfrentar as relações sexuais/classe/raciais e geracionais.

As mulheres, como eixo central do debate agro-ecológico, denunciam a radicalização da violência em áreas de conflito agrário, violência também evidente nos impactos do modelo agro-exportador, com as suas expressões mais cruéis, como o aumento dos assassinatos de mulheres combatentes pela terra.

Levantam a discussão sobre as consequências perversas do agronegócio nas suas terras, tais como a perda de meios de subsistência, a falta de saúde e de alimentos, bem como a dependência dos factores de produção. Durante estes anos de contingência social, demonstraram a sua capacidade como gestores públicos, aumentando a sua participação nos espaços de decisão através de um processo de re-significação de papéis.  Por outro lado, a manifestação colectiva das mulheres em espaços públicos ocorreu com marchas nacionais, como a marcha das mulheres indígenas, a marcha das Margaritas, que reuniu mais de 100.000 mulheres.

3. CONFLITOS NO ACESSO À TERRA E AO TERRITÓRIO

O conflito sobre o acesso à terra e ao território é profundamente exacerbado pelas políticas de reforma agrária, pela dívida pública e pela formação para a exportação.  Existem factores de mobilidade espacial forçada resultantes da violência nas zonas rurais, genocídio por motivos de expropriação, bem como violência contra a natureza.  Bolsonaro, do seu governo, está a promover acções políticas de rent-seeking para defender o privado do público e da comunidade, entre outras questões afectadas é a função social da terra.

Por conseguinte, os defensores dos direitos são considerados terroristas, preparando uma justificação legal para o uso da força na expropriação de terras. Assim, é gerada uma fórmula que está intrinsecamente relacionada com a eleição de Bolsonaro, a militarização agrária, a legitimidade política, e o chamado "banco de balas".

As terras concentraram-se em poucos comandos, beneficiando principalmente as empresas privadas, que vão desde a especulação fundiária, a conversão da função agrícola e o enfraquecimento da agricultura familiar, programas alimentares geridos por pequenos agricultores, substituição alimentar.  Se isto não for suficiente, o acesso ao crédito para pequenas iniciativas é limitado, enquanto que para o agronegócio estão a ser libertadas barreiras à importação.

Apesar do novo cenário, existem ainda iniciativas de agricultura familiar que apoiam uma produção diversificada de qualidade diferenciada, com elevado potencial de produção alimentar e, portanto, com um enclave eficaz para propor alternativas ao agro-extractivismo.  Os pontos fortes agro-ecológicos da agricultura familiar são sistematicamente combatidos pelos meios de comunicação social, pelos sistemas de monitorização das medidas sanitárias e pelo controlo dos mercados alimentares pelos oligopólios, enquanto entidades activas em cada fase do sistema alimentar (desde os factores de produção, produção, transformação, comercialização e consumo de alimentos).  A verdade é que, sem a reforma agrária, a violência aumenta nas zonas rurais. Por exemplo, no Pará houve 12 assassinatos em territórios e comunidades rurais, no Mato Grosso e no Maranhão, 3 casos. 

4. VIOLÊNCIA CONTRA OS POVOS INDÍGENAS

Existem provas empíricas que demonstram o aumento da violência no sector indígena e a destruição dos seus territórios como consequência de um Estado racista e ecocêntrico.  Neste momento, mais de 1.290 terras indígenas no Brasil estão em condições vulneráveis, 821 delas estão pendentes com o Estado devido a processos de demarcação inacabados, e 528 não recebem apoio estatal.  As expressões mais radicais de violência contra territórios desde 2018 estão ligadas à invasão, expropriação ilegal, sequestro e assassinato.

5. ACÇÕES E PROPOSTAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

As ações mais desafiadoras para os movimentos sociais no Brasil estão relacionadas com a urgente reforma agrária, pois o latifúndio está crescendo.   Este é um momento de resignificação dos processos de emancipação do povo, para imaginar outras relações entre o povo e a natureza; por esta razão, a luta popular está ligada à luta pela terra.

Propõe-se uma reforma agrária progressiva, com resistências diárias como as redes agro-ecológicas, a luta organizada, o reconhecimento formal da terra e dos territórios coletivos, portanto a articulação das demandas a nível global com uma reivindicação internacionalista, a livre comunicação, a educação popular, a unidade orgânica, a gestão autônoma do conhecimento e a recuperação das próprias tecnologias sociais.

Exemplos visíveis destes processos podem ser encontrados no movimento agro-ecológico, onde é reafirmada a necessidade de reforçar a gestão colectiva, a produção de alimentos sem OGM e aghrotoxic food, o comércio solidário e a defesa permanente dos territórios, onde o cuidado tem valor.  

6. NORMAS E INSTITUIÇÕES

Nos últimos anos, o Brasil assistiu ao desmantelamento das instituições que garantem os direitos sociais, especialmente na questão rural. Foram criadas 69 leis (PL) para permear a população do campo, com medidas contra a reforma agrária, o controlo militar, o aumento das opções políticas para a bancada do Partido Social Liberal (PSL), ligadas à Frente Parlamentar e aos chamados bancos rurais.

Esta articulação política institucional representada por congressistas com uma agenda anti-social, conseguiu o enfraquecimento da legislação de protecção das terras indígenas, quilombolas, até mesmo das unidades de conservação.  Foi criada uma emenda constitucional para transferir para o Congresso a demarcação de terras indígenas e quilombolas, acompanhada de propostas para a exploração dos recursos naturais em terras indígenas.

A realização desta estratégia de expropriação só seria possível se o atual governo conseguisse neutralizar a autonomia dos movimentos sociais; portanto, o Senado priorizou o projeto de legislação fundiária brasileira, com efeitos diretos nas taxas de produtividade e na função social. A neutralização dos movimentos sociais exigiria também propostas para a chamada segurança, que consiste em reforçar as medidas que garantem a propriedade privada e autorizam a intervenção federal em áreas de jurisdição estatal, provocando um aumento da violência policial, num processo histórico de ocupações desorganizadas e de grilhões de terras.

A promoção da privatização das terras é acompanhada de uma retórica governamental sobre controlo e produtividade.  O Bolsonaro legitima a apropriação de terras colectivas, validando um sistema de Cadastro Ambiental Rural (CAR), que se sobrepõe aos interesses privados com os movimentos sociais.  A dinâmica do reconhecimento da propriedade privada passa pela auto-declaração como requisito para a regularização dos títulos de propriedade.

Ao mesmo tempo, a reforma laboral visa reduzir o número de auditores fiscais, tornando o processo de inspecção mais frágil face à persistência do trabalho subvalorizado e do trabalho escravo.   A diminuição do controlo na área laboral deixa os conselhos e comissões encarregadas do controlo social com pouca acção política. 

Além disso, as novas políticas laborais diminuem os benefícios para os trabalhadores, promovendo duas medidas: 1) benefícios para os investidores internacionais e 2) produção de especulação e processos forçados de títulos de propriedade privada.  A especulação da soberania fundiária torna-se assim uma oferta para os investidores estrangeiros, como potenciais novos proprietários de terras e territórios do povo, que por sua vez estão em disputa pela defesa contra as políticas de extermínio rural.

¹ Descarga el Informe completo en el siguiente enlace: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/117

Construimos una lectura sudamericana sobre el acceso a la tierra y territorio en Sudamérica¹

Oscar Bazoberry Chali,
sociólogo, coordinador general Instituto para
el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS

Ruth Bautista Durán,
socióloga, investigadora Instituto para
el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS

El primer Informe Anual sobre Acceso a la tierra y territorio que publicamos concentró su atención en la propuesta metodológica, la discusión temática y la búsqueda de información. El equipo del IPDRS asumió la elaboración de aquel primer documento, abordando cinco países (Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú), y nuestros lectores y aliados, nos demandaron una lectura que establezca comunes y puentes para provocar mayores interpretaciones de la información y análisis propuestos. Llevamos, entonces, ejercitando esta lectura regional y comparativa, por cuatro años.

Varios autores nos mostraron que la temporalidad anual, mostraba pocos cambios, reiteraciones de contexto y hasta inmovilidad de contextos. No obstante a estos criterios, creemos que los cinco informes que ahora completamos, muestran con gran riqueza un ciclo historio peculiar, en el que efectivamente, podemos ver la reiteración de las temáticas, pero además, conocer el mecanismo de su reproducción en contextos nacionales, y por supuesto, en el ámbito regional.

Las preocupaciones de las poblaciones rurales, y de quienes, les gravitamos desde el ámbito del desarrollo, la academia y los activismos, están centrados en caracterizar las pulsaciones de la expansión capitalista en el campo, en su etapa más esclarecidamente extractivista y volcada a la disputa por los recursos naturales. Una etapa en la que más pronto de lo que esperábamos, se agotaron los discursos que daban por finalizado el neoliberalismo, y se renovaron los conservadurismos para justificar, entre otras cosas, a la violencia como la principal característica de la política hacia quienes persisten en demandar tierra y defender sus territorios, campesinos, indígenas y afrodescendientes.

De esta raíz se disgregan diversos temas, que decantan principalmente en la política. Quisiéramos que la plataforma digital del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, con sus más de 200 casos inspiradores de acceso a la tierra, esté aportando a respaldar también, un nuevo ciclo de movilizaciones y demandas territoriales, y también, demandas de mejores formas de gobierno y democracia.

1. Apuntamos a la ratificación de la Declaración de los derechos campesinos, por los Estados de Sudamérica

Desde el IPDRS proponemos que la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales”, en complementariedad con la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, se convierta en una herramienta de seguimiento a las políticas públicas y situación de la población campesina indígena en cada uno de los países y sus niveles subnacionales, de igual manera que venimos trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

Para el Informe 2019, solicitamos a las autoras y autores del “Informe sobre acceso a la tierra y el territorio”, incorporar una descripción respecto a las primeras reacciones de los gobiernos, actores políticos y sociales, respecto a la aprobación de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” por la 73º sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que están representados prácticamente todos los gobiernos del mundo.

En el caso de los diez países de Sudamérica en los que trabaja el IPDRS, y a los que está destinado el informe del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio. Seis países votaron a favor: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Tres se abstuvieron: Argentina, Brasil, Colombia. Y Paraguay no votó.

El balance inicial no es alentador, se habría esperado una mayor discusión entre gobiernos y organizaciones, así como lineamientos más nítidos en las organizaciones multilaterales dependientes de Naciones Unidas, lo mismo que la cooperación internacional. Sin embargo, asumimos que es una etapa inicial, y como en otros casos, dependerá en gran medida de los propios actores beneficiados el que se cumplan los acuerdos, logrados por su propio esfuerzo, en el marco de las convenciones internacionales.

Un caso llamativo podría ser el de Bolivia, pues siendo uno de los principales protagonistas en las Naciones Unidas, en los últimos años de su tramitación y aprobación, a nivel interno no existe ninguna acción del gobierno, para visibilizar ese protagonismo y afirmar pasos en su incorporación a la legislación nacional. Es más, muchas de las leyes y decretos del año 2019 contravienen lo afirmado en la Declaración lograda en Naciones Unidas.

El caso de Chile y Ecuador, siendo signatarios de la Declaración en las NNUU, similar al caso boliviano, los gobiernos no hicieron ninguna mención y acción en el año 2019. Sin embargo, en ambos países, las principales organizaciones de campesinos, a nivel nacional asumieron la difusión del contenido de la Declaración, así como los primeros eventos de análisis sobre la importancia de la Declaración para respaldar la demanda de políticas públicas específicas para este sector.

En el caso del Perú y Uruguay, también signatarios de la Declaración coinciden en la importancia de este instrumento legal, pero en ambos casos, no lo adoptan como un instrumento para sus países, es más, la Ministra de Relaciones exteriores de Uruguay lo calificó como un apoyo genérico, que no crea nuevas categorías de derechos que no estén contempladas en otros instrumentos. En el Perú no se conoce una declaración oficial. En ambos casos tampoco se conoce de movilizaciones y acciones campesinas en relación con la Declaración. Venezuela podría entrar en este grupo, con la afirmación de que prácticamente se desconoce la temática y no ha sido considerada por el Estado y tampoco por las organizaciones sociales.

En el caso de Argentina, las organizaciones han dado los primeros pasos en divulgar y analizar los posibles efectos de la Declaración respecto a las demandas de las organizaciones, las políticas públicas e incluso los fallos judiciales que se sustentan en los marcos internacionales. Por otra parte, en Brasil, distintas movilizaciones del MST y de las organizaciones de carácter regional, han reafirmado la importancia de esta nueva herramienta como un instrumento para exigir a los Estados cumplir con las necesidades del sector campesino. En el caso de Colombia y Paraguay, se han comenzado a difundir los derechos, aún de una manera incipiente, dado que en ambos casos los gobiernos se han mostrado reacios al debate.

Independiente de la Declaración de la ONU, cabe resaltar que en el 2019, la Procuraduría General de Colombia, refuerza una sentencia de la Corte Constitucional de 2017, y dispone que “el Procurador General de la Nación, como defensor de los intereses de la sociedad” adoptará un conjunto de “acciones encaminadas al reconocimiento, protección y respeto de los derechos del campesinado”. Entre ellas, la de “Reconocer al campesino colombiano como sujeto de derechos integrales y sujeto de especial protección constitucional, en los escenarios determinados por la Corte Constitucional, que aporta a la economía del país, contribuye alianzas y articulaciones con otros sectores, y conserva la biodiversidad y los ecosistemas locales”. Exhorta e insta a las autoridades de todos los niveles a la protección de los derechos, a crear planes y programas desde un enfoque de discriminación positiva, y a la protección de hombres y mujeres líderes.

Una muestra de lo mucho que queda por hacer y recorrer para acompañar las demandas y luchas de los campesinos, desde los territorios concretos, las medidas de protección, el reconocimiento de los derechos integrales, y más aún en el reconocimiento de los Estados y la población a los múltiples beneficios para la sociedad y la naturaleza en la protección de las condiciones materiales que permiten la reproducción, instalación y retorno, de personas que voluntariamente optan por el campo.

1. Tierras colectivas y la insuficiencia de la política estatal

La población rural, campesina, indígena y afrodescendiente, suele embarcarse en largos procesos por ‘asegurar’ sus posesiones de tierra y territorios, bajo el lenguaje y las disposiciones legales vigentes. Una interpretación pluralista de todas estas normas, dispondría que desde el momento en que una colectividad adquiere un representante y define un proyecto común, se debe respetar su mínima estructura institucional y se debe garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales, en colectivo.

A más de tres décadas de suscrito el Convenio 169 de la OIT (1989) y una década de haberse celebrado la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), además de su ratificación, estos documentos suponen un impulso a los Estados del mundo a resarcir a los pueblos indígenas y afrodescendientes, por los históricos daños a sus territorios y ejercicio de derechos. Sólo Chile y Uruguay no han constitucionalizado este enfoque de derechos; sin embargo, la ratificación de estos documentos considerados como “instrumentos” de lucha y reivindicación por los pueblos, se ha convertido en mero formalismo, como muestra este Informe, en varios de los países donde se tienen los derechos colectivos, reconocidos, ratificados y constitucionalizados, éstos permanentemente se violan y desestiman frente a la necesidad de intervenir territorios por los recursos naturales o por dar curso a megaproyectos de infraestructura, agua y energía.

En Argentina, si bien existen más de un centenar de relevamientos territoriales, en los que se reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de comunidades indígenas, este reconocimiento supone apenas el inicio de un proceso de titulación territorial y un instrumento para la defensa de su territorio. En Chile, el reconocimiento es parcial y se operacionaliza a través de un fondo, que permite otorgar tierras a familias indígenas, que fueron compradas a particulares, y éstas, resultan en medidas insuficientes respecto a las demandas nuevas e históricas que acumula el Estado chileno, sólo el pueblo mapuche demanda 10 millones de hectáreas de tierras despojadas.

Hace algunos años, en Brasil se viene articulando una agenda antipopular, y ahora, el Senado promueve la vulneración a la legislación que protege los territorios indígenas, en busca de productividad antes que conservación, de empresas antes que pueblos indígenas. Lo que se vislumbra, en el peor de los casos es la expropiación a estas tierras colectivas, y como muestran otras experiencias en la región, ésta será posible si se logra neutralizar la autonomía de las organizaciones territoriales. La acción de neutralizar estos movimientos, pasa por políticas que incrementan sistemáticamente la violencia institucionalizada; pero además, y esperemos que les sea más dificultoso, permear políticamente a los liderazgos y sus formas de autogobierno y organización territorial.

En Bolivia, en el todavía gobierno de Evo Morales –y con continuidad con el nuevo gobierno–, uno de los decretos impopulares que terminó socavando la credibilidad del Estado, fue el DS Nº 3973 del 10 de julio de 2019 que autorizaba y promovía, la actividad agroindustrial en tierras comunitarias, lo que desnaturaliza el objeto social, político y ambiental de la demanda permanente de los pueblos indígenas y la sociedad boliviana.

El acceso a la tierra y territorio para las colectividades y formas organizativas rurales, resulta en un proceso en el que, los grupos sociales que viven mayor desigualdad y marginación se constituyen en sujetos colectivos con cada vez mayor protagonismo en sus logros, y no así, las instituciones públicas que dilatan, burocratizan y obstaculizan el derecho a la tierra.

Desde el IPDRS, en base a la información de los casos y los cinco informes anuales, estamos en condiciones de proponer y promover la propiedad colectiva, con sus propias y diferentes formas de organización, como el más adecuado sistema de asignación de derechos de uso y con un más adecuado enfoque de desarrollo territorial local. Sin duda, esto diferencia a esta iniciativa, y a la mayoría de los que participamos de ella, de otras corrientes que siguen promoviendo la individualidad, el derecho asistido por el Estado y el mercado inmobiliario, como el objetivo de las políticas de tierra en Sudamérica.

• El fuego como arma de ocupación de territorios, y en algún caso, de resistencia

En el año 2019 se mostró en su verdadera dimensión la naturaleza, los intereses y las consecuencias de los incendios en Sudamérica. La mayoría de ellos provocados por la actividad humana, por la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y también por las prácticas tradicionales.

Las proporciones que tomó el fuego en ecorregiones como la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco, provocó la alarma en las poblaciones de los territorios, la movilización de la opinión pública, y en algunos casos la atención de los mercados globales.

El núcleo de la deforestación masiva se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, el territorio de la soya y de la crianza de ganado bovino para carne. Más de 100 mil focos de incendio, y más de 10 millones de hectáreas afectadas por el fuego.

Sin tomar en cuenta, situaciones como las de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que también reportan incendios en la Amazonía, y otros países como Chile, en los que las características de sus cultivos industriales, eucalipto y pino, los hacen altamente propensos al fuego.

La tragedia que viven los ecosistemas, la biodiversidad, y en muchos casos las comunidades humanas que ven consumirse sus esfuerzos, formas de vida y esperanzas, tiene proporciones inmensurables cuando el fuego se descontrola y la humanidad queda a merced de la naturaleza, un fenómeno que pueden provocar los humanos, pero que en gran medida solo se detiene por otro fenómeno natural, la lluvia.

Organizaciones indígenas se movilizaron en distintas regiones de Sudamérica, para denunciar que se afectaban sus territorios, sus medios de vida y su sobrevivencia. Voces que fueron atendidas por organizaciones globales, activistas, organismos multilaterales y la iglesia católica. La agenda global incluyó la devastación de la naturaleza, el peligro de sobrevivencia de las personas, en un momento en el que el planeta rebasaba los límites y las alertas de expertos en clima sobre la sobrevivencia de la humanidad y los ecosistemas.

En el 2019, no solamente la población rural e indígena se movilizó por los incendios, las poblaciones urbanas, también fueron afectadas y se movilizaron. Aunque el humo llegó a gran parte de Sudamérica, la imagen que dio vueltas el mundo fue titulada “Cuando en São Paulo se hizo de noche a las tres de la tarde”. Se conocieron y registraron manifestaciones contra la acción de los Estados en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Las acciones de las organizaciones y la sociedad civil, con una frenética actividad en redes sociales, desnudó el desinterés de los gobiernos de parar el fuego y su afinidad con los promotores de la ampliación de la frontera agrícola. En el momento más álgido, el presidente del Brasil salió a la palestra acusando a los activistas, la comunidad internacional, incluso a gobiernos de Europa, de manera sintética: de exagerar la situación y entrometerse en asuntos (léase recursos) de otros países sobre los cuales se tiene soberanía.

La presión de la población, los medios de comunicación, las redes, los observatorios, la comunidad internacional, obligó a acciones, generalmente tardías de los gobiernos de la región. El presidente de Colombia invitó a una reunión que llegó a ser conocida como el pacto de Leticia, por la población amazónica que les dio cobijo. Reunidos los presidentes de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, ratificaron los derechos de soberanía, la naturalización de esas prácticas en términos de progreso de la agricultura empresarial y sobrevivencia de la agricultura de pequeña escala, el rechazo a la intervención extranjera, creando una red de respuesta a desastres y monitoreo satelital, lamentablemente, no se supo nada más de este acuerdo.

Los incendios mostraron los escasos mecanismos con los que cuenta la comunidad internacional, la misma que firma tratados ambientales y promueve acciones individuales, para enfrentar desastres de proporciones globales. Más allá de los discursos, las organizaciones multilaterales no hicieron prácticamente nada, lo que mostró de manera descarnada su subordinación a intereses y políticas nacionales. En el caso de las sanciones de los mercados, también por presión de la sociedad europea, la respuesta fue mirar a otros consumidores menos exigentes como China y Rusia. Como en otros asuntos, en el plano internacional todo quedó entre políticas e intereses económicos, y poco se profundizó respecto al medio ambiente, biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas y población local de los territorios.

Aunque es un fenómeno pequeño en comparación al que abordamos, cabe decir que al menos en Argentina y en Chile, las empresas y el gobierno acusaron a la población de utilizar el fuego como medida de protesta contra la expropiación de tierras, la expansión de cultivos agroindustriales y forestales, lo que no fue debidamente comprobado.

La sociedad civil, básicamente movilizada por jóvenes, hombres y mujeres, mostraron su apego a temas ambientales, su capacidad de movilización y conocimiento de la problemática global, en los meses más de mayor intensidad, la etiqueta #PrayforAmazonas fue tendencia mundial. Sin embargo, hasta diciembre, cuando las lluvias amainaron el fuego, la intensidad de la movilización también fue disminuyendo, y no quedaron suficientes bases locales, nacionales e internacionales, para prevenir la continuidad de estas prácticas.

1. ¡Rapiña! Los Estados vs. territorios subnacionales

La concentración, o en muchos casos reconcentración, de los poderes públicos en los países de Sudamérica, se encuentra estrechamente relacionada con la intervención sobre las voluntades, al margen de la sostenibilidad y la reducción de las desigualdades territoriales. Dos facetas, muestran las dos caras de la misma moneda: por una parte, la dependencia de los ingresos del Estado a los ingresos generados por actividades extractivas, y la relación entre los ingresos públicos y la inversión social, que no solamente constituye una razón de fuerza sobre localidades específicas, sino también un dispositivo discursivo que empatiza con la opinión pública, más propiamente con individuos, empresas y organizaciones con altas expectativas sobre las subvenciones y el empleo público; por otra parte, la permisividad de los gobiernos con actividades económicas, en todas las escalas, desde un asentamiento en áreas protegidas, hasta la deforestación en áreas altamente valiosas, la privatización del agua y la desprotección del mercado de trabajo.

En los capítulos nacionales sobre el acceso a la tierra y territorio, se ha tratado estas dos facetas de la política pública, y de los resultados político-electorales, con la imagen de un péndulo, entre nacionalismos de izquierda y neoliberales de derecha. Sin embargo, es posible afirmar, bajo una lectura minuciosa y regional, que en los países subsisten, conviven y se desenvuelven, con distinto énfasis y propósito ambas expresiones con una misma forma de gobernar y administrar la cosa pública, que prioriza un abstracto nacional dispuesto a sacrificar territorios particulares, y toda forma de vida y organización que allí se encuentre.

En el Informe 2019, existen casos de conflictos por asentamientos mineros y explotación de hidrocarburos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), ampliación de frontera agrícola (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela), disputa y privatización de fuentes de agua (Brasil, Chile, Ecuador, Perú), transnacionalización de la propiedad de la tierra y los recursos naturales (Paraguay, Perú, Uruguay).

En prácticamente todos los países, han escalado los conflictos entre distintos sectores, en general los gobiernos priorizan los rubros de exportación, lo que pone en blanco y negro el apego a los sectores agroexportadores, el agrocapital y las tecnologías, redes y sistemas financieros propios de un mercado mundial que ha subordinado la sostenibilidad de los países de Sudamérica a las necesidades de consumo de países con mercados inagotables como la China.

Sin embargo, la afirmación anterior, no quiere decir que las actividades extractivas cumplan con las promesas en el plano económico, sea en la propia sostenibilidad de las inversiones, y menos aún en el aporte a los tesoros públicos, tomando en cuenta la dimensión de los crecientes gastos y compromisos de los Estados, y la volatilidad de los mercados mundiales. Los gobiernos de Sudamérica, de la línea política que fueran, se encuentran atrapados en una contradicción creciente, entre sus expectativas de sostenibilidad y política social, y la necesidad de flexibilizar normativas, especialmente ambientales y fiscales, para dar cabida a la inversión, sea pública o privada, nacional o extranjera, y correr con los costos ambientales y las contingencias de los mercados internacionales.

Con este orden de las cosas, en Sudamérica es perfectamente previsible el incremento de los conflictos y la violencia en el campo, con dimensiones inaceptables en los casos de Brasil, Colombia y Venezuela, y una creciente escalada en Chile y Paraguay.

Sin embargo, no son las autoridades subnacionales las que normalmente se movilizan para la defensa de los bienes del territorio y su propia población. Incluso es de lamentar que muchas de las autoridades subnacionales han seguido pasivamente el secuestro de sus competencias, en una actitud poco desafiante a sus propias responsabilidades. Y por supuesto, existen notables excepciones, como se pueden ver en los capítulos de este Informe.

En la mayoría de los países, las resistencias territoriales son protagonizadas más bien por organizaciones de la sociedad civil, grupos específicos como población indígena, pequeños productores, afroamericanos, mujeres, activistas, siendo también los que han sufrido persecución, ante el silencio, sino complicidad, de las instituciones.

En algunos casos es evidente el doble racero de académicos, intelectuales, políticos, e incluso dirigentes sociales, permisivos con los correligionarios y radicales con los opuestos. El caso más notable de la dimensión política que adquieren las gestiones de gobierno, son las respuestas a la situación de Venezuela en un extremo, y las respuestas a la situación en Brasil en el otro extremo.

Si una virtud tiene este quinto Informe, y que fue uno de los propósitos del método y estructura del reporte por país, es el de desnudar las contradicciones, los avances y los retrocesos, del Estado, de las políticas públicas, y de las propias organizaciones campesinas y rurales. Lo que indudablemente nos obliga a descentrar el debate de las miradas estatalistas como finalidad de los estudios sobre el acceso a la tierra y el territorio, enfocando el análisis en el conjunto de actores y situaciones donde es posible y necesario intervenir con mayor constancia.

1. Venezuela, relevancia y consecuencias para Sudamérica

El 2019 se cumplieron 20 años de la primera presidencia de Hugo Chávez, que sin duda fue uno de los artífices de una nueva corriente en la integración de la región, junto con Lula da Silva y Néstor Kirchner. Hoy en varios países de la región, bustos, estatuas, edificios, en memoria de aquellos tiempos, yacen caídos, destruidos y abandonados.

El desplome de las iniciativas de integración sudamericana, no han sido sustituidas por otras alternativas, es más, se ha roto todo propósito de articulación desde los Estados. Sin embargo, los procesos desde las sociedades continúan y transcienden fronteras, no de manera organizada, ni mucho menos en la construcción de sociedades alternativas y abiertas, más bien empujados por dificultades económicas y políticas, cuyo ejemplo más dramático es Venezuela, donde la salida forzada de la población, constituye la mayor crisis humanitaria migratoria que vivió Sudamérica en tiempos modernos. Se conoce las características de inserción precaria de esta población en los mercados laborales de servicios, la caridad y el empleo por jornada; mayoritariamente personas jóvenes y parejas con hijos, lo que lleva a suponer que los procesos de retorno también podrían ser masivos.

Hasta donde sabemos, el fenómeno migratorio es particularmente urbano, personas que han salido de ciudades y han migrado a ciudades, no se dispone de información desagregada del ámbito rural, lo que sí se sabe es que el principal reto, para quienes están dentro de Venezuela, como para los que migran es garantizar su alimentación, en primer término.

Sobre lo rural, a través de los Informes sobre acceso a la tierra y territorio, hemos logrado un bosquejo que todavía falta mucho por trabajar, quizá porque la desinstitucionalización de Venezuela, en algún punto no permite utilizar el mismo método de aproximación a los fenómenos sociales y económicos, como en otros países.

Existe una problemática de pueblos indígenas, empujados por la vorágine del extractivismo a entregar sus tierras, a permitir la expoliación de sus territorios, y participar de la extracción de oro y de otros recursos, en un sistema discrecional, en el que agentes armados con protección del gobierno son quienes prácticamente controlan la circulación de bienes, personas, y por supuesto, todo lo imaginable en este tipo de situaciones.

Los campesinos de pequeña y mediana producción, tienen que lidiar con la violencia común, el hurto de su ganado, cosechas, equipos; así como con la violencia institucional, estatal o paraestatal, que confisca cultivos, controla y confisca mercados. Esta pretensión por controlar la producción y comercialización, termina en ejercicios de violencia contra las familias y los productores.

En las diferentes versiones de este Informe hemos dado cuenta de la ruta histórica de las políticas sobre redistribución de tierras, derechos de pueblos indígenas, estructuras de fomento, incentivos para la juventud rural, y otras, que fueron ejercitadas en Venezuela en los tiempos de la prosperidad, siempre ejercidas desde arriba y con conducción política centralizada.

Una vez más, y de la manera más descarnada, el ejemplo venezolano, y también el resto de países, muestra que la tierra y los territorios, siguen siendo concebidos como un bien político relacionado al poder. En un contexto tan adverso, existe aún una sociedad agraria movilizada, realizando propuestas sobre marcos jurídicos para garantizar el acceso y la propiedad de la tierra, formulación de políticas públicas para apoyar el sector agrario, diseños institucionales para mejorar el desempeño del Estado, y hasta la elaboración del plan de respuesta humanitaria para Venezuela.

La discusión a nivel internacional sobre Venezuela es limitada, no se ha develado qué ocurrió con todo el aparataje montado en la época de las afinidades políticas en la región, y tampoco se han propuesto reflexiones sobre los impactos y aprendizajes que se pueden recoger para otros países. Más lejana parece estar la discusión sobre la responsabilidad de los académicos, activistas, políticos y organismos multilaterales, que desde fuera han priorizado la discusión y acción de orden político internacional, sobre las necesidades y realidad de la población venezolana.

A nuestro criterio, el discurso y las prácticas de las organizaciones y sus dirigencias, sobre las tendencias políticas en Sudamérica, reproducen la relación entre el Estado y la ruralidad de manera mecánica, sin advertir la necesidad de modelos alternativos, desconcentrados y con poderes limitados desde el Estado, como se vio en otro acápite, una de las vías que postula el IPDRS, en base a las evidencias en los estudios realizados, son las tierras y territorios colectivos y autogestionados, que han mostrado mayor eficacia y resistencia a los vaivenes de los poderes políticos.

1. Desestabilización política, control y prácticas antidemocráticas

Una pregunta que urge responder en Sudamérica, es si la política, entendida como los procesos democráticos que contribuyen a la institucionalidad del Estado, y por lo tanto, la gobernabilidad, es posible en países donde la extracción de recursos naturales para mercados internacionales y la renta del Estado es la principal función de los gobiernos.

Si estructuralmente, los países de Sudamérica, en tanto insistan en apostar por el modelo extractivista, y el mundo les siga asignando esta posición, están más bien condenados a la desestabilización, el control de la sociedad civil y las prácticas antidemocráticas como formas de gobierno. Con los agravantes del componente de corrupción, la violencia será continua y sistemática en toda la región.

Los Estados promueven políticas de seguridad, en las que las fuerzas militares, y paramilitares en algunos casos, han ganado protagonismo, presupuestos e influencia política. Los casos más notorios son los de Venezuela, Colombia, Brasil y Chile. En menor escala, pero con igual influencia en los destinos de la democracia se encuentra Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú.

Junto con la reafirmación de políticas de explotación de los territorios y nuevos acuerdos multilaterales, se desarrolla en la región una estrategia de desprestigio y criminalización, tanto de las resistencias a la expansión del extractivismo, como a las protestas sociales. Como lo observamos en los Informes sobre acceso la tierra y el territorio, y es necesario reiterar, la violencia, asesinatos de líderes sociales, mujeres y hombres, siguen siendo una práctica recurrente en las áreas rurales de Sudamérica.

Existen varios ejemplos de esta situación, áreas de conservación y territorios indígenas largamente asediados, el Parque Nacional Yasuní de Ecuador, cuya zona de amortiguamiento se ha dispuesto a la explotación petrolera y dónde la minería ya ha impuesto la violencia; o los departamentos amazónicos de Perú, donde se van registrando los asesinatos a líderes indígenas, políticos y espirituales. También se presenta esto en las zonas de recuperación territorial en Argentina, en las ocupaciones de tierra en Paraguay o las comunidades campesinas rodeadas del empresariado frutícola en Chile, donde las comunidades campesinas e indígenas se ven abatidas y en permanente riesgo de desalojo, avasallamiento o ataque, de parte de fuerzas del orden público, funcionarios de empresas y hasta sicarios.

En Colombia, más de 100 personas fueron asesinadas en áreas rurales, principalmente defensoras y defensores de comunidades, pueblos indígenas y afrocolombianos. La complejidad del momento respecto a la paz y el persistente conflicto, dejan ver al extractivismo agrícola, como un foco importante de pobreza y también violencia en los territorios.

Gobiernos como los de Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia, entre otros, imponen políticas de seguridad y control focalizado en sectores populares, (re)activando una serie de estereotipos y prejuicios de corte racista y xenófobo. La violencia se reproduce y justifica también en los medios de comunicación, y los medios digitales son utilizados para la criminalización y estigmatización social. Los logros y la fuerza de la agroecología, el aporte de la agricultura familiar campesina, indígena y afrodescendiente, son invisibilizados; y esto resulta un incentivo a los sistemas de fiscalización de sanidad, certificación y a los mercados controlados por oligopolios y transnacionales, que marcan la pauta de los sistemas agroalimentarios.

Las políticas de seguridad en el caso de Chile y Ecuador, dicen responder a la intensidad de la protesta en las grandes urbes, sin embargo, esto se extiende a los territorios rurales donde operan empresas y proyectos de exploración y explotación hidrocarburos, concesiones mineras y otros, donde las gendarmerías y fuerzas especiales actúan atropellando, y persiguiendo a quienes resistan, defiendan o exijan, entre otras cosas, la consulta previa.

A pesar de ello, han existido avances en las demandas de acceso a la tierra, si bien son en su mayoría procesos largos y muy pequeños en comparación a la demanda y necesidades de las poblaciones rurales, son también importantes de destacar, como se lo hace en el transcurso de este Informe. Un punto importante para el Perú, en el que la AIDESEP logró que la Corte Superior de Justicia admita una demanda de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica, pero aún, no queda suficientemente claro que se deben asumir como una obligación estatal, el hacer respetar sus derechos territoriales; y lo mencionado para Colombia, donde la Procuraduría General de Colombia refuerza la sentencia que dispone que el gobierno de su país debe atender los derechos de la población campesina.

En la región continúan surgiendo voces afines a romper el orden democrático, partidos y personajes que juegan a la desestabilización política, o la manipulación del orden institucional para imponer gobiernos. Desde una visión campesina e indígena, no caben dudas de que la ausencia de democracia, o en su defecto, el debilitamiento de los signos vitales de ésta, en Sudamérica va de la mano de la ocupación de tierras de comunidades, la cancelación de derechos de la población rural e indígena, y el desplazamiento forzado.

• Un nuevo ciclo en las movilizaciones populares

El 2019 se vio surcado y pasará a la historia, como un año de grandes movilizaciones populares, no solo por lo masivas que fueron, sino también por el protagonismo de jóvenes, mujeres, y por la larga resistencia temporal que mostraron. En nuestro criterio, se debe destacar la renovada empatía con la problemática del campo, sea por la preocupación alimentaria, la calidad de las aguas y la calidad del aire que también afectan a la población urbana; o sea, porque las organizaciones campesinas e indígenas mantuvieron una distancia crítica ante el Estado y los gobiernos. Queda en debate y existirá poco acuerdo sobre la orientación política de estas protestas, y las consecuencias que éstas tuvieron en cada uno de los países; de lo que no queda duda es sobre su carácter espontáneo, la dificultad de identificar un liderazgo claro, y una conducción política, como solían leerse este tipo de acontecimientos en el siglo pasado.

Mientras en Uruguay se desataron y afirmaron varias protestas y demanda de referéndum contra los mega emprendimientos que intervienen recursos naturales y de infraestructura, y luego de las elecciones nacionales, quedó claro un proceso de ralentización del acceso a la tierra, que aunque estructurada, mostraba avances muy limitados. Otros países de la región vivieron arduas jornadas de protesta y movilización que llegaron incluso a confrontaciones, violencia de parte de los aparatos de represión del Estado y extendidos paros de parte de varios sectores populares.

La región presenció el desaliento de la implementación del Acuerdo de Paz, la retoma de armas de parte de sectores de las FARC, tiene que ver con la revitalización del neoliberalismo, un “paquetazo” de políticas antipopulares, al que se respondió con una movilización por el cumplimiento del Acuerdo de Paz, y la Minga, una movilización indígena y campesina en demanda de consulta previa y el cumplimiento de acuerdos por el acceso a tierra y territorio; y en oposición a las intervenciones territoriales por minería, energía y fracking. La defensa de los recursos naturales es una clave importante en la agenda de campesinos e indígenas, diversas expresiones por el agua se manifiestan en Chile y Argentina, caminatas, marchas y movilizaciones plurinacionales, reunieron a comunidades indígenas y nacionalidades étnicas en reclamo a las afectaciones del agronegocio y en reivindicación de la gobernanza sobre el agua.

En Chile el descontento generalizado, que en el capítulo en cuestión se denomina como una rebelión antineoliberal resistió bastantes semanas y logró articular las demandas de diversos sectores, en el campo se vislumbró la amenaza de la modificación a la Ley Indígena, y las expectativas se reúnen hacia la demanda de un proceso constituyente, al haberse agotado un modelo que precariza a las grandes mayorías. En Ecuador, los incendios forestales activan, como mencionamos la indignación en los pueblos indígenas de la Amazonía y se acrecienta la crítica al respaldo estatal a los cultivos intensivos. El sector de trabajadores y las nacionalidades indígenas en articulación, promueven un levantamiento popular en el mes de octubre, que logra la derogatoria del decreto que elimina el subsidio a los combustibles y un diálogo sobre la economía y el déficit fiscal, que decanta en la constitución de un inusitado Parlamento de los Pueblos, organizaciones y colectivos sociales, con la perspectiva de retomar las reivindicaciones que hace una década creíamos todos se iban a cristalizar.

En un periodo marcado por la corporativización de las agendas reivindicativas de las organizaciones rurales al poder del gobierno central, en Bolivia el año inició con una Marcha de Naciones Originarias y Pueblos Indígenas, que interpelaba al extenso mandato del partido en gobierno, en temas cruciales como son, el respeto a los territorios ancestrales, el respecto a la igualdad de jerarquía de la justicia ordinaria y la justicia indígena y la desburocratización a la autonomía indígena. Esta marcha encabezada por la Nación Qhara Qhara (Potosí y Chuquisaca) fue desprestigiada y subvalorada por su poca concurrencia, no obstante, su aliento “independiente” a los partidos políticos y autogestionado, imprimió una posibilidad al ámbito reivindicativo boliviano. El segundo semestre, marcado por los incendios forestales, motivó también una marcha indígena en tierras bajas, y, además, se realizaron movilizaciones por el anuncio de un nuevo Plan de Uso de Suelos en el Beni, que planeaba ampliar la frontera agrícola, política que fue concretizada en el nuevo gobierno.

El caso de Bolivia, puede resultar el más característico del año 2019, dividió en controversias a académicos, políticos, periodistas y activistas, dentro del país, en la región y el mundo. Si las movilizaciones que culminaron con la renuncia de Evo Morales fueron un levantamiento ciudadano, una acción premeditada, un golpe, se dijo de todo, y se dirá más aún. Izquierdas, derechas, centros, cada quién encuentra razones y significados. Lo más evidente, es que la población campesina indígena en general quedó muy lastimada por la cercanía de los dirigentes a la estructura del partido saliente. Las organizaciones rurales bolivianas, y las de varios países de la región, tienen el desafío de recuperar sus agendas y movilizaciones, afirmarse respecto al modelo de desarrollo productivo que quieren para la sostenibilidad de sus comunidades, y en el caso boliviano, lograr la implementación de la Constitución que abrió paso a la plurinacionalidad, y que fue relegada en los últimos años.

El latir de la protesta y la expresión del descontento generalizado suelen suscitar muchas expectativas y ansias por concretizar las aspiraciones y reivindicaciones, históricas y circunstanciales. Este nuevo ciclo del desarrollo del capitalismo, el ascenso y descenso de los sujetos políticos y sus estrategias discursivas, es necesario vivirlo con cautela y atender muy bien a las experiencias que nos muestran mejores rutas para el ejercicio de los derechos fundamentales, y así, poder compartir los aprendizajes de organización y autogobierno, que se gestan en los territorios rurales.

^[1] El texto corresponde a un resumen de la Introducción del Informe 2019 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica (IPDRS, 2019). Disponible en: https://www.sudamericarural.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/117

DEL DESCONFINAMIENTO

AL COMPROMISO CON LA VIDA Y LA SOBERANIA ALIMENTARIA

Por: Francisco Hidalgo Flor[1]

En el Ecuador, a fines del mes de junio, al igual de la mayoría de los países de la región, está en movimiento el proceso de desconfinamiento del estado de emergencia y la cuarentena provocados por la pandemia del Covid 19. Acá el discurso gubernamental recurre a la figura ilustrativa de colores en el semáforo: el desescalamiento es pasar de zonas ubicadas con alto riesgo, color rojo, a zonas con control sobre la pandemia, color amarillo, y zonas con menor riesgo, color verde. En el momento actual la mayor parte del país se encuentra en la situación identificada como color amarillo

Al momento de escribir este artículo, junio 14, el reporte gubernamental oficial registra un total de casos confirmados de 46.500 y un total de registro oficial de víctimas fatales de 3.900, con un total de pruebas Covid tomadas de 135.000. Los casos de contagio y fallecimiento por Covid 19  se concentran en los  centros urbanos: Guayaquil, Quito, Manta – Portoviejo, en ellos está el 60% de los casos reconocidos. Respecto de los rangos de edad: el 57% de los casos se encuentran en personas entre los 20 y 49 años, el 23% en el rango de 50 a 64 años (diario El Universo[2]).

Inicialmente el Ecuador fue uno de los países con mayor incidencia, pero la expansión de casos en Brasil, Perú y Chile, lo ha ido colocando en un nivel intermedio respecto de los registros de la región. Ni que decir de los Estados Unidos de América que en este momento es el principal lugar de propagación del virus.

El desconfinamiento tiene varios riesgos, ya señalados por algunos analistas: obedece principalmente a las presiones por retomar la dinámica del aparato productivo y económico antes que a condiciones sanitarias aceptables,  observaciones de los expertos en salud  señalan los riesgos de “una segunda ola de contagios”; que en este contexto podrían resultar  más vulnerables los sectores populares y marginados de las grandes ciudades y que se extienda hacia las zonas rurales, que al momento tienen un registro relativamente bajo de casos.

En el caso ecuatoriano se añade el factor oportunista de que a nombre de respuesta a la crisis se imponen las medidas económicas y políticas neoliberales, que quedaron archivadas luego del levantamiento indígena – popular de Octubre. Para la crisis sanitaria se responde con  expansión de la flexibilidad laboral, el achicamiento del estado, el despido laboral en empresas públicas y privadas, las privatizaciones.

Resulta que a nombre de la llamada “nueva normalidad” en realidad se trata del retorno de la misma normalidad, pero con mayor peso sobre las espaldas de las clases trabajadoras.

En este contexto el presente artículo se centra en el análisis en la situación de la problemática alimentaria en este nuevo momento del desconfinamiento.

Entre marzo y junio la situación de crisis sanitaria y estado de emergencia, con el cierre total de fronteras, puso en el centro de la atención la producción alimentaria nacional, que está sostenida mayoritariamente por las agriculturas campesinas y familiares.

Como pocas veces tornó evidente la crucial relación entre reproducción de vida y agricultura orientada a la alimentación de los seres humanos, que no puede quedar reducida a la lectura economicista de “producción para el mercado nacional”.

Su trascendencia va más allá de reconocer que “atiende al mercado nacional”, en verdad es un pilar de la reproducción de vida del conjunto de la población, en especial de los sectores mayoritarios.

Y no es solo “satisfacer la demanda interna” que se mide cuantitativamente, sino que su persistencia y potencialidad cuestiona sobre el patrón productivo predominante y resalta las experiencias productivas sin contaminantes.

Ha llegado el momento que las élites que elaboran y ejecutan las políticas públicas reconozcan el rol fundamental que en la hora presente desempeña la agricultura campesina y familiar

La experiencia ecuatoriana es de una capacidad positiva de abastecer de alimentos a la mayoría de la población, sin requerir de importaciones, durante el estado de emergencia y cierre de fronteras.

Es más, existen declaraciones de voceros oficiales[3] que señalan una situación de mejora para productos como arroz, cítricos, hortalizas, plátanos, lácteos y huevos. Así como el autoabastecimiento en zonas rurales. Sin dejar de señalar que hubo sectores urbano-marginales que sufrieron de carencia de alimentos, sobre todo por las condiciones estructurales de mala distribución y raquitismo estatal en el ámbito de la comercialización de alimentos en barrios populares.

Sería muy complicado que con la llamada “nueva normalidad” acontezca que la agricultura campesina y familiar vuelve a ser colocada en los márgenes de la visibilidad nacional y la atención gubernamental en el diseño de las estrategias para un país con bienestar humano.

La emergencia sanitaria y el confinamiento mundial también puso en cuestionamiento el paradigma economicista y neoliberal de las “ventajas comparativas” en la agricultura para resolver cuáles modalidades de agricultura se impulsan como estrategia nacional.

Las supuestas “ventajas comparativas” de “países tropicales” ha sido el argumento para imponer a nivel mundial una distribución de producción irracional, que deja en los márgenes la preocupación por el buen alimentar humano y colocar al centro los afanes de utilidad de las grandes empresas agroexportadoras alrededor del banano, palma aceitera, camarones y flores.

Ahora queda claro que esa preeminencia de la agroexportación torna frágil al desarrollo nacional, con un sector agropecuario y acuícola subutilizado frente a la prioridad de atender la alimentación de la población nacional y con ello la reproducción de vida en el campo y la ciudad.

Es necesario que organizaciones sociales y estado obtengan lecciones de la situación atravesada, más integral que aquella dictada por los errados paradigmas de las ventajas comparativas e “inserción” en la llamada globalización.

Las amenazas generadas por la crisis sanitaria, la crisis ambiental y la evidencia de la inequidad demandan de otra agricultura y otra alimentacion

Se han generado condiciones para dar un viraje en las comprensiones sobre la alimentación y la agricultura, hoy se abren nuevos horizontes para posicionar paradigmas como los de la soberanía alimentaria y un horizonte de cambio orientado hacia del buen vivir – sumak kawsay.

ASISTENCIA ALIMENTARIA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL

En nuestro análisis sostenemos que el primer factor para que en el contexto de pandemia, confinamiento y estado de emergencia no se haya desatado una situación de crisis alimentaria se encuentra en el tejido productivo campesino y familiar de alimentos, y planteamos que en segundo lugar se encuentran los programas de asistencia alimentaria generados desde el estado y los conglomerados privados, pero allí cabe también destacar iniciativas y esfuerzos alternativos generados fuera de los espacios de poder.

Respecto de la asistencia alimentaria se debe enumerar tanto los subsidios estatales monetarios, como programas específicos de provisiones alimentarias. En el área de la asistencia proveniente desde los conglomerados privados se debe enumerar iniciativas que combinar apoyo de dotación sanitaria y a centros de salud como de provisiones de alimentos.

Podemos hacer el siguiente agrupamiento de las iniciativas de asistencia alimentaria señalando su fuente:

• Asistencia desde entidades estatales nacionales
• Asistencia desde gobiernos locales y provinciales
• Asistencia desde grandes cadenas privadas
• Donativos desde bancos y empresariales privados
• Entidades ligadas a las iglesias
• Iniciativas alternativas desde Ongs y Organizaciones campesinas
• Emprendimientos agroecológicos urbano – rurales

El gobierno nacional implementó al inicio dos políticas para enfrentar la situación alimentaria, en primer lugar, un bono económico para las familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza, y en segundo lugar el programa de kits alimentarios “Dar un mano sin dar la mano”, básicamente en acuerdos con la agroindustria, y al momento actual implementa el programa “Canasta solidaria” y “Agrotienda Ecuador”[4]

Otra fuente de asistencia alimentaria alrededor del estado provino de los gobiernos provinciales y municipales, en varios casos hubo una relación más directa con productores familiares y campesinos, entre otras experiencias se pueden señalar las siguiente: en El municipio de Quito tuvo el programa “Quito Solidario”, también los gobiernos provinciales, por ejemplo, la prefectura de Imbabura el programa “Ayuda a un abuelito”, la prefectura de Azuay el programa “Canasta Popular”.

Los grandes conglomerados privados, con sus entramados de articulación bancos-agroindustria-supermercados, aprovecharon para ganar visibilidad, pero también fue posible mirar sus articulaciones regionales. Por un lado, aquellos asentados en Guayaquil, con el ex alcalde Jaime Nebot, conformando y operando desde el “Comité Privado de Emergencia”, y por otro lado aquellos asentados en Quito, con el ex alcalde Roque Sevilla, conformando y operando desde el “Fondo por Todos”. Y fue visible los grupos bancarios, con la profundización de sus propios espacios: tanto el frente liderado por Banco Pichincha – Diners (Fidel Egas & Cia.), como el frente liderado por Banco de Guayaquil (Guillermo Lasso & Cia.).

Hemos indicado que no todo fue estado y corporaciones privadas. Destacaron otras iniciativas que surgieron desde abajo y organizaciones sociales. Mencionemos algunas de ellas, como, por ejemplo, las Brigadas Campesinas Solidarias por la Soberanía Alimentaria en la que participaron la Federación de Organizaciones Campesinas y la Conferencia de Soberanía Alimentaria[5], la Red de Ferias Agroecológicas de Pichincha, que agrupa a varios colectivos agroecológicos, así como las iniciativas de varias organizaciones no gubernamentales del “Enlace urbano – rural en tiempos de pandemia” y esfuerzos de comunicación alternativa, vía redes sociales, por colocar en el debate la economía campesina en tiempos de crisis sanitaria[6].

NOTA FINAL: EMERGENCIA EN LA AMAZONIA

Al momento de concluir este artículo llegan informaciones tanto desde las organizaciones indígenas, como de fuentes gubernamentales en el sentido que en las últimas semanas se han extendido los casos de contagio del Covid – 19 en la región amazónica[7] y especialmente grave en las comunidades indígenas[8], con el agravante de que en esa región el sistema de salud público es bastante débil.

[1] Profesor de Sociología Agraria en la Universidad Central del Ecuador, miembro investigador de SIPAE y del GT de Clacso “Estudios críticos del desarrollo rural”.

[2] Consultado en: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/06/14/nota/7872402/casos-coronavirus-ecuador-domingo-14-junio-46-751-confirmados-3896

[3] Consultado en diario El Comercio, ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/emergencia-incidio-precios-productos-ecuador.html

[4] “Agrotienda Ecuador” articula estado y productores campesinos. Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/entrega-canastas-agropecuarias-emergencia-covid19.html#cxrecs_s

[5] Con la unión del campo y de la ciudad saldremos de la crisis. Ver: https://rebelion.org/con-la-union-del-campo-y-de-la-ciudad-saldremos-de-la-crisis/

[6] Respecto de iniciativas alternativas desde Ongs y de promoción de un debate alternativo  Ver en Monitoreo de la Tierra: https://www.monitoreodelatierra.com/single-post/2020/06/17/Acciones-emprendidas-por-los-miembros-de-la-Estrategia-Nacional-de-Involucramiento-Ecuador-%E2%80%93-ENI-a-prop%C3%B3sito-de-la-Pandemia-por-COVID-19-y-el-sector-rural

[7] Incremento de población contagiada en la amazonia. Ver https://www.elcomercio.com/actualidad/aumento-contagios-amazonia-covid19-ecuador.html

[8] Declaración de Conaie ante situación de pueblos indígenas en la amazonia. Ver https://conaie.org/2020/06/18/covid19/

El desafío de poner en marcha un nuevo instrumento para las campesinas, campesinos y personas que trabajan en zonas rurales

Ruth Bautista Durán^[1]

Como producto de un arduo trabajo de incidencia de la Vía Campesina, organizaciones sociales y Estados, a fines de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. En el caso de Sudamérica, de diez países, seis votaron a favor: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Tres se abstuvieron: Argentina, Brasil, Colombia. Y Paraguay no votó.

Esta Declaración incluye y reafirma aspectos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas^[2], la Declaración Universal de Derechos Humanos^[3] y se sitúa en la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)^[4], además de que afirma el “derecho humano al desarrollo”. Así como con los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración de Derechos campesinos expone un enfoque de derecho para reducir la desigualdad que enfrenta el sujeto de la declaración – los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales- frente a otros actores y sus acciones en el ámbito rural, instituciones e instancias del mercado, afirma por ejemplo, que los campesinos “sufren de manera desproporcionada pobreza, hambre y malnutrición (…) sufren cargas causadas por la degradación del medio ambiente y el cambio climático”. Además, muestra preocupación por su agotamiento o envejecimiento “porque los jóvenes cada vez más emigran a las zonas urbanas y dan la espalda a la agricultura debido a la falta de incentivos”; y reconoce que “el acceso a la tierra, al agua, a las semillas y a otros recursos naturales es cada vez más difícil para los habitantes de las zonas rurales”.

Las personas que trabajan en las zonas rurales

En cuanto al sujeto y sujeta de esta Declaración, se establece que estos derechos se aplican a los campesinos y a

toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con otras o como comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala… toda persona que se dedique a la agricultura artesanal o en pequeña escala, la siembra de cultivos, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, así como a las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones conexas en una zona rural…. los pueblos indígenas y las comunidades locales que trabajan la tierra, a las comunidades trashumantes, nómadas y seminómadas y a las personas sin tierra que realizan tales actividades… trabajadores asalariados, incluidos todos los trabajadores migrantes, independientemente de su situación migratoria, y los trabajadores de temporada, que estén empleados en plantaciones, explotaciones agrícolas, bosques y explotaciones de acuicultura y en empresas agroindustriales (Artículo 1).

Si bien la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas apuntaba a un solo sujeto de derechos, esta Declaración amplía y problematiza varios aspectos, superando el arraigo ancestral e identitario de los pueblos indígenas, establece un contexto de una diversidad de prácticas articuladas a la producción de alimentos en pequeña escala, aún aquellos que se consideran “sin tierra”, demandantes de tierra e incluso asalariados y migrantes. Nos estamos refiriendo a ámbitos de lucha persistente por la sobrevivencia bajo la pretensión de actividades corporales, artesanales (agricultura, ganadería, pastoreo, pesca, silvicultura, caza, recolección, etc.) que hacen a una condición identitaria, la de campesinos y trabadores rurales, y la pretensión de construir un sistema agroalimentario y de vida, diferente y en resistencia a lo hegemónico y dominante.

Si bien esta Declaración –y también la de los pueblos indígenas- asume un lenguaje genérico masculino, tiene una diversidad de explicitaciones en cuanto a las mujeres campesinas y que trabajan en zonas rurales, ratificando los principios de la erradicación de toda forma de discriminación y el disfrute de los derechos y participación en todo ámbito de desarrollo (Artículo 4).

Soberanía alimentaria y recursos naturales

Algo que resulta muy interesante es la incorporación de la noción de soberanía alimentaria, como complementaria al derecho de la alimentación largamente promovido por la FAO (Artículo 15), tal como la concibe la Vía Campesina, como el “derecho [de los campesinos y otros] a definir sus sistemas agroalimentarios y el derecho a una alimentación sana y culturalmente apropiada, producida con métodos ecológicos y sostenibles que respeten los derechos humanos”. Apunta la especulación de alimentos, la distribución desequilibrada de los sistemas alimentarios y la desigualdad estructural que determina el control de las cadenas de valor.

En cuanto a los recursos naturales, se remarca el derecho de acceso a los que se encuentren en el espacio comunal para el goce de mejores condiciones de vida. Recomienda que los Estados adopten medidas y ante las intenciones de otros actores, de explotar estos recursos, se realicen evaluaciones de impacto social y ambiental, se celebren consultas previas, y se establezcan modalidades de distribución equitativa de los beneficios de la explotación, en común acuerdo (Artículo 5).

La violencia e institucionalidad propia

La Declaración se muestra consciente de la violencia descargada contra este sector social, los desalojos, desplazamientos forzosos (Artículo 17) e incluso la cantidad de suicidios de campesinos. Afirma que “pueden hacerse oír, defender sus derechos humanos y sus derechos de tenencia y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales de los que dependen” y muestra su preocupación por

las personas, los grupos y las instituciones que promueven y protegen los derechos humanos de quienes se ocupan de cuestiones relacionadas con la tierra y los recursos naturales corren un gran riesgo de ser víctimas de diferentes formas de intimidación y de que se atente contra su integridad física.

Al tiempo de observar que campesinos, indígenas y trabajadores rurales en general, tienen serias dificultades para acceder a la justicia. Es reiterativa en cuanto a garantizar medidas de protección, frente a la violencia, amenaza, represalia, discriminación de derecho o de hecho, presión ante la defensa de los derechos descritos. Se reconoce su personalidad jurídica (Artículo 7), su libertad de pensamiento y credo, así como su derecho a concebirse individual y colectivamente (Artículo 8), poder organizarse en sindicatos, cooperativas, asociaciones para proteger sus derechos y defenderse (Artículo 9). La Declaración es enfática en el cuanto al derecho humano al desarrollo, a la información pertinente y culturalmente apropiada (Artículo 11), al acceso a la justicia de manera efectiva y no discriminatoria (Artículo 12) y al derecho al trabajo, con una remuneración justa, de acuerdo a la legislación laboral (Artículo 13).

Territorio y comunidad

Existe también, en la declaración, varios argumentos que hacen al apego y relación de los campesinos y personas que trabajan en las zonas rurales con la tierra y los recursos naturales. Si bien intenta su acceso a medios de producción necesarios (Artículo 16), también hace suficientes recomendaciones respecto a la sostenibilidad del medio ambiente (Artículo 18), a la necesidad de “prevención, reducción y control de los peligros y riesgos”, entre ellos, los productos químicos tóxicos, agroquímicos o contaminantes agrícolas o industriales (Artículo 14). A resguardar la diversidad y velar por su autonomía en la producción, conservación y saberes sobre las semillas (Artículo 19) y la precaución a los organismos genéticamente modificados (Artículo 20).

En cuanto a la tierra y territorio, además del resguardo de todos estos derechos y la prevención a la violencia, la Declaración dispone de una visión comunitaria, incluso en contextos en los que las poblaciones tienen la opción a retornar a sus tierras, por ejemplo, luego de conflictos armados; recomienda a los Estados llevar adelante reformas agrarias para hacer posible el acceso a la tierra a los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y recomienda priorizar a los campesinos sin tierra, jóvenes y otros (Artículo 17). Esta priorización se extiende a los recursos naturales, explícitamente al agua, cuyo uso prioritario debe ser la satisfacción de las necesidades humanas frente a otros usos o formas de explotación.

Incidencia y movilización

“…sin lucha, sin iniciativa, sin creación, sin organización, sin propuestas concretas, queda en el papel” (Rosalía Pellegrini, Coordinadora Nacional de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra – UTT)^[5]

El Informe 2019 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica^[6], facilita una aproximación al nivel territorial de concretización de esta Declaración. En varios países se ha iniciado una discusión bastante rica y peculiar, de abajo a arriba, desde los interiores de las organizaciones campesinas e indígenas, hacia la institucionalidad pública. Se presentan omisiones o aceptaciones no legisladas en específico, y cierta marginalidad del tema, por el clima político tan agitado que dejó el año 2019.

El balance inicial no es muy alentador, se habría esperado una mayor discusión entre gobiernos y organizaciones, así como lineamientos más nítidos en las organizaciones multilaterales dependientes de Naciones Unidas, lo mismo que la cooperación internacional. Sin embargo, asumimos que es una etapa inicial, y como en otros casos, dependerá en gran medida de los propios actores beneficiados el que se cumplan los acuerdos, logrados por su propio esfuerzo, en el marco de las convenciones internacionales. Lógicamente este proceso se tropezó, como todos, con la pandemia que en estos momentos vive buena parte de la población mundial, y en desventaja, la población rural.

En Paraguay, el investigador Luís Rojas reporta que se dio la resolución favorable del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, condenando al Estado paraguayo por la muerte de un campesino en el 2011, en relación a las fumigaciones con agrotóxicos que provocó la contaminación del agua en su comunidad. En tal resolución, la ONU referencia por primera vez la Declaración de Derechos Campesinos, como parte de su argumentación. Esto resulta bastante paradójico pues este país, fue el único en Sudamérica, en abstenerse de la votación para aprobar la Declaración.   

Otro caso peculiar es el que reporta el investigador Pablo Díaz en el Uruguay, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que “El apoyo de nuestro país a la temática, que se considera pertinente y oportuna considerando la situación de especial vulnerabilidad de las personas que viven en zonas rurales, [sin embargo] el texto aprobado en varios aspectos excede lo que debe ser una mirada circunscripta a los derechos humanos de las personas que habitan el medio rural”, no crea nuevas categorías de derechos y no se trata de “un instrumento jurídicamente no vinculante”. Debe recordarse que Uruguay ha suscrito y ratificado la Declaración de los Derechos de los pueblos indígenas, pero no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, la Declaración está siendo parte de los encuentros organizativos en Argentina, principalmente los que tienen que ver con el campesinado articulado a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-VC), ha sido parte de las demandas de la Minga del Suroccidente en Colombia, y en Ecuador, como en Paraguay y Brasil, las organizaciones vislumbran la necesidad de su socialización, difusión y ratificación, por los persistentes casos de violencia contra las personas rurales, sus derechos humanos, su derecho a la tierra y territorio, y la necesidad de reconducir y fortalecer sus agendas reivindicativas.

Desde el IPDRS creemos que estos instrumentos coadyuvan a generar diálogos interinstitucionales, en buena medida, los pueblos indígenas y organizaciones campesinas y afrodescendientes, han generado sus instancias propias e incluso sus formas de ejercer gobierno sobre sus territorios, aun así, la conducta que observamos como institucionalizada desde los Estados hacia ellos, es la violencia, sistemática y dirigida a líderes, autoridades territoriales y defensores de derechos. Esto no puede continuar así, los esfuerzos por visibilizar a las víctimas deben extenderse a señalar a los actores, instituciones y empresas que ejercen la violencia, que instauran regímenes territoriales de control, amenaza y luto para la población campesina, indígena y afrodescendiente. Si la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, es una oportunidad para trabajar sobre el reconocimiento social que se le debe a estas poblaciones, y el respeto de sus derechos fundamentales, así como su derecho al desarrollo propio y gobiernos propios, no la podemos dejar pasar inadvertida. Proponemos invertir los esfuerzos, los recursos y las alianzas posibles para su socialización, discusión y legislación pronta.

[1] Socióloga, investigadora del IPDRS y coordinadora de la plataforma del Movimiento Regional por la tierra y territorio http://www.porlatierra.org/casos.  

[2] Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

[3] Disponible en: https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf

[4] Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf

[5] Testimonio trabajado por Gisela Hadad, Tomás Palmisano y Juan Wahren (2020), en el Informe 2019 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica.

[6] Disponible en: https://sudamericarural.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/117

 Sobre la seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia

Fernando Eguren^[1]

La pandemia del Covid-19 tiene impactos en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural. Uno de los más críticos es el que tiene que ver con la seguridad alimentaria. “Es altamente probable que la pandemia de COVID-19 repercutirá en un incremento del hambre y la pobreza en América Latina y el Caribe” advierten la FAO y la CELAC^[2].

¿Está asegurada la alimentación de todos los peruanos en lo que resta del año? ¿Cuáles son las proyecciones para el próximo año?

Para intentar una respuesta conviene distinguir los diferentes componentes de la seguridad alimentaria contenidos en la definición aprobada por la Cumbre Mundial de la Alimentación convocada en 1996 por la FAO: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.”^[3]

El primer componente –disponibilidad- es que haya suficientes alimentos disponibles para toda la población del país y en todo el territorio. El segundo –acceso-, que todos pueden acceder a los alimentos, ya sea comprándolos, produciéndolos o por otros medios. El tercero –uso-, es que los alimentos satisfagan las necesidades nutricionales para una vida sana. El cuarto –estabilidad-, que estos tres componentes sean estables, vigentes todo el tiempo.

1. Disponibilidad ¿Hay alimentos para todos?

Hasta el momento –segunda quincena de mayo- no parece haber un problema en la oferta de alimentos. Los mercados están abastecidos, aunque la información disponible se refiere, sobre todo, a las zonas urbanas de Lima y de algunas otras ciudades. Estamos consumiendo los productos que se sembraron antes de la pandemia.

Pero hay algunas informaciones preocupantes. El valor de la producción agrícola, que fue positivo en enero y febrero en comparación con los mismos meses del 2019, dio un resultado negativo (-0.3%) el mes de marzo, primer mes de la pandemia.[4]  El decrecimiento fue aún mayor en la principal fuente de proteínas animales de la población, el pollo: el volumen comercializado en los mercados mayoristas de Lima ha estado bajando: -10% en marzo, -8.9% en abril y -16.7% mayo.[5] No sabemos si estos datos negativos son un bache o el inicio de una tendencia que se va a prolongar en lo que queda del año. Todavía no se puede llegar a conclusiones firmes, hay que observar qué ocurre en los meses siguientes. Un estudio realizado por el Instituto Apoyo es pesimista, pues prevé que la crisis económica se prolongará y afectará negativamente la segunda campaña agrícola que se iniciaría en el segundo semestre de este año.[6] Lo que suceda en esa segunda campaña depende mucho de qué es lo que hará el gobierno en estas semanas.

Hasta el momento, el apoyo a los productores agrarios ha sido básicamente la entrega de bonos para suplir en algo la falta o reducción de los ingresos. Pero no se nota mayor esfuerzo del gobierno en apoyar la nueva campaña agrícola con financiamiento y otras medidas de apoyo económico y logístico. La demanda de Conveagro de que se destinen cinco mil millones de soles para un Fondo de salvataje y reactivación de la agricultura familiar, que produce las tres cuartas partes de los alimentos que consume el Perú, no ha sido acogida (en contraste con los miles de millones de soles puestos a disposición de las empresas privadas).

Una característica de la agricultura campesina es su capacidad de resiliencia, de resistir situaciones adversas. Una manera de defenderse de las crisis económicas es retraerse de los mercados y aumentar su autoconsumo. No sabemos si esta será una reacción en el contexto de la pandemia, pero si lo fuera, sin duda se reducirá la proporción de la producción que se destina a los mercados urbanos.

También puede afectar la disponibilidad de alimentos el hecho que muchos productores pueden contraer el coronavirus y, por consiguiente, se vean impedidos de continuar con su actividad productiva. Parece que hay un patrón de contagio que se inicia desde los sectores de ingresos medios y altos de las grandes ciudades,[7] hacia aquellos más pobres de las mismas ciudades, para extenderse luego a ciudades más pequeñas y, finalmente, a las áreas rurales. No sabemos cuánto penetrará el contagio en las áreas rurales. Uno de los factores que contribuirá a ello serán, sin duda, los retornantes que han emigrado desde las ciudades, un número indeterminado de los cuales estaban contagiados y seguramente transmitirán el mal a sus lugares de destino.

La agroindustria alimentaria es también un importante proveedor de alimentos. Seguramente se verá afectada por los cambios en la demanda producidos por la pandemia, pero al mismo tiempo favorecida por la inclinación de los consumidores de estoquearse con alimentos enlatados no perecibles. Su peso en la economía nacional es significativo: en el año 2017 representó el 4% del PBI nacional, cerca de la mitad de lo que aportó la minería ese año.

A diferencia de los alimentos frescos de origen agrario, cuya producción está distribuida en centenares de miles de familias agricultoras, este sector industrial está muy concentrado: tan solo dos empresas, Alicorp, del grupo Romero, y Gloria, del grupo Rodríguez Banda, centralizan más de la mitad de los ingresos de las 20 empresas de alimentos más importantes del país.[8] El grupo Romero también controla la mayor empresa productora de aceite de palma. En la industria avícola también hay un alto grado de concentración. Cinco empresas, encabezadas por el grupo San Fernando y Redondos, colocaron en el 2018 el 92% de la oferta total de carne de pollo en Lima Metropolitana y el Callao.[9] Como veremos más abajo, una parte sustancial de esta agroindustria depende de las importaciones de insumos, principalmente maíz amarillo duro (industria avícola)[10] y trigo (harinas y derivados); en menor medida, también de lácteos.

Las importaciones de alimentos complementan la producción doméstica y son muy importantes para la seguridad alimentaria del país. Anualmente las importaciones agropecuarias giran alrededor de los 7 millones de toneladas (el doble de toda la producción nacional de arroz en 2018, o un tercio más que toda la producción de papa de ese año), y alcanzan un monto aproximado de 2300 millones de dólares anuales. Importamos las tres cuartas partes del maíz amarillo duro, que es el principal insumo de la industria avícola (los pollos –no el pescado- son la principal fuente de proteínas de la población peruana).[11] Importamos más del 90% del trigo, con el que se produce harina, fideos y panes. Otros productos importados significativos para la alimentación del país son el arroz (293 mil toneladas), oleaginosas y lácteos y derivados.

El problema con esta crisis global es que los exportadores de alimentos comienzan a restringirlas para proteger su propia seguridad alimentaria (lo que está ocurriendo con cerca de una veintena de países)[12], presionando sobre los precios, como ocurrió en el 2007 y 2008. En esos años el incremento de precios aumentó el número de personas con hambre en el mundo de 840 millones a más de 1000 millones. Los riesgos de depender de las importaciones de alimentos en situaciones críticas han conducido a que incluso en el Minagri se esté considerando que en el futuro el Perú debe ser menos dependiente de las importaciones. Podemos leer en un reciente documento de dicha institución que: “A medida que se generan problemas en el comercio internacional de alimentos, se considera cada vez más la necesidad de autosatisfacerse, y es esencial que cada país sea en la medida de los posible capaz de producir independientemente sus alimentos; convirtiéndose en una necesidad existencial.”[13]

No sólo importamos alimentos: también importamos semillas, fertilizantes, maquinarias, tecnologías, know how. La oferta de estos bienes tiene un alto grado de concentración a nivel global en corporaciones transnacionales. En los últimos años, varias de estas corporaciones se han fusionado, incrementando el grado de concentración.[14] El grado de autonomía que tiene el Perú respecto a estos productos es sumamente reducido, y los esfuerzos en investigación científica y tecnológica en estos rubros es cercano a cero.

1. El acceso a los alimentos

En segundo lugar, el acceso a los mismos ¿puede acceder toda la población a los alimentos?

La principal razón del hambre es la pobreza. Ya antes de la pandemia una parte importante de la población no podía acceder a los alimentos necesarios para una vida sana. Son los llamados pobres extremos del campo y la ciudad. Esta categoría –pobre extremo- se define como aquella persona cuyos ingresos no cubren la compra de una canasta básica de alimentos. Antes de la pandemia, el 3.7% de la población calificaba como pobres extremos (aproximadamente 1 millón 202 mil personas). Este número debe de haber crecido sustancialmente en los últimos dos meses, seguirá incrementándose en los meses por venir: la CEPAL estima que en un escenario alto, la pobreza extrema podría llegar a ser el 5.1% de la población (1 millón 657 mil personas).[15] Según el INEI, se han perdido 1.2 millones de empleos en los últimos tres meses tan solo en Lima, principalmente afectando a trabajadores informales.[16] El mismo INEI realizó una encuesta en la primera semana de mayo en la que el 14% de hogares declaró no haber podido comprar alimentos proteicos –carnes, pescado, huevos- por carencia de medios económicos, y un 9% declaró lo mismo con relación a la adquisición de alimentos ricos en carbohidratos.[17]

Para el conjunto de la población, y a pesar de las mejoras en el orden alimentario ocurridas en los últimos años, todavía en el 2018 el déficit calórico estimado a nivel nacional era de 36.7%. Más grave era la situación en las áreas rurales, en donde este porcentaje sube a 44.8.[18]

Lo mismo debe estar ocurriendo con la desnutrición infantil. En los años de crecimiento económico, la tasa de desnutrición se redujo significativamente, de más del 30% el año 2000, al 28.0% en el 2007 a 12.2% en el 2018 (aunque con importantes diferencias regionales: 21.1% en sierra vs 7.3% en costa en el 2018).[19]   Pero es de esperar que esta tasa vuelva a aumentar con la reducción de la actividad productiva en el campo y la ciudad y, por tanto, de los ingresos familiares.

¿Qué ocurre con millones de niños cuyo acceso a una comida principal dependía de los programas de alimentación escolar? Puesto que ya no asisten a las escuelas, y aunque se están haciendo esfuerzos por llevarles los alimentos, varios miles no podrán acceder a ellos en los meses por delante. De todos modos, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma continuará con la distribución de alimentos, aunque no es claro cuál será su alcance: por un lado, la institución informó que este año se distribuirá alimentos a 4 millones de niños[20], pero el diario oficial El Peruano menciona que serán 3 millones.[21] La diferencia es lo suficientemente grande como para merecer una aclaración oficial.

Otro problema es el sistema de transporte de alimentos. En varias localidades rurales la población misma, temerosa de contraer la enfermedad, establece controles a la entrada de transportistas. Por otro lado, hay un mayor control oficial de los medios de transporte por razones sanitarias. Las dificultades de llevar mercancías de un lado a otro no sólo son un problema para abastecer los mercados urbanos, sino también para movilizar los insumos necesarios para la producción agropecuaria,  y trasladar a los propios productores, lo cual afectará sin duda, también, la producción de los alimentos y los ingresos de los productores.

El cierre temporal de los mercados por razones de salubridad es otro obstáculo para el acceso a los alimentos, pero básicamente para los sectores populares. Las clases medias acuden a los supermercados, que cumplen mejor los protocolos de salubridad, o reciben los alimentos a domicilio por servicios de delivery. El Minagri ha ido impulsando los mercados itinerantes como una alternativa temporal. Pero, según fuentes oficiales, “Están participando más de 5,000 productores con casi 5,000 toneladas de productos.”[22], cifras francamente irrisorias.

Desde los estudios realizados por Amartya Sen –premio nobel de Economía en 1998– sobre las causas de las hambrunas, sabemos que estas se deben no a la inexistencia de alimentos suficientes, sino a las desigualdades en los mecanismos de distribución de alimentos; por ejemplo, a la imposibilidad de comprarlos por falta de dinero.[23] Es por ello que la distribución de bonos dispuestos por el gobierno es de primera importancia, pero depende de cuánto tiempo más durará esta crisis al mismo tiempo sanitaria y económica. También la falta de información puede contribuir a que haya hambrunas. Hace unos pocos días una funcionaria de la Defensoría del Pueblo relataba que poblaciones nativas amazónicas, particularmente las no contactadas, son totalmente ignoradas por el gobierno nacional y también regionales, en parte porque no reciben información de la situación de estas poblaciones. En términos prácticos, son invisibles en el mapa de las instancias gubernamentales que deciden sobre las ayudas a la población.

Queda claro, pues, que los diferentes niveles de acceso a los alimentos tienen como primera causa las múltiples facetas de la desigualdad, que se reflejará de manera más diferenciada, cruel y dramática a medida que se prolongue la crisis sanitaria y económica.

1. El uso. ¿Cuán nutritivos son?

En tercer lugar, el uso de los alimentos, su calidad nutricional.

Una de las manifestaciones del déficit nutricional –en este caso de minerales- de un importante número de la población en el Perú es la muy alta incidencia de la anemia. La reducción de la anemia no ha seguido los pasos de la importante reducción de la desnutrición infantil. “La anemia infantil afectaba en 2017 al 43.6% de los niños y niñas de 6 a 36 meses de edad”[24], lo cual es calificado por la OPS como un problema de salud pública grave. En el 2019 logró disminuir a 40.1%.[25] En las zonas rurales alcanza el 53%; y algo más en los niños más pobres, tanto urbanos como rurales (quintil 1). En el departamento de Puno el 75.9% de los niños de 3 años o menos son anémicos, y más del 60% en los departamentos de Loreto y Pasco. Hay una indudable relación entre anemia y pobreza, pero también la hay entre la anemia y el desconocimiento de lo que es una alimentación saludable.[26] Pero aún en los quintiles más altos de ingreso, la incidencia de la anemia es elevada, lo que indica una dieta nutricionalmente deficiente, sobre todo en hierro. Es de esperar que con la reducción de los ingresos esta situación se vaya agravando.

Con la reducción de ingresos y la variación de los precios muchas personas modifican la composición de su dieta. La nueva dieta reduce no solo la cantidad sino también la calidad de los alimentos consumidos. La evolución de los precios de los alimentos densamente calóricos y pobres en micronutrientes tiende a bajar, mientras que, al contrario, la de los alimentos sanos tiende a aumentar, alejándose de las posibilidades de ser adquiridos por las poblaciones pobres.[27] El consumo regular de la llamada comida chatarra, rica en azúcar, sodio y grasas, conduce al sobrepeso y a la obesidad, y contribuye a la creación de otro problema de salud pública: la multiplicación de enfermedades crónicas no transmisibles: cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas. En el año 2018, el 23% de la población mayor de 15 años era obesa (por lo menos en 4 departamentos superaban el 30%), y el porcentaje se incrementa de año en año[28].

1. La estabilidad

El cuarto componente de la seguridad alimentaria es la estabilidad, es decir, el que no haya baches y vacíos en la disponibilidad de alimentos (desastres naturales, sociales o sanitarios), ni en su acceso (reducción de cosechas por causas naturales o socioeconómicas, elevación de los precios…), ni en su calidad nutritiva.

Precisamente este componente de la seguridad alimentaria es el más obviamente impactado por la pandemia pues, como hemos visto, hay incertidumbre sobre la disponibilidad de alimentos y sobre la capacidad de importantes sectores de la población de acceder a los mismos. Se viene a agregar, además, la inestabilidad causada por los efectos del cambio climático sobre el rendimiento de los cultivos, la disponibilidad del agua y la evolución de pestes y enfermedades, todo lo cual contribuye a presionar la elevación de los precios.

Esta inestabilidad se encuentra agravada por la falta de una institucionalidad que asegure que los componentes de la seguridad alimentaria mencionados sean incorporados a las políticas de Estado. Por poner un ejemplo: el proyecto de ley de seguridad alimentaria, cuyo objetivo era la instalación de una arquitectura institucional en los tres niveles de gobierno, fue aprobado por el Congreso en noviembre del 2015 y luego, a las pocas semanas, terminó archivado por el mismo Congreso; es improbable que el Congreso actual lo actualice. La misma Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, supuestamente vigente hasta el año 2021, apenas si se ha implementado. No hay una política de Estado para asegurar la seguridad alimentaria con una visión de mediano y largo plazo. El gobierno nacional no ejerce ningún liderazgo que oriente realmente a los gobiernos regionales y municipales. La única política de Estado orientada a la actividad agropecuaria desde la década de 1990 es, como ya se mencionó, la promoción y el apoyo a la moderna agroindustria exportadora.

En síntesis…

Hay una amenaza real de que la seguridad alimentaria del país en su conjunto se vea seriamente afectada por la pandemia, de que en algún momento no haya alimentos suficientes, que vastos sectores de la población no puedan adquirirlos, y que se reduzca la calidad de la dieta. Cuánto más se prolongue la crisis pandémica en el Perú y el mundo la situación será más grave, en particular para los sectores poblacionales con menos ingresos y oportunidades.

La actual situación permite apreciar que las políticas agrarias que se han seguido por décadas en el Perú son inadecuadas para las necesidades del país. Es ineludible un cambio de prioridades. No puede continuar el privilegio de la gran empresa agroexportadora en desmedro del apoyo a la agricultura familiar, que abastece el mercado interno. En el actual contexto de la pandemia el gobierno podría exigir a estas grandes empresas que destinen un porcentaje del cuarto de millón de hectáreas con riego, o más, que poseen, a la producción de alimentos para el país. En una perspectiva de mediano plazo, el país debe reducir la dependencia de las importaciones, sin pretender, claro está, una imposible e inconveniente autarquía. Finalmente, el país no puede continuar con un modelo económico que crea poco empleo y profundiza las desigualdades.

[1] Presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

[2] “Seguridad alimentaria bajo la pandemia de COVID-19”. FAO y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (2020). https://bit.ly/36vAN8k

[3] Según la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de 1996, “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. A este respecto, es necesaria una acción concertada a todos los niveles.”. https://bit.ly/3gaJKsi

[4] Diario Gestión, 17 de mayo 2020. https://bit.ly/368zv2Y

[5] Minagri. Sistema de información de Abastecimiento y Precios (SISAP). 03 de junio 2020.

[6] Citado en los considerandos del Decreto de Urgencia 041-2020.

[7] Por ejemplo, lo mismo ocurrió en Arequipa, según informa el diario El Pueblo. https://bit.ly/36fcRGe

[8] Salazar, Elizabeth (15 noviembre 2019). “La poderosa industria que sirve la mesa en Perú”.  OjoPúblico. https://bit.ly/2TOAoci

[9] Minagri. Comercialización de aves en Lima Metropolitana y el Callao.  P. 13 https://bit.ly/2TNYnrR

[10] Un estudio realizado por el IICA en 1975, ya alertaba sobre “una riesgosa dependencia para el abastecimiento” de los cereales necesarios para la pujante industria avícola. IICA (noviembre 1975). Análisis de situación de la agroindustria en el Perú. (P.174) Después de 45 años, la situación no ha cambiado.

[11] La mayor parte de las proteínas provenientes del pescado es exportada en forma de harina para alimento de ganado, siendo China el principal comprador.

[12] The Economist. “The world’s food system has so far weathered the challenge of covid-19”. May 9th 2020 edition. https://econ.st/3616kyS

[13] Minagri. “Reporte coyuntural del comercio exterior agrario. El coronavirus y la puesta en valor de agricultores y ganaderos”. Comercio Exterior Agrario. 28 de abril 2020.  https://bit.ly/2ADkt9I

[14] Cuatro corporaciones controlan el 67% de la oferta global de semillas; también cuatro corporaciones concentran el 70% de la producción de agroquímicos. ETC Group (2018). Blocking the chain. Industrial food chain concentration. https://bit.ly/2zCJx0s 

[15] CEPAL. Informe especial Covid-19, N° 3, 12 de mayo 2020. https://bit.ly/3cPuU8H

[16] Diario El Comercio, 21 de mayo 2020.

[17] INEI. Citado por Eduardo Zegarra. “De la pandemia a la crisis de alimentos en Perú”. 25 de mayo. https://bit.ly/2BcK2ih

[18] INEI-ENAHO (junio 2018). Condiciones de vida en el Perú. Trimestre: enero-febrero-marzo 2018. Cuadro 3.3. P. 8. https://bit.ly/2XayLYo

[19] OMS/OPS. Perú. Sala de Información y Análisis en Salud, https://bit.ly/36i1a1y

[20] Midis. “Qali Warma brindará servicio alimentario a escolares durante todo el año”. 14 de mayo 2020.

 https://bit.ly/308i8yw

[21] Diario oficial El Peruano.  “Desde mañana Qali Warma distribuirá sus productos almacenados a los padres de familia”. 4 de junio  https://bit.ly/2Y4IoY1

[22] Minagri. “Diálogo sobre desarrollo rural, seguridad alimentaria y agricultura familiar en el contexto de la pandemia”. Presentación PP de la viceministra de Políticas Agrarias, Paula Rosa Carrión Tello. Mayo 18, 2020.

[23]  Amartya Sen (1981) Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation (Pobreza y hambruna: Un ensayo sobre el derecho y la privación ). Oxford University Press.

[24] Minsa (abril 2017).  Documento técnico Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil 2017-2021. http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4189.pdf

[25] Andina. Febrero 2019. https://bit.ly/36jbLcH

[26] Gobierno del Perú (2018). Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia.

[27]  FAO (2019). Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. https://bit.ly/2ze0Wfs. P. 65.

[28] OMS/OPS. Perú. Sala de Información y Análisis en Salud. https://bit.ly/3bT6PfI

¿El verdadero petróleo está en el agro?" El agroextractivismo como amenaza para la
Soberanía Alimentaria

Tamara Artacker

La frase “El verdadero petróleo está en el agro” del ministro de agricultura Xavier Lazo (abril 2020) parece convertirse en el nuevo slogan de su periodo en el MAG – es repetido una y otra vez, en ruedas de prensa, en afiches del Ministerio y en videos publicitarios que circulan en las redes sociales.[1]

Especialmente en esta época de pandemia, en la que el Ministerio ha sido cuestionado por mostrar poca acción y presencia en los territorios rurales, campesinos e indígenas, este slogan debe llamarnos la atención por sus múltiples connotaciones, y debe levantar alertas sobre sus posibles implicaciones para el sector agrario.

En primer lugar, ¿cómo podríamos interpretar la comparación de la agricultura con el petróleo?

Conocemos los impactos económicos, sociales y ambientales que implica basar la estructura productiva del país y el presupuesto estatal en la explotación del crudo en la Amazonía. Incontables veces se ha señalado la “maldición de la abundancia”[2] el peligro que se encuentra en la generación de una economía rentista, dependiente de un commodity que se comercializa en el mercado global y en las promesas de “desarrollo” vía extractivismo, quiere decir, a través de la explotación y exportación de recursos naturales renovables y no renovables.

La caída drástica del petróleo en el mes de abril de este año[3] nos mostró, nuevamente, la fragilidad de un modelo económico que depende en gran parte de un solo producto primario para la exportación. Como resultado de esto, vemos en estos días cómo los recortes presupuestarios, debido a la baja del precio del petróleo, afectan sobre todo los gastos sociales.

A nivel de los impactos socioambientales, incluso en la actual situación de excepción, todxs nos enteramos de los derrames de petróleo en el río Coca generados por la ruptura de los oleoductos en abril de este año[4]. Lo que tal vez no todxs tenemos tan presente son los impactos a largo plazo que estos derrames significan para las comunidades locales: la contaminación de sus fuentes de agua, la pérdida de sus suelos productivos por la misma contaminación, los altos índices de cáncer en zonas petroleras. Aunque se arregle el oleoducto y vuelva a fluir el crudo, esto no significa que desaparece el petróleo derramado de ríos, suelos y cuerpos.

Ahora bien, frente a la crisis de los precios del crudo, el nuevo slogan del Ministerio de Agricultura (MAG), invita a imaginar un giro, donde la principal fuente de ingresos del país no sea más el petróleo, sino la agricultura.

En este contexto hay que tomar en cuenta, que el mismo MAG anunció en febrero, en sus seis ejes de la “política agropecuaria 2020-2030”[5] que fomentará las agroexportaciones y la apertura de nuevos mercados, de la mano con una mejora de la competitividad y productividad en el campo. Esto lleva a que el slogan del Ministerio sea interpretado como propuesta de acentuar la agroexportación como sustituto de las exportaciones petroleras que se hicieron poco rentables en este escenario de caída de precios.

Pero encontramos más noticias que refuerzan esta interpretación como la reciente aprobación del acuerdo comercial con la EFTA (European Free Trade Association – Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islanda), relación comercial que para Ecuador se basa en la exportación de materias primas como banano, cacao, oro, camarón y rosas; o también los acercamientos al gobierno estadounidense con el objetivo de lograr integrar nuevos productos agropecuarios al sistema de preferencias arancelarias.

Sin embargo, debemos señalar las paralelas que existen entre la explotación agraria, en grandes monocultivos para la exportación, y la extracción de petróleo. Los dos tienen altos impactos sociales y ambientales a nivel local, los dos se basan en una comprensión de la naturaleza como fuente de recursos con valor económico listos a explotar, los dos no toman en cuenta las “externalidades”, los costos no monetarios (sociales y ambientales) que quedan invisibilizados en todo el proceso de extracción y comercialización, los dos se guían según los requerimientos del mercado global, los dos dependen de los precios internacionales, los dos son manejados por grandes grupos económicos o empresas transnacionales. Finalmente, los dos ponen la ganancia por encima de la vida. Por todos estos aspectos en común, se habla de agroextractivismo en paralelo al extractivismo petrolero o minero.

Entonces, ¿qué significa la profundización del agroextractivismo para el sector rural, especialmente frente al panorama de la crisis que se avecina?

Aumentar la producción agraria para la exportación, implica, en primer lugar, una creciente presión sobre el campo. La tierra productiva en el país y también en el mundo es limitada. Los seres humanos actualmente ya estamos ocupando prácticamente toda la superficie de la que se puede sacar uso, y la destinamos principalmente a pastos, forestales, agricultura y, en menor medida, a vivienda.

Para aumentar la superficie dedicada a ciertos rubros agroexportadores, por lo tanto, sólo existen dos vías: o desplazar otros usos del suelo (como los cultivos de alimentos y la ganadería), o deforestar los bosques primarios, lo que conlleva impactos ambientales fatales como mostraron los extensos incendios en la Amazonía en 2019.

En cambio, para aumentar la producción sin aumentar la superficie para estos rubros, se aplica la intensificación de la producción. Debido al enfoque hacia las ganancias a corto plazo, esta se basa en una sobreexplotación de los suelos que lleva a su degradación.

Tanto la intensificación como la expansión del agroextractivismo trae consigo un aumento en el uso de los agroquímicos, que, por su parte, son elaborados con petróleo, lo que nuevamente intensifica la dependencia de este recurso no renovable, sin mencionar sus impactos en la biodiversidad, los suelos, el agua y la salud.

Pero la presión sobre el campo también está relacionada directamente con la situación de lxs pequeñxs productores. En las cadenas agroproductivas de los rubros dirigidos a la exportación –principalmente el banano, el cacao y la palma africana– ellxs cumplen un rol importante en la producción, pero no son lxs que se llevan las ganancias. Muchas veces venden sus productos al límite del costo de producción. No logran competir con los precios más bajos de lxs productores grandes, las empresas agropecuarias, y se endeudan cada vez más y van perdiendo sus tierras. Vemos como consecuencia que, por ejemplo, en el banano hay cada vez menos productores pequeñxs, mientras que la superficie de lxs grandes productores aumenta.

Así, el fomento del agroextractivismo favorece la reconcentración de la tierra y desplaza a la agricultura familiar campesina. Por otro lado, cuando lxs pequeñxs productores son insertadxs en las cadenas agroexportadoras, dedicando su tierra a los monocultivos para la exportación, pierden su autonomía, sus semillas nativas, su subsistencia y con eso, su resiliencia frente a momentos de crisis.

Además, esta idea del fomento de las agroexportaciones se promueve en un momento, en el que el mundo vive una fase de “desglobalización”[6], de cierres de fronteras y mercados, de reducción de los flujos comerciales a nivel global, un momento en el que muchos países buscan caminos nacionalistas, mirando hacia dentro. En un momento, además, en el que muchxs nos planteamos que no podremos seguir produciendo, consumiendo y viviendo como lo veníamos haciendo porque nos lleva a una crisis socioambiental.

Aplicar entonces en este momento una estrategia de seguir el mismo rumbo extractivista, sustituyendo únicamente un rubro primario por otro, el petróleo por los productos agrícolas, significa no haber aprendido nada de los impactos que generó la dependencia, el tambaleo del presupuesto estatal frente a la caída del precio del petróleo, los despidos masivos en los sectores agroexportadores, la falta de ingresos de lxs pequeñxs productores insertadxs en las cadenas agroindustriales.

Y, lo que debería alertarnos a todxs, es que la profundización del agroextractivismo significa una amenaza real a la Soberanía Alimentaria. Significa que las decisiones sobre el uso del suelo ecuatoriano se tomen según los requerimientos del mercado global, no según las necesidades sociales, alimentarias y ambientales en el país. Significa que se perderá más superficie para la producción de alimentos para el mercado local, mientras que se prioriza la producción de commodities. Significa también, que desde la política pública se intentará acelerar aún más la inserción de pequeñxs productores a las cadenas agroindustriales, generando la pérdida de su autonomía y llevándolos al endeudamiento, bajo promesas de “desarrollo” y mayores ganancias.

Frente a este panorama de amenaza a la Soberanía Alimentaria nos preguntamos por el real objetivo de la política pública agropecuaria y por los intereses a los que responde. Con el slogan “El verdadero petróleo está en el agro” se profundizan las dudas sobre la valorización de la agricultura familiar campesina, indígena y comunitaria porque aunque se les denomine como “héroes” no existe una política real para ellxs. Todo apunta a la profundización del agroextractivismo que, al contrario de lo planteado desde la política pública, no ayuda a disminuir la pobreza rural, sino que más bien agrava los problemas sociales y ambientales ya existentes en el campo y en la estructura económica productiva del país: la dependencia, la concentración de la tierra, el desplazamiento de lxs campesinxs, la desvalorización de la producción local y, el deterioro ambiental.

Sin embargo, la situación de emergencia del Covid-19 demuestra la resiliencia de la agricultura familiar que a pesar del abandono desde la política pública asegura la alimentación de la población, que se organiza de manera autónoma para entregar canastas de alimentos frescos, que cuida la biodiversidad y los suelos, que es el sustento de una nutrición sana, que sigue produciendo sin importar los vaivenes en los mercados internacionales. Esto debería mostrar al Ministerio la necesidad de un cambio de rumbo, y llevar a la comprensión de que el verdadero valor se encuentra en la Soberanía Alimentaria.

*Tamara Artacker es parte del Observatorio del Cambio Rural, OCARU, y este artículo tambien se encuentra disponible en su página web https://ocaru.org.ec/index.php/coyuntura/articulos/item/10058-el-verdadero-petroleo-esta-en-el-agro-el-agroextractivismo-como-amenaza-para-la-soberania-alimentaria 

[1] ‑ Véase, por ejemplo: http://www.ecuadorenvivo.com/economia/85-sp-651/120852-lazo-el-verdadero-petroleo-esta-en-el-campo-agropecuario.html -Después de la caída drástica del precio del petróleo en abril 2020 el Ministerio de Agricultura publicó la frase como cita del ministro, acompañado por la frase: “Hoy esto deja de ser una frase y se torna en una realidad que debemos trabajar juntos como país.”

[2]  Acosta, Alberto (2009): La maldición de la abundancia. Quito: Abya Yala.

[3] El precio del petróleo WTI que comercializa el Ecuador cayó de 61 dólares por barril a inicios del año 2020 a una cotización temporalmente incluso negativa el 20 de abril de 2020. Actualmente, a inicios de mayo, el precio por barril se encuentra alrededor de los 20 dólares

[4] Véase https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/09/danos-en-oleoductos-de-ecuador-ocasionan-derrame-de-crudo-en-rio-amazonico

[5] Véase https://ocaru.org.ec/index.php/comunicamos/noticias/item/9770-ministerio-de-agricultura-presenta-un-plan-para-2020-2030-lleno-de-vacios

[6] Véase https://www.lavanguardia.com/economia/20200423/48678195571/coronavirus-acelerando-proceso-desglobalizacion-brl.html

Una enseñanza de la crisis: Urgencia de estrategia pos – petrolera para el futuro del Ecuador

Por: Francisco Hidalgo Flor[1]

La crisis sanitaria ha devenido en crisis humanitaria, con punto de origen en China a fines de diciembre y rápidamente expandida a nivel global, por la acelerada difusión del Covid 19, incrementada por la interconexión mundial, la aguda urbanización planetaria, la debilidad de los sistemas públicos de salud, aquejados por décadas de políticas neoliberales, y menospreciada por estrechas élites gobernantes (los Trump y Bolsonaro), hoy pone en cuestión si el mundo construido es capaz o no de proteger la vida de sus habitantes.

Crisis humanitaria pues a la crisis sanitaria se ha juntado una crisis laboral, millones de desempleados en los países centrales al igual que en los periféricos, la crisis alimentaria, regiones y pueblos que no pueden acceder a alimentos, y una crisis de gobernanza global: cada potencia intenta salvarse por su lado a costa del resto del planeta: he ahí a Trump jaqueando a la debilitada Organización Mundial de la Salud.

Una de esas repercusiones es la crisis petrolera: el hidrocarburo ya no garantiza al patrón de acumulación predominante y este empieza a crujir.

Este acontecimiento es gravitante para países como el Ecuador, con largo historial de rentismo petrolero (durante casi cinco décadas hemos exportado petróleo crudo e importado derivados), pues los pone en condición tambaleante.

El rentismo petrolero ha tenido en estos días, en especial el 20 de abril, un colapso drástico, ese día el precio del hidrocarburo, en los mercados internacionales, fue de – 37 (menos 37): los tenedores de petróleo pagaban para que se lo llevaran.

De hecho, antes que se expandiera la pandemia a nivel global, a mediados de marzo, ya el precio descendió en precios por debajo de los treinta dólares, por una sobreoferta desde Rusia y Arabia Saudita.

Días después, al iniciar el mes de mayo, va dando tumbos en una franja entre los diez y veinte dólares. Pero no es solo colapso en el precio del petróleo, este puede variar, pero probablemente este año no llegará a lo previsto en el presupuesto nacional (de sesenta dólares).

Es el derrumbe de la estrategia rentista petrolera: explotación del hidrocarburo y especulación en los mercados de futuro, a costa de la incesante e imparable destrucción de la naturaleza.

Esto obliga a diseñar un cambio profundo en la economía y modelo de desarrollo del presente y futuro del Ecuador, e igual a otros países aquejados por la petro – dependencia en Latinoamérica.

Carece de sentido, en el marco de esta crisis humanitaria, mantener la explotación petrolera y el extractivismo como ejes de la economía de cualquier país en el mundo, pues es evidente que su evolución profundiza el deterioro ambiental global, la destrucción de ecosistemas.

Esto es aún más cierto para países como el Ecuador, una nación con importantes diversidades sociales, étnicas, biológicas, ecosistémicas, donde el horizonte debe ser mantener y acrecentar esas diversidades, no aniquilarlas.

En la pasada crisis que atravesó el Ecuador en el año 1999, a la cual nos vamos asemejando, ya se planteó la urgencia de pensar estrategias pos – petroleras, tanto por la limitación en reservas que posee el país, como por las repercusiones ambientales y humanas. Ya entonces era necesario dejar atrás el rentismo petrolero.

Por eso surgieron propuestas que sorprendieron al mundo por su innovación, como la iniciativa Yasuní, dejar bajo tierra las reservas petroleras ubicadas en esta región de la amazonia, de alta biodiversidad.

Pero fue torpedeada desde una cúpula gobernante desarrollista, obnubilada por el incremento momentáneo en el precio de las materias primas (fase de commodities) y la voracidad por millonarios contratos de megaobras con sobreprecio.

Ahora en el 2020, cuando se debate sobre vías para enfrentar la crisis, es crucial en las miradas estratégicas para el Ecuador volver a colocar propuestas pos – petroleras como fundamento en las propuestas hacia dentro y hacia afuera del país. Sería muy grave cerrar los ojos y persistir por el sendero extractivista.

LA MONTAÑA RUSA DEL RENTISMO PETROLERO

El rentismo petrolero ha sido la columna vertebral del patrón de acumulación primario – exportador desde mediados de los años 70 del siglo XX hasta la actualidad, sus vaivenes han sido incesantes, las épocas de prosperidad han estado marcadas por los incrementos de precio y las épocas de desgracia por el derrumbe de la cotización de los hidrocarburos.

Los intentos por la industrialización siempre fueron débiles, esfuerzos nacionalistas boicoteados por las administraciones estatales ávidas de ganancias inmediatas, incluidas las de la década anterior, y la presión de transnacionales, incluidas las chinas.

Es pertinente presentar al lector la información sobre evolución de las exportaciones ecuatorianas en los últimos veinte años, veamos el siguiente gráfico, elaborado[2] sobre base de datos del Banco Central[3].

Gráfico No.1: Evoluciones de exportaciones ecuatorianas 2002 – 2019

(en miles de dólares Fob)

Analicemos la evolución desde inicios del siglo XXI para acá de las principales exportaciones que tiene el país: petróleo crudo, productos primarios sin petróleo, industrializados.

La línea  de la evolución de las exportaciones de petróleo crudo se asemeja a una montaña rusa con caídas graves en los años 2002, 2009, 2015 y elevaciones notables en 2008, 2013 – 2014 (el mejor año es 2013 con exportaciones por un monto de 13.400 millones); para el 2019 las exportaciones de petróleo crudo cayeron y apenas alcanzan a 7.000 millones de dólares (casi la mitad de su mejor momento);  superado por la línea del valor de las exportaciones de primarios no petroleros (camarón, banano, flores) que llegó a 9.120 millones de dólares (este fue su mejor año, seguido por el registro del 2018 con 9.100 millones). Cabe señalar la línea de la evolución de las exportaciones de industrializados (derivados de petróleo, elaborados productos del mar, manufacturas de metales) se mantiene constante (su mejor año fue en 2012 con 5.400 millones) ahora se mantienen en tercer lugar con 4.100 millones de dólares.

Para este 2020 es muy previsible la debacle de las exportaciones petroleras, pero también caerán las de primarios e industrializados, probablemente volvamos a niveles de quince años atrás. El conjunto del patrón primario – exportador cruje por todos sus costados.

Añadamos la complicación que deviene de la dolarización, por lo tanto un país carente de política monetaria.

Es hora de romper la continuidad que arrastramos desde fines del siglo XIX, de boom cacaotero a boom bananero luego a boom petrolero. Es un espejismo apostar a un supuesto boom minero por venir. Sería el peor error estratégico del Ecuador.

Es imprescindible volver a pensar en un Ecuador pos – petrolero y pos – extractivista.

El país demanda verdaderas estrategias de política pública, no remiendos de coyuntura, dar un giro y colocar en otros andariveles las dinámicas de la producción, del trabajo, de la alimentación, de la preservación ambiental, que a la par generen equidad e inclusión.

Pensamos en andariveles de una sustentabilidad productiva aliada con el trabajo y con la naturaleza, de una alianza entre el campo y la ciudad, de una descentralización y desconcentración que potencie zonas internas. Hablamos de transformar la relación entre mercados locales y nacional, la necesidad de una articulación entre producción regional y producción nacional, modelo de industrialización ligada a la generación de empleo, modelo de agricultura ligada a la alimentación de los sectores populares, alimentos sanos y frescos, potenciar a territorios indígenas, montuvios, afrodescendientes, que contengan a la población a nivel de parroquia, de cantón, de provincia, disminuir los rangos de la emigración.

De allí que un pilar de la estrategia pos – petrolera es colocar a las agriculturas familiares y campesinas en un rol clave de la reproducción de la vida, redistribuir tierras, agua y mercados, garantizar el acceso y tenencia de pequeños y medianos productores. Que a los sin tierra, que a las mujeres y jóvenes rurales, se les abra nuevas opciones para sostener las agriculturas en las provincias del interior. Podría ser una de las claves.

[1] Profesor de Sociología del Desarrollo en la Universidad Central del Ecuador, investigador de Sipae.

[2] Elaboración: Sipae, agradezco el apoyo de María Quizphe y Eliana Anangonó para la recolección de datos y elaboración del gráfico.

[3] Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador; consultar en: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Anuario/Anuario32/IndiceAnuario37.htm

Jhaquelin Dávalos E. y Juan Camilo Forero A.

Jhaquelin Dávalos (Bolivia), es pedagoga y realizadora audiovisual, coordina Interaprendizaje, el área de formación del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica y Juan Camilo Forero (Colombia) es docente en la Secretaría de Educación en el Departamento de Cundinamarca. Ambos tienen maestría en Diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje, emitida por el Centro de Cooperación para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe.

La pandemia provocada por el virus COVID-19 ha representado un giro importante para la historia de la educación virtual por las medidas de distanciamiento social y  la disposición de cuarentenas a nivel global.  Esto ha obligado a muchos docentes y ministerios de educación de la región a sostener la continuidad educativa a través de la educación virtual y a distancia. ¿Cuál es el alcance de estas medidas educativas considerando que la mayor parte de la población sudamericana, se ubica en el sector rural y las dificultades de conectividad son bastante graves?

Políticas de educación virtual y a distancia en regiones con alerta sanitaria

El monitoreo de la UNESCO, “La educación en América Latina y el Caribe ante el COVID-19”, ha sido útil para hacer un análisis comparativo de los procesos de virtualización de la educación en la región, en diez país de habla hispana y portuguesa.

a. Plataformas virtuales y contenido digital

Después de explorar páginas webs de los ministerios de educación de la región debemos distinguir a los países que han logrado continuidad educativa desde entornos virtuales de aprendizaje (Uruguay, Chile y Argentina), y los países que trabajan con contenidos digitales que suben a un sitio web (Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Bolivia), o que en su defecto, están en el proceso de consolidar sus plataformas y entornos virtuales de aprendizaje.

Un aspecto determinante para una mejor reacción a los entornos virtuales o a los contenidos digitales es la disponibilidad de electricidad y dispositivos tecnológicos y el acceso y conectividad a internet. Con mejores respuestas a estas medidas virtuales está Uruguay, país que garantizó la infraestructura tecnológica, con la entrega de tablets a 85% de la población estudiantil y su cobertura de internet. De hecho, Uruguay tiene 45% de cobertura de internet en zonas rurales frente a 10% de cobertura en Colombia y 6% de Bolivia.

Gobiernos como Uruguay, Paraguay y Perú, han liberado datos para el acceso a las plataformas educativas oficiales, en acuerdo con empresas telefónicas; sin embargo, se libera el consumo de datos por lo general para descargar archivos de texto, y no así, para reproducir el material audiovisual, que los ministerios o canales de televisión tienen alojados en YouTube. Se trata de medidas paliativas para resolver las dificultades para lograr la universalización acceso y conectividad a internet.

b. Cuadernillos, televisión y radio   

Argentina y Chile han impreso cuadernillos y guías de trabajo, para distribuir en escuelas de áreas rurales y población urbana sin acceso a internet. Ambos países, también, han dispuesto guías y textos oficiales para descargar libremente. Chile cuenta con una biblioteca muy bien actualizada para consultar en línea, de uso exclusivo para estudiantes y docentes.

Los países que han recurrido a la televisión y radios nacionales para acompañar sus planes y programas de educación, en tiempos de cuarentena son Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil, en algunos estados, bajo una metodología de retransmisión de los audios sacados de videos. También se ha visto la reutilización de materiales de educación radial de iniciativas no estatales, que han trabajado desde un pensamiento radial. Se destaca las cartillas radiales de la Acción Cultural Popular – ACPO de Colombia o El Maestro en Casa del Instituto Radiofónico Fe y Alegría – IRFA de Bolivia.

c. Experiencias por sistematizar

Suele criticarse a los docentes por un temor infundado a la tecnología, y por satanizar los recursos digitales; y además, a los jóvenes, por su falta de control emocional ante la gran cantidad de información. Sin embargo, escuchar innovaciones digitales docentes como las de Britzna Jerez (nivel inicial) y Luis Gómez (idioma aymara), resulta importante. Igualmente, para ilustrar esto de mejor forma, compartimos una entrevista realizada a una joven guaraní en el chaco boliviano.

“Primero, el director y los profesores se reunieron para plantear una manera de  mandar las tareas  por WhatsApp e hicieron grupos de padres de familia para preguntarles si estaban de acuerdo. De esta manera, estamos haciendo las tareas de las diferentes asignaturas.

En mi curso hicieron grupo de padres y madres de familia, y de nosotros. Envían las tareas a los padres  y a los  alumnos, a los padres le envían también porque no todos los alumnos tienen teléfono.

Esto me parece bueno porque como pueden imaginar, en el colegio llevamos varias materias y hacemos varias horas de clases, y la idea es  que no nos retrasemos cuando volvamos a clases. Ahora, el problema es que en otros lugares no hay señal o a veces cuesta conseguir dinero para nuestras megas, en mi caso, yo lo consigo lavando ropa.

Hay diferencias entre la educación por WhatsApp y las clases. No es lo mismo, un teléfono no te va explicar como te explica un maestro. Para mí, es mejor un maestro porque te explica su experiencia, te ayuda a mejorar tu personalidad, te da consejos, te corrige, y sobretodo, te ayuda superarte.

Aquí en Timboycito, no hay radio, no llega la señal, mayormente no se utiliza la radio. En el pueblo sí hay radio. Hay la “Radio Tembipe, la Voz del sur”; pero, ya casi no se utiliza la radio porque la tecnología avanza.

En este tiempo, estoy aprendiendo que mi familia es importante, que la tecnología es un medio que nos facilita a acceder a informaciones actuales, para  mejorar. También, en esta época he ayudado a mi papá en su trabajo con la apicultura y he aprendido que la miel es buena para el consumo. Casi nunca lo he acompañado, pero me di cuenta que es una experiencia muy increíble, se aprende cosas muy lindas, aprendes cómo se produce la miel. Estoy muy orgullosa del trabajo que hace mi padre” (Daveida Isavot  Cuitira Rojas, 4to de secundaria, 14 años, Macharetí, Chuquisaca, Bolivia).

Conclusiones

• La cuarentena por la pandemia Covid-19 ha obligado a los sistemas educativos de los países a avanzar en la virtualización de la educación, con muchas dificultades, alguna más que otra. Es preciso estudiar estos procesos a nivel de las políticas oficiales, innovaciones docentes y la de la comunidad de estudiantes, principalmente del área rural.
• La UNESCO estableció que 91,3% de la población estudiantil mundial está afectada por la suspensión de clases ante el Covid-19. La afectación a nivel de la población rural estudiantil, a nivel mundial y por país, es desconocida. Conviene gestionar un mapa de acceso a internet diferenciando el área rural, e involucrar a maestros y estudiantes rurales en el seguimiento de la agenda digital, global (ODS 9, Meta 9.c), nacional y local.
• Las políticas de aprendizaje virtual todavía se enfocan en la apropiación de herramientas digitales. Se debe trabajar en marcos normativos para virtualizar la educación de forma integral. Hasta ahora, los debates sobre la presión del capital en los sistemas de educación virtual, la universalización de la conectividad, la seguridad de datos o los temas de la economía de las telecomunicaciones son temas que están quedando desconectados de estas políticas.
• El presupuesto destinado a educación virtual es crucial para cualquier proceso de reforma educativa, extensión de educación, inclusión y emergencia sanitaria, pues como se está conociendo, se requiere garantizar la infraestructura tecnológica, e impulsar la formación desde enfoques críticos y humanos, que coadyuven a la producción de contenidos, la reducción de costos de acceso a internet, entre otros temas.
• Frente a la inevitable virtualización de la educación es importante mantener el equilibrio entre la vida en línea y fuera de ella. En esta cuarentena, muchos niños y niñas del área rural, a pesar las dificultades, se han conectado con el aprendizaje a través del aprendizaje del trabajo agrícola y pecuario, actividades manuales, actividades de recreación y descanso, que igualmente enriquecen la vida personal y el conocimiento.

*Este artículo es una introducción al ensayo que lleva el mismo nombre: “Virtualización de la educación en Sudamérica frente a la pandemia Covid-19”, que explora las medidas asumidas en diez países de la región (hasta el 3 de mayo de 2020) La sección anexos del ensayo aporta enlaces a plataformas virtuales y material transmedia, útil para autoridades, docentes, estudiantes, familias, comunidades, profesionales en comunicación y cine, literatura, informática, entre algunos.