Ecuador, elecciones nacionales 2021: ¿Recetas distintas y proyectos
similares para el agro?

Valeria Recalde-Vela

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales llega a un poco más de un año de la pandemia, por un lado, imponiendo grandes desafíos con los cambios en la institucionalidad que se avecinan y para la sociedad civil organizada que deberá articular nuevas estrategias. Por otro lado, las elecciones también llegan generando incertidumbre y expectativa para los sectores campesinos, que, si bien siempre han reclamado para que los gobiernos paguen la deuda histórica con el campo y la soberanía alimentaria, en estos momentos necesitan de política inmediata para salir de la crisis profundizada por la covid-19.

La pandemia demostró que la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI) alimenta al país, sin embargo, nunca ha existido política diferenciada a favor de ésta. De hecho, el poco presupuesto agrícola se ha destinado en su mayoría para la agroindustria y las élites agroalimentarias, que son de los pocos sectores privilegiados que crecieron durante la pandemia incrementando sus ventas en 12% comparado con 2019 (CAMAE, 2021). La pandemia también nos ha demostrado que estamos viviendo una crisis de los cuidados en el campo: las mujeres rurales son quienes cuidan de los suelos, animales, páramos, semillas, biodiversidad, producen alimentos, realizan labores del hogar, han cuidado de los enfermos, se han encargado de la educación en casa y además han desplegado varias estrategias para mantener las economías familiares a flote. Ellas tienen la carga laboral no remunerada más alta en el país.

Desde este contexto, interpelamos a los planes para la ruralidad de los dos candidatos. Las organizaciones del campo necesitan a corto plazo:  un plan de vacunación para el campo, acceso a crédito blando para la reactivación de las economías y a mediano y largo plazo política diferenciada para la AFCI que fortalezca sus canales de comercialización, la redistribución de los trabajos de cuidado y la redistribución equitativa de recursos productivos como la tierra y el agua (Daza 2021). Los y las campesinas además manifestaron con claridad que el encadenamiento productivo de la AFCI al complejo de producción agroindustrial no es una vía de desarrollo, con el rotundo rechazo al proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario por parte de organizaciones campesinas, indígenas, gremios y otros sectores sociales (Carta Abierta, 2021). 

El programa para la ruralidad que necesita el país es aquella propuesta que transforme el régimen agroalimentario desde la soberanía alimentaria, que logre redistribuir los recursos productivos, que sea justo con quienes sostienen el cuidado, quienes producen y consumen alimentos, que construya modelos productivos que cuidan de la naturaleza como la agroecología, priorice el derecho a la alimentación y nutrición adecuada por sobre la agroexportación; un régimen agroalimentario donde los y las campesinas puedan participar en la creación y ejecución de políticas públicas que les afectan. Tras el cierre de una tercera vía que planteaba Yaku Pérez, en esta segunda vuelta electoral nos enfrentamos cara a cara con la recurrente polarización Estado-mercado que reproducen los candidatos Arauz desde el autodenominado progresismo y Lasso desde la derecha neoliberal.                                                                                                                                                                                      

Parto desde las expectativas más generales que se han colocado sobre los dos candidatos. Por un lado, Andrés Arauz como representante de la “izquierda”, a nivel internacional se percibe como el único capaz de ofrecer un camino transformador, “procediendo de la creencia de un futuro poscapitalista y una sociedad alternativa […] orientada a satisfacer las necesidades reales de las poblaciones […]” (Sousa Santos, 2021). Sin embargo, los movimientos sociales en el país advierten el regreso de la expansión de un Estado autoritario financiado a través de la acumulación capitalista (neoextractivismo) con fines a menudo redistributivos. Por otro lado, Lasso, representante natural de las élites financieras del país genera expectativas igualmente de acumulación capitalista a través de la privatización, poca interferencia del Estado, precarización laboral en función de la competitividad y recetas de mercado para la reducción de la pobreza.

No obstante, haciendo un balance general, los dos candidatos tienen propuestas muy similares, aunque con pequeñas variaciones, en torno a servicios para mejorar la calidad de vida en las áreas rurales: centros de salud rural, internet para el campo, atención a la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), inversión en vialidad en coordinación con los GADs, asociatividad y cooperativismo, acceso a riego tecnificado, énfasis en el sector ganadero y acceso a crédito. Sin duda, ningún candidato ofrece una propuesta estructurada en torno a la soberanía alimentaria. Por un lado, Lasso hace omisión absoluta las discusiones en torno a ella; y, por otro lado, Arauz al igual que su predecesor, interpreta la soberanía alimentaria como abastecimiento interno desde la industria nacional de alimentos sin importar su modelo de producción, origen y calidad: “la soberanía alimentaria debe ser elevada a un rango de objetivo estratégico de seguridad nacional. No podemos arriesgar que falten alimentos en el Ecuador” (Presentación Futuro Rural 2021). Esto invoca la visión nacionalista y de modernización capitalista que favorece los grandes encadenamientos industriales de maíz, arroz, etc.

Adicionalmente, los dos candidatos han demostrado intenciones prematuras de congeniar con el sector del agronegocio. Por ejemplo, a una semana de las elecciones, Arauz firma un acuerdo de reactivación del agro con el proyecto “Arar” liderado por empresarios y gremios productivos (El Universo, 2021). Recordemos también el estrecho vínculo entre la Revolución Ciudadana con las élites agroalimentarias del país como Agripac, PRONACA, La Favorita para mencionar unas pocas (Macaroff et al, 2019). La candidatura de Lasso, en cambio está sustentada también por grupos económicos financieros, agroindustriales y exportadores. Queda claro que los dos candidatos definitivamente promoverán el modelo del agronegocio, sin embargo, desde distintas posiciones. Araúz desde el Estado empresarial y Lasso desde un mercado poco regulado con principios de competitividad, los dos en alianza con las élites agroalimentarias del país. Entonces la pregunta importante es: ¿hasta qué punto se apoyará un modelo a favor de la AFCI? Y ¿cuánto presupuesto y cuántos programas estarán destinados para la AFCI y la soberanía alimentaria?

¿Qué plantea Arauz?

Los tres pilares fundamentales del “Acuerdo Nacional por el Futuro Rural” plantea seis prioridades, algunas de las cuales resultan opuestas como “incremento de exportaciones” y “agro industrialización” frente a “producción agroecológica”, “trabajo digno” y “agricultura familiar campesina”. No deja en claro si esto se traducirá en política diferenciada o programas marginales. Debemos también considerar que el modelo estatista empresarial que le precede a Arauz se financió a partir del 2014 través de la bonanza petrolera. Sin embargo, si fuera llegar al poder, Arauz no tendrá la misma capacidad económica lo cual puede influir en la priorización del gasto público para el agro, considerando que su acuerdo “Futuro Rural” abarca más proyectos que el de Lasso.

La herencia correista es evidente en los programas que plantea como “Plan Renova” reminiscente al Plan de Renovación Vehicular (REN-OVA) impulsado en el 2008, Arauz promete comprar nuevas embarcaciones para la pesca artesanal. También promete sembrar 60 mil ha de árboles cada año “con finalidad ambiental-comercial con incentivo del 75% de costos de instalación”, que recuerda al Plan Nacional de Forestación de la Revolución Ciudadana que impulsó los monocultivos forestales como pino, teca, eucalipto, melina y balsa en manos de grandes empresas que acaparan agua, tierras y un modelo en base a los agrotóxicos (Daza y Artacker, 2019).

Otra herencia son los matices del populismo y demagogia característico de la Revolución Ciudadana, Arauz ofrece iniciar la “Campaña Orgullo agricultor” para la revalorización del rol de la agricultura, empoderamiento y autoestima. En general su campaña ha utilizado lenguaje que suscita los movimientos sociales como “agricultura familiar”, “economía solidaria”, “circuitos cortos”, etc. También menciona que el “acceso a la tierra más equitativo” será una de sus 10 políticas para el agro, sin embargo, no profundiza sobre este eje en ninguna parte de su plan (Acuerdo Nacional por el Futuro Rural, 12 marzo).  De hecho, es un punto nuevo ya que no fue mencionado en la primera exposición vía Facebook live (Presentación Futuro Rural, 19 enero). Esto podría demostrar un cierto nivel de resguardo en la tensión entre representar un proyecto popular y mantener alianzas empresariales.

En general existe poca reflexión crítica del régimen progresista anterior sobre el cual construir propuestas distintas y hay una falta de pronunciamiento sobre los casos de corrupción, el modo autoritario de persecución social y el modelo de modernización capitalista aplicado al campo (Plan V, 2021). Uno de los puntos que perjudicará a la AFCI son los tratados de libre comercio (TLC) o acuerdos comerciales. Arauz ha afirmado que revisará los TLCs y Tratados Bilaterales de Inversión “de comprobarse que afectan el interés nacional” (El Universo 2020). También afirmó: “por supuesto que necesitamos colocar nuestros productos en el mundo, pero los acuerdos comerciales tienen que responder a un equilibrio” (Presentación Futuro Rural, 19 enero). Por lo tanto, su programa incluye “acuerdos comerciales bien negociados” e “incremento de las exportaciones en un 15%” (Acuerdo Nacional por el Futuro Rural).

Recordemos que el acuerdo comercial con la Unión Europea lo negoció y ratificó el gobierno de Rafael Correa en diciembre de 2016. Los impactos negativos en la agricultura se evidenciaron al tercer año, con una división pronunciada entre grandes ganadores (exportaciones de camarones, flores, banano, plátano y enlatados de pescado) y grandes perdedores vinculados a la producción nacional de las agriculturas campesinas y el sector lácteo particularmente (Daza et al, 2020). Lo preocupante de pretender “negociar bien” un tratado comercial es que no responde ¿para quién se está negociando? y realmente son las élites agroexportadoras del país que tienen la capacidad de incidir en la toma de decisiones, en detrimento del resto de medianos y pequeños productores.

Aquí nos topamos con un límite donde se desmantela la dicotomía neoliberalismo versus progresismo, al ver una “izquierda” que se aleja de un proyecto popular y alternativo. Ahora bien, Arauz responde a esto con una contrapropuesta en torno a la comercialización relacionada con la “protección de productos sensibles (leche, maíz, arroz, carnes, etc.)”, “la lucha contra el contrabando”, “comercialización asociativa” y la “modernización de mercados” (Acuerdo Nacional por el Futuro Rural). ¿Pero será esto suficiente para mantener las economías campesinas frente a los TLCs?  Probablemente no.

Debemos rescatar que, Arauz plantea algunas propuestas interesantes. Destacamos por ejemplo que la “educación tecnológica especializada al servicio del agro” es una demanda importante que existe en el campo y Arauz plantea tener “10 mil jóvenes agricultores, sistema de certificación de competencias para 50 mil técnicos especializados”. Sin embargo, habrá que analizar detenidamente el currículum que promueva modelos de producción como la agroecología, que sea educación técnica de calidad adaptada al potencial productivo territorial y planes de vida de los jóvenes rurales (Agenda Ambiental, 2021).

 Otro eje o política interesante que ofrece Arauz es el turismo rural: “promoción de senderos y caminatas, alianzas, reconocimiento de productos de calidad con denominación de origen, 50.000 nuevos empleos en el sector turístico rural”, turismo para la pesca artesanal y llevar a cabo un censo agropecuario que es algo que le corresponde al siguiente gobierno de igual manera.  Finalmente, una fortaleza a comparación del programa rural de Lasso es que Arauz hace una diferenciación clara en cuanto a los créditos que ofrece, “2.200 millones en créditos a 200.000 pequeños y medianos productores con acceso rápido y ágil, tasas de interés competitivas, asistencia técnica y seguro agrícola”.

¿Qué plantea Lasso?

Algo característico de Lasso en estas elecciones ha sido que sus promesas electorales dieron un giro importante para intentar captar los votantes de Yaku Pérez al confirmarse su participación en la segunda vuelta. Aunque Arauz también ha dialogado con nuevos sectores, para la derecha neoliberal “conservadora en lo social” es algo menos natural. Sin embargo, Lasso intentó entablar diálogo sobre derechos LGTBI, derechos de las mujeres y con sectores ecologistas. De hecho, ya se comprometió con la agroecología por ejemplo (Frente al Ambiente, 2021). Además, estableció un hashtag titulado #encontrémonosparalograrlo con el fin de que sectores de la sociedad civil se acerquen a dialogar. Posteriormente, su plan para la ruralidad también fue modificado y se agregaron varios puntos. Sin embargo, sus planes de trabajo ya venían predeterminados hacia la modernización capitalista del campo enfocada en el productivismo. Su plan de trabajo actualizado afirma: 

“Es preciso trabajar en un marco regulatorio en temas laborales, tributarios, y tecnológicos adecuado para la modernidad y el desarrollo. Asimismo, la agricultura experimenta cambios sustanciales debido a las innovaciones tecnológicas y a las dinámicas de los mercados nacionales e internacionales. Estas tecnologías representan una oportunidad para realizar importantes mejoras en los procesos productivos en materia de bioseguridad, sostenibilidad ambiental, pero sobre todo de productividad” (Las propuestas que construimos juntos, 2021, p. 67).

Esto alude a que se buscan cambios que favorezcan la institucionalidad mercado-céntrica en función de la productividad y no de la soberanía alimentaria y de los derechos de quienes producen y consumen alimentos. Es más, la argumentación del plan de gobierno de Lasso se centra en la economía agroexportadora y sus beneficios, y su propuesta para el campo consiste en la economía del goteo. Por ejemplo, reconoce que “solo 2 de cada 10 trabajadores tiene un empleo adecuado” en el campo, sin embargo, responde a esta situación afirmando:

“En una economía dinámica, con fuerte crecimiento de la inversión, estas personas conseguirán empleos de calidad en su propio entorno…la introducción de nuevas modalidades contractuales y la tecnificación del sector agrícola permitiría que los trabajadores rurales tengan mayores ingresos” (Las propuestas que construimos juntos, 2021, p. 35).

Esta afirmación descarga la responsabilidad de conseguir empleo digno en las y los trabajadores del campo, omitiendo el deber del Estado de asegurar derechos laborales—una anulación total sobre la situación de las y los trabajadores rurales quienes sufrieron graves vulneraciones a sus derechos laborales durante la pandemia, perpetradas por el sector agroindustrial. La última frase además nos presenta una contradicción rotunda con la promesa de crear empleo rural digno, ya que la tecnificación reemplaza la mano de obra. Adicionalmente, el apoyo incondicional a la agroexportación y los TLCs, en particular con Estados Unidos, es central en el programa de Lasso, quien afirma en su plan de gobierno:

“Se deben realizar nuevos Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión […]  de carácter legal y vinculante para sus partes, es decir, de obligatorio cumplimiento […] Se necesita en especial, la firma de un tratado de libre comercio con nuestro principal socio comercial; Estados Unidos y su plena inclusión en la Alianza del Pacífico” (Las propuestas que construimos juntos, 2021, p. 102).

Afirmó que fomentará las exportaciones “con énfasis en la diversificación de nuevos rubros y el apoyo de emprendimientos de jóvenes y mujeres rurales” (La República 2020) pero no ha profundizado sobre algún programa particular para mujeres y jóvenes rurales. Curiosamente, el Plan Equidad Rural pone énfasis en el sector lechero y ganadero, que son de los sectores más afectados por el acuerdo comercial con la Unión Europea. Su plan afirma incrementar el consumo de lácteos en la población a través del desayuno escolar, promete construir establos comunitarios “para producción de leche e industrialización de carne vacuna y de ovinos”. También emprenderá el programa “Ecuador ganadero” para impulsar producción de carne de res, leche y derivados mejorar oferta exportable (Plan Equidad Rural, 2021).

Pasando concretamente al fomento de la producción agrícola, Lasso ofrece una serie de medidas para beneficiar y facilitar la reactivación del sector agropecuario: $1.000 millones en créditos al 1% hasta 30 años plazo a través de la banca pública con apoyo de organismos internacionales, seguro agropecuario productivo, cero aranceles para el sector agrícola y ganadero en la importación de bienes de capital, productos intermedios y materias primas para la agricultura, maquinaria para almacenamiento, enfriamiento y transporte de leche y producción de lácteos (Plan Equidad Rural, 2021). Por un lado, estas medidas conllevan la pregunta ¿Para quién? ¿Quién podrá acceder a esta nueva línea de crédito y al seguro agropecuario “productivo”: pequeños y medianos productores de la AFC o solamente las grandes empresas agrícolas? La eliminación de aranceles e impuestos, por otro lado, es una política dirigida netamente a las grandes empresas que tienen la capacidad de importar estos insumos agrícolas que deja en claro la fuerte alianza público-privada y con élites agroindustriales.

Entonces hasta ahora consta el enfoque de “talla única”– no hay una claridad sobre cómo se abordará la heterogeneidad de productores que existe sin una política diferenciada y deja a la imaginación si las mismas condiciones para acceder a créditos aplicarán para pequeños y grandes productores. Más aún preocupante es la promoción de “semilla de alto rendimiento para el pequeño agricultor” que demuestra intenciones de profundizar el encadenamiento productivo de la AFCI y de no respetar las semillas campesinas y nativas, ni los modelos de producción ecológicos y que generan autonomía. Finalmente, una propuesta nueva es la “creación de una división especializada para el campo y la ruralidad con equipamiento y entrenamiento especializado para la defensa de agricultores, camaroneros pescadores, etc.” (Plan Equidad Rural, 2021). En términos de capacidad y cobertura, seguramente se plantea en función de proteger a grandes empresas. 

¿Y la política para la AFCI? Lasso se presenta como el empresario trabajador meritocrático y busca crear un falso sentido solidaridad de clase con quienes aspiren a llegar a ser parte de la clase empresarial, idea que se refleja en el lenguaje que utiliza “las ferias permanentes en las ciudades generarán asociatividad y formarán una economía rural colaborativa” (Plan Equidad Rural, 2021). Las comunidades rurales demostraron no solo colaboración sino iniciativa y profunda solidaridad durante la pandemia, realizaron trueques, enviaron alimentos a las poblaciones más necesitadas de las ciudades, armaron redes de cuidado y fortalecieron la economía solidaria. Entonces la problemática que realmente se debería señalar son las relaciones de poder y explotación en la intermediación, y como propuesta fomentar los circuitos cortos de comercialización campesina. 

Ahora bien, sí se plantea la asociatividad productiva y comercial “para mejorar las ganancias de comunidades indígenas y campesinas” y “ferias permanentes en las ciudades” pero quedamos a la expectativa de ver cómo se ejecutaría este plan. Adicionalmente, destacamos algunos otros programas interesantes como la “entrega gratuita de maquinaria agrícola para comunidades y pequeños agricultores” y el “fortalecimiento del seguro social campesino” con enfoque en servicios de salud, desempleo y jubilaciones justas, un “plan hambre cero” que consiste en implementar comedores comunitarios con almuerzo gratuito y kits de nutrición para mujeres embarazadas y niños de 2 años, fomentar el desayuno escolar, agua potable para el campo, centros de salud con reconocimiento ancestral, fortalecer escuelas rurales y la Secretaría de Educación Intercultural bilingüe  (Plan Equidad Rural, 2021).

Conclusión

Más allá de las tantas promesas de campaña por parte de los dos candidatos, ninguno ofrece crear las condiciones necesarias para la transformación hacia un sistema agroalimentario basado en la justicia social y ambiental. Estas condiciones serían: la redistribución equitativa de los recursos productivos y poner el cumplimiento pleno de los derechos campesinos, de los trabajadores y trabajadoras rurales, de los pueblos y nacionalidades y de la naturaleza por sobre el proyecto agroindustrial, agroexportador y productivista. La soberanía alimentaria no comprende un eje organizador de las propuestas electorales, a pesar de ser un mandato constitucional. De hecho, los dos candidatos indudablemente favorecerían con sus propuestas el aparato agroindustrial, cuya modalidad para incluir a la AFCI en la economía agraria es a través de las cadenas de valor. Este modelo existe en función de la acumulación capitalista en el campo y ha demostrado durante décadas, ser un modelo que empobrece y despoja de su autonomía productiva a los y las campesinas y otros habitantes rurales. Por lo tanto, ya sea desde una receta de Estado o mercado, los dos candidatos proponen un proyecto similar.

Desde la perspectiva de los movimientos por la soberanía alimentaria en el campo, Arauz figura un oponente con más potencial de cooptación de las organizaciones sociales, por lo tanto, supone mayor posibilidad de confrontamiento en el proceso de disputa por las autonomías territoriales, organizativas, sus demandas y necesidades desde su pluralidad. Además, el proyecto de reconstruir un Estado fuerte con capacidad regulatoria seguramente será financiado de la misma manera que el anterior gobierno progresista – neoextractivismo— lo cual generará confrontamientos territoriales en contra de la expansión del monocultivo, camaroneras, de la minería en la defensa de las fuentes de agua y de los territorios campesinos, etc.  Por otro lado, la derecha neoliberal, tiene la misma capacidad de ejercer esa violencia capitalista opresora, pero se distingue como un adversario constante e inequívoco, lo cual puede facilitar la articulación a largo plazo del campo popular organizado. Sin embargo, es una opción que prescindiría de cualquier posibilidad redistributiva y quizá podría limitar más las posibilidades de construir proyectos de transformación o reforma a favor de la AFCI por ejemplo a nivel local descentralizado. Con esto en mente, una fortaleza será la reconfiguración de las relaciones de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, que puede ofrecer luces para perseguir una agenda de reforma y negociación por un sistema agroalimentario distinto frente a los grupos de poder.

Como Observatorio del Cambio Rural seguiremos reflexionando y trabajando para contribuir a la construcción de un sistema agroalimentario más justo y por la soberanía alimentaria en el país.

Valeria Recalde-Vela es investigadora asociada al Instituto de Estudios Ecuatorianos y forma parte del equipo de comunicación del Observatorio del Cambio Rural.

Referencias

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Arauz y Rabascall. “#EnVivo Andrés Arauz -Presentamos el Futuro Rural”, 19 de enero de 2021. Disponible en https://www.facebook.com/ecuarauz2021/videos/204184518087239

Cámara Martítima del Ecuador (CAMAE). (2021). “Balanza comercial evidencia un crecimiento del 12% en el sector agropecuario durante el 2020”. Disponible en: http://www.camae.org/exportaciones/balanza-comercial-evidencia-un-crecimiento-del-12-en-el-sector-agropecuario-durante-el-2020/

Carta abierta. (2021). “Carta abierta a los candidatos a la presidencia y a las y los asambleístas electos en contra de la Ley Agropecuaria”. Disponible en: https://ocaru.org.ec/2021/03/03/carta-abierta-a-los-candidatos-a-la-presidencia-y-a-las-y-los-asambleistas-electos/ 

Daza, Esteban. (2021). Conversatorio “Desarrollo Rural para la Reactivación Económica” Economía PUCE. Disponible en: https://www.facebook.com/EconomiaPUCE/videos/3794535457303576/

Daza, Esteban. Israel Chuquimarca. David Singaña. Tamara Artacker y María José Llerena. (2020). “Trabajo y Justicia Social- COMERCIO JUSTO- Estudio de Impactos del Tratado de Libre Comercio entre UE y Ecuador en la Agricultura”. Disponible en: https://ocaru.org.ec/2020/10/08/trabajo-y-justicia-social-comercio-justo-estudio-de-impactos-del-tratado-de-libre-comercio-entre-la-ue-y-ecuador-en-la-agricultura/

Daza, Esteban. Tamara Artacker. (2019). Ecuador capitulo 6 en: “Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica: Informe 2019”. Disponible en: https://ocaru.org.ec/2020/06/05/acceso-a-la-tierra-y-territorio-en-sudamerica-informe-2019/

El Comercio. (2016). “El presidente Rafael Correa Ratificó el tratado comercial con la Unión Europea”. Disponible en https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-ratifico-acuerdo-comercial-unioneuropea.html

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Las propuestas que construimos juntos #encontrémonos para lograrlo Lasso presidente 2021. Disponible en: https://guillermolasso.ec/wp-content/uploads/2021/03/PLAN_DE_GOBIERNO.pdf

Macaroff, Anahí. Andrea Bonilla. Carlos Pástor. David Singaña. Esteban López. Geovanna Lasso. Heidi Cepeda. Melissa Ramos. Nataly Torres. Paola Sánchez. Patricia Polo. Patrick Clark. Sol Cortes. Soledad Vogliano. Viviana Quishpe. (2019). “Atlas: Los Grupos Económicos Agroalimentarios - ¿quién decide lo que producimos, exportamos y consumimos?”. https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Atlas-de-los-grupos-economicos-agroalimentarios-del-Ecuador

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. “Acuerdos Comerciales- Acuerdos vigentes”. Disponible en: https://www.produccion.gob.ec/acuerdos-comerciales/

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Plan V. (2021). “¿Por quién votar? Elecciones presidenciales en el Ecuador 2021”. Disponible en: https://www.planv.com.ec/historias/politica/quien-votar-elecciones-presidenciales-el-ecuador-2021

De Sousa Santos, Boaventura. (2021). “Carta abierta a dos jóvenes indígenas ecuatorianos”. Disponible en https://alicenews.ces.uc.pt/index.php?lang=1&id=33452

Las Autonomías Indígenas, una estrategia de transformación de las

desigualdades territoriales en el país.

Marcelo Arandia Alarcon

A una década de la aprobación de la Constitución Política del Estado, debe entenderse que aun el país vive en un proceso de momentos constitutivos, de construcción post constituyente, de un Estado que reconoce la pluralidad no solo desde una perspectiva de reconocimientos de derechos, sino también desde unas nuevas formas de gobierno, no solo para el acceso, sino, para el ejercicio de una ciudadanía con identidad en el marco de una novedosa forma de Gestión Publica

Sin duda que los cambios en la composición de los perfiles socioeconómicos de los bolivianos y su ubicación territorial son elementos que obligan a pensar en intervenciones acordes a esta nueva entidad. A pesar que estos fenómenos son estructuralmente centrales para el futuro del país, esta situación, no debe hacernos olvidar las prioridades que el país aún tiene en materia de mejoras para un amplio sector poblacional, así como en temas relativos a la pobreza o las desigualdades en el área rural o la desruralizacion ante la ausencia de trabajo y la marginación de varios sectores, especialmente campesinos e indígenas. Creemos que parte de la solución pasa precisamente por integrar estas prioridades con aquellas emergidas en la última década, y tienen que ver con el modelo de las autonomías indígenas originarias y campesinas (AIOC) que el país proyecta como nueva forma de gobierno y visión  del desarrollo territorial, convirtiéndose  este mecanismo en el más efectivo para acercar el Estado a la ciudadanía, fortaleciendo el reconocimiento al derecho de autogobernarse y la definición de políticas estratégicas en sus territorios, orientadas a construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado.

Si combinamos los conceptos de autogobierno y desarrollo territorial, como premisa fundamental para la implementación de las autonomías indígenas, coincidiremos que estas acciones al margen de ser estratégicas, provocaran cambios estructurales en el enfoque de desarrollo de base territorial en el país. Inevitablemente estos procesos, provocaran cambios en las formas de participación y acceso y en la toma de decisiones de los actores territoriales (públicos y privados), rompiendo esquemas y estructuras, lo que provocara una reconfiguración de los decisores en la gestión pública, redefiniendo sus nuevas formas de ejercicio pleno de ciudadanía, más allá de su participación, en la perspectiva de la construcción de visiones de desarrollo de manera consensuada.

 La implementación del régimen autonómico, tiene que ver con profundas reformas del Estado, pero deben ser consideradas, no sólo como un cambio de dimensiones –de lo macro a lo micro- sino como transformaciones muy profundas en la forma de concebir opciones de desarrollo, en la organización de sus instituciones y en su relación con la comunidad. En el desafío de la implementación de las autonomías indígenas, más allá de las reformas democráticas del Estado que amplían las esferas de decisiones y adquieren legitimidad mediante la elección directa de sus autoridades, se hace necesario ver cómo se efectiviza una verdadera articulación entre la economía comunitaria y el pluralismo económico territorial, que permita proyectar no solo una verdadera transformación productiva, si no el fortalecimiento de la participación social en todos sus niveles, acortando las diferencias de género y generacionales, sobre la base de la equidad en el uso y acceso a los recursos naturales, en el marco de las competencias concurrentes, exclusivas y compartidas con las instancias estatales. Para ello se debe considerar como elemento fundamental de este proceso, la estimulación para la concertación de los diferentes actores, relacionándose con los agentes externos más importantes, para democratizar las oportunidades y la distribución de los beneficios.

Si partimos del hecho de que la implementación de las autonomías indígenas, es un proceso orientado a la transformación, social, económica, cultural, productiva e institucional de un espacio determinado, tendiente a reducir la pobreza y la desigualdad rural, veremos, por ejemplo, que la transformación productiva tendrá el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio, a mercados dinámicos, y el desarrollo institucional tendrá como objetivo la construcción de la nueva arquitectura institucional de las Autonomías Indígenas Originarias y Campesinas (AIOC).

Para ello es necesario dejar de pensar que la identidad de los territorios indígenas en el país es sinónimo de sector agropecuario; debemos apostar a temas que dinamicen un desarrollo territorial y plantearnos la necesidad de establecer vínculos con procesos que permitan mejorar los actuales niveles de productividad y que estimulen los escenarios de concertación social, inter-sectorial y público-privada, como mecanismo de articulación de todos los sectores sociales del territorio.

Para nadie es un secreto que en su gran mayoría los territorios indígenas, independientemente de los esfuerzos estatales de asignación de recursos económicos, aún se encuentran relegados en varias dimensiones del desarrollo, precisamente por haber replicado modelos externos a su realidad, que han provocado que estos territorios indígenas aun sufran estancamiento, soporten crisis recurrentes y situaciones de pobreza.

Es importante destacar que aún persiste  contradicciones en ciertas políticas públicas, por un lado con la vigencia del modelo de desarrollo que enfatiza sobre actividades extractivas,  fuertemente respaldado por argumentos y cifras para demostrar su aporte en divisas al país,  versus,  el “modelo alternativo” de desarrollo basado en la gestión integral de los recursos naturales, el desarrollo sustentable y el “vivir bien”; que aunque cuenta con leyes ya promulgadas e institucionalidad se mantiene con escaso avance. Sin embargo, a mediano plazo corresponderá sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente al sector indígena, que no ha renunciado a su agenda estratégica, reencausar y exigir el cumplimiento de dicha normativa.

Bajo este contexto, dentro los territorios indígenas en los próximos años continuarán la construcción e implementación de grandes proyectos, que sin duda van a afectar, tanto o más que ahora, sus territorios y formas de vida, así como la de los pueblos o centros poblados intermedios. Esta situación, va a tensionar y generar mayor conflicto entre diferentes sectores, presentes fundamentalmente sobre los territorios indígenas por los recursos naturales que en ellos se encuentran, perforando las condiciones básicas de una gobernabilidad territorial consensuada.

Con la Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), se enfatiza que la planificación del desarrollo integral del Estado debe estar articulada con la planificación territorial, aspecto fundamental para fortalecer el proceso de implementación del régimen autonómico. Históricamente ambos aspectos estaban desarticulados en planes de desarrollo y en planes de ordenamiento territorial, generando un proceso fragmentado de la planificación, dispersando esfuerzos y promoviendo procesos paralelos y desconectados. La implementación de este sistema, dependerá de la metodología que permita levantar las propuestas insertadas en los Planes de Gestión Territorial Comunitario para el caso de las AIOC, y como el sistema de planificación las asume como parte de su Planificación, lo que interpela actualmente al Estado, es la adecuación de varias normas nacionales como la Ley SAFCO, para comenzar a operativizar el nacimiento formal de las autonomías indígenas.

Actualmente es necesario seguir impulsando acciones orientadas al  acceso, uso y aprovechamiento equitativo de los recursos naturales, mediante la promoción de modelos alternativos en los territorios indígenas, fortaleciendo la generación de propuestas de diversificación productiva y de desarrollo resiliente, basándose en la gobernabilidad territorial a través de la construcción de amplios consensos con visión de largo plazo y en el fortalecimiento capacidades de resiliencia y adaptación frente al cambio climático, como temáticas centrales de una estrategia de intervención integral. Asimismo, se hace necesario seguir  fortaleciendo a la sociedad civil, entendiendo las capacidades y desafíos de actores clave (tales como mujeres, jóvenes e indígenas) para propiciar los cambios institucionales necesarios para avanzar hacia mayores niveles de justicia y equidad; de ahí que  el  proceso de consolidación de las autonomías indígenas como nueva forma de autogobierno, es una apuesta, en la perspectiva de lograr un desarrollo diversificado y sostenible  orientado a reducir las vulnerabilidades y sobre todo a eliminar las inequidades interseccionales (género, generacionales y étnicas), que todavía se constituyen en los núcleos duros de la desigualdad en la sociedad boliviana.

 Situación de la cadena productiva
apícola en la Región del Chaco

Pura Suárez V.

En la primera semana del Foro “APICULTURA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA PROTECCIÓN DEL BOSQUE EN LA REGIÓN DEL CHACO BOLIVIANO Y SUDAMERICANO, se ha desarrollado el análisis y la reflexión de la temática: Situación de la cadena productiva apícola en la Región del Chaco, en la que parte de las actividades han sido la realización de un webinar, donde han participado presidentes de las Asociaciones de Apicultores de Macharetí- Aapimmach, Eireka de Huacaya, Eirenda de Charagua Norte y también se contó con la participación de la empresa pública EBA a través de su representante Ing. Limber Carballo. Otra de las actividades del Foro, ha sido la interacción de las y los participantes en la Plataforma Virtual, espacio en el que han expresado desde sus experiencias, la situación de la actividad apícola en la Región del Chaco, sus principales avances y los desafíos más importantes que tiene este rubro.

En el Chaco Boliviano, la miel ha sido identificada como un rubro estratégico que en los últimos años, despertando el interés principalmente en las mujeres y los jóvenes, convirtiéndose en una actividad importante por las ventajas que representa, no solo en el ámbito económico y productivo, sino también en lo social y cultural, mejorando en gran medida la economía familiar, principalmente de las comunidades indígena originario campesina.

Las asociaciones de Macharetí,  Huacaya y Charagua Norte, compartieron algunos datos sobre esta actividad en sus territorios.

1. a) Charagua Norte

Don Eliberto Vásquez, presidente de La Asociación Eirenda ubicada en la Zona Charagua Norte y que forma parte de la primera Autonomía Indígena Guaraní Charagua Iyambae ubicada en el departamento de Santa Cruz, compartió información importante sobre la actividad apícola que realizan en su territorio. Manifestó que Eirenda, cuenta con 160 socios de 12 comunidades, tienen una producción de miel anual de 8 toneladas y 400 colmenas en producción, teniendo el promedio entre 2 y 3 cajas por productor y/o productora.

Su principal mercado de Eirenda es el interno –local, donde casi el 80% de su producción lo encuentran en Charagua Pueblo, Charagua Estación y la misma zona Charagua Norte, solo un 20% de la producción de miel sale afuera de la Autonomía Indígena Charagua Iyambae, siendo el mercado cruceño su destino final.

Vásquez, resaltó que las mujeres juegan un rol importante en la actividad apícola en Charagua Norte, de los 160 socios, 40 mujeres son socias de Eirenda, muy activas en la producción y que cada vez son más las aspirantes que se interesan por hacer apicultura en la zona. También sostuvo, que no cuentan con ningún tipo de apoyo por parte del Estado o instituciones privadas, todo lo que tiene y hace Eirenda es esfuerzo de los mismos socios.

Entre los principales desafíos, el presidente de Eirenda sostiene que para fortalecer la apicultura en Charagua Iyambae, es importante impulsar la comercialización y garantizar un mercado seguro y tener precios fijos para la miel.

1. b) Huacaya

El presidente de la Asociación Eireka, Donal Rivera, también hizo su participación en el primer Webinar, en el que expuso la situación de apícola de la zona. Manifestó que la Asociación de Eireka inició con 160 socios, en la actualidad solo hay 26 socios, de los cuales 13 son activos, cuestiona que  con el pasar del tiempo en vez de crecer, se ha ido perdiendo el interés por la actividad apícola en Huacaya. No obstante, califica este año (2020), como muy positivo, hubo una buena venta de la miel por causa de la pandemia.

Una de las mayores preocupaciones para los productores de la zona es la sequía, a la cual ven como una constante amenaza, al igual que el contrabando, que cada vez más, ponen en riesgo la producción anual apícola.

Huacaya produce anualmente 7 t. de miel, su principal mercado es EBA y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El precio local a granel, oscila entre  27 y 28 bs, y el precio de venta a la estatal EBA es de 32 bolivianos.

Eireka  ve como sus principales desafíos, el tener un mercado seguro interno y externo. Si bien la empresa EBA es su principal comprador, ven algunas desventajas en su relación comercial,  porque a consideración de Rivera, la estatal debiera comprar la miel en la zona donde se produce o acopia, liberando así al productor/a de todo el gasto que implica sacar un producto al mercado donde su margen de ganancia se vuelve mínimo. También consideran necesario tener un registro sanitario, que les permita mejorar las condiciones de comercialización de sus productos.

1. c) Macharetí

Austín Quispe, presidente de Aapimmach, manifestó en su exposición, que la Asociación tiene 83 socios activos, de los cuales 24 son mujeres. Produce anualmente 14 t., el consumo interno es de media t. y el resto de la producción se comercializa a EBA. Existen 750 cajas en producción, con un promedio de 9 cajas por productor o productora.

Ven como sus principales limitaciones la expansión de su mercado, para no depender de la empresa EBA. También la falta de apoyo por parte del Estado, para industrializar la miel y sus derivados, y poder llegar a un mercado diverso y variado.

En la actualidad, se encuentran trabajando como Asociación en coordinación con el Gobierno Municipal de Macharetí, en una ley municipal que impulse y fortalezca la actividad apícola en el territorio. Quispe sostiene que es importante ver a la apicultura como una actividad productiva integral, en la que se produce miel pura y de buena calidad, pero que además se lo hace protegiendo y conservando el medio ambiente, por eso es importante construir normativas que protejan la actividad y el entorno en el que se la realiza, para que las familias puedan vivir de ello por muchos años.

Ven como las principales amenazas, la sequía y cambio climático, para ello plantean un plan de reforestación del bosque en el Chaco con riego a goteo. El contrabando es otro asunto que les quita el sueño como productores apícolas, porque sienten que no pueden competir con los precios desleales que genera esta actividad ilegal, y a la cual el Estado debiera combatir con normativas rigurosas y el control de fronteras.

1. d) Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados- EBA

La empresa estatal EBA, también estuvo presente en el Primer Webinar: Situación de la cadena productiva apícola en la Región del Chaco, a través del Responsable de Producción Primaria  Ing. Limber Carballo, quien cataloga a la apicultura como una actividad importante para la seguridad alimentaria en el país, generando un beneficio mutuo, tanto para los productores como los consumidores porque aporta al desarrollo local, generando trabajo y movimiento económico en mano de obra local (carpinteros, transportistas , proveedores de materiales e insumos; aporta a la conservación del medio ambiente con la renovación de los bosque y especies vegetales a través de la polinización; y también contribuye a  la salud y nutrición,  a través del consumo y uso de la miel por las múltiples propiedades beneficiosas que tiene este producto, volviéndose tan importante a causa de la pandemia del Covid 19.

Entre los factores positivos que resaltan de la apicultura en la región del Chaco, es la flora apícola variada y favorable en la zona; consideran que hay material genético aceptable en la región con la abeja africanizada; hay un registro y georeferenciación de productores apícolas asociados y no asociados para evitar el contrabando; los precios son aceptables y accesibles que oscilan entre los 32 bolivianos a granel, y todo esto, ha incentivado a que gente profesional, jubilados, jóvenes, mujeres, decidan emprender en este rubro.

Según datos de la empresa EBA, la producción de miel en el departamento de Chuquisaca es de 390 toneladas anuales y que en la gestión 2020, dada la situación de la pandemia por el COVID 19, la demanda se incrementó, quedando un mercado insatisfecho o no cubierto por los apicultores y que fue aprovechado por los adulteradores haciendo pasar el jarabe de maíz por miel. En la actualidad, hay un registro de 1.893 productores que se dedican a esta dulce y noble actividad, y el número de colmenas en producción, alcanza las 17.053 en el departamento.

Carballo destaca algunos factores negativos: ataque de enfermedades y plagas en las colmenas (varroa, abejas nativas, hormigas, pájaros carpinteros); el enjambrazón de las colmenas, a veces por la genética y/o falta de seguimiento técnico; lluvias prolongadas, sequías fuertes, incendios forestales en este último año, ha puesto en riesgo la actividad; mal estado de los caminos vecinales que impiden llegar a los apiarios para hacerle seguimiento o para sacar sus productos al mercado; los proyectos de acompañamiento no son a largo plazo y el proceso apícola requiere su tiempo; el contrabando sigue siendo una de las principales amenazas para los productores de miel; y la falta de certificación de los productos apícolas para competir en el mercado nacional e internacional.

Entre las recomendaciones que hace a las y los apicultores, es la realización de un registro de floración por apiario, para que de acuerdo a la curva floral el productor planifique sus actividades en el año de cosecha y postcosecha; también recomienda hacer un registro de colmenas, no solo para la estadística, sino, para hacerle seguimiento técnico.

1. e) Balance de la actividad apícola en la Región del Chaco

Dada las opiniones y experiencias compartidas de las y los productores apícolas en el Foro y el Webinar, se puede concluir lo siguiente:

-           Producción

La producción de miel en el Chaco se ha incrementado en cuánto a volúmenes en los últimos años, que comprende entre 7 y 14 toneladas anuales por Asociación. Manejan un promedio entre 18 y 20 kg de miel por colmenas en cada cosecha y si la lluvia acompaña, se puede dar 4 cosechas anuales, que implicaría 80 kg por colmena. A pesar de las difíciles condiciones climáticas que se dan en la Región del Chaco para la apicultura, las y los productores han sabido sortear estas dificultades, para incrementar paulatinamente su producción de miel sin bajar la calidad y pureza del producto.

-           Transformación

En cuanto a este eslabón de la cadena productiva apícola, se puede evidenciar que no hay avances significativos en el Chaco, salvo algunas iniciativas que participan en alguna muestra ferial productiva, ofertando algunos productos transformados (champú, dulces, barras energéticas, jabones, entre otros) pero sigue siendo incipiente.

Es fundamental que las y los productores, se capaciten y tengan los medios logísticos para impulsar la industrialización de la miel, esto daría valor agregado a los productos y tendrían mejores condiciones y oportunidades de competir en el mercado interno y externo.

-           Comercialización

La miel es un producto asequible en el mercado, sin embargo, el contrabando sigue siendo su mayor amenaza para este rubro. Es vital para la actividad apícola, incursionar en nuevos mercados variados y alternativos, para no depender solo del mercado estatal, esto le permitirá crecer e innovar al productor y posicionar su producto en el mercado.

1. f) Consumo

Dada la situación de la pandemia que azotó al país y al mundo entero, el consumo de miel se ha incrementado en un  500%, volviéndose en un producto de mayor demanda en la población, lo que ha servido para fortalecer el mercado local interno.

         Avances y desafíos  de la actividad apícola.

Entre los avances que se destacan, es el interés de mujeres jóvenes (Hombre y mujeres) que deciden incursionar en esta actividad, así lo expresa Alberto Cuitira, apicultor y técnico que participa del Foro

Juan Carlos Yantuina y Juan Pablo Flores, coinciden ambos, que la apicultura cada vez más se está convirtiendo en una actividad primaria para las familias, lo que implica el fortalecimiento de la economía familiar en los territorios.

Las buenas prácticas en esta actividad, es algo que rescatan los productores, porque cada vez más se tiene conciencia de conservar el bosque y las abejas, para lograr una apicultura sostenible y sustentable.

La crisis de salud que ha propiciado la pandemia, se ha vuelto una oportunidad para los productores apícolas, porque ha aumentado el consumo de miel por persona, siendo el producto más requerido en este tiempo.

         Desafíos de la apicultura

Industrializar la miel se visibiliza como uno de los desafíos más importante para las y los apicultores, porque de esta forma tendrían una variedad de productos para ofertar en el mercado.

Erradicar el contrabando de miel, porque es la principal amenaza al sector apícola. El Estado debe impartir normativas más estrictas y control de fronteras permanentes, para acabar con esa actividad ilegal que atenta contra la economía del país.

Promover el hábito de consumo de miel, para expandir el mercado apícola, pero también para promover hábitos de buena salud y nutrición en la población, principalmente en los niños y sectores vulnerables como son los adultos mayores.

Para Luz Angélica Alcoba, participante del Foro, sostiene que entre los desafíos que tiene la apicultura es incursionar y aumentar la tecnología y la producción en la región, propagando la actividad a más familias de la región. Asimismo, aumentar el porcentaje de consumo de miel por persona a nivel local y nivel nacional.

Es importante tener estadísticas reales de la actividad, por eso sería interesante tener datos en cuanto a producción por campaña o año, a detalle por municipios y/o asociaciones, y exponerla en el Foro, es un desafío contar con una base de datos de la producción apícola en el Chaco que la puedan manejar los técnicos y los productores, así lo manifestó Gilberto Gaspar.

Seguir promoviendo la participación de las mujeres y los jóvenes en el rubro apícola, para que estos puedan emprender en sus territorios, sin tener que dejar sus lugares de origen en búsqueda de mejores condiciones en las ciudades.

María Elena Moreira, apunta a encaminar a las organizaciones económicas a ser autosustentables y autosostenibles en cuanto a sus capacidades organizativas y administrativas.

Ante las amenazas de la sequía, los incendios, las plagas, entre otros, uno de los grandes desafíos es poder llegar a tener un plan de mitigación desde el Estado para poder mejorar las condiciones de producción del rubro apícola y de esta forma, mejorar también las condiciones de vida de las y los apicultores, así lo manifestó Evangelina Beatriz Campero.

Otro de los desafíos para los apicultores de la Región, es convertirse en un referente a nivel Nacional en la producción de miel de mejor calidad del Chaco Boliviano y como los cuidadores del bosque y del medio ambiente, implementando buenas prácticas apícolas.

Medición de avance de la adopción y el cumplimiento de la Declaración de los derechos de las campesinas, campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales

Oscar Bazoberry.

1. INTRODUCCIÓN

En el campo de los derechos de las personas y de las colectividades, existen algunos indicadores que han sido asumidos por el conjunto de estados, organizados en el sistema de Naciones Unidas, ratificados por los países y se han realizado las inversiones necesarias para que se cumplan. Otros, en cambio, mueren en la indiferencia.

Dada la situación del mundo, las crisis recurrentes y la preocupación por el medio ambiente, la Declaración de los derechos de las campesinas, campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, es pertinente y contemporánea. Si bien, se trata de un sector con mucha tradición y la propuesta de Declaración se concretizó en casi dos décadas, hasta ser aprobada por un conjunto importante de delegaciones de países. El que haya sido aprobada en el año 2018, pone en una peculiar situación jurídica y moral a las campesinas y campesinos como un grupo específico dentro de las sociedades nacionales.

Ciertamente, ésto no garantiza ningún cambio en la realidad, salvo que los distintos actores, instituciones, públicas y privadas adopten y asuman su contenido y actúen en consecuencia. La medición de los avances en el cumplimiento de la Declaración es un proceso necesario para visibilizar y movilizar a las organizaciones, al Estado, a los partidos políticos y a la población en general de cara a su cumplimiento.

El proceso que lleva a los derechos humanos desde el establecimiento de normas hasta la realización efectiva depende, en gran medida, de la disponibilidad de instrumentos apropiados para la formulación y la evaluación de las políticas en la materia. Los indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos son uno de esos instrumentos indispensables (NNUU, 2012)[1].

Si Naciones Unidas, 72 años después de aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se encuentra preocupada por continuar generando indicadores sobre su cumplimiento, se podrían especular dos hipótesis: que no han podido encontrar herramientas precisas y universales ó que los derechos son progresivos y, por tanto, la manera de medirlos también es progresiva.

En el caso de la Declaración sobre los Derechos de las campesinas, los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (DDC), optamos por la segunda hipótesis. Sin embargo, también hay que considerar que, en la progresividad de derechos, unos se adoptan más rápido que otros y otros son totalmente negados en algunos países.

Por esta razón, el propósito de esta discusión es proponer que se acojan sistemas de medición de adopción y cumplimiento de los DCC y que la iniciativa la tomen las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, en tanto lo haga oficinalmente alguna instancia multilateral, lo cual, en mi criterio, no ocurrirá en un plazo razonable.

2. MEDIR ES INTERPRETAR, CONSTRUIR, COMPARAR Y VALORAR

Los indicadores no solamente son maneras de medir, sino también, maneras de mostrar y difundir hacia el conjunto de la ciudadanía, siempre diversa en género, generación, identidad étnica e incluso religión; alternativas que fijan y disputan imaginarios de desempeño y prestigio en contextos más amplios, en términos comparativos con otros territorios o sectores sociales.

Hay que tener en cuenta que estos indicadores, al final, reconfiguran la interpretación que se tiene de la realidad. Son métricas que, a diferencia de la física, pueden ser reinterpretadas y configuran una imagen de una situación o de un territorio. Son, por tanto, una convención.

Los indicadores, son también un campo que es disputado por las teorías, los políticos, la academia y diferentes sectores sociales. Sin embargo, existen algunos conceptos y valores que se han ido universalizando y son utilizados por la población sin mayor discusión sobre las bases que se han construido. Éstos pueden ser del campo económico, como el Producto Interno Bruto (PIB) ó, desde la política, como las libertades y participación de la sociedad civil en los países.

Para usar estos dos ejemplos, diremos que, en el caso del PIB, es un indicador que se utiliza de manera más habitual en el discurso político y que la mayoría de los economistas considera que es una medida inexacta, pero es la más utilizada[2]. Existen otros ejercicios como el Ingreso Familiar Anual, metodología desarrollada por el CIPCA en Bolivia, que hila más fino y puede dar una mejor imagen de la situación de las familias rurales pero no logra romper con el imaginario de relegamiento de la economía campesina indígena[3].

En cuanto a las libertades de la sociedad civil, el que se conoce como índice CIVICUS y que tiene entre sus tareas el monitorear lo que se denomina como espacios de la sociedad civil, y la clasifican como CERRADO, REPRIMIDO, OBSTRUIDO, REDUCIDO o ABIERTO[4], no necesariamente corresponde con lo que el LATINOBAROMETRO[5] ofrece como imagen de la democracia en los países. Un ejemplo es Colombia, que en el índice CIVICUS los espacios de la sociedad civil se califican de REPRIMIDOS, igual que Venezuela; en cambio, desde el LATINOBARÓMETRO, la percepción que tienen los propios ciudadanos es completamente contrapuesta: entre Colombia que se considera muy democrática mientras que, Venezuela, todo lo contrario.

En la actualidad y progresivamente, los indicadores de medición de un proyecto, un propósito, una determinada situación, se encuentran disponibles con pretensión y acceso universal. A esto contribuyen las métricas del internet así como la transmisión de datos e imágenes que, a la vez que ofrecen ventajas, también se van convirtiendo en un nuevo factor de desigualdad entre los países en el mundo. El acceso a la información especializada es aún altamente costosa y permanece alejada de muchos países y actores; lo que aventaja a otros países y actores en un mundo que interactúa con intereses particulares.

El mayor desafío que enfrenta el sistema de Naciones Unidas, después de que los presidentes del mundo aprobasen, en 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es consolidar un conjunto de mediciones para valorar si se están consiguiendo las metas que se han establecido; lo que ofrecerá una imagen de la situación de los países del mundo, de la región, pero también de los territorios subnacionales.

No todas las políticas globales, y menos las nacionales o locales, los planes y programas, tienen el mismo peso para que se haga el debido seguimiento a su cumplimiento. Es por eso que la sociedad civil, las entidades privadas y otras instituciones, más aún los sujetos que son interesados directos, requieren proponer sistemas que pueden ser complementarios, alternativos e incluso opuestos al ámbito oficial.

3. INDICADORES E INCIDENCIA

Un aspecto que suele descuidarse es que el resultado de la medición de indicadores tiene destinatarios. En unos casos son gobiernos, la población en general ó un sector específico de la población.

La imagen que se tiene de la sociedad, de la naturaleza y de cualquier otro aspecto de la vida, tiene la fuerza de movilizar como también paralizar a las personas, las organizaciones y los estados. En este sentido, toda imagen que se forme de la realidad de un territorio trae consecuencias. Si esta relación entre la imagen que se construye y la reacción que se logra es provocada, cabe la noción y potencialidad de la incidencia.

4. INDICADORES PARA MEDIR LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS CAMPESINOS

Mientras no exista un sistema oficial, multilateral para medir la aplicación de los Derechos en este caso de los Derechos de las y los campesinos, se propone avanzar con ejercicios que orienten a las organizaciones, instituciones públicas y privadas a tomar en cuenta aspectos sensibles que aquí se consideran.

Una discusión que no abordaremos en este documento, pero que fue abordada en otras lecturas, es el tema de los sujetos y actores a los cuales se les evalúa por el cumplimiento de una Declaración que viene desde la Asamblea de Presidentes y Jefes de Gobierno representados en las Naciones Unidas. Ésto tiene relación con las instituciones garantes del cumplimiento de los derechos de las personas y de otros seres vivos. En la respuesta corta y, en esencia, son los estados y con ellos las instituciones y las fuerzas públicas. Sin embargo, suele ocurrir que no todo derecho es atendido por el Estado y como sociedad civil también existen responsabilidades en la demanda del cumplimiento, en las instituciones privadas y, a nuestro juicio, en las multilaterales quienes tienen el mandato directo de impulsar su cumplimiento.

Teniendo en cuenta que las Declaraciones, como la de DDC, tienen una fuerza moral y el camino para su adopción por los estados suele ser más accidentado que otros mecanismos internacionales, recomendamos tener en cuenta, al menos, a los siguientes actores:

- La fuerza de las organizaciones sociales del país, capacidad de movilización, vigilancia e interpelación.

- La estrategia de largo plazo de los Estados en la adopción de la Declaración en leyes.

- La voluntad política de los gobiernos basada en presupuesto e institucionalidad.

- La tendencia política del subcontinente sudamericano y las multilaterales (sistema de naciones unidas), representada por la diplomacia para las políticas de Estado y de gobierno.

En este documento se presentan simplemente ejemplos de lo que podría ser el planteamiento de indicadores como un anticipo y una invitación a la construcción colectiva de métricas que, a corto y mediano plazo, puedan alimentar un sistema que se ponga a disposición del público de los distintos países de Sudamérica.

5. ALGUNAS IDEAS Y UN EJEMPLO DE LO QUE PODRÍA PROPONERSE COMO UNO DE LOS MUCHOS INDICADORES SOBRE LOS DERECHOS CAMPESINOS

A continuación, les mostramos un ejemplo ilustrativo a tener en cuenta, basado en el Artículo 5 de la Declaración de Derechos Campesinos.

Otros ejemplos podrían estar abocados a aspectos que no necesariamente están contemplados en la propia Declaración y, otros, en previsión de conflictos que puedan ocurrir, dada la tensión que existe entre grupos de la población rural de nuestros países, que ciertamente comparten muchas condiciones de vida, pero no necesariamente la estructura organizativa, aspectos culturales y, sobre todo, la relación con la tierra y los recursos naturales. Indicadores para responder, por ejemplo, a:

• Existencia de organizaciones representativas de sectores rurales, originarios, indígenas, campesinos, trabajadores rurales que son democráticas en sus usos y costumbres y representan activamente a sus afiliados.
• Existencia de sistemas locales de resolución de conflictos y respeto de los derechos de indígenas, campesinos y trabajadores rurales. Aspectos relativos a lo que normalmente se llama justicia y jurisdicción.

Como puede verse en el cuadro precedente, se presentan indicadores de resultado e indicadores de proceso, este sistema es ya muy utilizado y permite una mayor aproximación a las instituciones y al resultado de las políticas que éstas implementan. Incluso, en algunos casos, es posible también definir indicadores estructurales que den cuenta de aspectos sustanciales para el cumplimiento de los derechos como: el acceso a la tierra para los campesinos, normativas adecuadas para los trabajadores rurales, políticas de equidad de género y protección de derechos de otros sujetos como la población indígena ó la afrodescendiente en sus propias especificidades.

Nota Interaprendizaje - IPDRS

El presente artículo está publicado en la plataforma en el Aula Virtual Interapredizaje IPDRS. Si desean citarlo pueden hacerlo de la siguiente manera:

Bazoberry, Óscar (2020). Medición de avance de la adopción y el cumplimiento de la Declaración de los derechos de las campesinas, campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, en Curso Virtual: “Derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales en Sudamérica. Por la exigibilidad de su cumplimiento”. La Paz: IPDRS - Interaprendizaje. Campo virtual por la tierra y el desarrollo rural.

[1] Altamente recomendable, una guía completa para la elaboración de indicadores. Naciones Unidas (2012). Indicadores de derechos humanos: guía para la medición y la aplicación. Nueva York y Ginebra. 200 pág.

[2] Una explicación detallada y sencilla sobre el impacto de este indicador en la noción del crecimiento, se encuentra en Jeffrey Sachs, La Era del Desarrollo Sostenible, Ediciones DEUSTO, 2015.

[3] La primera versión de este estudio ofrece una discusión más detallada del método. Jose Luis Eyzaguirre, Composición de ingresos familiares de campesinos indígena: un estudio en seis regiones de Bolivia, CIPCA, 2005.

[4] https://www.civicus.org/index.php/es/que-hacemos/innovar/monitor-civicus

[5] https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp

 Una aproximación al reconocimiento del “sujeto campesino” en Colombia 

Ruth Bautista Durán

A fines del septiembre pasado, Diana Isabel Güiza Gómez, estudiante de doctorado en Ciencia Política y Estudios de Paz en la Universidad de Notre Dam, y Ana Jimena Bautista, abogada y magíster en Derechos humanos y democracia en América Latina por la Universidad Andina Simón Bolívar, e investigadora de Dejusticia, motivaron un conversatorio sobre el reconocimiento del campesinado, temas estratégicos y oportunidades que brinda la Declaración sobre los derechos campesinos, en el marco del Foro Virtual “Avances y obstáculos para la ratificación de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos en Sudamérica” ¹.

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS está desarrollando una serie de acciones por la socialización de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (DDC). Nos interesa entonces, reflexionar sobre las oportunidades que tiene este instrumento jurídico para ratificarse en cada uno de los países de la región, y principalmente, de incidir en el ejercicio de derechos de las poblaciones rurales. Las investigadoras que facilitaron este conversatorio, provenientes de Colombia, nos mostraron una lectura desde el constitucionalismo, que permite una relación entre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de los campesinos; y además, mostraron un abordaje de la definición del sujeto de derechos que ayuda a problematizar e identificar estrategias para los propios actores demandantes aquellos derechos.

Desde una perspectiva histórica, Diana Isabel Güiza Gómez explicó la participación de los campesinados en el constitucionalismo latinoamericano, en reformas constitucionales y procesos constituyentes. Marcando una pauta para comprender, cómo es que los instrumentos que se constituyen en el ámbito del derecho internacional arriban a los contextos y legislaciones nacionales. Esto es muy importante para poder observar las perspectivas de apropiación, tanto del ámbito jurídico, como de las instituciones y las ropias organizaciones sociales demandantes de derechos.

Para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el derecho internacional mostró sus primeros avances desde la década de los sesenta, por el reconocimiento del sujeto étnico, y sentó un primer punto de quiebre con la consagración del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), impactando decisivamente en las discusiones domésticas y modificación de las constituciones, principalmente en ocasión de la celebración del V Centenario de la invasión colonial, a lo que hoy es América Latina. En el caso de los derechos campesinos ocurrió una relación inversa, pues fueron los movimientos nacionales, en diferentes momentos de la historia, que logran -o no- un reconocimiento de los derechos campesinos en las constituciones, por ello, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (DDC), pareciera no ser  tan novedosa pues las constituciones latinoamericanas ya contienen varios avances en materia agraria y de reconocimiento, constituyendo así una puerta de entrada para la DDC.

En los últimos años, los cambios constitucionales han sido entendidos desde la perspectiva multicultural y han tenido impacto del avance del derecho internacional. Sin embargo, sobre el reconocimiento de derechos del campesinado, solo se tienen algunas políticas agrarias redistributivas o avances menores en cuanto a reforma agraria. Respecto al reconocimiento se debe decir, que además de las luchas y la participación de la población campesina en los procesos nacionales, el tema del reconocimiento tiene que ver con reconocer al campesinado como un sujeto social y culturalmente diferenciado, distinto al obrero, y en temas redistributivos, acabar el latifundio, entregar tierra a campesinos sin tierra, en una reforma agraria.

Diana Güiza, basándose en una investigación realizada junto a otros investigadores de Dejusticia, explica que, al cruzar las dimensiones del reconocimiento y la redistribución en las constituciones, se encuentran aquellos procesos constitucionales que, durante el siglo XX, no tienen un reconocimiento del sujeto campesino, como Chile y México. En el caso de Chile, el latifundio impedía el paso al neoliberalismo para hacer más eficiente la producción de la tierra, entonces, se tiene un constitucionalismo liberal y neoliberal. En México, se tiene un constitucionalismo social agrario, pues a pesar de que el campesino es importante en la revolución mexicana (1917), no hay un reconocimiento cabal, y la categoría está imbuida en un lenguaje de clase, aquel que refiere al obrero rural y urbano, pero sí tiene grandes medidas redistributiva.

Cuando existe un reconocimiento del sujeto campesino, pero no hay medidas redistributivas, se trata de un constitucionalismo multicultural neoliberal, estos países se caracterizan por políticas redistributivas muy débiles, pues se piensa en el mercado como regulador. Éste sería el caso del Perú 1983, cuya constitución incluye categorías como las rondas campesinas, pero sus alcances redistributivos son muy tímidos.

El país que al parecer logra un constitucionalismo intercultural redistributivo, es Bolivia, donde existe un reconocimiento al sujeto campesino bastante horizontal respecto a otros sujetos como las naciones originarias y los pueblos indígenas; y además, existen políticas agrarias redistributivas con mucho avance en su implementación. A diferencia de Bolivia, en Colombia existe una amplia protección a indígenas, un tanto menos a afrodescendientes y mucho menos a la población campesina.

A las dimensiones del reconocimiento y la redistribución, habría que sumarles una tercera variable, que tiene que ver con la participación; es decir, el campesinado debería ser reconocido como sujeto distinto, debería contar con políticas redistributivas y debería acceder a paridad política al menos en el ámbito local. Al leer la DDC, puede constatarse que estipula derechos reforzados en estas tres dimensiones, reconocimiento, redistribución y participación. Los tres primeros artículos definen y reconocen a quienes trabajan en zonas rurales, e incluso a quienes han perdido la relación con la tierra; cuenta con medidas redistributivas y recomienda a los Estados, promover medidas de reforma agraria a favor de los campesinos; y en cuanto a participación, recomienda que los Estados deberán fortalecer espacios de participación, e incluso consulta con sujetos campesinos en algunos temas que impactan en sus derechos, lo referido a semillas y transgénicos, proyectos de desarrollo económico, entre otras.

Por su parte, la investigadora Ana Jimena Bautista, nos aproximó al ámbito colombiano donde a través del enfoque de la constitución y las leyes, se tiene un reconocimiento de derechos, bastante diferenciado y jerárquico, donde aquellas personas que no son enunciados por las leyes, no pueden manifestarse y son sujetos subalternos de la ruralidad. La constitución de 1991, propuso el reconocimiento de los pueblos indígenas, en relación con el boom del multiculturalismo y el reconocimiento de los derechos a nivel internacional. El Convenio 169 de la OIT, a nivel interno derivó en el reconocimiento de territorios, derechos, autoridades, jurisdicción, se obtuvo una carta robustecida de derechos. En cambio, las comunidades afro colombianas, no lograron tener una participación directa en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), su voz fue llevada por otros actores. El sujeto campesino no tuvo representación, y solo se aprobó el artículo 64, que indica que el Estado garantizará el acceso progresivo a la tierra para trabajadores agrarios.

Ana Jimena Bautista destaca algunos aspectos referidos al contexto al que arriba la DDC, y que precisamente, delinea aquellos temas que pueden ser reforzados por ésta. 1) existe una diferencia conceptual y jerarquizada frente a indígenas y afro colombianos, no se trata de una definición intercultural. 2) Al no contar con una definición del sujeto, este déficit deriva en una injusticia material histórica, que finalmente se intentó resolver con un litigio que demandó la inclusión de la categoría campesino en el censo de población, al que finalmente, no lograron acceder, pero sí a algunas encuestas, revelando que es precisamente este sector, uno de los más vulnerables, con elevadas tasas de pobreza y con mayores desventajas en los diferentes ámbitos.  3) Las organizaciones campesinas han sido sometidas a un largo proceso de estigmatización de sus demandas y luchas. Esta persecución, con el agravante del conflicto armado ha construido una representación del campesinado como insurgente, y ha generado respuestas muy violentas hacia las comunidades campesinas en demanda o en protesta por mejores condiciones de vida.

Este reconocimiento precario de los derechos de los campesinos logrado en 1991, sin embargo, generó un proceso de expansión de derechos por la vía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Una estrategia de la Corte, fue denominar al sujeto campesino como sujeto de especial protección constitucional, por haber sido históricamente discriminado, para el que el Estado debe tomar medidas diferenciadas. Otra estrategia de la Corte, tiene que ver con reconocer que hay un verdadero corpus iuris del sujeto campesino, que refiere a una lectura campesina de derechos que están en otras partes de la constitución. De esta manera se reconocieron el derecho a la territorialidad, no sólo tierra, el derecho a un plan de vida campesino, entre otros.

Se debe recordar que, Colombia se abstuvo en la votación final que aprobó la DDC. Colombia ya habría procedido así antes, también se abstuvo en la aprobación de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, pero luego la adoptó en su legislación. Según Jimena Bautista, adoptar la DDC puede fortalecer el campo jurídico emergente de los derechos campesinos. En Colombia, los avances en los derechos humanos internacionales siempre han tenido una fuerte repercusión interna, así ocurrió con los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La posibilidad de usar la DDC como criterio de interpretación, es una oportunidad importante para el Estado, y su ratificación puede producir un efecto expansivo de esos derechos en el país.

Reconociendo el origen de la DDC, el esfuerzo de La Vía Campesina, en términos de movilización social, traza un horizonte de lucha con derechos reforzados, al territorio, al agua, a la participación, a la consulta. En escenarios de profunda disputa por determinar el modelo de desarrollo imperante, la DDC es un instrumento que contribuye a las apuestas de las organizaciones.

Entre los participantes del mencionado conversatorio, motivado por la exposición de Diana Isabel Güiza y Ana Jimena Bautista, surgieron algunas reflexiones que vale la pena recuperar. También desde Colombia, Alejandro Henao manifestó su preocupación por el ejercicio de la democracia en la región, y específicamente, el tema de la separación de los poderes, “lo que uno ve es el secuestro de los poderes por parte del latifundio, desde la ley vemos que existe un poder judicial, a partir de esas constituciones, pareciera que es la única posibilidad en la que los movimientos sociales pueden intervenir para exigir sus derechos, los otros poderes, legislativo y ejecutivo, están representados por latifundios regionales”, afirmó.

La líder indígena Luz Mery Panche, reflexionó respecto a la reconocimiento jerarquizado de los derechos indígenas, explicó que a través del tiempo y la experiencia, se puede confirmar que a pesar de las leyes, “los Estados no son garantistas de derechos”. Al ser herramientas, las leyes pueden ser usadas, así como lo hicieron con el Convenio 169 de la OIT, para el tema de la consulta previa, no obstante, los planes de vida no hacen parte del plan de desarrollo; entonces, “los indios tienen su resguardo, los negros tienen su territorio colectivo, los campesinos tienen su zona de reserva, entonces, cuidamos hasta la frontera del territorio colectivo, y de ahí para allá, no nos interesa porque como no es de nosotros, esas leyes nos están dividiendo, nos están fraccionando, ¿cuándo vamos a unirnos para que la lucha se de por tejer esa posibilidad del buen vivir, vivir contentos, respetar la madre naturaleza?”, reflexionó Panche.

Por su parte, Javier Medina se refirió al artículo 4 de la DDC, que si bien explicita la categoría de las mujeres campesinas, “queda uno con la sensación de que muchas de las demandas productivas de las mujeres no quedaron incluidas”, consultando a las expositoras sobre su análisis, en relación a otras demandas de las que estaría hablando la propuesta del feminismo campesino. Diana Isabel Güiza, al respecto, manifestó que solo Paraguay, Venezuela y Ecuador nombran explícitamente a la mujer campesina, el reconocimiento explícito y diferenciado, en necesario porque reconoce los impactos diferenciados de las mujeres del sistema patriarcal en el mundo rural. En la DDC, existe un énfasis de derecho a la tierra, vivencia en la tierra para las mujeres, pero no hay consideraciones sobre otras dimensiones de la mujer campesina. Pensando en cómo hacer uso del cuerpo grande del derecho internacional, hay que hacer una lectura articulada de la DDC con otros instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a manera de complementar esos vacíos.

Sobre el tema de la separación de poderes, y la tendencia a que las luchas campesinas recaigan en el espacio judicial, más que en el ejecutivo y legislativo, Güiza sugirió hacer una lectura histórica, para ver al campesinado como un sujeto activo de cambio social. 

De su parte, Ana Jimena Bautista también se refirió a la peculiaridad de las mujeres campesinas, cuya situación es muy crítica respecto al desarrollo y las desventajas que tienen, que son mayores a la de sus pares hombres. Y sugirió que parte de la agenda de investigación, tendría que dirigirse a responder ¿Qué significa para las mujeres colombianas, la territorialidad campesina, si, por ejemplo, vivir en zonas de reserva campesina, ha significado una transformación en términos de autonomía?

En la tensión entre el multiculturalismo y la interculturalidad, reflexionó Bautista, la tendencia en el reconocimiento de derechos ha sido trabajar con identidades fijas y separadas, lo cual, ha traído enfrentamientos por temas de territorio y gobernanza. La discusión sobre la conceptualización del sujeto campesino refiere a categorías que no corresponden, necesariamente, con la realidad, pues quienes se reconocen como campesinos, también se reconocen como indígenas, como afros. Las identidades no son fijas ni inamovibles, el territorio está compartido por pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y comunidades campesinas.

Respecto a la posibilidad de cotidianizar y materializar las leyes y la DDC, Bautista explicó que estos instrumentos son de enorme utilidad para el movimiento campesino, y también, para los Estados, pues son herramientas que contribuyen a la defensa y protección de las formas de vida campesina. Precisamente ahora, que vivimos una situación de profundización del modelo extractivista, ampliación desmedida de la frontera agrícola para la agroindustria, se trata de un escenario de mucho peligro para la vida campesina.

 [1] Conversatorio “Reconocimiento del campesinado, temas estratégicos y oportunidades que brinda la Declaración sobre los Derechos Campesinos” (23 de septiembre de 2020), organizado por el IPDRS y Dejusticia. Transmisión en vivo disponible en: https://bit.ly/3mx7Q2T 

Uruguay tierra, territorio y Derechos Campesinos

Pablo Díaz Estévez:
diazpablouruguay@gmail.com   

Resumen del Capítulo de Uruguay del Informe
Por la Tierra y Territorio en Sudamérica 2019

Observatorio de Política de tierra, Polo de Desarrollo Universitario Núcleo de estudios rurales, Centro Universitario Regional- Región Noreste-Sede Tacuarembó, Universidad de la República.

1. Marco general del país

Las elecciones nacionales constituyeron el hecho político más destacado de la agenda pública del año. En octubre se eligió 57 % de legisladores y como Presidente de la República a Luis Lacalle Pou del Partido Nacional.

A nivel nacional el precio de compra-venta de tierra alcanzó los 3.756 U$S (dólares americanos) por hectárea en promedio. La superficie productiva que pasó a manos de extranjeros y sociedades anónimas, tomando en cuenta el período 2000-2018, ascendería a 5.027.000 ha (31 % más que en la pasada década). La posición oficial de Uruguay ha entendido que la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales” de la Asamblea General de Naciones Unidas es “un instrumento jurídicamente no vinculante”, aunque “su aprobación no requirió la adopción de legislación específica ni de acción particular por parte de la cancillería”.

2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio

La principal política de acceso a la tierra por campesinos es gestionada por Instituto Nacional de Colonización (INC), mientras que las familias indígenas han accedido principalmente a campos particulares. Dicha institución detentó 615.534 hectáreas (2019), afectando 12 mil hectáreas más que el 2018. Por otra parte, el directorio del INC declaró haber incorporado unas 130.000 hectáreas de tierras públicas. El resultado final en 2019 sería 10 % superior al patrimonio original (2005), a pesar de haber comprado un volumen importante de tierra. También se conformaron 3.685 unidades productivas en el INC que, por una parte, se consideran “unidades productivas familiares” con uno o dos titulares, y por otra parte dentro de las “unidades productivas”, 223 unidades “asociativas” que ocupan 34 % del territorio colonizado. Institución que culmina con 7 veces más experiencias asociativas con las que comenzaron los gobiernos progresistas. La experiencia asociativa en 2005 tenía 414 (colonos y no colonos), en septiembre de 2019 se llega a 2.324 (casi 5 veces más usuarios de campos colectivos).

En diciembre de 2019 se registraron 4.058 colonos titulares, o sea 248 colonos más que en 2005. Con adjudicaciones de tierra a mujeres titulares o miembros co-titulares de una familia representan 28 % del total de unidades de producción familiar y 22 % de la superficie adjudicada.

Se conoció que el Partido Colorado, con su colectivo “Ciudadanos”, estaría al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para el período de gobierno 2020-2025, lo cual ralentizaría el acceso a la tierra, ya que este partido proponía en su campaña electoral “adecuar el Instituto Nacional de Colonización” a las “condiciones actuales”, partiendo de una evaluación negativa de la política de tierra del Frente Amplio.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

La gestión del agua de los embalses del Río Negro y los daños por el trazado del Ferrocarril Central fueron los conflictos territoriales más importantes, entre la sociedad organizada, el gobierno y la empresa finlandesa-urugaya United Paper Mills Ltd.(UPM).

En enero 2019, el Presidente uruguayo resolvió la expropiación y “urgente toma de posesión” de 9,4 ha rurales para la ampliación del embalse en Rincón del Bonete. El conflicto involucra a 750 padrones afectados en 10 mil ha por la inundación al aumentar el lago hasta la cota de 81 m. En respuesta, se registraron acciones de la población local, operadores de turismo y otros colectivos, convocados bajo la consigna “No a la cota 81”. 30 colectivos y organizaciones sociales se movilizaron el Día mundial de agua (22 de marzo) en la avenida principal de Montevideo contra este proyecto.

El 30 de abril movilizaciones en desacuerdo se presentaron en la Audiencia Pública para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de celulosa de UPM, pero el 14 de mayo la Dirección Nacional de Medio Ambiente autorizó la construcción de la pastera sobre la costa del Río Negro. Pobladores urbanos que construyeron sus viviendas por debajo de la cota 60 serán afectados por una recategorización del suelo.

También quedó socialmente deslegitimado, el ordenamiento territorial del trazado de los 273 kilómetros del Ferrocarril Central que une la planta de UPM2 en Paso de los Toros. En enero, el Colectivo “Por el costado de la Vía” denunció al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, frente a la Institución Nacional de Derechos Humanos por el incumplimiento a acceso de información sobre el trazo y sus impactos.

En junio 2019, el Instituto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República señaló que: “las personas en estos procesos no han podido ejercer cabal y totalmente sus derechos territoriales y ambientales”, ya que se niega información sobre los impactos ambientales y territoriales para los vecinos del Proyecto Ferrocarril Central.

Otros conflictos: 1) En mayo vencía la última prórroga para que varias familias de colonos desalojaran las fracciones 25 y 31 (594 hectáreas) de la Colonia Eduardo Acevedo en el Departamento de Artigas, generando movilizaciones locales. 2) Desde el 2014, la familia Zuliani realizó varios intentos de negociación por la deuda que habían contraído con el INC, familia compuesta por 13 personas con 4 residencias rurales por más de 40 años. En noviembre 2017 se reafirma la recisión del contrato, dando lugar al desalojo por la vía judicial. Si bien un recurso jurídico presentado por los Zuliani frenó el desalojo hasta la actualidad, el problema sigue latente.

4. Acciones campesinas e indígenas

Se desataron varias protestas contra los mega emprendimientos que, en algunos casos, involucraron también a los gobiernos departamentales del Partido Nacional (caso de UPM 2 y su tren de Florida, Durazno y Tacuarembó).

El Plan Nacional de Agroecología integra las promesas de la campaña del Frente Amplio por las elecciones nacionales. También se registraron propuestas cercanas en los demás partidos.

En febrero, el consorcio Aborgama-Favelan-Ebital propuso un nuevo predio rural, aprobado por la Junta Departamental de Canelones para construir un megabasurerro, generando una nueva localización. Frente a esta iniciativa, se re-organiza la “Defensa del Solís Chico y sus afluentes” de vecinos, para realizar una campaña de información, estudio, denuncias y difusión de los impactos negativos al rubro de la producción granjera y de alimentos.

En junio, la Comisión “Canelones libre de soja transgénica”, se movilizó y entregó una carpeta con denuncias de afectaciones por agrotóxicos frente a la INDDHH.

El 28 de junio se produjo una concentración de colectivos frente al Consulado de Finlandia para entregar de una carta al diplomático en Montevideo, donde señala que el Proyecto UPM2 no cuenta con licencia social.

Otras acciones: 1) 16 y 17 de marzo se celebraron en Tacuarembó, las primeras contra-audiencias, con pobladores locales, científicos y agentes políticos críticos a la tercera planta de celulosa. 2) La segunda contra-audiencia se llevó el 4 de mayo en Sarandí Grande con la participación de vecinos afectados por el proyecto Ferrocarril Central con la futura gestión y contaminación del agua de los embalses del Río Negro. 3) El sindicato de FFOSE y la ONG Redes Amigos de la Tierra, presentaron (6 de agosto) a la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad a los decretos sus 366/18 y 368/18 que reglamentaron la Ley de Riego que promueve un mercado privado de embalse y abastecimiento de agua para el sector agropecuario. 4) El movimiento intersectorial Un Solo Uruguay, se movilizó (5 de septiembre) por el centro de la capital de la República para manifestar la crisis del sector productivo y rechazo al contrato entre Uruguay y UPM. 5) En septiembre, el Colectivo Eco-feminista de Fray Bentos y el espacio de comunicación alternativa “Patancha en la tierra” (conformado por integrantes de diversas organizaciones rurales, indigenistas, pescadores artesanales y colectivos de todo el país relacionados contra UPM), realizaron una jornada de intercambio con movilización en el entorno del emplazamiento de la pastera UPM1 y la situación de UPM2, en Playa Ubici sobre el Río Uruguay. En esa instancia binacional, los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú (Argentina), mostraron los informes técnicos de monitoreo ambiental bi-nacional, subrayando la inexistencia de monitoreos atmosféricos y estudios sobre prevalencia a cáncer. 6) La tercera contra-audiencia fue celebrada en Montevideo (12 de octubre), se planteó la necesidad de una reforma constitucional para evitar contratos similares al contrato con la pastera finlandesa (2017). 7) Antes de las elecciones nacionales, la Coordinación Nacional contra UPM realizó una marcha en Montevideo. 8) Productores rurales de Cerro Alegre denunciaron que a 15 km de la capital de ese departamento se secaron los pozos de agua con la forestación masiva de eucalyptus. Y señalaron que el éxodo rural se debe a la falta de trabajo en el campo. 9) Ex-trabajadores de las dos plantas de celulosa denunciaron que para el 2019 se contaba con 220 trabajadores registrados en los organismos de seguridad social. 10) El 8 y 10 de noviembre el Movimiento por la tierra organizó el “Campamento de la pesca artesanal” en el Sauce de Paso de los Toros sobre el Río Negro y difundieron su situación socio-económica, así como el estado del agua antes de la instalación de las plantas de UPM. 

5. Propuestas

En las “Bases programáticas 2020-2025” del Frente Amplio para un futuro gobierno, se señalaba que dentro de los Objetivos programáticos de las “Agroindustrias” se procuraría impulsar una política de promoción de la producción agroecológica mediante la instrumentación de un Plan Nacional para el fomento, promoción y desarrollo de sistemas de producción.

Diversas organizaciones sociales y académicos vinculados a la Sociedad Latinoamericana de Agroecología promovieron la creación de un Plan Nacional de Agroecología (PNA). Se movilizaron en el encuentro de la Red de Agroecología, por su reglamentación en el centro de Montevideo y el 9 de noviembre en el Encuentro de Mujeres de la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay, entre otros.

Antes de la elección nacional, la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (AFINCO) alertó la posible venta de terrenos arrendados, prevista en las campañas electorales.

Organizaciones vinculadas al gremio rural del Ministro Uriarte y de Un Solo Uruguay, en diciembre conformaron una Comisión de Colonización, que propuso la suspensión de los desalojos, la defensa de la Ley 11.029 del INC y la candidatura a “representante” de los productores en el Directorio del Instituto Nacional de Colonización a Andrés Briosso.

En diciembre, se alcanzaron 50.000 firmas totales, y en 8 localidades de las “Iniciativas ciudadanas” se cubrió 15 % requerido. Con la propuesta de desviar el Ferrocarril Central para que no atraviese barrios y centros poblados, son factores que abren la posible renegociación del contrato del gobierno 2020-2025 con la empresa finlandesa.

6. Normas

En junio se reglamentó la Ley 19.717 con el Decreto Nº 159/2019 que establece el funcionamiento de la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas. 

En julio, representantes al MERCOSUR firmaron 25 documentos oficiales de un TLC con la Unión Europea, sin conocimiento de la ciudadanía, poniendo en riesgo la soberanía en distintos ámbitos. El Presidente de la República junto a la Ministra de ambiente aprueban “la selección y delimitación del área natural protegida denominada ´Paso Centurión y Sierra de Rios`, y sus zonas adyacentes” (decreto N° 198/019).

En setiembre, la Junta Departamental de Canelones aprobó el "Plan de Ordenamiento Rural de Canelones - Ruralidades Canarias" (Decreto 015/019) que limita la plantación de soja transgénica, sin embargo, en noviembre el Intendente resolvió (Resolución 08/048) que la falta de reglamentación deja sin “efecto la implementación”.

En octubre se promulgó la ley 19.781 de “titularidad conjunta” de las tierras del INC a “uniones de hecho, civiles o matrimoniales” que se dediquen a la actividad productiva.

La Comisión para la Gestión del Riesgo habilitó consultas públicas para introducir eventos transgénicos para ensayos a campo del trigo HB4-PAT, soja (HB4-PATXRR) y del maíz T25 para producción de semilla y uso comercial, sin considerar denuncias de las organizaciones sociales en torno a Redes-Amigos de la Tierra porque no se “identifica un riesgo significativo asociado a los eventos”.

7. Instituciones

El decreto Nº 159/2019 reglamentó la Ley 19.717 da lugar a la conformación de la “Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas” al interior de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP.

Con fondos de la empresa UPM, una coordinación entre gobiernos departamentales y el MVOTMA dio lugar al plan de acción para la mejora del agua en la cuenca de Río Negro “Iniciativa para el Río Negro” (Decreto Nº 298/018), con el objetivo de determinar “un conjunto de medidas para prevenir, controlar, detener y revertir el proceso de deterioro de la calidad del agua de ese curso fluvial que atraviesa Uruguay”.

 Zongo: La histórica lucha por el respeto de la justicia indígena contra un empresario minero

Magalí Vienca Copa Pabón[1]

La Constitución Boliviana señala que, las naciones y pueblos indígenas se constituyen en una jurisdicción con potestad para administrar justicia en el marco de sus competencias y que su jurisdicción goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, el paso del reconocimiento al ejercicio jurisdiccional en condiciones de igualdad ha llevado a las autoridades indígenas a recorrer una serie de luchas legales ante los tribunales ordinarios y la justicia constitucional.

Un caso emblemático de la justicia indígena boliviana es el caso de empresario minero Ing. J. Oscar Bellota Cornejo quien mereció la sanción de expulsión del lugar en junio de año 2010 mediante una resolución de la justicia indígena de Zongo. Cabe destacar que, este empresario inicio labores mineras en el lugar desde el año 1975 y se afilió como miembro de la Comunidad de Cahua Grande el año 1979. Como afiliado tuvo mucho poder e influencia en el sector, llegando a iniciar procesos y encarcelar a los dirigentes que estuvieran en su contra. Según los testimonios de los abuelos, llegó a comprar terrenos hasta por el valor 20 bolivianos con promesas de trabajo a los comunarios y apoyo a las comunidades, las cuales no cumplió, además de lo cual, se apropió del agua y los terrenos para el funcionamiento de su mina, por lo que fue juzgado por indebida apropiación de tierras comunales, abusos a trabajadores y comunarios, y daños al medio ambiente.

En aquel entonces, la justicia indígena a la cabeza de las autoridades de la Central Agraria de Zongo, en un magno ampliado, con participación de 35 comunidades, decidió expulsar al empresario minero, tras escuchar a ambas partes. Tras esta decisión las autoridades comienzan a ser procesadas penalmente a denuncia del empresario minero.

“Estoy privado de libertad, encarcelado, sin que haya respetado Leyes que disponen las jurisdicciones establecidos” esto escribió en una carta Gerardo Poma Canqui, el 13 de marzo de 2013, mientras estaba detenido preventivamente en la Cárcel de San Pedro. Él fue una de las cuatro autoridades detenidas, así mismo, otras 40 autoridades y miembros fueron procesados por diferentes delitos denunciados por el empresario minero y, esta lista se hacía más grande debido a la ampliación de la denuncia que hacía constantemente el empresario minero. En mi primera visita a la comunidad de Cahua Grande, en marzo de 2013, los comunarios temblaban de miedo y no querían hablar por las represalias que pudiera tomar el empresario minero.

Las mujeres de Zongo, esposas de los detenidos y procesadas, junto a las autoridades comenzaron una lucha legal para sacar a sus autoridades de la cárcel y evitar más detenciones. Es así, como estas autoridades comienzan a activar todas las acciones y recursos de la Constitución para defender la labor jurisdiccional de la justicia indígena.

El 15 de octubre de 2012, Andrés Jallahuanca, entonces Secretario General de Cahua Grande, interpone ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una consulta como autoridad indígena. Le consulta al Tribunal si es constitucional la sanción de expulsión del minero. Más tarde una comisión de justicia de Zongo encabezada por Marcelo Chambi quien era la cabeza de la Central Agraria, Marcela Quisbert Pilco y Juan Carlos Marcani, promovieron un conflicto de competencias pidiendo al Juez de Primero Instrucción en lo penal de la ciudad de El Alto, a cargo del Juez Enrique Morales Díaz, se aparté del caso toda vez que el caso ya fue resuelto por la Justicia Indígena. En esta etapa denotamos el acompañamiento de Asociación de Antropólogos de La Paz ADA- La Paz, por intermedio de Pedro Pachaguaya y Aldo Bailey.

MAGISTRADOS 2012-2014: L. Velasquez C, G. Cusi M., M. Camacho y R. Chanez Ch. (de pie) V. Andrade, R. Flores y
E. Choque (sentados). Fuente: TCP: www.tcpbolivia.bo

La Sala Primera Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a la cabeza de la entonces magistrada Rosario Chanez Chire y junto al Magistrado aymara Efren Choque Capuma, con el apoyo técnico de la Unidad de Descolonización, emiten una Resolución DCP 0006/2013 de 5 de junio de 2013, primera sentencia de esta naturaleza que revisa las actuaciones de la jurisdicción indígena a la luz de la Constitución. De manera inédita, esta declaración resuelve la APLICABILIDAD de la decisión comunal de expulsión y desalojo del empresario minero José Oscar Bellota conforme a su jurisdicción. Más tarde la Sala Plena del TCP emite a Sentencia Constitucional 874/2014 de 12 de mayo de 2014 que, tiene como relator a Gualberto Cusi Mamani, entonces magistrado indígena de la Sala Especializada, el cual, con el apoyo de la mayoría de magistrados, dispone que la Jurisdicción Indígena de Zongo es la competente para resolver el caso del minero y le ordena al Juez entregar los expedientes del caso a las autoridades de la justicia indígena.

Foto: Pedro Pachaguaya, 13-10-14

El lunes 13 de octubre de 2014, el Juez de Instrucción en lo penal de El Alto Dr. Enrique Morales Díaz, se vio obligado a entregar los expedientes en un acto público a las autoridades de la justicia indígena de Zongo. Blanca Mollinedo entonces Secretaria General de la Central, se carga los 6 expedientes en un aguayo en señal de restitución de la justicia indígena. Sin embargo, el juez no libera a los cuatro detenidos porque ha perdido competencia, generando la necesidad de un acto de cooperación entre la justicia indígena y la ordinaria, de modo que ambas jurisdicciones (la ordinaria y la JIOC – Justicia Indígena Originara Campesina) con intervención del Consejo de la Magistratura, por intermedio de su entonces presidenta, Cristina Mamani, liberan a los cuatro detenidos. Esta ha sido la primera vez que, la JIOC- Zongo, recupera la soberanía jurídica de un caso por orden constitucional.

De acuerdo con lo anterior, quedó establecido que, de ese momento en adelante la competencia del caso es de la justicia indígena. Estaba en manos de la Justicia Indígena de Zongo la competencia del caso, por lo que debían respetar los derechos humanos del empresario y buscar el respeto de su resolución de expulsión.

El primer acto dela JIOC- Zongo fue convocar al empresario minero para que se haga presente ante los jueces indígenas para el cumplimiento de la SCP 874/2014 (notificación de 14/01/2014), sin embargo, el empresario minero no se presenta y más al contrario, inicia nuevos procesos penales contra las autoridades, quienes a su vez ratifican, con una resolución escrita en aymara, su decisión de expulsión contra el empresario minero (Resolución Taripaqi Kamachi “Maya”, publicado en el Diario el 25/01/15).

La lucha no termina. Las autoridades enfrentan nuevos procesos penales, pero esta vez tienen la herramienta del conflicto de competencias para pedirle al juez penal que se aparte del caso, dado que, ya existe una sentencia indígena que, dentro en la justicia indígena equivale a “cosa juzgada”. El Tribunal Constitucional nuevamente les da la razón y emite la Sentencia 0036/ 2018 de 24 de septiembre de 2018, que declara competente a la Justicia indígena, con la cual, el caso del empresario minero vuelve a la jurisdicción indígena por segunda vez.

En todo ese tiempo, el empresario no ha parado de explotar la mina y no han cesado las amenazas de procesos penales contra los comunarios. Esta situación llevó a los comunarios a emitir una resolución final del caso, se buscó que, no sólo se cumpliera la sanción dentro de la comunidad, sino que, también las autoridades del Estado cumplieran la decisión de expulsión y consecuentemente, se suspendiese la mina, se restituyesen los daños al medio ambiente y se pagasen los daños a los trabajadores y comunarios. Para ello, se conformó un Consejo de Justicia, como instancia judicial indígena encargada de la ejecución de la sentencia de expulsión del empresario minero. El consejo convocó nuevamente al empresario minero mediante una notificación a su domicilio y también, mediante un instructivo de la Central Agraria del 16 de septiembre de 2019. Ambas para garantizar su derecho a la defensa. A lo cual, el minero no se presentó a este último acto de la justicia indígena, desconociéndola e irrespetándola.

Miembros del Consejo Justicia (Eusebia Zambrana y Edwin Limachi) (Foto: IPDRS)

En este marco se lleva la última audiencia del 21 de septiembre de 2019 en la comunidad de Cahua Grande, a esta audiencia acuden varias instituciones como veedoras, entre ellas el Viceministerio de Descolonización, La Sub Alcaldía del distrito rural 23 de la ciudad de La Paz, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), Asociación Departamental de Antropólogos (ADA- La Paz), además de autoridades indígenas de otras naciones de La Paz y medios de comunicación.

En esta audiencia, el Consejo de Justicia junto a la Central emite la Resolución 001/2019 del 21 de septiembre de 2019 -notificado al minero y publicado en el periódico la Razón de 26 de septiembre de 2019-, que por enésima vez señala la decisión comunal de expulsión, pero además se dispone que, las instituciones estatales cooperen con la ejecución de la sentencia de expulsión del minero, disponiendo que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Ministerio de Minería dejen sin efecto la concesión minera, además de otras órdenes a otros ministerios, policía boliviana, notarios, entre otros, para que cooperen y coadyuven con la decisión de la justicia indígena. No obstante, lo anterior, nadie obedece a los jueces indígenas. La policía boliviana a la cabeza de su comandante departamental responde que los indígenas “no tienen competencia”. Otras les piden a los jueces indígenas esperar, sin resultado alguno. Ven las polleras y bastones de mando de las autoridades y siguen ideando a la JIOC como una justicia subalterna y sometida a la justicia ordinaria.

En este lapso, el empresario minero arremete nuevamente contra las autoridades indígenas interponiendo una acción de amparo constitucional. Denuncia a los jueces indígenas por violación a sus derechos humanos y, en su memorial de demanda, nuevamente desconoce la competencia de la justicia indígena y él pide a los vocales de la Sala Constitucional Cuarta, se le restituyan sus derechos, entre estos el de continuar explotando la mina, todo esto pese a la resolución de expulsión de las 35 comunidades de Zongo. Así comienza un nuevo desafío para la JIOC Zongo, consistente en demostrar que, sí se respetaron los derechos humanos del empresario minero.

Con la audiencia de amparo, las autoridades indígenas son citadas por medio de mensajes de WhatsApp, convocándolos a una audiencia virtual de amparo para 23 de septiembre de 2020.

Audiencia virtual con autoridades indígenas, 25/09/2020 (Roto: Roger Chambi)

El día indicado las autoridades alquilan un ambiente con internet wifi, colocan las whipalas, con sus bastones de mando en una mano y la Constitución en otra y, se sientan frente a una pantalla de computador para asistir a la audiencia virtual. El equipo jurídico que los apoya ha estado conformado por cuatro abogadas militantes con procesos indígenas, Dra. Gabriela Sauma, María Elena Attar, Patricia Serrudo y mi persona Magalí Vienca Copa. Este cuerpo legal, en diálogo con las autoridades indígenas de Zongo a la cabeza de Gabino Quispe Apaza como Central, Edwin Limachi y Eusebia Zambrana Canqui como jueces indígenas del Consejo y los terceros interesados a la cabeza de la amawta y perito indígena Marcela Quisbert Pilco, quien ha luchado una década por el respeto de la JIOC Zongo, diseñan las estrategias de defensa. En la audiencia se demostró que no se vulneraron los derechos humanos del empresario minero, tanto desde una perspectiva constitucional como también, desde la visión y prácticas indígenas. En esta audiencia se presentaron instituciones y expertos, como AMICUS CURIE (amigos del juez), estuvieron presentes Pedro Pachaguaya en representación de ADA- La Paz, Oscar Bazoberry, Coordinador General del IPRS, Dr. Marco Mendoza de Fundación Construir y la ONG Realidades.

Finalmente, tras cuatro horas de audiencia, donde intervinieron en mayor medida los abogados, se emitió el fallo final de acción de amparo interpuesta por el empresario minero. La presidenta Dra. Carmiña Ninoska Vera Márquez y el vocal Dr. Rubén Ramirez Conde, de la Sala Cuarta Constitucional, resuelven DENEGAR la tutela al empresario minero y les dan la razón a los jueces indígenas, por lo que la Resolución 001/2019 de 21 de septiembre quedó subsistente y es respaldada por la justicia constitucional. En ese momento las autoridades indígenas se abrazan y lloran de alegría. Habían pasado diez años desde que decidieron expulsar al empresario minero en el marco de la justicia indígena y, ese día abogados, jueces indígenas y comunarios, se dieron cuenta del valor de las sentencias indígenas, de que, los papeles de la justicia indígena si tienen fuerza. ¡Ahora sí! Dice la mamá autoridad del consejo de Justicia Eusebia Zambrana y la mamá amawta Marcela Quisbert, entre lágrimas, recuerdan que, varias ex autoridades y comunarios murieron siendo procesados por causa del empresario minero. También jóvenes abogados indianistas como Marco Antonio Tola Calle que acompañó legalmente y Roger Chambi que grabó y difundió el proceso, además de medios de comunicación, dan cuenta de lo que pasó en la audiencia (Pagina Siete – 24/09/20) (Ver: https://www.facebook.com/watch/?v=700430807237324&extid=Om4ZvzPKIrYrW7dl).

Ahora las autoridades inician la ejecución de su sentencia. Saben que todavía deben pelearse con las instituciones del Estado para hacer valer sus resoluciones y que, cuentan con las acciones constitucionales para exigir el cumplimiento estricto de sus decisiones. Las mujeres, como Marcela Quisbert Pilco y otras, se levantan e inauguran un camino diferente para la justicia indígena, un camino que implica superar las brechas que aún les impone el Estado, pero al mismo tiempo, de creación institucional, de puentes inter-institucionales de relacionamiento con el Estado, y fortalecimiento interno, para reconstituir el Derecho Indígena y que, su ejercicio jurisdiccional sea para garantizar los derechos humanos de sus miembros, y para lograr por fin, como seguro los soñaron los caciques apoderados, una soberanía jurídica autentica que, pueda ser la respuesta, quizá, a la crisis judicial en la que vivimos.

[1] Abogada, docente y activista aymara. Fue parte de la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional como abogada constitucionalista (2012-2014) y realizó una Maestría de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí- México.

Venezuela un país devastado

Manuel Gómez Naranjo:
mgomez953@gmail.com  

Juan Fernando Marrero:
fernandomarrero63@gmail.com

Resumen del Capítulo de Venezuela del Informe
Por la Tierra y Territorio en Sudamérica 2019

Desde 1922, el petróleo sustituyó a la agricultura y la ganadería como principales productos de exportación, por tanto, el Estado se convirtió en el dueño de la riqueza del país, pasando a la nacionalización de la industria petrolera (1976). La agricultura y la ganadería fueron relegadas, a tal punto de convertirse en importador neto de alimentos, generando un proceso de estatización de la agroindustria y expropiación de tierras, ocasionando una caída significativa en los niveles de producción agrícola.

El año 2014, las importaciones agrícolas llegaron a ser de US$ 10.400 millones, pero empezaron a declinar a partir de 2015, llegando en 2018 a US$ 3.620 millones se estima que el 2019 no superará los US$ 1.300 millones. Existe escasez de alimentos por la ola hiperinflacionaria que sobrepasó los intentos del gobierno de controlar los precios, pero según el Banco Central de Venezuela la inflación cerró con 9.585,50 % (2019) y en 2018 fue de 130.060,20 %.

Hubo un desmantelamiento de la institucionalidad de apoyo a los productores (crédito, asistencia técnica, sanidad animal y vegetal, investigación) que, al día de hoy, es prácticamente inexistente.

El contexto político es confuso, algunos aspectos marcados por el papel que desempeña Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. El escenario posible para salir de esta dura situación es una transición negociada que permita ir a unas elecciones presidenciales con un Consejo Nacional Electoral neutral y observación internacional.

AVANCES EN EL ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

La Constitución de 1999 declara al régimen latifundista como contrario al interés de la sociedad y sienta las bases de un acceso a la tierra rural en el que se les reconoce a los productores agropecuarios, el derecho a la propiedad de la tierra, en los casos especificados en la ley respectiva. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LDTDA) del 2001 fortalece lo referido, y contiene disposiciones preferentes al considerar al género, la edad, la condición socio-económica y la ocupación precaria consuetudinaria, de los sujetos a favorecer por la política agraria, para luego obtener cartas agrarias o títulos de adjudicación, entregados por el INTI.

En el censo 2011 se registró a 725.128 personas que se reconocen como pueblos indígenas, adquiriendo el reconocimiento a su organización social, política, económica y costumbres propias, así como sus derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente han ocupado y la demarcación de la propiedad colectiva de sus tierras, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001).

El 2013, el sector oficial declara que 6 millones de hectáreas son afectadas y entregadas a campesinos y productores, bajo distintas figuras o instrumentos, cifra observada por los sectores y gremios productivos. Actualmente, el ocultamiento en estadísticas oficiales complica el cálculo de la superficie entregada en el 2019. Se debe considerar que los campesinos y demás productores que no cuentan con la titularidad de la tierra, se afectan los derechos de tenencia y sus garantías. Los títulos de adjudicación son el único instrumento de regularización que garantiza la propiedad de la tierra agraria al campesino y productor, ya que el título de adjudicación no otorga la propiedad plena.

CONFLICTOS EN EL ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

La expropiación de tierras privadas para la adjudicación o entrega de cartas agrarias y la demarcación de tierras indígenas son tema de conflictos ocasionados por la oposición de productores y grandes propietarios que sienten perjudicados sus intereses y derechos.

Por otro lado, se advierte que la principal causa de la conflictividad es la delincuencia, común y organizada. Distintas organizaciones campesinas denuncian el hurto de reses, robos de equipos e insumos, ataques de colectivos armados afines al partido de gobierno, las amenazas del INTI de entregar los fundos y fincas de campesinos y ganaderos a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), la confiscación discrecional de las cosechas (café, cacao, leche), las detenciones arbitrarias de campesinos y el asesinato registrado de productores y campesinos.

La conflictividad ha llegado a niveles como el asesinato de campesinos, líderes y productores, hechos que provocan la organización social, a través de protestas y denuncias públicas en plataformas opositoras, como también en estructuras oficialistas como La Marcha Campesina Admirable y el Congreso Campesino.

Se denuncia una militarización para controlar la producción de café, cacao, arroz, lácteos y caña de azúcar, entre otros. Ejecutados por comandos militares o las llamadas milicias comunales.

El abandono de predios agrícolas, ocasiona una caída importante en la producción y suministro de alimentos. La drástica caída en la oferta agrícola se atribuye a la escasez de insumos por la crisis económica y social, a la inseguridad jurídica en el campo, a la expropiación de 6 millones de hectáreas y la violencia desatada en la cadena productiva, hasta su comercialización.

La situación de los productores de café similar a la de los productores de cacao. Son 59.000 en todo el país con una superficie sembrada de 207.143 hectáreas (según censo agrícola 2007-2008) y eran 290.000 el año 1992. Estos productores (mayoritariamente campesinos) sufren la persecución de los organismos públicos o del hampa organizada, lo que los empuja a abandonar la tierra, a cambiar de rubro o a resistir.

En noviembre se crea el Frente para la Defensa de la Seguridad Jurídica y Personal de los Productores y Habitantes del Medio Rural con el fin de reunir a diputados de la Asamblea Nacional, representantes de gremios productivos, academias, universidades y de la sociedad civil del sector agroalimentario, para denunciar ante las instancias nacionales e internacionales, la situación de violencia y delincuencia que se vive en el campo venezolano.

La explotación minera es un conflicto latente, en este tema resaltamos el proyecto Arco Minero del Orinoco (AMO) irrespetando la vida (daño ambiental) y costumbres ancestrales de los pueblos indígenas y forzando su desplazamiento de 111.843 Km2, para la cual se presentó un recurso de amparo constitucional introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la defensa de los indígenas y del ambiente, que está aún por decidirse.

ACCIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS DE ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

La mayoría de las organizaciones campesinas e indígenas están influidas por el partido de gobierno y las organizaciones independientes son débiles para plantear reclamos y demandas a un gobierno con rasgos autoritarios. Las movilizaciones campesinas tienen ese carácter desarticulado y confuso tendiendo a actuar a favor del gobierno y tomar venganza con opositores, mediante la invasión a tierras productivas.

Disputas por la tierra: los contrarios se juntan por la defensa de la tierra. Se tejieron alianzas que integran a todos los actores afectados (medianos y grandes productores, campesinos e indígenas) y se constituyó (2018) la Red Agroalimentaria de Venezuela, la cual realizó (2019) encuentros y tratar temas asociados al sector agroproductivo y a la enorme inseguridad sobre la tenencia y propiedad de la tierra.

Los campesinos resisten a la tentación confiscatoria del gobierno. La reducción de los ingresos petroleros ha desatado en el gobierno una voracidad fiscal y corrupción en varios ámbitos, las cuales desatan acciones de resistencia para escapar al monopolio confiscatorio impuesto por el gobierno, llevaron a productores de café a vender el café procesado (molido) sin restricciones de precio.

Movimiento campesino “oficialista” le planta cara al gobierno. En julio se produjo la Marcha Campesina Admirable, colectivo progubernamental; sus planteamientos fundamentales eran: i) reclamar la investigación de  alrededor 300 sicariatos (asesinatos por encargo) de campesinos por causa de la lucha antilatifundista; ii) exigir el reconocimiento del campesinado como centro de la soberanía alimentaria; iii) denunciar a la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana por acciones violatorias contra campesinos; iv) reconducir la política como: la distribuidora de insumos agrícolas Agropatria y otras dirigidas a los verdaderos productores; v) denunciar la poca asertividad de las políticas agrarias del gobierno nacional; junto a la intimidación por la violencia rural de parte de grupos paramilitares, guerrilleros y de naturaleza similar.

Pueblos indígenas entre la tentación del oro y el desgarramiento de sus identidades El 2016 se decretó “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, con 111.843 Km2, en la que están asentadas una cantidad importante de comunidades indígenas. Durante 2019, el Arco Minero del Orinoco fue un campo de batalla en el que algunas comunidades indígenas luchaban por proteger sus territorios, mientras que otras, pactaban con los factores en disputa para sacar provecho de la explotación. Mientras tanto, la presencia institucional del Estado se mantuvo ausente, en manos de las fuerzas irregulares y de componentes paraestatales que lucran ilícitamente la explotación minera.

PROPUESTAS PARA SOBREVIVIR A LA CRISIS

Las principales propuestas relativas a la lucha por el acceso y defensa a los derechos a la tierra se podrían resumir en los siguientes asuntos: Aprobación del Plan País (2019) por parte de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora). Este Plan, a pesar de que ha sido ampliamente discutido en todo el país por una gran diversidad actores políticos, sociales y productivos solo puede ser operacionalizado de forma marginal porque el Poder Ejecutivo en funciones no reconoce sus fundamentos ni su enfoque.  Introducción del proyecto de “Ley de cacao venezolano” a la Asamblea Nacional por parte de ASOPROCAVE.

La sociedad agraria está fuertemente movilizada realizando propuestas, marcos jurídicos para garantizar el acceso y la propiedad de la tierra, formulación de políticas públicas para apoyar el sector agrario, diseños institucionales para mejorar el desempeño del Estado, y hasta la elaboración del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela en cooperación con el Sistema de Naciones Unidas en el que se establecen metas relativas a la seguridad alimentaria.

NORMAS QUE NADIE RESPETA

El gobierno venezolano es reconocido como un Estado interventor y autoritario, especialmente en los últimos 20 años de gobierno revolucionario.

El 2019, el Ejecutivo Nacional presenta la Ley Plan de la Patria o Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Relacionado con las políticas agrarias de acceso a la tierra se dispone actividades concretas para lograr la soberanía alimentaria, garantizar el derecho a la alimentación y optimizar el proceso de la regularización y acceso a la tierra; fomentar la inclusión de los pueblos indígenas; el desarrollo de una política integral de utilización y disfrute de los recursos naturales que garantice la conservación, protección y sustentabilidad de la diversidad biológica y el sistema hídrico nacional. 

DESMANTELAMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA

En Venezuela desde hace un par de décadas se acentuó un masivo proceso de desinstitucionalización. El gobierno revolucionario se ha caracterizado por: i) La sujeción absoluta de todos los poderes públicos al poder Ejecutivo, ii) La creación de una institucionalidad paralela para copar espacios que pudieran estar bajo el control de factores de oposición: Asamblea Nacional, gobernaciones, Alcaldías; iii) Impulso de movimientos sociales y organizaciones sociales adeptos al gobierno para contrarrestar las fuerzas sociales opositoras; y vi) La centralización de las instituciones públicas disminuyendo de manera progresiva las atribuciones que habían sido transferidos a los ámbitos regional y municipal.

Un ejemplo de lo dicho es que “…en Julio del 2017, el partido de gobierno autodesigna inconstitucionalmente un cuerpo legislativo paralelo a la AN, la “Asamblea Nacional Constituyente” (ANC) profundizando así, el estado de inseguridad jurídica ya desarrollado por el ejercicio de gobierno mediante decretos de emergencia económica, al no respetar la autoridad legislativa de la AN y promulgando a la vez, decretos y leyes irritas, denominados “Constitucionales”, pero que han permitido bajo falsa legalidad, acciones del Ejecutivo, que inciden directamente sobre la actividad económica del país”

Esta postura autoritaria y centralizadora del gobierno ha sumergido al país en un caos institucional donde todo se vale y donde la función pública se ha precarizado, al punto, que las instituciones del sector agrario son cascarones vacíos totalmente inhabilitados para servir a la sociedad.

 Descarga el Informe Por la Tierra y Territorio 2019 en el siguiente enlace: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/117 

NO BRASIL PÓS GOLPE O RENTISMO NO CAMPO NÃO POUPA NINGUÉM

Valéria Pereira Santos
Claudio Adão Dourado de Oliveira

Resumen del Capítulo de Brasil del Informe
Por la Tierra y Territorio en Sudamérica 2019¹

1. MARCO GENERAL DEL PAÍS

O Brasil é um país caracterizado pela sua riqueza natural, e desde a colonia responde a estruturas profundas de dependência agro-extractiva, difíceis de quebrar, mesmo para governos de esquerda.  Neste contexto, o agronegócio, as actividades extractivas e o desenvolvimento de grandes obras de infra-estrutura constituem um mosaico económico que afecta directamente as populações rurais e urbanas, e os territórios onde estas vivem.

Desde o golpe de Estado da ex-Presidente Dilma Russef até à chegada de Jair Bolsonaro ao poder em 2019, as instituições estatais consolidaram políticas de extrema direita baseadas em ameaças, na perda dos direitos dos povos e na continuação do desmatamento florestal para os converter ao agronegócio.  Uma característica do processo político no Brasil é a militarização. Pelo menos 8 dos 22 ministérios são geridos pelos militares.

A lógica de um governo de extrema direita afecta directamente a sociedade civil, por exemplo, a extinção da cultura, do esporte, da agricultura familiar, do desenvolvimento agrário e da pesca, das microempresas.  Uma estratégia para reduzir o investimento público nestas áreas foi a extinção dos ministérios, que se concentraram em questões sociais como a política fundiária, com o agronegócio; também questões de desenvolvimento social no ministério da economia, ou cidadania e comunidades no ministério dos direitos humanos; finalmente, a regulamentação florestal no âmbito do agronegócio.  As questões de política social foram também gradualmente abolidas por decreto.

O Governo Bolsonaro reforçou uma luta antiterrorista, ocupando ambientes de conflito com acções repressivas.  Um dos conflitos com maior impacto sobre os direitos do povo foi o decorrente da luta pela terra e pelo território.  Num contexto de militarização da política  O Governo Bolsonaro opera com hostilidade explícita, aplicando mecanismos como a restrição de participação, a institucionalização da venda de terrenos e a alteração da regulamentação fundiária para a ocupação do solo, entre outras medidas.

O resultado das políticas fundiárias é a facilidade de expansão agrícola, principalmente na Amazônia, bem como a devastação dos impactos socioambientais para favorecer uma potência econômica.  Estas medidas governamentais intensificam a desigualdade, mostrando uma nova fase do capital, que inclui violência étnica, violência de género e violência geracional para interromper projectos de vida.  Por exemplo, o aumento do feminicídio, os cortes nas políticas relativas às mulheres, a desqualificação do público e do trabalho e o uso da violência nos meios de comunicação social.

2. AVANÇOS NO ACESSO À TERRA E AO TERRITÓRIO

O contexto político e económico do país não é muito favorável ao acesso à terra, devido a medidas económicas, à consolidação de um quadro institucional a favor do agronegócio.  No entanto, os povos indígenas, camponeses, ribeirinhos e comunidades afrodescendentes têm formas resistentes de responder para garantir a vida nas suas regiões.

Um dos maiores desafios consiste em garantir o direito à terra, asim como opções de soberania alimentar, cadeias de valor onde as comunidades possam se inserir para fins comerciais e oportunidades de aplicar as suas práticas sócio-produtivas.

Entre os avanços favoráveis para o sector está o crescimento do consumo de alimentos orgânicos, ligado a campanhas que tornam visíveis os perigos dos pesticidas; e um esforço de vários actores para fomentar a agroecologia.   Existem já mais de 17 mil agricultores biológicos no país, mais 200% do que em 2012 - 200%.  

O movimento agroecológico foi uma resistência visível, porque propõe uma agricultura sustentável ligada a relações mais justas, equilibradas e igualitárias, em que as mulheres têm um papel de liderança, para enfrentar as relações sexuais/classe/raciais e geracionais.

As mulheres, como eixo central do debate agro-ecológico, denunciam a radicalização da violência em áreas de conflito agrário, violência também evidente nos impactos do modelo agro-exportador, com as suas expressões mais cruéis, como o aumento dos assassinatos de mulheres combatentes pela terra.

Levantam a discussão sobre as consequências perversas do agronegócio nas suas terras, tais como a perda de meios de subsistência, a falta de saúde e de alimentos, bem como a dependência dos factores de produção. Durante estes anos de contingência social, demonstraram a sua capacidade como gestores públicos, aumentando a sua participação nos espaços de decisão através de um processo de re-significação de papéis.  Por outro lado, a manifestação colectiva das mulheres em espaços públicos ocorreu com marchas nacionais, como a marcha das mulheres indígenas, a marcha das Margaritas, que reuniu mais de 100.000 mulheres.

3. CONFLITOS NO ACESSO À TERRA E AO TERRITÓRIO

O conflito sobre o acesso à terra e ao território é profundamente exacerbado pelas políticas de reforma agrária, pela dívida pública e pela formação para a exportação.  Existem factores de mobilidade espacial forçada resultantes da violência nas zonas rurais, genocídio por motivos de expropriação, bem como violência contra a natureza.  Bolsonaro, do seu governo, está a promover acções políticas de rent-seeking para defender o privado do público e da comunidade, entre outras questões afectadas é a função social da terra.

Por conseguinte, os defensores dos direitos são considerados terroristas, preparando uma justificação legal para o uso da força na expropriação de terras. Assim, é gerada uma fórmula que está intrinsecamente relacionada com a eleição de Bolsonaro, a militarização agrária, a legitimidade política, e o chamado "banco de balas".

As terras concentraram-se em poucos comandos, beneficiando principalmente as empresas privadas, que vão desde a especulação fundiária, a conversão da função agrícola e o enfraquecimento da agricultura familiar, programas alimentares geridos por pequenos agricultores, substituição alimentar.  Se isto não for suficiente, o acesso ao crédito para pequenas iniciativas é limitado, enquanto que para o agronegócio estão a ser libertadas barreiras à importação.

Apesar do novo cenário, existem ainda iniciativas de agricultura familiar que apoiam uma produção diversificada de qualidade diferenciada, com elevado potencial de produção alimentar e, portanto, com um enclave eficaz para propor alternativas ao agro-extractivismo.  Os pontos fortes agro-ecológicos da agricultura familiar são sistematicamente combatidos pelos meios de comunicação social, pelos sistemas de monitorização das medidas sanitárias e pelo controlo dos mercados alimentares pelos oligopólios, enquanto entidades activas em cada fase do sistema alimentar (desde os factores de produção, produção, transformação, comercialização e consumo de alimentos).  A verdade é que, sem a reforma agrária, a violência aumenta nas zonas rurais. Por exemplo, no Pará houve 12 assassinatos em territórios e comunidades rurais, no Mato Grosso e no Maranhão, 3 casos. 

4. VIOLÊNCIA CONTRA OS POVOS INDÍGENAS

Existem provas empíricas que demonstram o aumento da violência no sector indígena e a destruição dos seus territórios como consequência de um Estado racista e ecocêntrico.  Neste momento, mais de 1.290 terras indígenas no Brasil estão em condições vulneráveis, 821 delas estão pendentes com o Estado devido a processos de demarcação inacabados, e 528 não recebem apoio estatal.  As expressões mais radicais de violência contra territórios desde 2018 estão ligadas à invasão, expropriação ilegal, sequestro e assassinato.

5. ACÇÕES E PROPOSTAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

As ações mais desafiadoras para os movimentos sociais no Brasil estão relacionadas com a urgente reforma agrária, pois o latifúndio está crescendo.   Este é um momento de resignificação dos processos de emancipação do povo, para imaginar outras relações entre o povo e a natureza; por esta razão, a luta popular está ligada à luta pela terra.

Propõe-se uma reforma agrária progressiva, com resistências diárias como as redes agro-ecológicas, a luta organizada, o reconhecimento formal da terra e dos territórios coletivos, portanto a articulação das demandas a nível global com uma reivindicação internacionalista, a livre comunicação, a educação popular, a unidade orgânica, a gestão autônoma do conhecimento e a recuperação das próprias tecnologias sociais.

Exemplos visíveis destes processos podem ser encontrados no movimento agro-ecológico, onde é reafirmada a necessidade de reforçar a gestão colectiva, a produção de alimentos sem OGM e aghrotoxic food, o comércio solidário e a defesa permanente dos territórios, onde o cuidado tem valor.  

6. NORMAS E INSTITUIÇÕES

Nos últimos anos, o Brasil assistiu ao desmantelamento das instituições que garantem os direitos sociais, especialmente na questão rural. Foram criadas 69 leis (PL) para permear a população do campo, com medidas contra a reforma agrária, o controlo militar, o aumento das opções políticas para a bancada do Partido Social Liberal (PSL), ligadas à Frente Parlamentar e aos chamados bancos rurais.

Esta articulação política institucional representada por congressistas com uma agenda anti-social, conseguiu o enfraquecimento da legislação de protecção das terras indígenas, quilombolas, até mesmo das unidades de conservação.  Foi criada uma emenda constitucional para transferir para o Congresso a demarcação de terras indígenas e quilombolas, acompanhada de propostas para a exploração dos recursos naturais em terras indígenas.

A realização desta estratégia de expropriação só seria possível se o atual governo conseguisse neutralizar a autonomia dos movimentos sociais; portanto, o Senado priorizou o projeto de legislação fundiária brasileira, com efeitos diretos nas taxas de produtividade e na função social. A neutralização dos movimentos sociais exigiria também propostas para a chamada segurança, que consiste em reforçar as medidas que garantem a propriedade privada e autorizam a intervenção federal em áreas de jurisdição estatal, provocando um aumento da violência policial, num processo histórico de ocupações desorganizadas e de grilhões de terras.

A promoção da privatização das terras é acompanhada de uma retórica governamental sobre controlo e produtividade.  O Bolsonaro legitima a apropriação de terras colectivas, validando um sistema de Cadastro Ambiental Rural (CAR), que se sobrepõe aos interesses privados com os movimentos sociais.  A dinâmica do reconhecimento da propriedade privada passa pela auto-declaração como requisito para a regularização dos títulos de propriedade.

Ao mesmo tempo, a reforma laboral visa reduzir o número de auditores fiscais, tornando o processo de inspecção mais frágil face à persistência do trabalho subvalorizado e do trabalho escravo.   A diminuição do controlo na área laboral deixa os conselhos e comissões encarregadas do controlo social com pouca acção política. 

Além disso, as novas políticas laborais diminuem os benefícios para os trabalhadores, promovendo duas medidas: 1) benefícios para os investidores internacionais e 2) produção de especulação e processos forçados de títulos de propriedade privada.  A especulação da soberania fundiária torna-se assim uma oferta para os investidores estrangeiros, como potenciais novos proprietários de terras e territórios do povo, que por sua vez estão em disputa pela defesa contra as políticas de extermínio rural.

¹ Descarga el Informe completo en el siguiente enlace: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/117

Construimos una lectura sudamericana sobre el acceso a la tierra y territorio en Sudamérica¹

Oscar Bazoberry Chali,
sociólogo, coordinador general Instituto para
el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS

Ruth Bautista Durán,
socióloga, investigadora Instituto para
el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS

El primer Informe Anual sobre Acceso a la tierra y territorio que publicamos concentró su atención en la propuesta metodológica, la discusión temática y la búsqueda de información. El equipo del IPDRS asumió la elaboración de aquel primer documento, abordando cinco países (Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú), y nuestros lectores y aliados, nos demandaron una lectura que establezca comunes y puentes para provocar mayores interpretaciones de la información y análisis propuestos. Llevamos, entonces, ejercitando esta lectura regional y comparativa, por cuatro años.

Varios autores nos mostraron que la temporalidad anual, mostraba pocos cambios, reiteraciones de contexto y hasta inmovilidad de contextos. No obstante a estos criterios, creemos que los cinco informes que ahora completamos, muestran con gran riqueza un ciclo historio peculiar, en el que efectivamente, podemos ver la reiteración de las temáticas, pero además, conocer el mecanismo de su reproducción en contextos nacionales, y por supuesto, en el ámbito regional.

Las preocupaciones de las poblaciones rurales, y de quienes, les gravitamos desde el ámbito del desarrollo, la academia y los activismos, están centrados en caracterizar las pulsaciones de la expansión capitalista en el campo, en su etapa más esclarecidamente extractivista y volcada a la disputa por los recursos naturales. Una etapa en la que más pronto de lo que esperábamos, se agotaron los discursos que daban por finalizado el neoliberalismo, y se renovaron los conservadurismos para justificar, entre otras cosas, a la violencia como la principal característica de la política hacia quienes persisten en demandar tierra y defender sus territorios, campesinos, indígenas y afrodescendientes.

De esta raíz se disgregan diversos temas, que decantan principalmente en la política. Quisiéramos que la plataforma digital del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, con sus más de 200 casos inspiradores de acceso a la tierra, esté aportando a respaldar también, un nuevo ciclo de movilizaciones y demandas territoriales, y también, demandas de mejores formas de gobierno y democracia.

1. Apuntamos a la ratificación de la Declaración de los derechos campesinos, por los Estados de Sudamérica

Desde el IPDRS proponemos que la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales”, en complementariedad con la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, se convierta en una herramienta de seguimiento a las políticas públicas y situación de la población campesina indígena en cada uno de los países y sus niveles subnacionales, de igual manera que venimos trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

Para el Informe 2019, solicitamos a las autoras y autores del “Informe sobre acceso a la tierra y el territorio”, incorporar una descripción respecto a las primeras reacciones de los gobiernos, actores políticos y sociales, respecto a la aprobación de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales” por la 73º sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que están representados prácticamente todos los gobiernos del mundo.

En el caso de los diez países de Sudamérica en los que trabaja el IPDRS, y a los que está destinado el informe del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio. Seis países votaron a favor: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Tres se abstuvieron: Argentina, Brasil, Colombia. Y Paraguay no votó.

El balance inicial no es alentador, se habría esperado una mayor discusión entre gobiernos y organizaciones, así como lineamientos más nítidos en las organizaciones multilaterales dependientes de Naciones Unidas, lo mismo que la cooperación internacional. Sin embargo, asumimos que es una etapa inicial, y como en otros casos, dependerá en gran medida de los propios actores beneficiados el que se cumplan los acuerdos, logrados por su propio esfuerzo, en el marco de las convenciones internacionales.

Un caso llamativo podría ser el de Bolivia, pues siendo uno de los principales protagonistas en las Naciones Unidas, en los últimos años de su tramitación y aprobación, a nivel interno no existe ninguna acción del gobierno, para visibilizar ese protagonismo y afirmar pasos en su incorporación a la legislación nacional. Es más, muchas de las leyes y decretos del año 2019 contravienen lo afirmado en la Declaración lograda en Naciones Unidas.

El caso de Chile y Ecuador, siendo signatarios de la Declaración en las NNUU, similar al caso boliviano, los gobiernos no hicieron ninguna mención y acción en el año 2019. Sin embargo, en ambos países, las principales organizaciones de campesinos, a nivel nacional asumieron la difusión del contenido de la Declaración, así como los primeros eventos de análisis sobre la importancia de la Declaración para respaldar la demanda de políticas públicas específicas para este sector.

En el caso del Perú y Uruguay, también signatarios de la Declaración coinciden en la importancia de este instrumento legal, pero en ambos casos, no lo adoptan como un instrumento para sus países, es más, la Ministra de Relaciones exteriores de Uruguay lo calificó como un apoyo genérico, que no crea nuevas categorías de derechos que no estén contempladas en otros instrumentos. En el Perú no se conoce una declaración oficial. En ambos casos tampoco se conoce de movilizaciones y acciones campesinas en relación con la Declaración. Venezuela podría entrar en este grupo, con la afirmación de que prácticamente se desconoce la temática y no ha sido considerada por el Estado y tampoco por las organizaciones sociales.

En el caso de Argentina, las organizaciones han dado los primeros pasos en divulgar y analizar los posibles efectos de la Declaración respecto a las demandas de las organizaciones, las políticas públicas e incluso los fallos judiciales que se sustentan en los marcos internacionales. Por otra parte, en Brasil, distintas movilizaciones del MST y de las organizaciones de carácter regional, han reafirmado la importancia de esta nueva herramienta como un instrumento para exigir a los Estados cumplir con las necesidades del sector campesino. En el caso de Colombia y Paraguay, se han comenzado a difundir los derechos, aún de una manera incipiente, dado que en ambos casos los gobiernos se han mostrado reacios al debate.

Independiente de la Declaración de la ONU, cabe resaltar que en el 2019, la Procuraduría General de Colombia, refuerza una sentencia de la Corte Constitucional de 2017, y dispone que “el Procurador General de la Nación, como defensor de los intereses de la sociedad” adoptará un conjunto de “acciones encaminadas al reconocimiento, protección y respeto de los derechos del campesinado”. Entre ellas, la de “Reconocer al campesino colombiano como sujeto de derechos integrales y sujeto de especial protección constitucional, en los escenarios determinados por la Corte Constitucional, que aporta a la economía del país, contribuye alianzas y articulaciones con otros sectores, y conserva la biodiversidad y los ecosistemas locales”. Exhorta e insta a las autoridades de todos los niveles a la protección de los derechos, a crear planes y programas desde un enfoque de discriminación positiva, y a la protección de hombres y mujeres líderes.

Una muestra de lo mucho que queda por hacer y recorrer para acompañar las demandas y luchas de los campesinos, desde los territorios concretos, las medidas de protección, el reconocimiento de los derechos integrales, y más aún en el reconocimiento de los Estados y la población a los múltiples beneficios para la sociedad y la naturaleza en la protección de las condiciones materiales que permiten la reproducción, instalación y retorno, de personas que voluntariamente optan por el campo.

1. Tierras colectivas y la insuficiencia de la política estatal

La población rural, campesina, indígena y afrodescendiente, suele embarcarse en largos procesos por ‘asegurar’ sus posesiones de tierra y territorios, bajo el lenguaje y las disposiciones legales vigentes. Una interpretación pluralista de todas estas normas, dispondría que desde el momento en que una colectividad adquiere un representante y define un proyecto común, se debe respetar su mínima estructura institucional y se debe garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales, en colectivo.

A más de tres décadas de suscrito el Convenio 169 de la OIT (1989) y una década de haberse celebrado la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), además de su ratificación, estos documentos suponen un impulso a los Estados del mundo a resarcir a los pueblos indígenas y afrodescendientes, por los históricos daños a sus territorios y ejercicio de derechos. Sólo Chile y Uruguay no han constitucionalizado este enfoque de derechos; sin embargo, la ratificación de estos documentos considerados como “instrumentos” de lucha y reivindicación por los pueblos, se ha convertido en mero formalismo, como muestra este Informe, en varios de los países donde se tienen los derechos colectivos, reconocidos, ratificados y constitucionalizados, éstos permanentemente se violan y desestiman frente a la necesidad de intervenir territorios por los recursos naturales o por dar curso a megaproyectos de infraestructura, agua y energía.

En Argentina, si bien existen más de un centenar de relevamientos territoriales, en los que se reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de comunidades indígenas, este reconocimiento supone apenas el inicio de un proceso de titulación territorial y un instrumento para la defensa de su territorio. En Chile, el reconocimiento es parcial y se operacionaliza a través de un fondo, que permite otorgar tierras a familias indígenas, que fueron compradas a particulares, y éstas, resultan en medidas insuficientes respecto a las demandas nuevas e históricas que acumula el Estado chileno, sólo el pueblo mapuche demanda 10 millones de hectáreas de tierras despojadas.

Hace algunos años, en Brasil se viene articulando una agenda antipopular, y ahora, el Senado promueve la vulneración a la legislación que protege los territorios indígenas, en busca de productividad antes que conservación, de empresas antes que pueblos indígenas. Lo que se vislumbra, en el peor de los casos es la expropiación a estas tierras colectivas, y como muestran otras experiencias en la región, ésta será posible si se logra neutralizar la autonomía de las organizaciones territoriales. La acción de neutralizar estos movimientos, pasa por políticas que incrementan sistemáticamente la violencia institucionalizada; pero además, y esperemos que les sea más dificultoso, permear políticamente a los liderazgos y sus formas de autogobierno y organización territorial.

En Bolivia, en el todavía gobierno de Evo Morales –y con continuidad con el nuevo gobierno–, uno de los decretos impopulares que terminó socavando la credibilidad del Estado, fue el DS Nº 3973 del 10 de julio de 2019 que autorizaba y promovía, la actividad agroindustrial en tierras comunitarias, lo que desnaturaliza el objeto social, político y ambiental de la demanda permanente de los pueblos indígenas y la sociedad boliviana.

El acceso a la tierra y territorio para las colectividades y formas organizativas rurales, resulta en un proceso en el que, los grupos sociales que viven mayor desigualdad y marginación se constituyen en sujetos colectivos con cada vez mayor protagonismo en sus logros, y no así, las instituciones públicas que dilatan, burocratizan y obstaculizan el derecho a la tierra.

Desde el IPDRS, en base a la información de los casos y los cinco informes anuales, estamos en condiciones de proponer y promover la propiedad colectiva, con sus propias y diferentes formas de organización, como el más adecuado sistema de asignación de derechos de uso y con un más adecuado enfoque de desarrollo territorial local. Sin duda, esto diferencia a esta iniciativa, y a la mayoría de los que participamos de ella, de otras corrientes que siguen promoviendo la individualidad, el derecho asistido por el Estado y el mercado inmobiliario, como el objetivo de las políticas de tierra en Sudamérica.

• El fuego como arma de ocupación de territorios, y en algún caso, de resistencia

En el año 2019 se mostró en su verdadera dimensión la naturaleza, los intereses y las consecuencias de los incendios en Sudamérica. La mayoría de ellos provocados por la actividad humana, por la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y también por las prácticas tradicionales.

Las proporciones que tomó el fuego en ecorregiones como la Amazonía, la Chiquitanía y el Chaco, provocó la alarma en las poblaciones de los territorios, la movilización de la opinión pública, y en algunos casos la atención de los mercados globales.

El núcleo de la deforestación masiva se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, el territorio de la soya y de la crianza de ganado bovino para carne. Más de 100 mil focos de incendio, y más de 10 millones de hectáreas afectadas por el fuego.

Sin tomar en cuenta, situaciones como las de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que también reportan incendios en la Amazonía, y otros países como Chile, en los que las características de sus cultivos industriales, eucalipto y pino, los hacen altamente propensos al fuego.

La tragedia que viven los ecosistemas, la biodiversidad, y en muchos casos las comunidades humanas que ven consumirse sus esfuerzos, formas de vida y esperanzas, tiene proporciones inmensurables cuando el fuego se descontrola y la humanidad queda a merced de la naturaleza, un fenómeno que pueden provocar los humanos, pero que en gran medida solo se detiene por otro fenómeno natural, la lluvia.

Organizaciones indígenas se movilizaron en distintas regiones de Sudamérica, para denunciar que se afectaban sus territorios, sus medios de vida y su sobrevivencia. Voces que fueron atendidas por organizaciones globales, activistas, organismos multilaterales y la iglesia católica. La agenda global incluyó la devastación de la naturaleza, el peligro de sobrevivencia de las personas, en un momento en el que el planeta rebasaba los límites y las alertas de expertos en clima sobre la sobrevivencia de la humanidad y los ecosistemas.

En el 2019, no solamente la población rural e indígena se movilizó por los incendios, las poblaciones urbanas, también fueron afectadas y se movilizaron. Aunque el humo llegó a gran parte de Sudamérica, la imagen que dio vueltas el mundo fue titulada “Cuando en São Paulo se hizo de noche a las tres de la tarde”. Se conocieron y registraron manifestaciones contra la acción de los Estados en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Las acciones de las organizaciones y la sociedad civil, con una frenética actividad en redes sociales, desnudó el desinterés de los gobiernos de parar el fuego y su afinidad con los promotores de la ampliación de la frontera agrícola. En el momento más álgido, el presidente del Brasil salió a la palestra acusando a los activistas, la comunidad internacional, incluso a gobiernos de Europa, de manera sintética: de exagerar la situación y entrometerse en asuntos (léase recursos) de otros países sobre los cuales se tiene soberanía.

La presión de la población, los medios de comunicación, las redes, los observatorios, la comunidad internacional, obligó a acciones, generalmente tardías de los gobiernos de la región. El presidente de Colombia invitó a una reunión que llegó a ser conocida como el pacto de Leticia, por la población amazónica que les dio cobijo. Reunidos los presidentes de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, ratificaron los derechos de soberanía, la naturalización de esas prácticas en términos de progreso de la agricultura empresarial y sobrevivencia de la agricultura de pequeña escala, el rechazo a la intervención extranjera, creando una red de respuesta a desastres y monitoreo satelital, lamentablemente, no se supo nada más de este acuerdo.

Los incendios mostraron los escasos mecanismos con los que cuenta la comunidad internacional, la misma que firma tratados ambientales y promueve acciones individuales, para enfrentar desastres de proporciones globales. Más allá de los discursos, las organizaciones multilaterales no hicieron prácticamente nada, lo que mostró de manera descarnada su subordinación a intereses y políticas nacionales. En el caso de las sanciones de los mercados, también por presión de la sociedad europea, la respuesta fue mirar a otros consumidores menos exigentes como China y Rusia. Como en otros asuntos, en el plano internacional todo quedó entre políticas e intereses económicos, y poco se profundizó respecto al medio ambiente, biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas y población local de los territorios.

Aunque es un fenómeno pequeño en comparación al que abordamos, cabe decir que al menos en Argentina y en Chile, las empresas y el gobierno acusaron a la población de utilizar el fuego como medida de protesta contra la expropiación de tierras, la expansión de cultivos agroindustriales y forestales, lo que no fue debidamente comprobado.

La sociedad civil, básicamente movilizada por jóvenes, hombres y mujeres, mostraron su apego a temas ambientales, su capacidad de movilización y conocimiento de la problemática global, en los meses más de mayor intensidad, la etiqueta #PrayforAmazonas fue tendencia mundial. Sin embargo, hasta diciembre, cuando las lluvias amainaron el fuego, la intensidad de la movilización también fue disminuyendo, y no quedaron suficientes bases locales, nacionales e internacionales, para prevenir la continuidad de estas prácticas.

1. ¡Rapiña! Los Estados vs. territorios subnacionales

La concentración, o en muchos casos reconcentración, de los poderes públicos en los países de Sudamérica, se encuentra estrechamente relacionada con la intervención sobre las voluntades, al margen de la sostenibilidad y la reducción de las desigualdades territoriales. Dos facetas, muestran las dos caras de la misma moneda: por una parte, la dependencia de los ingresos del Estado a los ingresos generados por actividades extractivas, y la relación entre los ingresos públicos y la inversión social, que no solamente constituye una razón de fuerza sobre localidades específicas, sino también un dispositivo discursivo que empatiza con la opinión pública, más propiamente con individuos, empresas y organizaciones con altas expectativas sobre las subvenciones y el empleo público; por otra parte, la permisividad de los gobiernos con actividades económicas, en todas las escalas, desde un asentamiento en áreas protegidas, hasta la deforestación en áreas altamente valiosas, la privatización del agua y la desprotección del mercado de trabajo.

En los capítulos nacionales sobre el acceso a la tierra y territorio, se ha tratado estas dos facetas de la política pública, y de los resultados político-electorales, con la imagen de un péndulo, entre nacionalismos de izquierda y neoliberales de derecha. Sin embargo, es posible afirmar, bajo una lectura minuciosa y regional, que en los países subsisten, conviven y se desenvuelven, con distinto énfasis y propósito ambas expresiones con una misma forma de gobernar y administrar la cosa pública, que prioriza un abstracto nacional dispuesto a sacrificar territorios particulares, y toda forma de vida y organización que allí se encuentre.

En el Informe 2019, existen casos de conflictos por asentamientos mineros y explotación de hidrocarburos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), ampliación de frontera agrícola (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela), disputa y privatización de fuentes de agua (Brasil, Chile, Ecuador, Perú), transnacionalización de la propiedad de la tierra y los recursos naturales (Paraguay, Perú, Uruguay).

En prácticamente todos los países, han escalado los conflictos entre distintos sectores, en general los gobiernos priorizan los rubros de exportación, lo que pone en blanco y negro el apego a los sectores agroexportadores, el agrocapital y las tecnologías, redes y sistemas financieros propios de un mercado mundial que ha subordinado la sostenibilidad de los países de Sudamérica a las necesidades de consumo de países con mercados inagotables como la China.

Sin embargo, la afirmación anterior, no quiere decir que las actividades extractivas cumplan con las promesas en el plano económico, sea en la propia sostenibilidad de las inversiones, y menos aún en el aporte a los tesoros públicos, tomando en cuenta la dimensión de los crecientes gastos y compromisos de los Estados, y la volatilidad de los mercados mundiales. Los gobiernos de Sudamérica, de la línea política que fueran, se encuentran atrapados en una contradicción creciente, entre sus expectativas de sostenibilidad y política social, y la necesidad de flexibilizar normativas, especialmente ambientales y fiscales, para dar cabida a la inversión, sea pública o privada, nacional o extranjera, y correr con los costos ambientales y las contingencias de los mercados internacionales.

Con este orden de las cosas, en Sudamérica es perfectamente previsible el incremento de los conflictos y la violencia en el campo, con dimensiones inaceptables en los casos de Brasil, Colombia y Venezuela, y una creciente escalada en Chile y Paraguay.

Sin embargo, no son las autoridades subnacionales las que normalmente se movilizan para la defensa de los bienes del territorio y su propia población. Incluso es de lamentar que muchas de las autoridades subnacionales han seguido pasivamente el secuestro de sus competencias, en una actitud poco desafiante a sus propias responsabilidades. Y por supuesto, existen notables excepciones, como se pueden ver en los capítulos de este Informe.

En la mayoría de los países, las resistencias territoriales son protagonizadas más bien por organizaciones de la sociedad civil, grupos específicos como población indígena, pequeños productores, afroamericanos, mujeres, activistas, siendo también los que han sufrido persecución, ante el silencio, sino complicidad, de las instituciones.

En algunos casos es evidente el doble racero de académicos, intelectuales, políticos, e incluso dirigentes sociales, permisivos con los correligionarios y radicales con los opuestos. El caso más notable de la dimensión política que adquieren las gestiones de gobierno, son las respuestas a la situación de Venezuela en un extremo, y las respuestas a la situación en Brasil en el otro extremo.

Si una virtud tiene este quinto Informe, y que fue uno de los propósitos del método y estructura del reporte por país, es el de desnudar las contradicciones, los avances y los retrocesos, del Estado, de las políticas públicas, y de las propias organizaciones campesinas y rurales. Lo que indudablemente nos obliga a descentrar el debate de las miradas estatalistas como finalidad de los estudios sobre el acceso a la tierra y el territorio, enfocando el análisis en el conjunto de actores y situaciones donde es posible y necesario intervenir con mayor constancia.

1. Venezuela, relevancia y consecuencias para Sudamérica

El 2019 se cumplieron 20 años de la primera presidencia de Hugo Chávez, que sin duda fue uno de los artífices de una nueva corriente en la integración de la región, junto con Lula da Silva y Néstor Kirchner. Hoy en varios países de la región, bustos, estatuas, edificios, en memoria de aquellos tiempos, yacen caídos, destruidos y abandonados.

El desplome de las iniciativas de integración sudamericana, no han sido sustituidas por otras alternativas, es más, se ha roto todo propósito de articulación desde los Estados. Sin embargo, los procesos desde las sociedades continúan y transcienden fronteras, no de manera organizada, ni mucho menos en la construcción de sociedades alternativas y abiertas, más bien empujados por dificultades económicas y políticas, cuyo ejemplo más dramático es Venezuela, donde la salida forzada de la población, constituye la mayor crisis humanitaria migratoria que vivió Sudamérica en tiempos modernos. Se conoce las características de inserción precaria de esta población en los mercados laborales de servicios, la caridad y el empleo por jornada; mayoritariamente personas jóvenes y parejas con hijos, lo que lleva a suponer que los procesos de retorno también podrían ser masivos.

Hasta donde sabemos, el fenómeno migratorio es particularmente urbano, personas que han salido de ciudades y han migrado a ciudades, no se dispone de información desagregada del ámbito rural, lo que sí se sabe es que el principal reto, para quienes están dentro de Venezuela, como para los que migran es garantizar su alimentación, en primer término.

Sobre lo rural, a través de los Informes sobre acceso a la tierra y territorio, hemos logrado un bosquejo que todavía falta mucho por trabajar, quizá porque la desinstitucionalización de Venezuela, en algún punto no permite utilizar el mismo método de aproximación a los fenómenos sociales y económicos, como en otros países.

Existe una problemática de pueblos indígenas, empujados por la vorágine del extractivismo a entregar sus tierras, a permitir la expoliación de sus territorios, y participar de la extracción de oro y de otros recursos, en un sistema discrecional, en el que agentes armados con protección del gobierno son quienes prácticamente controlan la circulación de bienes, personas, y por supuesto, todo lo imaginable en este tipo de situaciones.

Los campesinos de pequeña y mediana producción, tienen que lidiar con la violencia común, el hurto de su ganado, cosechas, equipos; así como con la violencia institucional, estatal o paraestatal, que confisca cultivos, controla y confisca mercados. Esta pretensión por controlar la producción y comercialización, termina en ejercicios de violencia contra las familias y los productores.

En las diferentes versiones de este Informe hemos dado cuenta de la ruta histórica de las políticas sobre redistribución de tierras, derechos de pueblos indígenas, estructuras de fomento, incentivos para la juventud rural, y otras, que fueron ejercitadas en Venezuela en los tiempos de la prosperidad, siempre ejercidas desde arriba y con conducción política centralizada.

Una vez más, y de la manera más descarnada, el ejemplo venezolano, y también el resto de países, muestra que la tierra y los territorios, siguen siendo concebidos como un bien político relacionado al poder. En un contexto tan adverso, existe aún una sociedad agraria movilizada, realizando propuestas sobre marcos jurídicos para garantizar el acceso y la propiedad de la tierra, formulación de políticas públicas para apoyar el sector agrario, diseños institucionales para mejorar el desempeño del Estado, y hasta la elaboración del plan de respuesta humanitaria para Venezuela.

La discusión a nivel internacional sobre Venezuela es limitada, no se ha develado qué ocurrió con todo el aparataje montado en la época de las afinidades políticas en la región, y tampoco se han propuesto reflexiones sobre los impactos y aprendizajes que se pueden recoger para otros países. Más lejana parece estar la discusión sobre la responsabilidad de los académicos, activistas, políticos y organismos multilaterales, que desde fuera han priorizado la discusión y acción de orden político internacional, sobre las necesidades y realidad de la población venezolana.

A nuestro criterio, el discurso y las prácticas de las organizaciones y sus dirigencias, sobre las tendencias políticas en Sudamérica, reproducen la relación entre el Estado y la ruralidad de manera mecánica, sin advertir la necesidad de modelos alternativos, desconcentrados y con poderes limitados desde el Estado, como se vio en otro acápite, una de las vías que postula el IPDRS, en base a las evidencias en los estudios realizados, son las tierras y territorios colectivos y autogestionados, que han mostrado mayor eficacia y resistencia a los vaivenes de los poderes políticos.

1. Desestabilización política, control y prácticas antidemocráticas

Una pregunta que urge responder en Sudamérica, es si la política, entendida como los procesos democráticos que contribuyen a la institucionalidad del Estado, y por lo tanto, la gobernabilidad, es posible en países donde la extracción de recursos naturales para mercados internacionales y la renta del Estado es la principal función de los gobiernos.

Si estructuralmente, los países de Sudamérica, en tanto insistan en apostar por el modelo extractivista, y el mundo les siga asignando esta posición, están más bien condenados a la desestabilización, el control de la sociedad civil y las prácticas antidemocráticas como formas de gobierno. Con los agravantes del componente de corrupción, la violencia será continua y sistemática en toda la región.

Los Estados promueven políticas de seguridad, en las que las fuerzas militares, y paramilitares en algunos casos, han ganado protagonismo, presupuestos e influencia política. Los casos más notorios son los de Venezuela, Colombia, Brasil y Chile. En menor escala, pero con igual influencia en los destinos de la democracia se encuentra Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú.

Junto con la reafirmación de políticas de explotación de los territorios y nuevos acuerdos multilaterales, se desarrolla en la región una estrategia de desprestigio y criminalización, tanto de las resistencias a la expansión del extractivismo, como a las protestas sociales. Como lo observamos en los Informes sobre acceso la tierra y el territorio, y es necesario reiterar, la violencia, asesinatos de líderes sociales, mujeres y hombres, siguen siendo una práctica recurrente en las áreas rurales de Sudamérica.

Existen varios ejemplos de esta situación, áreas de conservación y territorios indígenas largamente asediados, el Parque Nacional Yasuní de Ecuador, cuya zona de amortiguamiento se ha dispuesto a la explotación petrolera y dónde la minería ya ha impuesto la violencia; o los departamentos amazónicos de Perú, donde se van registrando los asesinatos a líderes indígenas, políticos y espirituales. También se presenta esto en las zonas de recuperación territorial en Argentina, en las ocupaciones de tierra en Paraguay o las comunidades campesinas rodeadas del empresariado frutícola en Chile, donde las comunidades campesinas e indígenas se ven abatidas y en permanente riesgo de desalojo, avasallamiento o ataque, de parte de fuerzas del orden público, funcionarios de empresas y hasta sicarios.

En Colombia, más de 100 personas fueron asesinadas en áreas rurales, principalmente defensoras y defensores de comunidades, pueblos indígenas y afrocolombianos. La complejidad del momento respecto a la paz y el persistente conflicto, dejan ver al extractivismo agrícola, como un foco importante de pobreza y también violencia en los territorios.

Gobiernos como los de Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia, entre otros, imponen políticas de seguridad y control focalizado en sectores populares, (re)activando una serie de estereotipos y prejuicios de corte racista y xenófobo. La violencia se reproduce y justifica también en los medios de comunicación, y los medios digitales son utilizados para la criminalización y estigmatización social. Los logros y la fuerza de la agroecología, el aporte de la agricultura familiar campesina, indígena y afrodescendiente, son invisibilizados; y esto resulta un incentivo a los sistemas de fiscalización de sanidad, certificación y a los mercados controlados por oligopolios y transnacionales, que marcan la pauta de los sistemas agroalimentarios.

Las políticas de seguridad en el caso de Chile y Ecuador, dicen responder a la intensidad de la protesta en las grandes urbes, sin embargo, esto se extiende a los territorios rurales donde operan empresas y proyectos de exploración y explotación hidrocarburos, concesiones mineras y otros, donde las gendarmerías y fuerzas especiales actúan atropellando, y persiguiendo a quienes resistan, defiendan o exijan, entre otras cosas, la consulta previa.

A pesar de ello, han existido avances en las demandas de acceso a la tierra, si bien son en su mayoría procesos largos y muy pequeños en comparación a la demanda y necesidades de las poblaciones rurales, son también importantes de destacar, como se lo hace en el transcurso de este Informe. Un punto importante para el Perú, en el que la AIDESEP logró que la Corte Superior de Justicia admita una demanda de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica, pero aún, no queda suficientemente claro que se deben asumir como una obligación estatal, el hacer respetar sus derechos territoriales; y lo mencionado para Colombia, donde la Procuraduría General de Colombia refuerza la sentencia que dispone que el gobierno de su país debe atender los derechos de la población campesina.

En la región continúan surgiendo voces afines a romper el orden democrático, partidos y personajes que juegan a la desestabilización política, o la manipulación del orden institucional para imponer gobiernos. Desde una visión campesina e indígena, no caben dudas de que la ausencia de democracia, o en su defecto, el debilitamiento de los signos vitales de ésta, en Sudamérica va de la mano de la ocupación de tierras de comunidades, la cancelación de derechos de la población rural e indígena, y el desplazamiento forzado.

• Un nuevo ciclo en las movilizaciones populares

El 2019 se vio surcado y pasará a la historia, como un año de grandes movilizaciones populares, no solo por lo masivas que fueron, sino también por el protagonismo de jóvenes, mujeres, y por la larga resistencia temporal que mostraron. En nuestro criterio, se debe destacar la renovada empatía con la problemática del campo, sea por la preocupación alimentaria, la calidad de las aguas y la calidad del aire que también afectan a la población urbana; o sea, porque las organizaciones campesinas e indígenas mantuvieron una distancia crítica ante el Estado y los gobiernos. Queda en debate y existirá poco acuerdo sobre la orientación política de estas protestas, y las consecuencias que éstas tuvieron en cada uno de los países; de lo que no queda duda es sobre su carácter espontáneo, la dificultad de identificar un liderazgo claro, y una conducción política, como solían leerse este tipo de acontecimientos en el siglo pasado.

Mientras en Uruguay se desataron y afirmaron varias protestas y demanda de referéndum contra los mega emprendimientos que intervienen recursos naturales y de infraestructura, y luego de las elecciones nacionales, quedó claro un proceso de ralentización del acceso a la tierra, que aunque estructurada, mostraba avances muy limitados. Otros países de la región vivieron arduas jornadas de protesta y movilización que llegaron incluso a confrontaciones, violencia de parte de los aparatos de represión del Estado y extendidos paros de parte de varios sectores populares.

La región presenció el desaliento de la implementación del Acuerdo de Paz, la retoma de armas de parte de sectores de las FARC, tiene que ver con la revitalización del neoliberalismo, un “paquetazo” de políticas antipopulares, al que se respondió con una movilización por el cumplimiento del Acuerdo de Paz, y la Minga, una movilización indígena y campesina en demanda de consulta previa y el cumplimiento de acuerdos por el acceso a tierra y territorio; y en oposición a las intervenciones territoriales por minería, energía y fracking. La defensa de los recursos naturales es una clave importante en la agenda de campesinos e indígenas, diversas expresiones por el agua se manifiestan en Chile y Argentina, caminatas, marchas y movilizaciones plurinacionales, reunieron a comunidades indígenas y nacionalidades étnicas en reclamo a las afectaciones del agronegocio y en reivindicación de la gobernanza sobre el agua.

En Chile el descontento generalizado, que en el capítulo en cuestión se denomina como una rebelión antineoliberal resistió bastantes semanas y logró articular las demandas de diversos sectores, en el campo se vislumbró la amenaza de la modificación a la Ley Indígena, y las expectativas se reúnen hacia la demanda de un proceso constituyente, al haberse agotado un modelo que precariza a las grandes mayorías. En Ecuador, los incendios forestales activan, como mencionamos la indignación en los pueblos indígenas de la Amazonía y se acrecienta la crítica al respaldo estatal a los cultivos intensivos. El sector de trabajadores y las nacionalidades indígenas en articulación, promueven un levantamiento popular en el mes de octubre, que logra la derogatoria del decreto que elimina el subsidio a los combustibles y un diálogo sobre la economía y el déficit fiscal, que decanta en la constitución de un inusitado Parlamento de los Pueblos, organizaciones y colectivos sociales, con la perspectiva de retomar las reivindicaciones que hace una década creíamos todos se iban a cristalizar.

En un periodo marcado por la corporativización de las agendas reivindicativas de las organizaciones rurales al poder del gobierno central, en Bolivia el año inició con una Marcha de Naciones Originarias y Pueblos Indígenas, que interpelaba al extenso mandato del partido en gobierno, en temas cruciales como son, el respeto a los territorios ancestrales, el respecto a la igualdad de jerarquía de la justicia ordinaria y la justicia indígena y la desburocratización a la autonomía indígena. Esta marcha encabezada por la Nación Qhara Qhara (Potosí y Chuquisaca) fue desprestigiada y subvalorada por su poca concurrencia, no obstante, su aliento “independiente” a los partidos políticos y autogestionado, imprimió una posibilidad al ámbito reivindicativo boliviano. El segundo semestre, marcado por los incendios forestales, motivó también una marcha indígena en tierras bajas, y, además, se realizaron movilizaciones por el anuncio de un nuevo Plan de Uso de Suelos en el Beni, que planeaba ampliar la frontera agrícola, política que fue concretizada en el nuevo gobierno.

El caso de Bolivia, puede resultar el más característico del año 2019, dividió en controversias a académicos, políticos, periodistas y activistas, dentro del país, en la región y el mundo. Si las movilizaciones que culminaron con la renuncia de Evo Morales fueron un levantamiento ciudadano, una acción premeditada, un golpe, se dijo de todo, y se dirá más aún. Izquierdas, derechas, centros, cada quién encuentra razones y significados. Lo más evidente, es que la población campesina indígena en general quedó muy lastimada por la cercanía de los dirigentes a la estructura del partido saliente. Las organizaciones rurales bolivianas, y las de varios países de la región, tienen el desafío de recuperar sus agendas y movilizaciones, afirmarse respecto al modelo de desarrollo productivo que quieren para la sostenibilidad de sus comunidades, y en el caso boliviano, lograr la implementación de la Constitución que abrió paso a la plurinacionalidad, y que fue relegada en los últimos años.

El latir de la protesta y la expresión del descontento generalizado suelen suscitar muchas expectativas y ansias por concretizar las aspiraciones y reivindicaciones, históricas y circunstanciales. Este nuevo ciclo del desarrollo del capitalismo, el ascenso y descenso de los sujetos políticos y sus estrategias discursivas, es necesario vivirlo con cautela y atender muy bien a las experiencias que nos muestran mejores rutas para el ejercicio de los derechos fundamentales, y así, poder compartir los aprendizajes de organización y autogobierno, que se gestan en los territorios rurales.

^[1] El texto corresponde a un resumen de la Introducción del Informe 2019 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica (IPDRS, 2019). Disponible en: https://www.sudamericarural.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/117