Una mirada del estado socioambiental y
 territorial de Uruguay[1]

Pablo Díaz Estévez
diazpablouruguay@gmail.com

Observatorio de Política de Tierra, Núcleo de Estudios Rurales, Universidad de la República, Sede de Tacuarembó. Grupo universitario interdisciplinario de estudios rurales: Educación rural, Tenencia de la tierra y Ruralidades.

1. Marco general del país

Al cuarto año del tercer período del Frente Amplio en el gobierno, con 34% de adhesiones de la población para las elecciones del 2019, superior ante sus contendientes, pero no suficiente para ganar la primera vuelta.

95 % de la población uruguaya es urbana, aunque el sector agropecuario sigue siendo la base de generación de divisas, cuyos productos primarios representan 57% del valor de las exportaciones a octubre de 2018, el país creció 2,5% en términos interanuales.

Si bien el agro uruguayo no entró en una crisis estructural por la fuerte concentración de la riqueza, los agentes nacionales más débiles del sector agroindustrial experimentaron una crisis de viabilidad.

El Estado no intervino los mercados, ni direccionó el desarrollo productivo ni disciplinó al capital financiero. La política tributaria gravó sueldos, pasividades y consumo, sin afectar la riqueza ni su inequitativa distribución.

El mercado de tierras y el mercado de alimentos siguieron concentrados en los agentes económicos más poderosos sin que el Estado fijara allí un posicionamiento decisivo. Sin embargo, la política del Instituto Nacional de Colonización (INC) de acceso a la tierra permitió mejorar los ingresos de una buena parte de las unidades productivas familiares al seguir subsidiando la renta del uso de las tierras públicas.

2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio

La política de tierras no sufrió modificaciones respecto a los años anteriores.

No hay una política pública de tenencia de la tierra en 96% del territorio, donde los reguladores no estatales, como grandes empresas, sociedades anónimas y capitales extranjeros exigen la libre compra-venta-arrendamiento de tierra como si fuera una mercancía más.

64% de las adjudicaciones de tierra del INC se realizaron en régimen de cotitularidad, tanto al hombre como a la mujer de un núcleo familiar.

La única política activa de tenencia y acceso a la tierra es llevada a cabo por el Instituto Nacional de Colonización y la afectación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), las cuales regularon ciertos aspectos de uso de la tierra en pequeñas zonas del país.

Entre 2008 y 2018, ingresaron al SNAP unas 15 áreas en todo el país, que son apenas 285.265 hectáreas, representando menos de 1% del territorio nacional.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

Protestas nacionales de los productores agropecuarios, que incluyó a los productores familiares, a la pequeña, a la mediana y a la gran burguesía agraria bajo el lema Un solo Uruguay (USU), este movimiento de productores “autoconvocados” bregó contra la cooptación de sus dirigentes negando el carácter partidario de su movilización y diferenciándose de las gremiales tradicionales del campo.

En la Proclama principal del USU no hubo una oposición a la inversión extranjera, sino que se reclamaba “que todos tenemos que tener las mismas reglas de juego”.

La Mesa Nacional de Colonos promovió una negociación con el INC para evitar desalojos de predios habitados, no obstante, la institución omitió y limitó este diálogo. Los desalojos de las tierras públicas son operados por orden judicial, se procedió en la Colonia Eduardo Acevedo del Departamento de Artigas por el atraso en el pago de la renta, desconociendo la inversión en mejoras en la propiedad del colono.

Se generó el movimiento Cota 81, que denunciaba el nivel de inundación que causaría el segundo megaproyecto de la empresa finlandesa UPM en las riberas del Río Negro. Además, la participación eco-feminista del colectivo “Por el costado de la vía” en una serie de intervenciones públicas, denunciando los perjuicios del proyecto de ferrocarril y los efectos que causaría la ampliación de la superficie afectada para abastecer la nueva planta de pasta de celulosa del proyecto UPM2.

En Paso De Centurión y Sierra de Ríos (Departamento de Cerro Largo) el SNAP realizó consultas para que unos 200 padrones rurales ingresaran a la zona. Los pobladores se movilizaron para confrontar sus derechos a las empresas forestales para resguardar el estado natural del ecosistema.

El Movimiento “Canelones Libre de Soja Transgénica”, presentaron firmas al gobierno para la prohibición de la soja transgénica en el Departamento de Canelones, por ser irreconciliable con la tradición de la producción familiar granjera.

En el Departamento de Montevideo, el colectivo Asamblea Permanente por la Rambla Sur se opuso a la privatización del Dique Mauá, a una concesión de empresas que requieren de una terminal fruviomarítima. La empresa china Shandong Baoma Fishery Group, adquirió terrenos considerados como “suelo rural”, para construir un megapuerto. Los pobladores denunciaron los impactos que sufriría su economía local.

4. Acciones Campesinas e Indígenas

Una campaña de recolección de firmas motorizada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, se procuró el uso del mecanismo de democracia directa, referéndum, que se utilizará para oponerse a la ley 19.553 de “riego con destino agrario”.

Otra campaña de recolección de firmas fue impulsada a nivel nacional por un “movimiento ciudadano” llamado “UPM2 No” contrario a la instalación de la planta de celulosa.

Las acciones indígenas se centraron en acciones culturales de denuncia y de solidaridad internacional con otros pueblos originarios. La re-emergencia charrúa fue la principal expresión de estos pueblos originarios en 2018, a partir de diversos colectivos que se nuclean en el Consejo de Nación Charrúa (CONACHA) y los productores familiares o campesinos nucleados en torno a la Red de Semillas Nativas y Criollas que llevaron adelante el VII Foro de Soberanía Alimentaria.

5. Propuestas

El conflicto del sector agropecuario desatado el 23 de enero y la firma del contrato para la segunda planta de UPM, son las principales causas que generan diferentes protestas de la población en la gestión.

La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) en los últimos años reclama políticas diferenciales con la producción familiar.

Dirigentes de sindicatos de trabajadores rurales nucleados en la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), coordinaron una respuesta a la problemática del sector agropecuario planteada por los “autoconvocados”. El Movimiento por la tierra y contra la pobreza elevó al Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores, una propuesta de movilización por una alianza entre las organizaciones del campo y la ciudad que permita diputar la renta de la tierra y su tenencia. Sin embargo, en la Mesa representativa, la iniciativa no prosperó por la posición de USU respecto a la gran propiedad y la política tributaria.

6. Normas

Desde el primer gobierno del Frente Amplio se ha endurecido la legislación para penalizar a ocupantes precarios de tierra, a nivel urbano y rural, con la aprobación de la Ley N° 19.661 que establece la “Modificación de las normas de desalojos colectivos y del régimen de prescripciones adquisitivas quinquenales”.

El “desalojo colectivo” es el que se efectúe frente a 5 núcleos familiares o más, que “a título precario, de forma continua e ininterrumpida se encuentren ocupando desde hace más de veinticuatro meses un inmueble, sin que el propietario haya iniciado acciones judiciales tendientes a su recuperación”.

El Parlamento aprobó el Proyecto de Ley “Por el que se declara de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica y se crea una Comisión Honoraria Nacional”, promovido por la Asociación Civil Redes Amigos de la Tierra, la Red de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología de Uruguay y el capítulo local de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología SOCLA.

7. Instituciones

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente alcanzó la construcción de 30.000 viviendas en 51 años. La Cámara de Senadores rechazó un proyecto por universalizar la vivienda social también para las familias rurales sin “título de propiedad en regla o con posibilidades de regularizar”. En el Departamento de Cerro Largo, la Oficina de Regularización de Tierras y Propiedades, presentó al 2018 unos 500 escritos para regularizar situaciones de tenencia precaria. Estos ocupantes urbanos y rurales tienen sus derechos posesorios reconocidos, no obstante, también están expuestos a ser penalizados por la Ley de usurpación Nº 18.116 de abril de 2007.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del pueblo intervino a favor la Mesa Nacional de Colonos. Cuando la presidencia de la república, difundió el estado de las deudas de un colono con el INC, la INDDHH tomó posición denunciando que se había difundido “información pública de forma no adecuada y que tal proceder podría ocasionar efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los derechos de la libertad de expresión”. Con la aprobación en Naciones Unidas de los Derechos Campesinos, se habilita la posibilidad que la INDDHH se vincule de forma más estrecha a situaciones de reivindicación del acceso a la tierra y el territorio.

[1] El IPDRS tituló el artículo, el cual es un resumen del capítulo Uruguay, parte del Informe 2018.

Bolsonaro, perseguição, exploração e extrativismo
nos territórios e povos indígenas do Brasil

Carlos Walter Porto-Gonçalves

cwpg@uol.com.br

Danilo Pereira Cuin

danilo_cuin@yahoo.com.br

Julia Nascimento Ladeira

julia.nladeira@gmail.com

Marlon Nunes Silva

marlonunesilva@gmail.com

Pedro Catanzaro da Rocha Leão

pedroleao0498@gmail.com

Laboratório de Estudos de Movimento Sociais e Territorialidades (LEMTO), é um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-graduação em Geografia do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense.

1. Marco Geral

Aliança político partidária alimentou uma corrente conservadora, que deu pé ao impeachment preventivo ao ex-Presidente Lula da Silva e a eleição dum presidente fascista e medíocre.

A mídia e as igrejas protestantes contribuíram a eleição de Bolsonaro com um discurso de ódio, expondo o excessivo gasto público e a corrupção do PT.

Ele encarnava a volta a valores conservadores, com argumentos fascistas de legitimação da supremacia branca, familiarista, masculina e heterossexual; numa afronta contra políticas sociais, e as demandas de povos indígenas, afrodescendentes, mulheres e comunidades GLBT.

Bolsonaro assume uma política ultraliberal, subordinada as oligarquias financeiras, defensora dos interesses de empresas transnacionais, com enormes consequências na persistência da desigualdade social.

1480 ocorrências de conflitos no campo, colocando nem disputa uma área equivalente a 4,6% do território, envolvendo aproximadamente um milhão de pessoas.  

Mais de 400 mulheres que agem como protagonistas nas lutas no campo, assim como no âmbito político, estão na cadeia.  Esta persecução vem crescendo desde o governo de FHC, e no 2015 no segundo governo de Lula da Silva.

Desde 1994 com o Plano Real, as elites submeteram o pais às maiores taxas de juros do mundo.  As medidas iniciaram com a sobrevalorização do Real, a importação generalizada de produtos industriais, o que permitiu um populismo consumista. 

O setor industrial secundário em 1994 contribuía com 26% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, hoje contribui com menos de 10%, empurrando o pais ao extractivismo, para exportações de produtos primários agrícolas e minerais.

Lula da Silva com a aliança político partidária, colocou um megaprojeto de infraestrutura, lançado por FHC em 2000, a Iniciativa de Integração Regional Sul Americana (IIRSA), para alcançar o mercado da Asia.

O país recebeu recursos do banco chinês, o BNDES, aliado ao setor da construção civil, aliado a corporações como Odebrecht, Camargo Correia, OAS.

A ruptura política iniciada em 2015 deu pé a expressão duma ideológica ultraliberal, e agudisou o regime de acumulação rentista.  

Aumentou a exploração do trabalho e da natureza, como a reforma trabalhista, a lei que limita os gastos públicos por 20 anos, a regressão da política ambiental, da reforma agrária e dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, entre eles indígenas e quilombolas.

2. Avanços no Acesso à Terra e ao Território

110 milhões de hectares de terras/territórios estão nas mãos de povos indígenas; cerca de 100 milhões de hectares de conservação, metade delas sob uso direto de populações tradicionais.  Mais de 40% do território brasileiro está sob uso direto de grupos que escapam ao controle das oligarquias latifundiárias.

191 bilhões de reais estão disponíveis para os agronegociantes com o Plano Safra.

Expansão territorial dos grupos empresariais ligados à mineração, ao agronegócio, ao hidro negócio, às grandes empreiteiras com suas mega-obras de construção civil (portos, hidrovias, rodovias, hidrelétricas) e novos setores como os de energia eólica e solar. 

No final do primeiro mandato de Lula da Silva, se editou a medida provisória 458 proporcionando a maior legalização de terras griladas da história do Brasil; em particular na Amazônia para a concentração fundiária.

A lei é o segundo grande golpe contra a classe trabalhadora subalternizada.

1. Sobre os Assentamentos Rurais

Diminuição histórica de decretos de desapropriação para fins da reforma agrária no Brasil, em 1998 assinaram 845 decretos, 2015 nenhum decreto foi assinado, 2018 4 decretos foram aprovados.

Entre 2015 e 2018 a desapropriação foi duma área equivalente a 0,7%, da ocorrida entre 1995 e 1998, e a 1,8% da área no primeiro mandato de Lula da Silva.

Entre 2005 e 2016 mais de 100.000 famílias se assentarão no território brasileiro.  A média anual do período 2015-2018 foi de 9.609 famílias.

1. Sobre as Terras Indígenas

Ouve uma queda vertiginosa das homologações desde o 1º governo FHC, com sua quase nulidade no período de ruptura política de 2015.  FHC fez 145 homologações. Lula alcançou 79 TI's e Dilma 21; Temer homologou somente 1 no Mato Grosso.
Aceleração do desmatamento nas Terras Indígenas na Amazônia, reconhecidamente áreas mais preservadas pelas práticas culturais dos povos.
Entre 2016 e 2018 o desmatamento atingiu um crescimento de 124%, o que representa um salto de 11,9 mil hectares para 26,7 mil hectares.
As TI's exercem um papel fundamental enquanto barreira ao desmatamento, sobretudo no Pará.

1. Sobre as Comunidades Quilombolas

A destinação de recursos públicos para a titulação de territórios quilombolas sofreu uma queda de mais de 97% nos últimos cinco anos, de R$ 42 milhões o 2003 para R$ 1 milhão 2018.
Nos últimos 15 anos 206 áreas quilombolas, com pelo menos 13 mil famílias, foram tituladas pelo INCRA.  Em 2018 se emitirão apenas 144 comunidades e titulou somente 4 terras quilombolas.

3. Conflitos no Acesso à Terra e ao Território

No ano 2018, 4,6% do território brasileiro esteve sob disputa direta em conflitos foram 1480 ocorrências de conflitos na área rural, envolvendo 957.713 pessoas e 39.425.494 hectares; 92% está localizada na Amazônia.

Se inverterão 191 bilhões de reais para os agronegociantes com o Plano Safra de apoio Estatal ao setor  privado.

Dos 912 conflitos em que foi possível identificar as categorias sociais que protagonizaram algum tipo de violência, o Estado aparece diretamente implicado em 30% deles, em 131 em casos de grilagem.

O Estado se envolveu em conflitos com empresas mineradoras, para garantir o acesso ao subsolo, o que exige a mediação do Estado contra os que ocupam a superfície da terra, e ainda o acesso à água.

4. Ações e Propostas dos Movimentos Sociais

A pesar da persecução política, a militarização do campo e a cidade, e o crescente número de assassinatos a lideranzas indígenas, os movimentos sociais estão demostrando sua capacidade de articulação estratégica.  

Se gestão encontros, plenárias, manifestações, ocupações, retomadas de terra, ocupações de instituições públicas e acampamentos que envolvem uma grande diversidade de organizações.  

Mais de 3 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, reivindicando a retomada das demarcações de Terra Indígenas (TIs), e a declaração do FAMA coloca como horizonte a construção da aliança entre a diversidade para o “enfrentamento ao sistema capitalista, patriarcal, racista e colonial”.

5. Normas e Instituições

Brasil vive um transição institucional no desenvolvimento rural e agrário para favorecer ao setor privado.

Temer em 2018, favoreceu interesses do agrohidronegócio, da ampliação da exploração mineral e do capital financeiro. O INCRA se transformou numa imobiliária estatal.
Intensa política de titulação individualizada de lotes, promovendo fragmentação e vulnerabilização das famílias assentadas.  Só em 2017 foram expedidos 26.523 Títulos de Domínio e 97.030 contratos de concessão de uso.

Ao contrario o valor destinado à obtenção de terras para agricultura familiar foi em 2018 de 83,7 milhões, sendo que em 2015 foi de 800 milhões.
O orçamento para a Assistência Técnica nos assentamentos também sofreu grandes cortes, passando de 355,4 milhões, em 2015, para 19,7 milhões em 2018.

O Crédito Fundiário para a venda de lotes de assentamentos rurais.

Os grupos que dominam o agronegócio emplacaram a nomeação da Sra. Ministra Tereza Cristina (DEM-MS), indicada pela Frente Parlamentar Agropecuária. Uma das defensoras do projeto que muda as regras no registro de agrotóxicos no país. 

O conjunto das políticas que o novo governo vem pondo em prática, sobretudo contra a reforma agrária, o mundo indígena e o meio ambiente e em defesa dos interesses do capital financeiro, da mineração e do agronegócio, ratifica a tese de que se trata da continuidade da ruptura política iniciada em 2015.

Perú: un contexto peligroso para defensores
de la tierra y el medio ambiente¹

Aldo Santos Arias
aldosanto@gmail.com

1.      Marco general del país

Un reto del Estado peruano es garantizar la seguridad jurídica de las comunidades campesinas y nativas, y los 55 pueblos indígenas, cuyos territorios están expuestos a actividades ilegales o a la superposición de derechos.

Isaac Huamán Pérez, Director Regional de Agricultura y Christopher Paul Hernández Larrañaga, Director de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria fueron detenidos por liderar una organización criminal dedicada al tráfico de tierras en Ucayali.

Perú sería uno de los países más peligrosos para defensores de la tierra y el medio ambiente el tráfico de terrenos, fenómeno que al igual que el narcotráfico, es una cadena de valor asociada a una serie de delitos como usurpación, falsedad genérica, corrupción de funcionarios, etc.

El 28 de marzo del 2018, Martín Vizcarra Cornejo sucedió en la presidencia A Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció luego de un escándalo relacionado a servicios que habría brindado a la empresa brasilera Odebrecht, mientras ejercía funciones.

Escándalos de corrupción, revelan una red de jueces y fiscales comprometidos con actos de corrupción que involucraban a funcionarios, empresarios, políticos y hasta a reconocidos deportistas.

El presidente Vizcarra propuso una reforma del sistema de justicia y convocó a un referéndum que aprobó tres modificaciones constitucionales, entre ellas la prohibición de la reelección de congresistas, legitimando así su gobierno.

El 2018 estuvo marcado por el desarrollo de campañas electorales a nivel regional y municipal.

2.      Avances en el acceso a la tierra y el territorio

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ha fortalecido su rectoría en materia de saneamiento físico legal. Además, la emisión de diferentes instrumentos normativos ha permitido llenar vacíos y superar algunos de los problemas de los gobiernos regionales.

Sin embargo, la Política Nacional Agraria pese a señalar que el saneamiento físico legal de las comunidades campesinas y nativas sería prioritario, contradictoriamente siguió privilegiando la titulación de predios individuales, dejando de lado la titulación comunal. Lo mismo ocurre con el Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – PTRT3, que desde el 2015, no ha titulado a ninguna comunidad. Se calcula que más de 49 % de la superficie del país está ocupado por comunidades campesinas y comunidades nativas, sólo en cuatro de 24 regiones se han reportado avances en materia de saneamiento físico legal y titulación durante el 2018.

Gobiernos Regionales reciben transferencias de entre 300 mil y 1 millón de soles anuales para el saneamiento de tierras rurales y solo 33 % de ellos destina dichos recursos para la titulación comunal, el resto los destina para la titulación de predios individuales.

3.      Conflictos por el acceso a tierra y territorio  

La titulación de una comunidad nativa puede tomar hasta 25 años, mientras que, para una empresa, tener los derechos sobre tierras toma un máximo de 5 años.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Dirección Regional Forestal, aprobaron una norma para entregar concesiones de hasta 200 mil hectáreas, bosques adjudicados que se superponen a 29 de 53 comunidades y que tenían el compromiso de titular 350 mil hectáreas. Entonces, solo se podrá entregar derechos sobre 110 mil hectáreas, el territorio a titular se ha reducido a la tercera parte.

De acuerdo con cifras del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), se han entregado 241.085,26 hectáreas para el aprovechamiento forestal y minero generando inestabilidad social, inseguridad jurídica y precariedad económica.

Según la Presidencia del Consejo de Ministros, han sido identificados 194 casos de conflicto social a nivel nacional, 80 corresponden a minería y 20 a hidrocarburos. Con cifras diferentes, la Defensoría del Pueblo indica que, de 181 casos identificados en 2018, 113 son conflictos socioambientales, la minería ocupa 64,6 % e hidrocarburos 13,3 %.

La presencia de actividades extractivas en las comunidades campesinas y nativas continúa siendo una fuente potencial de conflictos sociales.

Queda pendiente la emisión de una norma que establezca criterios técnicos para solucionar controversias por superposición de tierras comunales por otros derechos, concesiones forestales, mineras, petroleras o Áreas Naturales Protegidas.

No existe un sistema unificado que permita tener información oficial de la cantidad de comunidades campesinas y nativas tituladas o en proceso de titulación.

Estado peruano desconoce la personería jurídica de los pueblos indígenas, ya que el reconocimiento de las comunidades no ha tomado en cuenta los estándares del Convenio 169 de la OIT. El pueblo Achuar del Pastaza no logra la titulación integral de su territorio, por este desconocimiento.

La comunidad campesina La Arboleda, situada entre los distritos de Tiquillaca y Atuncolla, en Puno, presentó un recurso de agravio constitucional que se resolvió en diciembre 2018, luego de 7 años de espera, el Tribunal Constitucional ha anulado todo lo actuado y devuelto el caso a la primera instancia.

4.      Acciones campesinas e indígenas para el acceso a la tierra y el territorio

Encuentro del Papa Francisco con los pueblos indígenas en Puerto Maldonado (20 de enero). Las organizaciones indígenas dirigieron una comunicación al líder religioso, denunciando la vulneración de sus derechos.

Foro de Pueblos Indígenas en el marco de la VIII Cumbre de las Américas (13 y 14 de abril). Se elaboraron propuestas para fortalecer la institucionalidad indígena, y combatir la corrupción que amenaza y vulnera los derechos de los pueblos indígenas.

Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas de la Amazonía: “aportando a la agenda de las mujeres” (26 y 27 de abril). Se pronunció en a favor de la defensa del territorio para el buen vivir, la lucha contra el cambio climático, la economía indígena con énfasis en la agricultura y seguridad alimentaria, lucha contra la violencia, la igualdad de oportunidades y participación política de las mujeres.

Semana de Encuentro de los Pueblos Indígenas u Originarios del Perú (4 al 8 de junio). Para fortalecer la agenda del Pacto de Unidad, como el empoderamiento de las mujeres y la consolidación de la agenda de los pueblos indígenas u originarios para la defensa de sus derechos como la identidad cultural, la autonomía, la institucionalidad indígena, el acceso a la tierra y al territorio.

Taller Enfoque de la Mujer Indígena en la Gestión del Territorio y sus Bosques (08 y 09 de agosto). Presentaron propuestas de las mujeres indígenas sobre la gestión del territorio y bosques.

Foro Balance, retos y caminos a seguir para el Buen Vivir de las mujeres indígenas (19 de setiembre). Elaboró recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la Plataforma de Beijing y la Cedaw, y para visibilizar la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas.

IV Diálogo Intercultural para el Buen Vivir (30 de noviembre). Las organizaciones del Pacto de Unidad recibieron al Ministerio del ambiente para conocer el estado de la implementación de las políticas ambientales y el proceso de elaboración del Reglamento de Ley de Cambio Climático.

V Diálogo Intercultural para el Buen Vivir (28 de diciembre) Las organizaciones del Pacto de Unidad recibieron al Ministerio de Agricultura y riego para conocer el estado de la implementación de las políticas agrarias, el estado de la agricultura familiar, la titulación de comunidades campesinas y nativas en el marco del PTRT3.

5.      Propuestas

El V Encuentro Nacional del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú y el Informe alternativo 2018 planteó algunas prioridades para el Estado:

• La derogatoria, modificación o suspensión, de las normas aprobadas durante el actual gobierno, referidas al acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, adquisición y expropiación de inmuebles, transferencias de propiedad del Estado para obras de infraestructura, entre otros.
• Crear una política pública nacional para la seguridad territorial de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas.
• Garantizar la función Viceministerio de Interculturalidad respecto al derecho a la tierra y territorio de los pueblos.
• Ampliar la normatividad de consulta previa para la construcción de infraestructura para la provisión de servicios públicos.
• Garantizar los derechos a la tierra y al territorio, mediante, la titulación colectiva, demarcación, saneamiento y protección de los territorios ancestrales.
• Cesar políticas y normas que promuevan el acceso a tierras y territorios de pueblos indígenas, beneficiando a proyectos de inversión de grandes empresas privadas.
• Implementar el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado antes de la adopción y la ejecución de cualquier proyecto, programa, política o norma que afecte derechos fundamentales y colectivos.
• Promover y garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en las decisiones acerca de nuestras tierras y territorios.

6.      Normas

1. Ley N° 30723, que prioriza la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali, iniciativa cuestionada porque pone en riesgo la sostenibilidad ambiental y la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento que habitan las Reservas Indígenas Isconahua, Murunahua y Mashco Piro.
2. La Ley N° 30754 Marco sobre Cambio Climático, que agrupa 10 Proyectos de Ley y que reconoce el valor de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios, además de contemplar su participación en los mecanismos de adaptación y mitigación del cambio climático. Las organizaciones exigieron que sea consultada previamente, pues no tomaba encuentra compromisos climáticos, excluyendo derechos de titulación, manejo y gobernanza territorial.
3. La Ley Nº 30776, que delega al poder ejecutivo, la facultad de legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios. Se emitieron 101 decretos legislativos, entre ellos el DL N° 1374, que establece el Régimen Sancionador por Incumplimiento de las Disposiciones de la Ley N° 28736 sobre Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial las organizaciones criticaron esta norma, pues no han sido consultadas sobre su emisión y alcances.
4. Instituciones

Las competencias en materia de titulación y saneamiento físico legal han sido transferidas desde el gobierno nacional hacia los gobiernos regionales, proceso no exento de dificultades, por lo que estas capacidades son bastante limitadas.

Los esfuerzos de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural han centrado en proponer mecanismos de simplificación y gratuidad, no obstante la precariedad institucional y la continua rotación de funcionarios debilitan la sostenibilidad de cualquier política. Otra entidad importante en materia de titulación es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, cuyas competencias en materia de otorgamiento de concesiones forestales han sido transferidas a los gobiernos regionales.

Si bien se ha generado normativa que precisa que la demarcación y titulación de comunidades nativas a cargo de los gobiernos regionales no podrá quedar suspendida por superposición con áreas de los BPP, dicha medida no atiende a las comunidades nativas que solicitan la titulación de áreas de bosques y no una cesión en uso, que es la figura que el Estado viene aplicando actualmente. 

El Ministerio de Cultura, órgano técnico especializado en materia de Pueblos Indígenas u Originarios del Poder Ejecutivo, tiene la función de coordinar acciones para culminar el proceso de saneamiento físico legal de las territorial de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, conforme establece el Decreto Supremo Nº 005-2013-MINCU, por lo que se requiere un activo acompañamiento del sector, a fin de garantizar los derechos de los pueblos indígenas en materia de seguridad jurídica.

*(1) Este artículo fue titulado por el IPDRS, tomando una cita del texto

Pilares de la revuelta Indígena – Popular

Francisco Hidalgo Flor
francisco.hidalgo.flor@gmail.com

Introducción:

La publicación en el portal de Sudamérica Rural de este breve ensayo: “Comuna, Agora, Barrios: pilares de la revuelta indígena – popular” tiene el propósito a abrir una miradas, conocimientos y reflexiones que ubiquen a la par lo específico y lo general de las movilizaciones, levantamientos, revueltas, rebeliones que sacudieron a Sudamérica en los meses de octubre y noviembre del 2019.

Alumbrar sobre lo concreto puede aportar a mirar lo general, en esa dinámica podemos encontrar los horizontes y las limitaciones de estos acontecimientos que sacudieron el continente.

El texto que presentamos se interroga inicialmente respecto de cuáles son los pilares de un acontecimiento que marco un punto de inflexión respecto de la verdadera situación social y política del Ecuador, más allá de lo que los grandes medios de “comunicación” y la ideología oficial pretendían imponer.

La ideología oficial pretendía que aquello que acontecía en los niveles de la institucionalidad gubernamental era lo que acontecía en la sociedad, eso es la viabilidad del retorno neoliberal y la transición hacia el recorte del estado. Pero precisamente lo que evidenciaron los acontecimientos de octubre es la profunda y asentada resistencia social al modelo neoliberal, resistencia desde las clases populares.

Una de las especificidades de las revueltas en Ecuador es la importancia del movimiento indígena, pero a la par la evolución de los acontecimientos, en especial alrededor del centro político, que es la capital, Quito, y la espacialidad de las instituciones del poder, que se colocaron en condiciones de fragilidad, solo se pueden entender por la incorporación y apoyo desde las barriadas populares de la misma ciudad, y también unas redes de solidaridad y respaldo en los intersticios de los propios aparatos públicos.

Reconociendo también que fue una revuelta de alcance nacional, que incorporó expresiones de lucha especialmente en las regiones andina y amazónica, con cortes de carreteras y paralizaciones en la dinámica económica.

El texto nos presenta tres pilares: la Comunidad indígena en las zonas rurales, el Barrio popular en las grandes ciudades, y el Ágora no solo como el espacio físico en la Casa de la Cultura sino como modalidad de interacción y dirección.

Pero esta revuelta en Ecuador adquiere otras connotaciones cuando se la reconoce como el primer momento de una oleada que continuó casi inmediatamente en Chile, luego empató con los graves acontecimientos de noviembre en Bolivia, y finalmente se expresó también en el paro nacional de Colombia.

Oleadas de lucha social en la región que obligan a reconocer el enorme problema de la inequidad en nuestro continente, y la enorme vitalidad e indignación social que sobrepasa la institucionalidad de partidos y estado.

 Mira el artículo completo al que hace referencia el autor haciendo click aqui

Nueva Constitución para Chile en el
contexto del estallido social actual

Luis Pezo Orellana
Luis_pezo@hotmail.com

“¡Chile despertó!”, es una de las consignas que se dicen, escriben y cantan en el marco de las movilizaciones que a diario se realizan, producto del inédito e impresionante estallido social que se ha producido a lo largo de todo el país desde el 18 de octubre de este año.

Las manifestaciones comenzaron a propósito del alza en las tarifas del transporte público, siendo el hito de inicio las evasiones al metro realizadas y convocadas en señal de protesta por estudiantes secundarios en Santiago. La olla a presión provocada por años de neoliberalismo, la extrema desigualdad social, el abuso y la usura institucionalizadas, la inequidad de la justicia, el distanciamiento y descrédito de la gente hacia los partidos políticos, las continuas alzas de los servicios básicos y del costo de la vida, entre otros muchos factores, explotó a través de múltiples demandas sociales que exigen un país más justo e interpelan al Estado para que se haga cargo de garantizar derechos que han estado en gran medida entregados al mercado (salud, educación, agua, pensiones, electricidad, infraestructura vial, etc.).

Dado que se ha evidenciado que la Constitución Política de la República de Chile, vigente desde la dictadura cívico-militar, no ha permitido realizar cambios importantes en estas materias, la exigencia de generar una Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente ha cobrado gran fuerza en el marco del estallido social, siendo una de las consignas más presentes en las movilizaciones.

El 15 de noviembre, un conjunto de partidos políticos de diversas tendencias, generó un acuerdo, ratificado por el gobierno, para realizar un plebiscito en abril de 2020, que someta al escrutinio de la ciudadanía la necesidad de contar con una nueva constitución y también el mecanismo para generarla, siendo uno de ellos la asamblea constituyente, denominada en este acuerdo como “convención constitucional”.

Este acuerdo ha generado críticas fundadas por parte de diversos actores y por gran parte de la ciudadanía, por fijar a priori condiciones cuestionables respecto del cuórum para aprobar preceptos de la nueva constitución, así como sobre la elección y composición de quienes conformarán el órgano constituyente, entre otros aspectos cuyos detalles quedarían a cargo de una “comisión técnica”, compuesta por representantes de partidos políticos.

No obstante, es posible constatar que el tema constitucional ha sido el que mayor avance ha logrado producto de la movilización social, ya que existe la posibilidad cierta de iniciar el próximo año el proceso constituyente chileno, si es que la ciudadanía así lo confirma en el plebiscito antes mencionado. Hoy vemos cómo este tema se trata en cabildos y asambleas populares de diversas organizaciones sociales, así como en foros, charlas, conversatorios y seminarios de diverso tipo. Asimismo, se aborda continuamente en la prensa escrita, redes sociales y hasta en programas de televisión abierta en diferentes horarios, y por supuesto, en las manifestaciones sociales de la calle. Todo parece indicar que el tema llegó para instalarse un buen tiempo, y ofrece la posibilidad de tener la mayor deliberación democrática que se haya dado en la historia de Chile.

Considerando este contexto, en atención a la gentil solicitud del IPDRS, presento de manera sinóptica algunos aspectos que se desarrollan con mayor profundidad en el artículo “Nueva Constitución y Desarrollo Rural en Chile: elementos para la reflexión y el debate” (Pezo, 2017), publicado por la revista Sustentabilidad(es).

¿Por qué cambiar la Constitución de 1980?

Cualquier intento de incorporar los temas rurales y de desarrollo rural en la constitución chilena, debe considerar los obstáculos que la actual carta magna impone para aquello y los principales cuestionamientos que sobre ésta se han realizado, y que permiten comprender el escenario actual que busca su reemplazo definitivo. Estos cuestionamientos principales se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Los “pecados de origen”: La Constitución de 1980 es una constitución surgida desde la cruenta dictadura cívico - militar, que impone autoritariamente el modelo económico y político vigente. En su formulación estuvo ausente el debate abierto y su “ratificación popular” se dio a través de un plebiscito fraudulento[1], por lo tanto es una constitución cuyo origen es ilegítimo.

1. La constante histórica: En Chile nunca ha habido un proceso constituyente democrático, nunca se ha realizado un debate nacional acerca de las normas esenciales que deben regir la institucionalidad política y la vida en comunidad. Como señala Manuel Antonio Garretón: “Chile es el único país del mundo que después de una larga dictadura que impuso su institucionalidad no ha hecho un proceso constituyente, y el único de América Latina que no ha tenido una asamblea constituyente después de la dictadura” (Garretón, 2013: 32).

1. Una constitución “tramposa”: La Constitución de 1980 contiene reglas tramposas puestas intencional y explícitamente por quienes la redactaron, con el fin de impedir que cualesquiera de los gobiernos posteriores puedan hacer algo distinto de lo que la derecha política permita (Atria, 2013). Las trampas consisten en “cerrojos” constitucionales que al fin y al cabo neutralizan las posibilidades de instalar temas importantes desde la ciudadanía a en materia de creación o cambio de normas legales. El sistema electoral (que sólo recientemente se modificó), los cuórum excesivamente altos para modificar leyes y reformar la constitución y el control preventivo del tribunal constitucional, son obstáculos para legislar a favor de las demandas populares.

1980. Necesidad de incorporar temas relevantes en la Constitución: Son diversos y numerosos los temas que se han planteado debieran ser abordados por una nueva carta fundamental chilena, los cuales están ausentes en la Constitución de 1980. Algunos de ellos son los siguientes: avanzar de una democracia representativa a un sistema político más participativo, descentralizado y con autonomías territoriales; reconocimiento constitucional del país como Estado plurinacional con derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas; reconocimiento y garantías estatales sobre los derechos económicos, sociales y culturales; protección y soberanía efectiva sobre recursos naturales estratégicos; protección efectiva del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad; rol más activo del Estado en la economía, entre otros.

Por último, en este apartado cabe señalar que la Constitución de 1980 no contiene ninguna disposición explícita que permita promover el desarrollo rural, como la tienen las constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), con los conceptos de Soberanía Alimentaria y de Desarrollo Rural Integral Sustentable, respectivamente. Al contrario, como veremos a continuación en el caso la tierra y el agua, las disposiciones constitucionales vigentes son absolutamente desfavorables al respecto.

Constitución y concentración de la tierra en Chile

En el escenario neoliberal que se impone con la dictadura, marcado por la contrarreforma agraria y el libre mercado de la tierra, se conforma un proceso sostenido y creciente de concentración de la tierra y de descomposición y pauperización del campesinado que se mantiene hasta hoy.

La anterior reforma agraria fue posible gracias a disposiciones constitucionales que establecían la función social de la propiedad y la posibilidad de expropiación de “predios rústicos”. Después del golpe de Estado, además de suprimir la ley de reforma agraria, el gobierno dictatorial modificó, a través de la Constitución de 1980, la función social de la propiedad, eliminando también las referencias a las expropiaciones de predios rústicos.

Por otra parte, en el año 1974 se estableció el Decreto 701 para fomentar las plantaciones forestales, ofreciendo beneficios y garantías a este tipo de inversiones, lo cual favoreció la plantación de 2,5 millones de hectáreas – fundamentalmente pino y eucaliptus, bonificadas por el Estado-, en tierra anteriormente reformada que fue traspasada a privados, las cuales están hoy concentradas en dos grandes grupos económicos. Además de la pérdida de bosque nativo y de tierras agrícolas que podrían destinarse a la producción de alimentos, la expansión de las explotaciones forestales ha implicado el desplazamiento y empobrecimiento de la población indígena mapuche (Chonchol, 2017).

Al presentar esta situación, lo que queremos destacar es que el proceso de concentración de la tierra en Chile tiene directa relación con la legislación y políticas de corte neoliberal que se han implementado en el país y con la carencia absoluta de protección legal para el campesinado y sus tierras, con la única excepción de las tierras indígenas protegidas por la Ley N°19.253 desde el año 1993.

Desde nuestra perspectiva, es necesario plantear el tema de la tierra y su función económica y social en el debate constituyente chileno, con el fin de sentar bases constitucionales para hacer frente al proceso de concentración de la misma, así como la protección, distribución y el acceso a la tierra por parte de la agricultura familiar, pequeños y medianos productores, con consideraciones especiales al respecto para los pueblos indígenas, su territorialidad y autodeterminación.

La constitución chilena y la privatización del agua

En Chile existe una legislación mercantil de las aguas, que convierte a nuestro país en el único del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y su gestión (Mundaca, 2015). La Constitución de 1980 asegura esta situación en el artículo 19, número 24, consagrado al derecho de propiedad, en donde señala lo siguiente: “Los derechos particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

La citada disposición constitucional es el principal anclaje que ha evitado la derogación o reformas sustanciales al Código de Aguas de 1981, que hace operativa la privatización y mercantilización de las aguas a través de las siguientes disposiciones (Correa y Mundaca, 2017):

• Reconoce a las aguas como bien nacional de uso público, pero se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, permitiendo la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas y su transacción en el mercado.

• Le transfiere al Estado, a través de la Dirección General de Aguas, la facultad de conceder a particulares, de manera gratuita y a perpetuidad, los derechos de aprovechamiento de aguas, los cuales pasan a formar parte del patrimonio de sus titulares.

• Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, lo cual tiene dos grandes efectos: 1) se crea, de facto, el mercado de las aguas, en el cual sus propietarios pueden vender, comprar o arrendar agua y 2) genera la existencia de propietarios de agua sin tierra, y propietarios de tierra sin agua.

• Distingue entre derechos de aprovechamiento consuntivos (que se consumen totalmente las aguas, por ejemplo: agricultura, minería) y no consuntivos (que se utilizan, pero que se deben restituir, por ejemplo: hidroelectricidad). Ambos tipos de derecho se otorgan a particulares, y luego se transan en el mercado.

A más de 35 años de su vigencia, el Código de Aguas ha provocado una alta concentración de la propiedad de los derechos de agua. Lo anterior ha tenido fuertes repercusiones en la agricultura familiar campesina. De acuerdo a Mundaca (2017a), miles de familias campesinas privadas de agua han debido abandonar la actividad agrícola o migrar hacia las ciudades. Lo anterior, sumado a los severos períodos de escasez hídrica que han existido en los últimos años en muchas zonas rurales, ha contribuido a la pauperización sostenida del campesinado.

Para hacer frente a éstas y otras problemáticas asociadas con la privatización y mercantilización de las aguas, se hace necesario derogar el inciso final del número 24 del artículo 19 de la Constitución vigente, y establecer, para la recuperación de las aguas, “un marco constitucional que consagre a las aguas como un bien nacional de uso y dominio público, y su acceso, como un derecho humano esencial e irrenunciable” (Mundaca, 2015: 24)

Epílogo: ¿Qué va a ser de Chile?

Probablemente sea una de las preguntas que todos y todas nos estamos haciendo en estos momentos. A más de un mes de iniciado el estallido social, las manifestaciones continúan. El gobierno no ha dado respuesta satisfactoria a las múltiples demandas sociales y ha respondido con la represión más brutal que se haya conocido desde el fin de la dictadura. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre esta represión, actualizadas al 25/11/2019, son las siguientes:

Fuente: INDH (www.indh.cl)

Por su parte, datos oficiales de la Fiscalía Nacional indican que, del total de investigaciones por violaciones a derechos humanos (2.670), 2.052 corresponden a denuncias contra Carabineros, 183 involucran al Ejército, 50 a la Policía de Investigaciones (PDI) y 26 a la Armada[2]. Recientes informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch (HRW) denunciaron graves violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza tanto a manifestantes como a transeúntes.

Por cierto, la brutal represión no ha hecho sino aumentar la conflictividad social. A las manifestaciones sociales se le suman saqueos y destrozos a lo largo de todo el país, y las comunicaciones del presidente y del gobierno anuncian más represión. En el Congreso Nacional se fraguan acusaciones constitucionales contra el Ministro del Interior y contra el Presidente Piñera, mientras que en las calles se pide a gritos la renuncia del primer mandatario. Es muy probable que las movilizaciones se mantengan hasta que haya respuestas satisfactorias y efectivas respecto de las demandas sociales, así como justicia y reparación para las víctimas de la represión.

Conviviendo con la inseguridad y la incertidumbre, está también el entusiasmo y la esperanza que ha promovido este despertar de Chile, y la expectativa de la generación de un “Pacto Social” que corrija las injusticias y marque un antes y un después de este estallido social. En este ámbito está la posibilidad de generar una Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, que tenemos a la vuelta de la esquina, más cerca que nunca en la historia de nuestro país. La desconfianza que persiste respecto del acuerdo cupular sobre este tema exige una ciudadanía activa y vigilante del camino que el proceso vaya asumiendo. Que este tema se posicione en las conversaciones cotidianas y en todos los rincones del Chile rural es un propósito al cual hemos querido contribuir en este escrito y en el artículo al cual hemos hecho referencia.

Bibliografía

Atria, F. (2013). La constitución tramposa. Santiago: LOM.

Correa, C. y Mundaca, R. (2017). Recuperación del agua y defensa de la vida. En: Varios Autores, Recuperar el agua. Santiago: Editorial Aún creemos en los sueños.

Chonchol, J.(2017). La revolución chilena en el campo. En: Varios Autores, Reforma Agraria. Santiago: Editorial Aún creemos en los sueños.

Fuentes, C. (2013). El Fraude: crónica sobre el plebiscito de la constitución de 1980. Santiago: Hueders.

Garretón, M.A. (2013). El nuevo esfuerzo: plebiscito para una nueva constitución. En: Varios Autores: Plebiscito para una nueva constitución. Santiago: El Desconcierto.

Mundaca, R. (2015). La privatización de las aguas en Chile. Causas y resistencias. Segunda Edición. Santiago: América en Movimiento.

Mundaca, R. (2017). Recuperar el agua para ir a una segunda reforma agraria. En: Varios Autores, Reforma Agraria. Santiago: Editorial Aún creemos en los sueños.

Pezo, L. (2017). Desarrollo Rural y Nueva Constitución en Chile. Elementos para la reflexión y el debate. En: Sustentabilidad(es), vol. 8, núm. 15: 43-78.

[1] Para revisar en detalle el proceso fraudulento del plebiscito para aprobar la constitución de 1980, véase Fuentes (2013).

[2] Fuente: Sitio web de la Fiscalía Nacional. Noticia “Fiscalía eleva a 2.670 las investigaciones penales por violaciones a derechos humanos” (26/11/2019). http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=16974

 Lea el árticulo completo al que hace referencia el autor en este enlace click aqui

Pensamiento crítico en el ámbito
socioambiental y territorial de Chile

Alexander Panez Pinto

alexander.panez@gmail.com

Rodrigo Faúndez Vergara

rodrigofaundezv@gmail.com

1. Marco general del país

Un contexto determinado por la trayectoria del poder hacendal en el Valle Central de Chile y la colonización del territorio mapuche en la segunda mitad del siglo XIX. Con la Pacificación de la Araucanía, el Estado desarrolló un proceso de expansión territorial hacia al sur del país, represión física, inferiorización y el despojo de territorios. Las comunidades mapuche quedaron concentradas en reducciones, que sumaban aproximadamente 500 mil hectáreas.

El régimen dictatorial reprimió la osadía campesina de rebelarse contra el poder patronal. La reforma agraria como reestructuración implicó la modernización de la agricultura y mayor integración al mercado internacional. Con la contrarreforma agraria, un tercio de la tierra expropiada fue devuelta a sus antiguos propietarios, otro tercio fue rematado o vendido a empresarios, y el tercio restante fue asignado a campesinos no involucrados en organizaciones o partidos de izquierda.

Se consolidó la propiedad privada del agua y su reconocimiento como un bien económico separado de la tierra, transable en el mercado.

El retorno al gobierno de Sebastián Piñera significó la tendencia a facilitar el proceso de acumulación de capital, y el incremento de la criminalización hacia quienes se oponen. Han aumentado los anuncios de inversión privada en actividades extractivas, destaca el sector minero con un aumento de 971 % alcanzando $4.770 millones y la autorización de proyectos con fuerte impactos socio-ecológicos.

Los movimientos en conflictos de larga duración han profundizado su estrategia de incidencia, han surgido nuevos focos de conflicto por la expansión de monocultivos, se han presentado acciones inéditas de campesinos, y se ha acentuado el conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado chileno.

2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio

La concentración de la tierra es similar a la existente antes de la reforma agraria (1967-1973). El Censo agropecuario (2007) reflejó la desigualdad en la tenencia de la tierra. Las explotaciones menores a 20 hectáreas, son 75 % del total de explotaciones y concentran apenas 3,9 % de la tierra. Las explotaciones de más de 200 hectáreas, equivalentes a 3,9 % del total de explotaciones y concentran 85,1 % de la superficie plantada.

Al 2018, no se registran avances en el acceso a la tierra para campesinos. De acuerdo a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entre los años 1995 y 2018, 6.833 familias indígenas han sido beneficiadas con subsidios para compras de tierras, lo que corresponde a una superficie de 55.255,55 hectáreas. Entre los años 2010 y 2018 se compraron 24.411 hectáreas, resultando 3.655 familias indígenas beneficiadas. 248 familias indígenas obtuvieron tierras, 1.686 hectáreas de superficie, en promedio 6,7 hectáreas por familia. La compra de tierra se concentró en cuatro regiones, BioBio (29,3 %), Araucanía (19,3 %), Los Ríos (15 %) y Los Lagos (36,4 %); con presencia del pueblo Mapuche.

La Ley Lafkenche (20.249) crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios. Entre los años 2009 y 2018, se han decretado 43.619 hectáreas para este uso. Existen cuestionamientos al proceso de adjudicación, por su arbitrariedad y los tiempos de tramitación.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

Explotación de litio en el Salar de Atacama

La Corporación de Fomento (CORFO) y la empresa Soquimich (SQM) firmaron un acuerdo, que aumentará la explotación de litio en el Salar de Atacama, utilizado para electromovilidad y el incremento de la recaudación fiscal. El Consejo de Pueblos Atacameños exigió la protección del territorio y el derecho a consulta indígena. El Salar está sobreexplotado 2.000 litros de agua por segundo sobre su capacidad de recarga natural. El emprendimiento minero “Pascua Lama” fue clausurado por el primer Tribunal Ambiental, por pedido de campesinos e indígenas diaguita (provincia del Huasco).

Conflicto con el agronegocio frutícola en Petorca, Valparaíso

El aguacate (palta) representa 60 % de la superficie cultivada. El río Ligua está sobre-otorgado en 129 %, y el río Petorca, en 87 % sobre su disponibilidad. El impacto de este alto consumo de agua es el agotamiento de los suelos y el aumento de la erosión. El Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (MODATIMA) internacionalizó la denuncia. Los exportadores y el gobierno criminalizaron estas acciones. Conflictos similares ocurren en la laguna de Aculeo (comuna de Paine), en Panquehue (región de Valparaíso) y Las Cabras (región de O’Higgins) también con la producción de paltos.

Oposición al embalse Punilla en San Fabián de Alico (región de Ñuble)

San Fabián de Alico de la región de Ñuble, amenazada por “Hidroñuble”, que propone construir una central hidroeléctrica y el embalse Punilla que implica inundar 1.700 hectáreas de tierra agrícola y pastoreo campesino. La policía chilena y empleados de la “Sociedad Concesionaria Aguas de Punilla S.A” (de la empresa italiana Astaldi) desalojaron a 80 familias, sin una solución habitacional. Destaca el protagonismo campesino en su negativa de desocupar sus tierras, así pasó también en el fundo Mundo Nuevo de Curanilahue (región de Bio-bio).

Conflicto con empresas y reivindicación del pueblo Mapuche

La radicalización del “nuevo movimiento mapuche” coincide con los impactos de las plantaciones de pino y eucaliptus en la disponibilidad de agua, contaminación y pérdida de territorio. El asesinato de Camilo Catrillanca provocó el malestar y solidaridad popular, y ante la ofensiva del Estado las organizaciones Mapuche se unificaron en un “estado de rebeldía”, que a su vez, sumó recuperaciones de tierra, en el sector Butaco y las 20 mil hectáreas de 11 comunidades del lago Lleulleu, en Biobio.

La violencia hacia comunidades como rasgo común en los conflictos

Al sospechoso suicidio de Macarena Valdés (2016), opositora a la instalación de torres de alta tensión en la comunidad Newen-Tranguil en Los Ríos; se sumaron los asesinatos de Camilo Catrillanca y Alejandro Castro de la bahía de Quintero-Puchuncaví. Numerosos defensores/as han sufrido amenazadas de muerte por su lucha contra proyectos extractivos.

4. Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y el territorio

Ocupación de fundos y lucha con las empresas forestales

Fundo Mundo Nuevo en Curanilahue. 36  familias ocuparon el fundo Mundo Nuevo de Curanilahue (región de Bio-bio), primera recuperación de tierras en manos de empresas forestales, realizada por grupos no-mapuches.

Marcha plurinacional por el agua y los territorios. En esta sexta versión se desarrolló en 11 de las 15 regiones del país, el día 28 de abril, en el marco del día mundial de la tierra.

Encuentro Wallmapu-Patagonia. En mayo se realizó en Panguipulli, región de los Ríos, entre organizaciones mapuches de Chile y Argentina, orientada a intercambiar información sobre los proyectos extractivistas y asociados a la iniciativa IIRSA-COSIPLAN.

Futa Trawun y Declaración de Comunidades mapuche de Temukuikui. Luego del asesinato de Camilo Catrillanca, en diciembre, organizaciones mapuche se reunieron para exigir la desmilitarización del Wallmapu; verdad en el relato sobre el despojo del Estado hacia el pueblo mapuche; continuar con el control territorial y continuar la ruta de libre determinación.

Encuentro nacional de MODATIMA. En diciembre se realizad el 2° encuentro, decide su agenda 2019 en tres ejes de acción: desmercantilización de la tierra, el agua y la energía.  

IX Tribunal ético en Illapel, Región de Coquimbo. En diciembre, organizado por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), cuestionó la violencia estatal y de las estrategias contra las luchas campesinas.

Impulso a la “Ley de la jibia” (Boletín 9489). Organizaciones de pescadores artesanales y sectores de oposición al gobierno, impulsaron esta ley que permite la captura de este molusco con métodos artesanales.

5. Propuestas

Propuestas de políticas

1. Incidencia social en la Reforma al código de aguas

Si bien la reforma al Código de Aguas de 1981 avanzaba en consagrar las aguas como un bien nacional de uso público, el derecho de propiedad sigue suscrito en la constitución. Las propuestas de los movimientos son: Consagrar el Agua como bien común y derecho humano en la constitución. Restituir el agua a la tierra. Establecer prioridades de uso. Nueva institucionalidad hídrica.

1. b) Propuesta de derogar el Decreto de Ley 701 sobre Fomento a la Industria Forestal

El Decreto de Ley 701, instituido en la Dictadura civil-militar (1974), ha subsidiado a la industria forestal, el grupo Matte, a través de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones; Forestal Mininco; grupo Angelini, entre otras.

Alternativas productivas y de resignificación del territorio

1. Cooperativa de cultivos tradicionales Andinos Petorquinoa, Valparaíso

Petorquinoa es una cooperativa campesina de cultivos andinos como la quínoa y sus derivados. Los 40 campesinos reestablecen su relación con la tierra y muestran que es posible defender el territorio con cultivos tradicionales de bajo impacto hídrico.

1. b) Control comunitario de cuencas frente al monocultivo forestal, Catruman, Chiloé, Región de Los Lagos

Una experiencia de restauración ecológica del territorio, mediante manejo de cuencas desde la comunidad. Una red participativa de agua, la reforestación con árboles nativos, la construcción de un humedal artificial, modificando sectores de monocultivo forestal.

6. Normas

La agenda legislativa se ocupó en la discusión en torno al proyecto de ley de reforma al Código de Aguas. El gobierno se opuso a las limitaciones parciales a la propiedad privada sobre las aguas y resguarda la certeza jurídica a los privados.

Se promovió el proyecto de ley que “Prohíbe plaguicidas de elevada peligrosidad” (2010) y que volvió a ser discutido en el segundo semestre del 2018.

El gobierno, en junio, retiró el proyecto de ley llamado “ley de glaciares” por un proyecto general para crear un sistema de áreas protegidas. El proyecto de ley que Moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para “reducir el componente político” y lograr mayor eficiencia

Aprobación en el senado al reconocimiento constitucional al pueblo Afrodescendiente.

7. Instituciones

El perfil empresarial de diferentes ministros problematiza su imparcialidad frente a temas agrarios y socioambientales. El ministro de agricultura Antonio Walker, ex presidente de la Federación de Productores de Fruta y empresario agrícola de la región del Maule, posee derechos de aprovechamiento de agua de 20 mil litros/segundo. Otros con este derecho, son el ministro de hacienda, la ministra de energía, el ministro de minería y el ministro de desarrollo social (MODATIMA, 2019).

El embajador de Chile en China (Luis Schmidt Montes), es ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y también presidente de FEDEFRUTA.

Conformación de alianzas público-privadas para políticas públicas bajo la idea de la filantropía privada y la responsabilidad social, como “Compromiso País”, donde varios empresarios promueven el desarrollo de 16 grupos sociales vulnerables, “Personas pertenecientes a pueblos indígenas en el 40% más pobre”, que cuenta con una mesa de trabajo en la que participan 2 representantes del sector privado, uno de ellos, Juan Sutil, empresario frutícola y presidente de la corporación “Reguemos Chile”, para quien la problemática del pueblo mapuche se debe a la falta de políticas de apoyo al emprendimiento en las comunidades y propone convertir a las comunidades mapuche de la Araucanía en “zonas de exportación de fruta”. Otro ejemplo, el “Plan agua para Petorca”, con representantes del ejecutivo y del agronegocio, proponen que el Estado compre derechos de aprovechamiento de agua a empresas agrícolas para garantizar el consumo de agua potable en la provincia o que estas empresas donen sus derechos de agua a los sistemas comunitarios de agua potable rural como medida de emergencia.

*Resumen elaborado en base al Capítulo Colombia del Informe 2018 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, disponible en: https://bit.ly/2WFbNKk

Wilson Poma Calle
Egresado de Sociología

El 27 de septiembre de 1979 fue establecido como Día Mundial del Turismo, por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en conmemoración a la aprobación de su estatuto orgánico. En este documento iniciaremos con la pregunta: ¿Es el turismo una alternativa para el desarrollo rural? Intentaremos responderla a partir de algunos apuntes sobre experiencias en Bolivia y Perú.

El turismo es considerado como una industria que no daña el medio ambiente, al interior de él se generaron variantes como: el turismo recreativo, turismo de aventura, turismo vivencial, eco turismo y turismo comunitario, entre otros. Y con muchos matices, es tomado en cuenta en la legislación de la mayoría de países en la región.

Existe una variedad de atractivos turísticos que se ofertan a los visitantes que residen en los demás continentes. Este conjunto de atractivos lo podemos agrupar de la siguiente manera: atractivo cultural, atractivo natural, atractivo arqueológico o histórico, cabe mencionar que mucho tiene que ver donde se desarrolla el turismo para determinar su potencial como atractivo y poder ser ofrecido en el mercado.

Hay que considerar también que el turismo, en su variedad de ofertas, dinamiza los mercados locales, donde la población local toma el rol como de demandante, en su mayoría personas que residen en las urbes, y ofertante, comunidades rurales e instituciones privadas o públicas que brindan estos servicios.

En este caso, Las comunidades rurales poseen una serie de espacios naturales, antropológicos y actividades propias de su cultura, entre otros atractivos, que motivan el desplazamiento de una persona o grupo, que por curiosidad o por la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual, asisten en su búsqueda. Las comunidades rurales, en su afán de dinamizar su economía, tiende a invertir en estos recursos acompañandolos con otros servicios como el hospedaje, alimentación, transporte y otros. Estas actividades son hechos que promueven una visión utilitaria del paisaje, población y demás recursos de los territorios rurales.    

En Bolivia existen una serie de emprendimientos donde las comunidades rurales incursionan en el turismo como las comunidades en la Isla del Sol en el lago Titicaca (La Paz), donde el turismo ha proliferado desde hace décadas. Donde emprendimientos privados toman el protagonismo, reduciendo la participación de los comunarios a trabajadores, con la función de exotizar la expresión de la comunidad andina, idealizando su cotidianidad y creando una tensión en la relación entre las familias comunarias (observadas) y los visitantes.

También se tiene el caso de un denominado ‘Museo del Altiplano’, instalación privada al interior del hostal Inca Utama en Huatajata (sector Lago Titicaca), donde se encuentran una serie de representaciones de la vida cotidiana “típica” de una familia andina, además, las personas que la representan visten ropa típica y realizan actividades tradicionales, creando una presentación idílica sobre el diario vivir en comunidad.

A partir de estos casos podemos afirmar que, existe una pérdida de valores culturales y sus comportamientos, un sometimiento al mercado, se idealiza y cosifica la vida en comunidad, se promueve una marcada distinción entre la comunidad andina y los visitantes.

En Perú en la localidad de Raqchi Sicuani (Cusco), la población declara que su principal ingreso económico es la agricultura pero en realidad es la venta de productos “culturales” y la gran mayoría de estos productos son de procedencia externa, además, esta actividad económica reconfigura el comportamiento de los integrantes de una familia en la localidad (Córdova, Incidencias del turismo receptivo en los cambios de identidad cultural de los pobladores de la localidad de Raqchi Sicuani-Cusco, 2017)

Muchas familias se encuentran en contextos donde su comunidad posee varios atractivos turísticos. La comunidad de Raqchi Sicuani tiene bastantes atractivos arqueológicos del tiempo de los Incas, atractivo que motiva una variedad de visitas, por tal motivo, los comunarios se dedican a vender una serie de productos y servicios. La mayoría de esta población es intermediaria de productos “culturales” y muchos de estos vienen con innovaciones descontextualizadas de la cultura incaica; además, los vendedores son intermediarios de servicios como la consulta con sacerdotes y curanderos con saberes ancestrales.

En esta experiencia existe un gran sometimiento al mercado, cambiando la cotidianidad de la población local, una cosificación de los símbolos de la cultura local y usándolas de una forma inadecuada, por ejemplo; sombreros de paja con símbolos andinos.

No podemos negar que existen casos donde la comunidad es la principal protagonista, como el emprendimiento ecoturístico en Chalalán (Norte La Paz, Bolivia) y la isla de Taquile (Puno, Perú). Estos emprendimientos son un hito del turismo, en sus países, porque cuentan con una participación activa de la comunidad local. Aunque no se libran de conflictos y dificultades, Chalalán sigue vigente pero con muchos problemas internos en la comunidad, de carácter económico e intromisión de inversiones externas (Mamani, Trabajo Dirigido en el Gobierno Autónomo de Rurrenabaque, 2019). En el caso de Taquile, que logra y mantiene un control comunitario del turismo al interior de la isla; no obstante, en los últimos años, se perdió el control del transporte, y además, han incorporado “mejoras” en sus domicilios, como el uso de materiales de construcción no-tradicionales y falta de transmisión de los saberes culturales (idioma, comidas tradicionales y otros); señales de un paulatino acercamiento a lo “moderno” (Zorn y Farthing. Desafíos de un turismo controlado por la comunidad: el caso de la Isla Talique, Perú. 2006), y un distanciamiento de lo tradicional, una contradicción pues precisamente, lo tradicional es el principal capital del turismo en la comunidad rural.

Reflexión

El turismo promueve un comportamiento que tiende a la ‘modernización’; es decir, ciertos esquemas culturales, de consumo, vivienda y apreciación. Un emprendedor local debe necesariamente adecuarse a las condiciones y brindar un buen servicio. En esta tarea, el emprendedor debe adquirir; por ejemplo, productos de buena calidad, instalaciones adecuadas de hospedaje con servicios básicos, acceso a agua caliente, dormitorios, condiciones salubres en el preparado de alimentos, acceso a medios de comunicación (cobertura telefónica, internet, caminos a un poblado, entre otros), incluso se debe cualificar el servicio que presta el personal a cargo, pidiendo que éste se instruya en actividades puntuales, como la recepción, cocina, guiaje de trekking, entre otros. Es decir ‘mejorar’ su oferta de productos y servicios para captar mayores y mejores ingresos.

Los casos expuestos y valorando las múltiples dificultades que se dan en la comunidad rural, podemos afirmar que la incursión de la comunidad al mercado del turismo, representa más pérdidas que beneficios, pues su cultura está siendo instrumentalizada, exotizada e invadida por la influencia de otras culturas. El esfuerzo por realizar mejoras conlleva una serie de cambios en el cotidiano vivir de la población rural, además de promover un comportamiento direccionado a mercantilizar lo cultural. Sin embargo, existen casos donde las comunidades son beneficiadas directamente y logran la autogestión, abriendo sus puertas a diferentes alternativas de desarrollo. Y estos casos pueden replicarse, siempre y cuando, tengan los estudios y apoyo necesario para que la población pueda empoderarse del emprendimiento.   

Tierratorio de la paz-conflicto y el
desacuerdo de paz

Flavio Bladimir Rodríguez Muñoz

Docente investigador Área conflicto y dinámica social

Director Programa de Geografía - Universidad Externado de Colombia

Andrés Felipe López Galvis

Estudiante de Doctorado

Universidad Toulouse 2 – Jean Jaurès, UMR CNRS 5193 LISST/Dynamiques Rurales, Francia y
Programa de Geografía, Universidad Externado de Colombia

Luis Ángel Ojeda Rodríguez
Agrónomo – Universidad Nacional de Colombia

1. Marco General

Las comunidades manifiestan que sin acceso a la tierra no hay garantías para acceder al apoyo del Estado. En las zonas rurales de Colombia solo 16 % de los pequeños productores tienen acceso a crédito. El microcrédito no transforma las problemáticas asociadas a la tierra y que requieren acciones específicas contra la pequeña propiedad y microfundios. Según la Fundación PARES en el 2017, la población desplazada fue de 75 mil personas y la ACNUR en el 2018 indica que un poco más de 30 mil. De los desplazados, 87 % han tenido como origen el campo de acuerdo al CNMH, lo que ha dejado cerca de 8,3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas por la fuerza.

Durante las negociaciones y el Acuerdo de paz, se vivió un intenso debate sobre la guerra y su vínculo con los conflictos socioambientales, el control de los territorios, la extracción de recursos, y la persistencia de la fumigación de cultivos ilícitos, entre otros.

El despojo de la tierra, la reparación a las víctimas y el tema agrario son puntos centrales del Acuerdo de paz, no obstante, existe una gran conflictividad, al momento de aprobar la normatividad correspondiente, pese a los compromisos del Estado. El cambio de gobierno no representó un cambio en la matriz económica reprimarizada, más de 60 % de sus exportaciones están representadas en petróleo, minerales, oro y otras piedras.

Los detentores del poder político han convertido a la Jurisdicción Especial para la Paz en el blanco de los ataques. La justicia especial para la paz, la recomposición del movimiento popular y las disputas por el poder local, son procesos que posibilitarían un gobierno de transición a la paz.

2. Avances (y retrocesos) en el acceso a la tierra y el territorio: tensiones en la implementación de la Reforma Rural Integral

El área destinada al uso agropecuario, según el último Censo Nacional Agropecuario, comprendía 43 millones de hectáreas, de las cuales 34,5 correspondía a pastos y rastrojos y 8,5 al uso agrícola. Los productores residentes alcanzan cerca de 12,3 millones de hectáreas del área rural dispersa, los productores no residentes ocupan más de 28,3 millones de hectáreas.

El índice de GINI, en 1988 era de 0,84, pasó en 2012 a 0,88 y en 2016, ascendió a 0,89. El conflicto se debe a que los 6 millones de hectáreas de vocación ganadera, en la actualidad presentan 38 millones de hectáreas; es decir, esta actividad concentra áreas de vocación forestal, agrícola y agroforestal. El área de vocación agrícola que tiene más de 11 millones de hectáreas, pero solo se aprovecha 6 millones de hectáreas.

Se creó el Fondo de Tierras con 525 mil hectáreas transferidas, en el último año se avanzó en el diseño participativo de 16 Planes definidos que incluyen el diagnóstico de 11 mil veredas.

El Programa Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) no logra dar respuesta a las problemáticas inmediatas, las comunidades y organizaciones sociales tuvieron que movilizarse para ser incluidos en el plan de desarrollo. Se vive la ausencia de un efectivo proceso pedagógico en las comunidades sobre los acuerdos de paz. La metodología implementada ha generado fraccionamiento y conflictos en las organizaciones sociales. Hasta mayo se recibieron 13.977 solicitudes de inscripción en el Registro de Sujetos de Ordenamiento, que incluyen a las comunidades étnicas con un plan de atención específico, y que reportan la legalización de 27 resguardos indígenas con 2.584 familias repartidas en 245.811 hectáreas. De estas últimas, más de 95 % corresponden a dos resguardos en el departamento del Vichada, la ampliación de 3 resguardos indígenas correspondientes a 506 familias y 377 hectáreas; la titulación de 15 consejos comunitarios de comunidades negras con 1.738 familias y 6.844 hectáreas.

La ANT reportó un total de 1.928 títulos otorgados, y la formalización de 1.974 títulos a familias campesinas en al menos 6.000 hectáreas. Se aprobó un nuevo perímetro que corresponde al polígono 2 de la propuesta de Zona de Reserva Campesina Montes de María en los municipios de Córdoba, El Guamo, Zambrano y San Juan Nepomuceno.

3. Conflictos en el post acuerdo

El conflicto ha consistido en la disputa de los grupos armados por el territorio y las actividades que han servido como financiamiento de estos ejércitos al margen de la ley. La desigual distribución de tierras y la ausencia de reforma motivan el conflicto, que tienen a 15 regiones y 78 municipalidades con graves problemas de seguridad.

El gobierno firmó pactos colectivos de sustitución de cultivos con más de 120 mil familias en el 2017, sin plantear una solución productiva sostenible. La salida de las FARC originó la llegada de grupos ilegales, que controlan los cultivos y ejercen presión a los productores para que no se integren al PNIS.

Los departamentos de Arauca, Guaviare, Caquetá y Putumayo son corredores estratégicos del narcotráfico y el control territorial que ejercen grupos de poder, en lugar del Estado. Estas disputas generan la violencia e inseguridad que afectan a las comunidades rurales.

En la Amazonía y el Pacífico donde están los territorios de comunidades negras e indígenas, un gran número de municipios sin información catastral, tierras que están articuladas al PNIS donde, la tierra no puede ser adjudicada, por ser territorios colectivos o zonas de reserva forestal.

En la región de la Orinoquía, 5.5 millones de las 7.3 millones de hectáreas, que el Ministerio de Agricultura y la Sociedad de Agricultores de Colombia estiman como aptas para ser incluidas en las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES), iniciativa impulsada por grandes ingenios azucareros y gremios de cultivo de palma de aceite, entre otros, como una alternativa de inversión

El persistente conflicto y la implementación del Acuerdo, han puesto en riesgo el avance de los procesos organizativos y sociales. En junio de 2018 se contaban 148 asesinatos, a partir de la firma del Acuerdo de paz, y luego de la posesión del nuevo presidente, se presentaron 120 asesinatos de líderes sociales. Estos asesinatos están ligados a la búsqueda del reconocimiento efectivo de derechos, restitución a derechos de víctimas, derechos colectivos territoriales y culturales, y la participación de sectores políticos alternativos.

4. Algunas respuestas desde las regiones y las organizaciones sociales

Se conforma una “Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo” integrado por una gama de actores, incluidos organizaciones campesinas e indígenas en conflicto por la delimitación de sus tierras, por lo que no se ha podido constituir la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo.

Una medida es la constitución de Guardias campesinas como figura civil de seguridad del territorio y de la vida, para velar por los intereses y la autonomía campesina.

A inicios de 2019, en la Audiencia Pública: “El campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo”, los sectores detractores del señalan que éste desconoce al agro. El Movimiento Alternativo Indígena y Social señala que el PND refleja el poco interés del gobierno de Duque tiene hacia el desarrollo rural. Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, mostró la vulneración de derechos a los sujetos de especial protección constitucional que se deben beneficiar con la RRI. Adriana Fuentes de FIAN, argumentó sobre lo inapropiado de las estrategias gubernamentales, que expuso su mayor preocupación por la actividad minera, que por la agropecuaria. Mientras que el campesinado invisibilizado, por la “productividad” que brindan las empresas y por un Estado centralista. La adecuación de tierras está basada en alianzas público privadas, los distritos de riego están privatizados y abocados a la palma de aceite, en lugar del cultivo de alimentos.

5. Propuestas: la Minga como respuesta

Se tuvo una participación multitudinaria en consultas populares para decidir sobre sus derechos y territorios. En la mayoría de las manifestaciones en Bogotá, se mostró la disposición de dialogar con el Estado. No obstante, también se vio la inasistencia a las mesas de trabajo planificadas por parte del gobierno.

La Minga Indígena de inicios de 2019, surge como alternativa al Plan de Desarrollo y la urgencia de frenar los asesinatos, secuestros, desplazamientos forzosos, y además, por el rechazo al Tratado de Libre Comercio y la aplicación de las políticas de la Seguridad Democrática. El Consejo Regional Indígena del Cauca reclamó el cumplimiento de compromisos de 2005 y sumó exigencias acordar un plan cuatrienal 2019-2022. Más organizaciones se suman, y acuerdan un Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina y presentan una “propuesta campesina para el PND”.

Cerca de 1.700 campesinos exigieron su inclusión en el censo poblacional. La Corte Suprema de Justicia pidió al Estado, delimitar el concepto de campesino, contabilizar e identificar su situación actual para garantizar el derecho a la igualdad material.

6. Normas: ámbito jurídico para la implementación del Acuerdo
   de paz

Gobernanzas locales

La Zona de Reserva Campesina Valle del río Cimitarra estableció, en los años 90, un acuerdo entre las comunidades de la zona con el ELN y las FARC para evitar la deforestación y respetar ese territorio, medida que continua en vigencia. Otros ejemplos son el de la ZRC de la cuenca del río Pato y Balsillas, donde hay un acuerdo escrito entre las familias de la zona, se registra cuánto se tala y cuánto se caza. Y finalmente, la ZRC de Cabrera donde sus habitantes realizaron una consulta popular que prohibió los proyectos mineros en el complejo de páramos Sumapaz y Cruz Verde.

La restitución de tierras a víctimas de la violencia

A fines de 2018, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 120.233 solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas, 93.165 se encuentran habilitadas para la restitución de tierras. Se ha finalizado el trámite administrativo para 72 % de las solicitudes habilitadas y 24.352 (36 %), fueron incluidas en el Registro. Estas inscripciones corresponden, a su vez, a 2.310.227 hectáreas.

En el 2018, se decretó la primera Zidres, con 175 mil hectáreas de extensión. Este instrumento de fomento productivo permite que el Estado arriende o concesione grandes extensiones de tierras a empresarios que deseen desarrollar un proyecto productivo con medianos y pequeños productores, bajo un esquema asociativo.

7. Instituciones

Se hizo una consulta previa sobre el Proyecto de ley que modifica la Ley de Reforma Agraria y al Decreto 902 (2017), a la cabeza del MADR y la ANT. 

Las organizaciones que siguen la implementación de una política rural redistributiva y reconocimiento de derechos, han argumentado que, al contrario de lo formulado en el PND, su enfoque es “anticampesino” debido a que “no reconoce el papel de los pobladores rurales en el desarrollo rural”. Las críticas al PND 2018-2022 se refieren a que el incentivo a la asociatividad se enfoca hacia la agroindustria a partir del desarrollo de clústeres, cadenas de valor, etc. sin promover la pequeña y mediana producción. El Catastro Multipropósito parece estar orientado “a dar legalidad a situaciones irregulares e ilegales que se presentan en los procesos de adquisición y acumulación de tierras, para generar la confianza inversionista”, requerida en grandes proyectos agroindustriales y de infraestructura. En cuanto a la Infraestructura productiva, 75 % de las vías terciarias se encuentran en mal estado, y la meta para la construcción de nuevas vías terciarias de 400 kilómetros muestra que la estrategia “sólo funciona a pocos kilómetros de las vías secundarias y principales, a distancias más profundas, los altos costos de intermediación los tornan inviables”. Respecto a la cobertura de riego, en Colombia es apenas de 6 % de los 18,4 millones de hectáreas con potencial para incorporar riego y drenaje. El PND propone ampliar la cobertura, pero es significativa la diferencia entre las 5.900 hectáreas en áreas de riego para pequeños productores contrastan con las 144.917 hectáreas con distritos de adecuación, que seguramente serán priorizados en áreas donde se establezcan los encadenamientos agroindustriales. El acelerado crecimiento de cultivos ilícitos es uno de los mayores retos para la construcción de la paz, los profesionales que estuvieron en la Mesa de Concertación Nacional, muestran que la exclusión de compra de predios por mejoras cuando existan cultivos ilícitos implica en la práctica no brindar alternativas a “miles de familias que dependen de este tipo de economías”. Finalmente, respecto a las mujeres rurales, el PND indica que los procesos de acceso y formalización de tierras, sumarán de 8 mil a 12 mil las mujeres beneficiadas. Las metas apuntan a que la participación en servicios y créditos, llegue a 30 % y a 34 %, respectivamente. Sin embargo, Jennifer Mojica, ex-subgerente del Incoder señala que “el enfoque diferencial se limita a decir que una parte de los “beneficiarios” serán mujeres, más no recoge las necesidades diferenciales de género”, la economía del cuidado y otras formas propias de producción de la mujer rural.

Pacto de Leticia, reunión infructuosa
para la Amazonía

Oscar Bazoberry Chali

El día 6 de septiembre, se llevó a cabo una Reunión de Jefes de Estado y Jefes de Delegaciones en Colombia. El fuego y la devastación de los incendios para la deforestación en la región sudamericana, ya se habían difundido a nivel mundial, y en especial, la población de los países amazónicos mostraba su preocupación por las políticas y la responsabilidad de sus gobiernos en estos fenómenos donde confluyen causas climáticas con acciones humanas.

A mediados de septiembre, con mayor información sobre la magnitud de los incendios y su recurrencia en los últimos años, y la escasa reacción de los países y la región en emergencias de esta naturaleza. Ningún gobierno dispuso a la población de información continua, sistemática, y en tiempo real sobre los incendios. Este hecho que desnudó la escasa información oficial y pública sobre la tenencia y distribución de tierras, permisos de desforestación, y otros que permitirían tener mayor certeza sobre las responsabilidades y acciones de previsión a futuro.

Sobre esta base, se puede valorar la reunión de los presidentes y el texto firmado, que se denominó “Pacto de Leticia por la Amazonía”.

Primero:

La convocatoria y la reunión se realizaron al margen de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). El documento del pacto se refiere a esta institución intergubernamental de los mismos países que propiciaron el encuentro de Leticia, como un tercero, un externo, al mismo nivel que otros Estados y fuentes de cooperación: “Nuestra intención de cooperar y nuestro llamado a otros Estados interesados, a la Organización  del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y demás organizaciones regionales e internacionales a cooperar para la consecución de las acciones aquí acordadas construyendo en armonía con los esfuerzos nacionales y en atención a las solicitudes de los países amazónicos signatarios de este Pacto y con pleno respeto a su soberanía” (Pacto de Leticia, 2019).

El Pacto llama a “Fortalecer la acción coordinada para la valoración de los bosques y la biodiversidad, (…) Establecer mecanismos de cooperación regional y de intercambio de información para combatir acciones ilegales, (…) Crear la Red Amazónica de Cooperación ante desastres naturales”; entre otras intenciones y verbos que expresan acciones inaugurales como si no existieran o no habrían existido anteriormente, incluyendo la creación de organizaciones intergubernamentales.

A su vez la OTCA, que visiblemente no jugó ningún rol en el evento, días después publica un comunicado valorando la acción de los Estados en apaciguar los incendios forestales, controlar la deforestación, y remata la publicación en formato de noticia, con un mensaje de la Ex Secretaria de la OTCA, la ecuatoriana Rosalía Arteaga Serrano (gestión 2004-2007), que llama a retomar el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y dar funcionalidad a la OTCA, en vez de crear nuevas instituciones.

Al parecer, como en otros casos en la región, nuevamente tenemos una organización intergubernamental disfuncional con los procesos políticos de la región, con escasa capacidad técnica y con ninguna relevancia en el alcance de sus propios objetivos.

Segundo:

Resalta en el texto publicado, la “advertencia” de que las Amazonías, son propiedad y un asunto de los Estado-nacionales. Afirmación llamativa porque el trasfondo de la declaración es una reiteración histórica de la mirada de los Estados sobre los territorios y poblaciones, a quienes se les niega su historia propia, cultura y formas de gobierno subnacional, y de autogobierno reconocido en sus normativas, y por el derecho internacional refrendado en los países.

Utilizamos en plural Amazonías, por la interdependencia de los sistemas ecológicos y la acción humana, y que desde la mirada de los Estados son territorios fragmentados por el derecho internacional y su soberanía, aunque no atención. Como reza el Pacto de Leticia: “Reafirmando los derechos soberanos de los países de la región Amazónica sobre sus territorios y sus recursos naturales, incluyendo el desarrollo y el uso sostenible de esos recursos, conforme es reconocido por el derecho internacional”, agrega “Alentando a la comunidad internacional a cooperar por la conservación y el desarrollo de la Amazonía, sobre la base del respeto a sus respectivas soberanías, prioridades e intereses nacionales”

Dada la primacía de los Estados, cabe la pregunta ¿Para qué un pacto? Caben dos respuestas: 1) para mejorar la colaboración de los Estados en un objetivo común sobre la Amazonía; 2) para ratificar sus soberanías en un contexto de globalización que amenaza las decisiones de los gobiernos. En este texto, prima la segunda.

Tercero:

Se reconoce la importancia que en la declaración, y en la organización del evento, ha tenido y tiene la población indígena. La combinación del enfoque de biodiversidad y “pueblos indígenas y tribales y pueblos en condición de aislamiento voluntario  y  contacto  inicial  (PIACI)  poseedores  de  saberes  ancestrales, conocimientos  tradicionales  y  diversidad  cultural  y  lingüística,  que  deben protegidos”, es altamente significativa.

Sin embargo, es tenue el reconocimiento a los derechos sobre el territorio, y las demandas de autonomía, derecho a la consulta, participación en las decisiones sobre el territorio independientemente del Estado que los acoja, y a estas alturas, también podemos decir, a pesar de quienes ostentan sus gobiernos.

Resulta más ilustrativa, la ambigüedad de la declaración respecto a los otros actores que se encuentran en la Amazonía, quienes impulsan la deforestación, quienes realizan las actividades ilegales, quienes fomentan el mercado inmobiliario y las ciudades, quienes contaminan los ríos, quienes extraen la madera. Se omite, como en otros documentos oficiales, nombrar a los otros sujetos que se encuentran activos en la Amazonía y que amparados en las leyes de los países o en las omisiones institucionales, son parte del problema que se pretende enfrentar, y tendrán que ser parte activa de las soluciones.

La omisión a la multiplicidad de actores e intereses, en este caso, resguarda la responsabilidad de los Estados apuntando al conjunto de “actividades ilegales que atentan la conservación de la Amazonía”, y no así a las actividades legales e impulsadas por los propios Estados, incluida la violencia ejercida contra los líderes y población indígena amazónica.

Para terminar

El Pacto de Leticia anticipa, o más bien reitera, el ánimo de los Estados sudamericanos respecto a los recursos naturales, la biodiversidad, los recursos estratégicos como el agua, y su subordinación a la economía extractiva y dependiente que está vigente y se consolida en los últimos años, incluidas las actividades que en el documento se señalan como ilegales. En este sentido la Amazonía no es una excepción.

Como en otros documentos, siempre será un gran paso el reconocer a los pueblos indígenas, el patrimonio de la biodiversidad. Sin embargo, continuará siendo una visión parcial si no se nombra, identifica y conoce a los otros actores que intervienen en los territorios, y en buena parte de las veces violentan las estructuras sociales y las de la naturaleza, por codicia de la acumulación y por la búsqueda de mejores oportunidades. En este sentido, no se puede aislar discursivamente a la Amazonía del conjunto de políticas nacionales y la responsabilidad de los gobiernos en los desplazamientos forzados, y en los incentivos, formales e informales, a la inversión extractivista –nacional o transnacional- insostenible.

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que las iniciativas, actividades, prácticas, expectativas que atentan con la biodiversidad y las culturas amazónicas, se han transnacionalizado, translatinizado, por lo que los intereses de los gobiernos, en protección de empresas de sus países, contradice la idea de soberanía a la que hacen alusión en el Pacto de Leticia. Si a esto le sumamos la histórica y permanente debilidad de las organizaciones intergubernamentales, de los mecanismos de colaboración y cooperación regional que se han creado en Sudamérica y Latinoamérica, el impacto de la OTCA o lo que pueda sustituirla en el corto plazo, es más un juego de luces que la voluntad de fortalecimiento de un sistema de coordinación efectivo.

Algunos datos

El encuentro de Leticia es producto del Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional Perú-Colombia que se reunió el 27 de agosto de 2019 en la ciudad de Pucallpa Perú. En el comunicado indica: “4. Los señores Presidentes reconocieron la necesidad de unir esfuerzos en beneficio de la protección y uso sostenible de la región Amazónica, por ser uno de los ecosistemas más importantes para la resiliencia del planeta, y coincidieron en impulsar la propuesta de Colombia de convocar a los países amazónicos para establecer un Pacto que procure su conservación, desarrollo y aprovechamiento sostenible, en beneficio de las comunidades que la habitan, con pleno respeto a las respectivas soberanías nacionales. Para ello acordaron convocar una urgente reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la región Amazónica en Leticia (Colombia) el 6 de septiembre, con el fin de aunar esfuerzos para este propósito” (https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/50233-declaracion-de-pucallpa).

Con un lapso muy breve, para 10 días después, el Presidente de Colombia llama a una Cumbre Presidencial por la Amazonía, y hace una alusión al tratado y estructura intergubernamental vigente, “Es cierto que en 1978 se firmó el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y después, en la década del 2000, se creó la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), pero lo cierto es que la OTCA y el Tratado como tal se han quedado cortos y no han tenido el suficiente liderazgo a nivel presidencial para entender cómo debemos ejercer una protección armónica, confiable y basada en indicadores, de nuestra Amazonía” (https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/Presidente-Duque-liderara-este-viernes-en-Leticia-la-Cumbre-Presidencial-por-la-Amazonia-191905.aspx).

Cabe recordar que el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), ha sido firmado julio de 1978 por todos los países que tienen presencia en la Amazonía. Con un protocolo de enmienda, firmado en Caracas en diciembre de 1998, se crea la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) con sede permanente en Brasilia. En esta coyuntura, la Secretaría General está en manos de Bolivia.

En el portal electrónico de la OTCA, se publica una noticia en la que la Ex Secretaria de la OTCA, la ecuatoriana Rosalía Arteaga Serrano (gestión 2004-2007), sin hacer referencia a la reunión de Leticia, publica una nota titulada “El porqué de la OTCA”, donde indica lo siguiente: “La idea de crear un nuevo tratado significaría desconocer una tradición que ya tiene cuatro décadas e implicaría un partir de cero en la consecución de acuerdos en los que ya la organización tiene cierta experiencia. Es hora de volver al multilateralismo para solucionar los problemas, de fortalecer las instituciones y no crear nuevas que entrañan dificultades burocráticas para cristalizar acuerdos” (http://www.otca-oficial.info/news/details/582).

Una década para la reparación de los daños que dejaron los incendios forestales

Lorenzo Soliz

Tristemente, el 2019 pasará a la historia como el año en que la humanidad incendió el planeta, la casa grande de todos los seres vivos. El fuego está arrasando con muchas áreas de distintas regiones de países del norte y del sur.

Arden los pulmones del planeta

Se suele decir que la Amazonía es el pulmón del planeta, y los africanos nos enseñaron que los bosques tropicales del África son el otro pulmón. Este año ambos pulmones están soportando incendios de magnitud y mayores presiones por diferentes frentes. Sin embargo, nada se compara con los incendios de la Amazonía -sobre todo brasilera, pero también una parte de la Amazonía boliviana y peruana, como pudimos evidenciar hace unos días-, de los Bosques de la Chiquitanía y del Chaco paraguayo, que movilizaron a la sociedad civil, la condena y repudio de organizaciones como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y de la comunidad internacional en general.

Los datos preliminares de las superficies quemadas fueron proporcionados por INPE en el caso de Brasil, reportan 57.827 km2 quemados, de los cuales 18.629 (más de 1.800.000 hectáreas) corresponderían a la Amazonía. En el caso de Bolivia, solo en la Chiquitanía al menos 750.000 hectáreas y en Paraguay 350.000 hectáreas. En la zona de la triple frontera amazónica de Perú, Bolivia y Brasil, en el lado peruano, en Iñapari, fueron quemadas más de 1.500 hectáreas.

Modelos de desarrollo y consumismo gatillan los incendios forestales

Los incendios que están aconteciendo en la Amazonia y en las tierras bajas de Sudamérica tienen su origen en la irresponsable acción humana, principalmente por la codicia y el enriquecimiento a costa del extractivismo y destrucción de la naturaleza; la demencia por el crecimiento económico de los modelos de desarrollo imperantes en la región; las leyes, políticas, prácticas e inversiones que la sustentan y respaldan. Asimismo, en estilos de vida basados en el consumismo de bienes y servicios a gran escala. Juntos gatillan el incremento de la producción y exportación de commodities, la ampliación de la frontera agrícola y la deforestación basada en las quemas que hoy están mermando los pulmones del planeta.

Si bien el uso del fuego es una práctica antigua en la agricultura, éste se utilizó en la disputa por tierras y recursos naturales sea para expulsar a comunidades campesinas, pueblos indígenas de sus territorios o para justificar el haber realizado trabajo e “inversiones” y legalizar la posesión. Hoy, además, -incluso declarando el 10 de agosto como “el día del fuego” en el caso de Brasil- se lo utiliza para dar cumplimiento a las verdaderas políticas y planes de los gobernantes de los países afectados, que respaldan y promueven los intereses de grandes propietarios de la tierra, capitales transnacionales del agronegocio, de sendos encuentros de gobernantes de otras latitudes que concluyeron con acuerdos y compromisos de exportación de comodities, especialmente de carne. No desconocemos que algunos pequeños productores siguen esta ruta, en el furgón de cola del agronegocio, incendiando los bosques para habilitar tierras para cultivos industriales y la ganadería. En el caso de Bolivia, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) desde 2017 los “actores de desmonte” son comunidades campesinas en 31%; en 6% las comunidades indígenas, y 63% correspondió a los propietarios privados; esta es una tendencia que se mantiene al menos las últimas dos décadas.

Pese a las estimaciones preliminares o definitivas de las superficies quemadas, nunca se podrá determinar las cuantiosas pérdidas en biodiversidad, en fauna y flora; de las inversiones y bases productivas, de bosques manejados con recursos forestales no maderables, la melea, los recursos de caza, pesca y farmacopea de comunidades y pueblos indígenas en sus territorios y sus bosques. Tampoco los costos de la contaminación ambiental a nivel local y global; los efectos de la contaminación de ríos y fuentes de agua como de la lluvia ácida que sobreviene; los gastos de la población por las afectaciones a su salud, las horas no trabajadas y las horas de clases perdidas en las escuelas de las zonas directamente afectadas. Imposible determinar el esfuerzo humano de tantos voluntarios y personal asignado para sofocar los incendios y los enormes costos de la logística por tierra y aire, etc. Éstos y los gastos no informados ni transparentados por los gobiernos son el alto costo del “desarrollo”, del tipo de crecimiento económico que ellos promueven y respaldan.

En riesgo los objetivos de desarrollo sostenible y el acuerdo por el clima

Estamos próximos a completar el cuarto año de vigencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como se sabe, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, adoptó en septiembre de 2015, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, debido a los incendios forestales y sus múltiples efectos, sobre todo en las zonas directamente afectadas en los diferentes países no será fácil poner fin a la pobreza en todas sus formas (ODS 1); tampoco lograr el hambre cero, la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y la agricultura sostenible (ODS 2) cuando las bases productivas, el hábitat y los bosques y áreas de sustento se han perdido y llevará tiempo en recuperarse. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible (ODS 8), corre el riesgo de quedar en slogan, si no se toma en cuenta adecuadamente que lo sostenible, como recupera la Declaración de la ONU, implica lo social, económico y ambiental, y no solamente el ímpetu por el crecimiento económico. Con los incendios forestales y sus efectos multidimensionales se ha retrocedido décadas en la tarea adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos (ODS 13) y, más aún, en proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, y detener la pérdida de biodiversidad (ODS 15). Estos efectos multidimensionales que están provocando los incendios forestales comprometerán también la reducción de las desigualdades (ODS 10), que es el mayor reto de nuestros tiempos.

A ello se añade que existe un serio riesgo de no lograr evitar el aumento en la temperatura del planeta supere 1,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial; en vez de reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en 45% para 2030, estas cifras se han incrementado a nivel planetario, especialmente desde la Amazonía.

En Vísperas del Sínodo por la Amazonía

El Papa Francisco convocó para este 6 al 27 de octubre venidero a una Asamblea Sinodal Especial sobre la Panamazonía, región del planeta en que habitan cerca de 34 millones de personas, de los cuales más de tres millones son indígenas de más de 390 pueblos y culturas que conviven en una relación vital con la naturaleza. Ya en el primer encuentro preparatorio del Sínodo en 2018, el Papa indicó “Probablemente, los pueblos originarios amazónicos, nunca estuvieron tan amenazados como ahora. La Amazonía es una tierra disputada desde varios frentes”. Los incendios forestales y la crisis climática que actualmente vive esta región en vísperas del Sínodo son parte y expresión de dichas disputas, que están provocando los efectos multidimensionales que hemos mencionado, especialmente sobre la población más vulnerable y la biodiversidad. Sin duda la Asamblea sinodal deberá referirse no sólo a la situación actual de crisis ambiental sino sobre los modelos de desarrollo imperantes en la región, como ya lo ha manifestado recientemente el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Una década para la reparación de los daños

La tarea inmediata es extremar recursos y voluntades para apagar los incendios, infelizmente fue necesaria la movilización social y el repudio internacional para sensibilizar a algunos gobernantes.

Sofocado el fuego, los especialistas indican que se requerirán 200 años para la recuperación de los bosques primarios, es necesario declarar la década de la reparación de los múltiples daños a la naturaleza, al ambiente y a las poblaciones locales, con medidas específicas y recursos asignados en terreno. Entre ellas, veda por 10 años para la caza y pesca en las zonas afectadas, salvo si en ellos viven poblaciones nativas. Recuperación de áreas protegidas, de bosque primario y planes de manejo de recursos naturales. Asignación de recursos para la reforestación efectiva con especies locales, asegurando su prendimiento y monitoreo hasta su madurez, tarea a la que deben contribuir soldados, premilitares, voluntarios, etc. Recuperación y fortalecimiento de las bases productivas de las poblaciones afectadas. Implementación del manejo de cuencas y microcuencas de las áreas afectadas. Derogatoria de normas, políticas y leyes que autorizan quemas e incentivan el desbosque, endurecimiento de sanciones a los infractores, con acciones de reparación y reforestación. Incremento de la productividad según la vocación productiva de cada en área, sin necesidad de ampliar nuevas superficies, con innovación tecnológica, promoción de la agricultura sostenible, la agricultura sin quema, entre otras. Sobre esto último hay muchas experiencias locales en los diferentes países que optan por modelos productivos sostenibles, tomados en cuenta por los gobernantes pero solo en el papel más no en la práctica. Reforzamiento de la educación ambiental en todo el sistema educativo formal y no formal. Estas propuestas se suman o son parte de acuerdos internacionales sobre el clima, los Objetivos de desarrollo sostenible al 2030, la década de la agricultura familiar, entre otras.

El poder de los consumidores locales, nacionales y de ultramar también puede contribuir a la reparación de las zonas afectadas, desde la demanda y el consumo responsable e informado. Quienes tienen el poder político y el poder de la influencia pueden contribuir a cambiar los modelos productivos y modelos de desarrollo, para evitar y reparar lo que está aconteciendo en 2019, por los incendios forestales.