El desafío de poner en marcha un nuevo instrumento para las campesinas, campesinos y personas que trabajan en zonas rurales

Ruth Bautista Durán^[1]

Como producto de un arduo trabajo de incidencia de la Vía Campesina, organizaciones sociales y Estados, a fines de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. En el caso de Sudamérica, de diez países, seis votaron a favor: Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Tres se abstuvieron: Argentina, Brasil, Colombia. Y Paraguay no votó.

Esta Declaración incluye y reafirma aspectos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas^[2], la Declaración Universal de Derechos Humanos^[3] y se sitúa en la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)^[4], además de que afirma el “derecho humano al desarrollo”. Así como con los derechos de los pueblos indígenas, la Declaración de Derechos campesinos expone un enfoque de derecho para reducir la desigualdad que enfrenta el sujeto de la declaración – los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales- frente a otros actores y sus acciones en el ámbito rural, instituciones e instancias del mercado, afirma por ejemplo, que los campesinos “sufren de manera desproporcionada pobreza, hambre y malnutrición (…) sufren cargas causadas por la degradación del medio ambiente y el cambio climático”. Además, muestra preocupación por su agotamiento o envejecimiento “porque los jóvenes cada vez más emigran a las zonas urbanas y dan la espalda a la agricultura debido a la falta de incentivos”; y reconoce que “el acceso a la tierra, al agua, a las semillas y a otros recursos naturales es cada vez más difícil para los habitantes de las zonas rurales”.

Las personas que trabajan en las zonas rurales

En cuanto al sujeto y sujeta de esta Declaración, se establece que estos derechos se aplican a los campesinos y a

toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con otras o como comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala… toda persona que se dedique a la agricultura artesanal o en pequeña escala, la siembra de cultivos, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, así como a las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones conexas en una zona rural…. los pueblos indígenas y las comunidades locales que trabajan la tierra, a las comunidades trashumantes, nómadas y seminómadas y a las personas sin tierra que realizan tales actividades… trabajadores asalariados, incluidos todos los trabajadores migrantes, independientemente de su situación migratoria, y los trabajadores de temporada, que estén empleados en plantaciones, explotaciones agrícolas, bosques y explotaciones de acuicultura y en empresas agroindustriales (Artículo 1).

Si bien la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas apuntaba a un solo sujeto de derechos, esta Declaración amplía y problematiza varios aspectos, superando el arraigo ancestral e identitario de los pueblos indígenas, establece un contexto de una diversidad de prácticas articuladas a la producción de alimentos en pequeña escala, aún aquellos que se consideran “sin tierra”, demandantes de tierra e incluso asalariados y migrantes. Nos estamos refiriendo a ámbitos de lucha persistente por la sobrevivencia bajo la pretensión de actividades corporales, artesanales (agricultura, ganadería, pastoreo, pesca, silvicultura, caza, recolección, etc.) que hacen a una condición identitaria, la de campesinos y trabadores rurales, y la pretensión de construir un sistema agroalimentario y de vida, diferente y en resistencia a lo hegemónico y dominante.

Si bien esta Declaración –y también la de los pueblos indígenas- asume un lenguaje genérico masculino, tiene una diversidad de explicitaciones en cuanto a las mujeres campesinas y que trabajan en zonas rurales, ratificando los principios de la erradicación de toda forma de discriminación y el disfrute de los derechos y participación en todo ámbito de desarrollo (Artículo 4).

Soberanía alimentaria y recursos naturales

Algo que resulta muy interesante es la incorporación de la noción de soberanía alimentaria, como complementaria al derecho de la alimentación largamente promovido por la FAO (Artículo 15), tal como la concibe la Vía Campesina, como el “derecho [de los campesinos y otros] a definir sus sistemas agroalimentarios y el derecho a una alimentación sana y culturalmente apropiada, producida con métodos ecológicos y sostenibles que respeten los derechos humanos”. Apunta la especulación de alimentos, la distribución desequilibrada de los sistemas alimentarios y la desigualdad estructural que determina el control de las cadenas de valor.

En cuanto a los recursos naturales, se remarca el derecho de acceso a los que se encuentren en el espacio comunal para el goce de mejores condiciones de vida. Recomienda que los Estados adopten medidas y ante las intenciones de otros actores, de explotar estos recursos, se realicen evaluaciones de impacto social y ambiental, se celebren consultas previas, y se establezcan modalidades de distribución equitativa de los beneficios de la explotación, en común acuerdo (Artículo 5).

La violencia e institucionalidad propia

La Declaración se muestra consciente de la violencia descargada contra este sector social, los desalojos, desplazamientos forzosos (Artículo 17) e incluso la cantidad de suicidios de campesinos. Afirma que “pueden hacerse oír, defender sus derechos humanos y sus derechos de tenencia y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales de los que dependen” y muestra su preocupación por

las personas, los grupos y las instituciones que promueven y protegen los derechos humanos de quienes se ocupan de cuestiones relacionadas con la tierra y los recursos naturales corren un gran riesgo de ser víctimas de diferentes formas de intimidación y de que se atente contra su integridad física.

Al tiempo de observar que campesinos, indígenas y trabajadores rurales en general, tienen serias dificultades para acceder a la justicia. Es reiterativa en cuanto a garantizar medidas de protección, frente a la violencia, amenaza, represalia, discriminación de derecho o de hecho, presión ante la defensa de los derechos descritos. Se reconoce su personalidad jurídica (Artículo 7), su libertad de pensamiento y credo, así como su derecho a concebirse individual y colectivamente (Artículo 8), poder organizarse en sindicatos, cooperativas, asociaciones para proteger sus derechos y defenderse (Artículo 9). La Declaración es enfática en el cuanto al derecho humano al desarrollo, a la información pertinente y culturalmente apropiada (Artículo 11), al acceso a la justicia de manera efectiva y no discriminatoria (Artículo 12) y al derecho al trabajo, con una remuneración justa, de acuerdo a la legislación laboral (Artículo 13).

Territorio y comunidad

Existe también, en la declaración, varios argumentos que hacen al apego y relación de los campesinos y personas que trabajan en las zonas rurales con la tierra y los recursos naturales. Si bien intenta su acceso a medios de producción necesarios (Artículo 16), también hace suficientes recomendaciones respecto a la sostenibilidad del medio ambiente (Artículo 18), a la necesidad de “prevención, reducción y control de los peligros y riesgos”, entre ellos, los productos químicos tóxicos, agroquímicos o contaminantes agrícolas o industriales (Artículo 14). A resguardar la diversidad y velar por su autonomía en la producción, conservación y saberes sobre las semillas (Artículo 19) y la precaución a los organismos genéticamente modificados (Artículo 20).

En cuanto a la tierra y territorio, además del resguardo de todos estos derechos y la prevención a la violencia, la Declaración dispone de una visión comunitaria, incluso en contextos en los que las poblaciones tienen la opción a retornar a sus tierras, por ejemplo, luego de conflictos armados; recomienda a los Estados llevar adelante reformas agrarias para hacer posible el acceso a la tierra a los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y recomienda priorizar a los campesinos sin tierra, jóvenes y otros (Artículo 17). Esta priorización se extiende a los recursos naturales, explícitamente al agua, cuyo uso prioritario debe ser la satisfacción de las necesidades humanas frente a otros usos o formas de explotación.

Incidencia y movilización

“…sin lucha, sin iniciativa, sin creación, sin organización, sin propuestas concretas, queda en el papel” (Rosalía Pellegrini, Coordinadora Nacional de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra – UTT)^[5]

El Informe 2019 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica^[6], facilita una aproximación al nivel territorial de concretización de esta Declaración. En varios países se ha iniciado una discusión bastante rica y peculiar, de abajo a arriba, desde los interiores de las organizaciones campesinas e indígenas, hacia la institucionalidad pública. Se presentan omisiones o aceptaciones no legisladas en específico, y cierta marginalidad del tema, por el clima político tan agitado que dejó el año 2019.

El balance inicial no es muy alentador, se habría esperado una mayor discusión entre gobiernos y organizaciones, así como lineamientos más nítidos en las organizaciones multilaterales dependientes de Naciones Unidas, lo mismo que la cooperación internacional. Sin embargo, asumimos que es una etapa inicial, y como en otros casos, dependerá en gran medida de los propios actores beneficiados el que se cumplan los acuerdos, logrados por su propio esfuerzo, en el marco de las convenciones internacionales. Lógicamente este proceso se tropezó, como todos, con la pandemia que en estos momentos vive buena parte de la población mundial, y en desventaja, la población rural.

En Paraguay, el investigador Luís Rojas reporta que se dio la resolución favorable del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, condenando al Estado paraguayo por la muerte de un campesino en el 2011, en relación a las fumigaciones con agrotóxicos que provocó la contaminación del agua en su comunidad. En tal resolución, la ONU referencia por primera vez la Declaración de Derechos Campesinos, como parte de su argumentación. Esto resulta bastante paradójico pues este país, fue el único en Sudamérica, en abstenerse de la votación para aprobar la Declaración.   

Otro caso peculiar es el que reporta el investigador Pablo Díaz en el Uruguay, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que “El apoyo de nuestro país a la temática, que se considera pertinente y oportuna considerando la situación de especial vulnerabilidad de las personas que viven en zonas rurales, [sin embargo] el texto aprobado en varios aspectos excede lo que debe ser una mirada circunscripta a los derechos humanos de las personas que habitan el medio rural”, no crea nuevas categorías de derechos y no se trata de “un instrumento jurídicamente no vinculante”. Debe recordarse que Uruguay ha suscrito y ratificado la Declaración de los Derechos de los pueblos indígenas, pero no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, la Declaración está siendo parte de los encuentros organizativos en Argentina, principalmente los que tienen que ver con el campesinado articulado a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-VC), ha sido parte de las demandas de la Minga del Suroccidente en Colombia, y en Ecuador, como en Paraguay y Brasil, las organizaciones vislumbran la necesidad de su socialización, difusión y ratificación, por los persistentes casos de violencia contra las personas rurales, sus derechos humanos, su derecho a la tierra y territorio, y la necesidad de reconducir y fortalecer sus agendas reivindicativas.

Desde el IPDRS creemos que estos instrumentos coadyuvan a generar diálogos interinstitucionales, en buena medida, los pueblos indígenas y organizaciones campesinas y afrodescendientes, han generado sus instancias propias e incluso sus formas de ejercer gobierno sobre sus territorios, aun así, la conducta que observamos como institucionalizada desde los Estados hacia ellos, es la violencia, sistemática y dirigida a líderes, autoridades territoriales y defensores de derechos. Esto no puede continuar así, los esfuerzos por visibilizar a las víctimas deben extenderse a señalar a los actores, instituciones y empresas que ejercen la violencia, que instauran regímenes territoriales de control, amenaza y luto para la población campesina, indígena y afrodescendiente. Si la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, es una oportunidad para trabajar sobre el reconocimiento social que se le debe a estas poblaciones, y el respeto de sus derechos fundamentales, así como su derecho al desarrollo propio y gobiernos propios, no la podemos dejar pasar inadvertida. Proponemos invertir los esfuerzos, los recursos y las alianzas posibles para su socialización, discusión y legislación pronta.

[1] Socióloga, investigadora del IPDRS y coordinadora de la plataforma del Movimiento Regional por la tierra y territorio http://www.porlatierra.org/casos.  

[2] Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

[3] Disponible en: https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf

[4] Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf

[5] Testimonio trabajado por Gisela Hadad, Tomás Palmisano y Juan Wahren (2020), en el Informe 2019 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica.

[6] Disponible en: https://sudamericarural.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/117

 Sobre la seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia

Fernando Eguren^[1]

La pandemia del Covid-19 tiene impactos en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural. Uno de los más críticos es el que tiene que ver con la seguridad alimentaria. “Es altamente probable que la pandemia de COVID-19 repercutirá en un incremento del hambre y la pobreza en América Latina y el Caribe” advierten la FAO y la CELAC^[2].

¿Está asegurada la alimentación de todos los peruanos en lo que resta del año? ¿Cuáles son las proyecciones para el próximo año?

Para intentar una respuesta conviene distinguir los diferentes componentes de la seguridad alimentaria contenidos en la definición aprobada por la Cumbre Mundial de la Alimentación convocada en 1996 por la FAO: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.”^[3]

El primer componente –disponibilidad- es que haya suficientes alimentos disponibles para toda la población del país y en todo el territorio. El segundo –acceso-, que todos pueden acceder a los alimentos, ya sea comprándolos, produciéndolos o por otros medios. El tercero –uso-, es que los alimentos satisfagan las necesidades nutricionales para una vida sana. El cuarto –estabilidad-, que estos tres componentes sean estables, vigentes todo el tiempo.

1. Disponibilidad ¿Hay alimentos para todos?

Hasta el momento –segunda quincena de mayo- no parece haber un problema en la oferta de alimentos. Los mercados están abastecidos, aunque la información disponible se refiere, sobre todo, a las zonas urbanas de Lima y de algunas otras ciudades. Estamos consumiendo los productos que se sembraron antes de la pandemia.

Pero hay algunas informaciones preocupantes. El valor de la producción agrícola, que fue positivo en enero y febrero en comparación con los mismos meses del 2019, dio un resultado negativo (-0.3%) el mes de marzo, primer mes de la pandemia.[4]  El decrecimiento fue aún mayor en la principal fuente de proteínas animales de la población, el pollo: el volumen comercializado en los mercados mayoristas de Lima ha estado bajando: -10% en marzo, -8.9% en abril y -16.7% mayo.[5] No sabemos si estos datos negativos son un bache o el inicio de una tendencia que se va a prolongar en lo que queda del año. Todavía no se puede llegar a conclusiones firmes, hay que observar qué ocurre en los meses siguientes. Un estudio realizado por el Instituto Apoyo es pesimista, pues prevé que la crisis económica se prolongará y afectará negativamente la segunda campaña agrícola que se iniciaría en el segundo semestre de este año.[6] Lo que suceda en esa segunda campaña depende mucho de qué es lo que hará el gobierno en estas semanas.

Hasta el momento, el apoyo a los productores agrarios ha sido básicamente la entrega de bonos para suplir en algo la falta o reducción de los ingresos. Pero no se nota mayor esfuerzo del gobierno en apoyar la nueva campaña agrícola con financiamiento y otras medidas de apoyo económico y logístico. La demanda de Conveagro de que se destinen cinco mil millones de soles para un Fondo de salvataje y reactivación de la agricultura familiar, que produce las tres cuartas partes de los alimentos que consume el Perú, no ha sido acogida (en contraste con los miles de millones de soles puestos a disposición de las empresas privadas).

Una característica de la agricultura campesina es su capacidad de resiliencia, de resistir situaciones adversas. Una manera de defenderse de las crisis económicas es retraerse de los mercados y aumentar su autoconsumo. No sabemos si esta será una reacción en el contexto de la pandemia, pero si lo fuera, sin duda se reducirá la proporción de la producción que se destina a los mercados urbanos.

También puede afectar la disponibilidad de alimentos el hecho que muchos productores pueden contraer el coronavirus y, por consiguiente, se vean impedidos de continuar con su actividad productiva. Parece que hay un patrón de contagio que se inicia desde los sectores de ingresos medios y altos de las grandes ciudades,[7] hacia aquellos más pobres de las mismas ciudades, para extenderse luego a ciudades más pequeñas y, finalmente, a las áreas rurales. No sabemos cuánto penetrará el contagio en las áreas rurales. Uno de los factores que contribuirá a ello serán, sin duda, los retornantes que han emigrado desde las ciudades, un número indeterminado de los cuales estaban contagiados y seguramente transmitirán el mal a sus lugares de destino.

La agroindustria alimentaria es también un importante proveedor de alimentos. Seguramente se verá afectada por los cambios en la demanda producidos por la pandemia, pero al mismo tiempo favorecida por la inclinación de los consumidores de estoquearse con alimentos enlatados no perecibles. Su peso en la economía nacional es significativo: en el año 2017 representó el 4% del PBI nacional, cerca de la mitad de lo que aportó la minería ese año.

A diferencia de los alimentos frescos de origen agrario, cuya producción está distribuida en centenares de miles de familias agricultoras, este sector industrial está muy concentrado: tan solo dos empresas, Alicorp, del grupo Romero, y Gloria, del grupo Rodríguez Banda, centralizan más de la mitad de los ingresos de las 20 empresas de alimentos más importantes del país.[8] El grupo Romero también controla la mayor empresa productora de aceite de palma. En la industria avícola también hay un alto grado de concentración. Cinco empresas, encabezadas por el grupo San Fernando y Redondos, colocaron en el 2018 el 92% de la oferta total de carne de pollo en Lima Metropolitana y el Callao.[9] Como veremos más abajo, una parte sustancial de esta agroindustria depende de las importaciones de insumos, principalmente maíz amarillo duro (industria avícola)[10] y trigo (harinas y derivados); en menor medida, también de lácteos.

Las importaciones de alimentos complementan la producción doméstica y son muy importantes para la seguridad alimentaria del país. Anualmente las importaciones agropecuarias giran alrededor de los 7 millones de toneladas (el doble de toda la producción nacional de arroz en 2018, o un tercio más que toda la producción de papa de ese año), y alcanzan un monto aproximado de 2300 millones de dólares anuales. Importamos las tres cuartas partes del maíz amarillo duro, que es el principal insumo de la industria avícola (los pollos –no el pescado- son la principal fuente de proteínas de la población peruana).[11] Importamos más del 90% del trigo, con el que se produce harina, fideos y panes. Otros productos importados significativos para la alimentación del país son el arroz (293 mil toneladas), oleaginosas y lácteos y derivados.

El problema con esta crisis global es que los exportadores de alimentos comienzan a restringirlas para proteger su propia seguridad alimentaria (lo que está ocurriendo con cerca de una veintena de países)[12], presionando sobre los precios, como ocurrió en el 2007 y 2008. En esos años el incremento de precios aumentó el número de personas con hambre en el mundo de 840 millones a más de 1000 millones. Los riesgos de depender de las importaciones de alimentos en situaciones críticas han conducido a que incluso en el Minagri se esté considerando que en el futuro el Perú debe ser menos dependiente de las importaciones. Podemos leer en un reciente documento de dicha institución que: “A medida que se generan problemas en el comercio internacional de alimentos, se considera cada vez más la necesidad de autosatisfacerse, y es esencial que cada país sea en la medida de los posible capaz de producir independientemente sus alimentos; convirtiéndose en una necesidad existencial.”[13]

No sólo importamos alimentos: también importamos semillas, fertilizantes, maquinarias, tecnologías, know how. La oferta de estos bienes tiene un alto grado de concentración a nivel global en corporaciones transnacionales. En los últimos años, varias de estas corporaciones se han fusionado, incrementando el grado de concentración.[14] El grado de autonomía que tiene el Perú respecto a estos productos es sumamente reducido, y los esfuerzos en investigación científica y tecnológica en estos rubros es cercano a cero.

1. El acceso a los alimentos

En segundo lugar, el acceso a los mismos ¿puede acceder toda la población a los alimentos?

La principal razón del hambre es la pobreza. Ya antes de la pandemia una parte importante de la población no podía acceder a los alimentos necesarios para una vida sana. Son los llamados pobres extremos del campo y la ciudad. Esta categoría –pobre extremo- se define como aquella persona cuyos ingresos no cubren la compra de una canasta básica de alimentos. Antes de la pandemia, el 3.7% de la población calificaba como pobres extremos (aproximadamente 1 millón 202 mil personas). Este número debe de haber crecido sustancialmente en los últimos dos meses, seguirá incrementándose en los meses por venir: la CEPAL estima que en un escenario alto, la pobreza extrema podría llegar a ser el 5.1% de la población (1 millón 657 mil personas).[15] Según el INEI, se han perdido 1.2 millones de empleos en los últimos tres meses tan solo en Lima, principalmente afectando a trabajadores informales.[16] El mismo INEI realizó una encuesta en la primera semana de mayo en la que el 14% de hogares declaró no haber podido comprar alimentos proteicos –carnes, pescado, huevos- por carencia de medios económicos, y un 9% declaró lo mismo con relación a la adquisición de alimentos ricos en carbohidratos.[17]

Para el conjunto de la población, y a pesar de las mejoras en el orden alimentario ocurridas en los últimos años, todavía en el 2018 el déficit calórico estimado a nivel nacional era de 36.7%. Más grave era la situación en las áreas rurales, en donde este porcentaje sube a 44.8.[18]

Lo mismo debe estar ocurriendo con la desnutrición infantil. En los años de crecimiento económico, la tasa de desnutrición se redujo significativamente, de más del 30% el año 2000, al 28.0% en el 2007 a 12.2% en el 2018 (aunque con importantes diferencias regionales: 21.1% en sierra vs 7.3% en costa en el 2018).[19]   Pero es de esperar que esta tasa vuelva a aumentar con la reducción de la actividad productiva en el campo y la ciudad y, por tanto, de los ingresos familiares.

¿Qué ocurre con millones de niños cuyo acceso a una comida principal dependía de los programas de alimentación escolar? Puesto que ya no asisten a las escuelas, y aunque se están haciendo esfuerzos por llevarles los alimentos, varios miles no podrán acceder a ellos en los meses por delante. De todos modos, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma continuará con la distribución de alimentos, aunque no es claro cuál será su alcance: por un lado, la institución informó que este año se distribuirá alimentos a 4 millones de niños[20], pero el diario oficial El Peruano menciona que serán 3 millones.[21] La diferencia es lo suficientemente grande como para merecer una aclaración oficial.

Otro problema es el sistema de transporte de alimentos. En varias localidades rurales la población misma, temerosa de contraer la enfermedad, establece controles a la entrada de transportistas. Por otro lado, hay un mayor control oficial de los medios de transporte por razones sanitarias. Las dificultades de llevar mercancías de un lado a otro no sólo son un problema para abastecer los mercados urbanos, sino también para movilizar los insumos necesarios para la producción agropecuaria,  y trasladar a los propios productores, lo cual afectará sin duda, también, la producción de los alimentos y los ingresos de los productores.

El cierre temporal de los mercados por razones de salubridad es otro obstáculo para el acceso a los alimentos, pero básicamente para los sectores populares. Las clases medias acuden a los supermercados, que cumplen mejor los protocolos de salubridad, o reciben los alimentos a domicilio por servicios de delivery. El Minagri ha ido impulsando los mercados itinerantes como una alternativa temporal. Pero, según fuentes oficiales, “Están participando más de 5,000 productores con casi 5,000 toneladas de productos.”[22], cifras francamente irrisorias.

Desde los estudios realizados por Amartya Sen –premio nobel de Economía en 1998– sobre las causas de las hambrunas, sabemos que estas se deben no a la inexistencia de alimentos suficientes, sino a las desigualdades en los mecanismos de distribución de alimentos; por ejemplo, a la imposibilidad de comprarlos por falta de dinero.[23] Es por ello que la distribución de bonos dispuestos por el gobierno es de primera importancia, pero depende de cuánto tiempo más durará esta crisis al mismo tiempo sanitaria y económica. También la falta de información puede contribuir a que haya hambrunas. Hace unos pocos días una funcionaria de la Defensoría del Pueblo relataba que poblaciones nativas amazónicas, particularmente las no contactadas, son totalmente ignoradas por el gobierno nacional y también regionales, en parte porque no reciben información de la situación de estas poblaciones. En términos prácticos, son invisibles en el mapa de las instancias gubernamentales que deciden sobre las ayudas a la población.

Queda claro, pues, que los diferentes niveles de acceso a los alimentos tienen como primera causa las múltiples facetas de la desigualdad, que se reflejará de manera más diferenciada, cruel y dramática a medida que se prolongue la crisis sanitaria y económica.

1. El uso. ¿Cuán nutritivos son?

En tercer lugar, el uso de los alimentos, su calidad nutricional.

Una de las manifestaciones del déficit nutricional –en este caso de minerales- de un importante número de la población en el Perú es la muy alta incidencia de la anemia. La reducción de la anemia no ha seguido los pasos de la importante reducción de la desnutrición infantil. “La anemia infantil afectaba en 2017 al 43.6% de los niños y niñas de 6 a 36 meses de edad”[24], lo cual es calificado por la OPS como un problema de salud pública grave. En el 2019 logró disminuir a 40.1%.[25] En las zonas rurales alcanza el 53%; y algo más en los niños más pobres, tanto urbanos como rurales (quintil 1). En el departamento de Puno el 75.9% de los niños de 3 años o menos son anémicos, y más del 60% en los departamentos de Loreto y Pasco. Hay una indudable relación entre anemia y pobreza, pero también la hay entre la anemia y el desconocimiento de lo que es una alimentación saludable.[26] Pero aún en los quintiles más altos de ingreso, la incidencia de la anemia es elevada, lo que indica una dieta nutricionalmente deficiente, sobre todo en hierro. Es de esperar que con la reducción de los ingresos esta situación se vaya agravando.

Con la reducción de ingresos y la variación de los precios muchas personas modifican la composición de su dieta. La nueva dieta reduce no solo la cantidad sino también la calidad de los alimentos consumidos. La evolución de los precios de los alimentos densamente calóricos y pobres en micronutrientes tiende a bajar, mientras que, al contrario, la de los alimentos sanos tiende a aumentar, alejándose de las posibilidades de ser adquiridos por las poblaciones pobres.[27] El consumo regular de la llamada comida chatarra, rica en azúcar, sodio y grasas, conduce al sobrepeso y a la obesidad, y contribuye a la creación de otro problema de salud pública: la multiplicación de enfermedades crónicas no transmisibles: cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas. En el año 2018, el 23% de la población mayor de 15 años era obesa (por lo menos en 4 departamentos superaban el 30%), y el porcentaje se incrementa de año en año[28].

1. La estabilidad

El cuarto componente de la seguridad alimentaria es la estabilidad, es decir, el que no haya baches y vacíos en la disponibilidad de alimentos (desastres naturales, sociales o sanitarios), ni en su acceso (reducción de cosechas por causas naturales o socioeconómicas, elevación de los precios…), ni en su calidad nutritiva.

Precisamente este componente de la seguridad alimentaria es el más obviamente impactado por la pandemia pues, como hemos visto, hay incertidumbre sobre la disponibilidad de alimentos y sobre la capacidad de importantes sectores de la población de acceder a los mismos. Se viene a agregar, además, la inestabilidad causada por los efectos del cambio climático sobre el rendimiento de los cultivos, la disponibilidad del agua y la evolución de pestes y enfermedades, todo lo cual contribuye a presionar la elevación de los precios.

Esta inestabilidad se encuentra agravada por la falta de una institucionalidad que asegure que los componentes de la seguridad alimentaria mencionados sean incorporados a las políticas de Estado. Por poner un ejemplo: el proyecto de ley de seguridad alimentaria, cuyo objetivo era la instalación de una arquitectura institucional en los tres niveles de gobierno, fue aprobado por el Congreso en noviembre del 2015 y luego, a las pocas semanas, terminó archivado por el mismo Congreso; es improbable que el Congreso actual lo actualice. La misma Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, supuestamente vigente hasta el año 2021, apenas si se ha implementado. No hay una política de Estado para asegurar la seguridad alimentaria con una visión de mediano y largo plazo. El gobierno nacional no ejerce ningún liderazgo que oriente realmente a los gobiernos regionales y municipales. La única política de Estado orientada a la actividad agropecuaria desde la década de 1990 es, como ya se mencionó, la promoción y el apoyo a la moderna agroindustria exportadora.

En síntesis…

Hay una amenaza real de que la seguridad alimentaria del país en su conjunto se vea seriamente afectada por la pandemia, de que en algún momento no haya alimentos suficientes, que vastos sectores de la población no puedan adquirirlos, y que se reduzca la calidad de la dieta. Cuánto más se prolongue la crisis pandémica en el Perú y el mundo la situación será más grave, en particular para los sectores poblacionales con menos ingresos y oportunidades.

La actual situación permite apreciar que las políticas agrarias que se han seguido por décadas en el Perú son inadecuadas para las necesidades del país. Es ineludible un cambio de prioridades. No puede continuar el privilegio de la gran empresa agroexportadora en desmedro del apoyo a la agricultura familiar, que abastece el mercado interno. En el actual contexto de la pandemia el gobierno podría exigir a estas grandes empresas que destinen un porcentaje del cuarto de millón de hectáreas con riego, o más, que poseen, a la producción de alimentos para el país. En una perspectiva de mediano plazo, el país debe reducir la dependencia de las importaciones, sin pretender, claro está, una imposible e inconveniente autarquía. Finalmente, el país no puede continuar con un modelo económico que crea poco empleo y profundiza las desigualdades.

[1] Presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

[2] “Seguridad alimentaria bajo la pandemia de COVID-19”. FAO y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (2020). https://bit.ly/36vAN8k

[3] Según la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de 1996, “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. A este respecto, es necesaria una acción concertada a todos los niveles.”. https://bit.ly/3gaJKsi

[4] Diario Gestión, 17 de mayo 2020. https://bit.ly/368zv2Y

[5] Minagri. Sistema de información de Abastecimiento y Precios (SISAP). 03 de junio 2020.

[6] Citado en los considerandos del Decreto de Urgencia 041-2020.

[7] Por ejemplo, lo mismo ocurrió en Arequipa, según informa el diario El Pueblo. https://bit.ly/36fcRGe

[8] Salazar, Elizabeth (15 noviembre 2019). “La poderosa industria que sirve la mesa en Perú”.  OjoPúblico. https://bit.ly/2TOAoci

[9] Minagri. Comercialización de aves en Lima Metropolitana y el Callao.  P. 13 https://bit.ly/2TNYnrR

[10] Un estudio realizado por el IICA en 1975, ya alertaba sobre “una riesgosa dependencia para el abastecimiento” de los cereales necesarios para la pujante industria avícola. IICA (noviembre 1975). Análisis de situación de la agroindustria en el Perú. (P.174) Después de 45 años, la situación no ha cambiado.

[11] La mayor parte de las proteínas provenientes del pescado es exportada en forma de harina para alimento de ganado, siendo China el principal comprador.

[12] The Economist. “The world’s food system has so far weathered the challenge of covid-19”. May 9th 2020 edition. https://econ.st/3616kyS

[13] Minagri. “Reporte coyuntural del comercio exterior agrario. El coronavirus y la puesta en valor de agricultores y ganaderos”. Comercio Exterior Agrario. 28 de abril 2020.  https://bit.ly/2ADkt9I

[14] Cuatro corporaciones controlan el 67% de la oferta global de semillas; también cuatro corporaciones concentran el 70% de la producción de agroquímicos. ETC Group (2018). Blocking the chain. Industrial food chain concentration. https://bit.ly/2zCJx0s 

[15] CEPAL. Informe especial Covid-19, N° 3, 12 de mayo 2020. https://bit.ly/3cPuU8H

[16] Diario El Comercio, 21 de mayo 2020.

[17] INEI. Citado por Eduardo Zegarra. “De la pandemia a la crisis de alimentos en Perú”. 25 de mayo. https://bit.ly/2BcK2ih

[18] INEI-ENAHO (junio 2018). Condiciones de vida en el Perú. Trimestre: enero-febrero-marzo 2018. Cuadro 3.3. P. 8. https://bit.ly/2XayLYo

[19] OMS/OPS. Perú. Sala de Información y Análisis en Salud, https://bit.ly/36i1a1y

[20] Midis. “Qali Warma brindará servicio alimentario a escolares durante todo el año”. 14 de mayo 2020.

 https://bit.ly/308i8yw

[21] Diario oficial El Peruano.  “Desde mañana Qali Warma distribuirá sus productos almacenados a los padres de familia”. 4 de junio  https://bit.ly/2Y4IoY1

[22] Minagri. “Diálogo sobre desarrollo rural, seguridad alimentaria y agricultura familiar en el contexto de la pandemia”. Presentación PP de la viceministra de Políticas Agrarias, Paula Rosa Carrión Tello. Mayo 18, 2020.

[23]  Amartya Sen (1981) Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation (Pobreza y hambruna: Un ensayo sobre el derecho y la privación ). Oxford University Press.

[24] Minsa (abril 2017).  Documento técnico Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil 2017-2021. http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4189.pdf

[25] Andina. Febrero 2019. https://bit.ly/36jbLcH

[26] Gobierno del Perú (2018). Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia.

[27]  FAO (2019). Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. https://bit.ly/2ze0Wfs. P. 65.

[28] OMS/OPS. Perú. Sala de Información y Análisis en Salud. https://bit.ly/3bT6PfI

¿El verdadero petróleo está en el agro?" El agroextractivismo como amenaza para la
Soberanía Alimentaria

Tamara Artacker

La frase “El verdadero petróleo está en el agro” del ministro de agricultura Xavier Lazo (abril 2020) parece convertirse en el nuevo slogan de su periodo en el MAG – es repetido una y otra vez, en ruedas de prensa, en afiches del Ministerio y en videos publicitarios que circulan en las redes sociales.[1]

Especialmente en esta época de pandemia, en la que el Ministerio ha sido cuestionado por mostrar poca acción y presencia en los territorios rurales, campesinos e indígenas, este slogan debe llamarnos la atención por sus múltiples connotaciones, y debe levantar alertas sobre sus posibles implicaciones para el sector agrario.

En primer lugar, ¿cómo podríamos interpretar la comparación de la agricultura con el petróleo?

Conocemos los impactos económicos, sociales y ambientales que implica basar la estructura productiva del país y el presupuesto estatal en la explotación del crudo en la Amazonía. Incontables veces se ha señalado la “maldición de la abundancia”[2] el peligro que se encuentra en la generación de una economía rentista, dependiente de un commodity que se comercializa en el mercado global y en las promesas de “desarrollo” vía extractivismo, quiere decir, a través de la explotación y exportación de recursos naturales renovables y no renovables.

La caída drástica del petróleo en el mes de abril de este año[3] nos mostró, nuevamente, la fragilidad de un modelo económico que depende en gran parte de un solo producto primario para la exportación. Como resultado de esto, vemos en estos días cómo los recortes presupuestarios, debido a la baja del precio del petróleo, afectan sobre todo los gastos sociales.

A nivel de los impactos socioambientales, incluso en la actual situación de excepción, todxs nos enteramos de los derrames de petróleo en el río Coca generados por la ruptura de los oleoductos en abril de este año[4]. Lo que tal vez no todxs tenemos tan presente son los impactos a largo plazo que estos derrames significan para las comunidades locales: la contaminación de sus fuentes de agua, la pérdida de sus suelos productivos por la misma contaminación, los altos índices de cáncer en zonas petroleras. Aunque se arregle el oleoducto y vuelva a fluir el crudo, esto no significa que desaparece el petróleo derramado de ríos, suelos y cuerpos.

Ahora bien, frente a la crisis de los precios del crudo, el nuevo slogan del Ministerio de Agricultura (MAG), invita a imaginar un giro, donde la principal fuente de ingresos del país no sea más el petróleo, sino la agricultura.

En este contexto hay que tomar en cuenta, que el mismo MAG anunció en febrero, en sus seis ejes de la “política agropecuaria 2020-2030”[5] que fomentará las agroexportaciones y la apertura de nuevos mercados, de la mano con una mejora de la competitividad y productividad en el campo. Esto lleva a que el slogan del Ministerio sea interpretado como propuesta de acentuar la agroexportación como sustituto de las exportaciones petroleras que se hicieron poco rentables en este escenario de caída de precios.

Pero encontramos más noticias que refuerzan esta interpretación como la reciente aprobación del acuerdo comercial con la EFTA (European Free Trade Association – Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islanda), relación comercial que para Ecuador se basa en la exportación de materias primas como banano, cacao, oro, camarón y rosas; o también los acercamientos al gobierno estadounidense con el objetivo de lograr integrar nuevos productos agropecuarios al sistema de preferencias arancelarias.

Sin embargo, debemos señalar las paralelas que existen entre la explotación agraria, en grandes monocultivos para la exportación, y la extracción de petróleo. Los dos tienen altos impactos sociales y ambientales a nivel local, los dos se basan en una comprensión de la naturaleza como fuente de recursos con valor económico listos a explotar, los dos no toman en cuenta las “externalidades”, los costos no monetarios (sociales y ambientales) que quedan invisibilizados en todo el proceso de extracción y comercialización, los dos se guían según los requerimientos del mercado global, los dos dependen de los precios internacionales, los dos son manejados por grandes grupos económicos o empresas transnacionales. Finalmente, los dos ponen la ganancia por encima de la vida. Por todos estos aspectos en común, se habla de agroextractivismo en paralelo al extractivismo petrolero o minero.

Entonces, ¿qué significa la profundización del agroextractivismo para el sector rural, especialmente frente al panorama de la crisis que se avecina?

Aumentar la producción agraria para la exportación, implica, en primer lugar, una creciente presión sobre el campo. La tierra productiva en el país y también en el mundo es limitada. Los seres humanos actualmente ya estamos ocupando prácticamente toda la superficie de la que se puede sacar uso, y la destinamos principalmente a pastos, forestales, agricultura y, en menor medida, a vivienda.

Para aumentar la superficie dedicada a ciertos rubros agroexportadores, por lo tanto, sólo existen dos vías: o desplazar otros usos del suelo (como los cultivos de alimentos y la ganadería), o deforestar los bosques primarios, lo que conlleva impactos ambientales fatales como mostraron los extensos incendios en la Amazonía en 2019.

En cambio, para aumentar la producción sin aumentar la superficie para estos rubros, se aplica la intensificación de la producción. Debido al enfoque hacia las ganancias a corto plazo, esta se basa en una sobreexplotación de los suelos que lleva a su degradación.

Tanto la intensificación como la expansión del agroextractivismo trae consigo un aumento en el uso de los agroquímicos, que, por su parte, son elaborados con petróleo, lo que nuevamente intensifica la dependencia de este recurso no renovable, sin mencionar sus impactos en la biodiversidad, los suelos, el agua y la salud.

Pero la presión sobre el campo también está relacionada directamente con la situación de lxs pequeñxs productores. En las cadenas agroproductivas de los rubros dirigidos a la exportación –principalmente el banano, el cacao y la palma africana– ellxs cumplen un rol importante en la producción, pero no son lxs que se llevan las ganancias. Muchas veces venden sus productos al límite del costo de producción. No logran competir con los precios más bajos de lxs productores grandes, las empresas agropecuarias, y se endeudan cada vez más y van perdiendo sus tierras. Vemos como consecuencia que, por ejemplo, en el banano hay cada vez menos productores pequeñxs, mientras que la superficie de lxs grandes productores aumenta.

Así, el fomento del agroextractivismo favorece la reconcentración de la tierra y desplaza a la agricultura familiar campesina. Por otro lado, cuando lxs pequeñxs productores son insertadxs en las cadenas agroexportadoras, dedicando su tierra a los monocultivos para la exportación, pierden su autonomía, sus semillas nativas, su subsistencia y con eso, su resiliencia frente a momentos de crisis.

Además, esta idea del fomento de las agroexportaciones se promueve en un momento, en el que el mundo vive una fase de “desglobalización”[6], de cierres de fronteras y mercados, de reducción de los flujos comerciales a nivel global, un momento en el que muchos países buscan caminos nacionalistas, mirando hacia dentro. En un momento, además, en el que muchxs nos planteamos que no podremos seguir produciendo, consumiendo y viviendo como lo veníamos haciendo porque nos lleva a una crisis socioambiental.

Aplicar entonces en este momento una estrategia de seguir el mismo rumbo extractivista, sustituyendo únicamente un rubro primario por otro, el petróleo por los productos agrícolas, significa no haber aprendido nada de los impactos que generó la dependencia, el tambaleo del presupuesto estatal frente a la caída del precio del petróleo, los despidos masivos en los sectores agroexportadores, la falta de ingresos de lxs pequeñxs productores insertadxs en las cadenas agroindustriales.

Y, lo que debería alertarnos a todxs, es que la profundización del agroextractivismo significa una amenaza real a la Soberanía Alimentaria. Significa que las decisiones sobre el uso del suelo ecuatoriano se tomen según los requerimientos del mercado global, no según las necesidades sociales, alimentarias y ambientales en el país. Significa que se perderá más superficie para la producción de alimentos para el mercado local, mientras que se prioriza la producción de commodities. Significa también, que desde la política pública se intentará acelerar aún más la inserción de pequeñxs productores a las cadenas agroindustriales, generando la pérdida de su autonomía y llevándolos al endeudamiento, bajo promesas de “desarrollo” y mayores ganancias.

Frente a este panorama de amenaza a la Soberanía Alimentaria nos preguntamos por el real objetivo de la política pública agropecuaria y por los intereses a los que responde. Con el slogan “El verdadero petróleo está en el agro” se profundizan las dudas sobre la valorización de la agricultura familiar campesina, indígena y comunitaria porque aunque se les denomine como “héroes” no existe una política real para ellxs. Todo apunta a la profundización del agroextractivismo que, al contrario de lo planteado desde la política pública, no ayuda a disminuir la pobreza rural, sino que más bien agrava los problemas sociales y ambientales ya existentes en el campo y en la estructura económica productiva del país: la dependencia, la concentración de la tierra, el desplazamiento de lxs campesinxs, la desvalorización de la producción local y, el deterioro ambiental.

Sin embargo, la situación de emergencia del Covid-19 demuestra la resiliencia de la agricultura familiar que a pesar del abandono desde la política pública asegura la alimentación de la población, que se organiza de manera autónoma para entregar canastas de alimentos frescos, que cuida la biodiversidad y los suelos, que es el sustento de una nutrición sana, que sigue produciendo sin importar los vaivenes en los mercados internacionales. Esto debería mostrar al Ministerio la necesidad de un cambio de rumbo, y llevar a la comprensión de que el verdadero valor se encuentra en la Soberanía Alimentaria.

*Tamara Artacker es parte del Observatorio del Cambio Rural, OCARU, y este artículo tambien se encuentra disponible en su página web https://ocaru.org.ec/index.php/coyuntura/articulos/item/10058-el-verdadero-petroleo-esta-en-el-agro-el-agroextractivismo-como-amenaza-para-la-soberania-alimentaria 

[1] ‑ Véase, por ejemplo: http://www.ecuadorenvivo.com/economia/85-sp-651/120852-lazo-el-verdadero-petroleo-esta-en-el-campo-agropecuario.html -Después de la caída drástica del precio del petróleo en abril 2020 el Ministerio de Agricultura publicó la frase como cita del ministro, acompañado por la frase: “Hoy esto deja de ser una frase y se torna en una realidad que debemos trabajar juntos como país.”

[2]  Acosta, Alberto (2009): La maldición de la abundancia. Quito: Abya Yala.

[3] El precio del petróleo WTI que comercializa el Ecuador cayó de 61 dólares por barril a inicios del año 2020 a una cotización temporalmente incluso negativa el 20 de abril de 2020. Actualmente, a inicios de mayo, el precio por barril se encuentra alrededor de los 20 dólares

[4] Véase https://www.infobae.com/america/agencias/2020/04/09/danos-en-oleoductos-de-ecuador-ocasionan-derrame-de-crudo-en-rio-amazonico

[5] Véase https://ocaru.org.ec/index.php/comunicamos/noticias/item/9770-ministerio-de-agricultura-presenta-un-plan-para-2020-2030-lleno-de-vacios

[6] Véase https://www.lavanguardia.com/economia/20200423/48678195571/coronavirus-acelerando-proceso-desglobalizacion-brl.html

Una enseñanza de la crisis: Urgencia de estrategia pos – petrolera para el futuro del Ecuador

Por: Francisco Hidalgo Flor[1]

La crisis sanitaria ha devenido en crisis humanitaria, con punto de origen en China a fines de diciembre y rápidamente expandida a nivel global, por la acelerada difusión del Covid 19, incrementada por la interconexión mundial, la aguda urbanización planetaria, la debilidad de los sistemas públicos de salud, aquejados por décadas de políticas neoliberales, y menospreciada por estrechas élites gobernantes (los Trump y Bolsonaro), hoy pone en cuestión si el mundo construido es capaz o no de proteger la vida de sus habitantes.

Crisis humanitaria pues a la crisis sanitaria se ha juntado una crisis laboral, millones de desempleados en los países centrales al igual que en los periféricos, la crisis alimentaria, regiones y pueblos que no pueden acceder a alimentos, y una crisis de gobernanza global: cada potencia intenta salvarse por su lado a costa del resto del planeta: he ahí a Trump jaqueando a la debilitada Organización Mundial de la Salud.

Una de esas repercusiones es la crisis petrolera: el hidrocarburo ya no garantiza al patrón de acumulación predominante y este empieza a crujir.

Este acontecimiento es gravitante para países como el Ecuador, con largo historial de rentismo petrolero (durante casi cinco décadas hemos exportado petróleo crudo e importado derivados), pues los pone en condición tambaleante.

El rentismo petrolero ha tenido en estos días, en especial el 20 de abril, un colapso drástico, ese día el precio del hidrocarburo, en los mercados internacionales, fue de – 37 (menos 37): los tenedores de petróleo pagaban para que se lo llevaran.

De hecho, antes que se expandiera la pandemia a nivel global, a mediados de marzo, ya el precio descendió en precios por debajo de los treinta dólares, por una sobreoferta desde Rusia y Arabia Saudita.

Días después, al iniciar el mes de mayo, va dando tumbos en una franja entre los diez y veinte dólares. Pero no es solo colapso en el precio del petróleo, este puede variar, pero probablemente este año no llegará a lo previsto en el presupuesto nacional (de sesenta dólares).

Es el derrumbe de la estrategia rentista petrolera: explotación del hidrocarburo y especulación en los mercados de futuro, a costa de la incesante e imparable destrucción de la naturaleza.

Esto obliga a diseñar un cambio profundo en la economía y modelo de desarrollo del presente y futuro del Ecuador, e igual a otros países aquejados por la petro – dependencia en Latinoamérica.

Carece de sentido, en el marco de esta crisis humanitaria, mantener la explotación petrolera y el extractivismo como ejes de la economía de cualquier país en el mundo, pues es evidente que su evolución profundiza el deterioro ambiental global, la destrucción de ecosistemas.

Esto es aún más cierto para países como el Ecuador, una nación con importantes diversidades sociales, étnicas, biológicas, ecosistémicas, donde el horizonte debe ser mantener y acrecentar esas diversidades, no aniquilarlas.

En la pasada crisis que atravesó el Ecuador en el año 1999, a la cual nos vamos asemejando, ya se planteó la urgencia de pensar estrategias pos – petroleras, tanto por la limitación en reservas que posee el país, como por las repercusiones ambientales y humanas. Ya entonces era necesario dejar atrás el rentismo petrolero.

Por eso surgieron propuestas que sorprendieron al mundo por su innovación, como la iniciativa Yasuní, dejar bajo tierra las reservas petroleras ubicadas en esta región de la amazonia, de alta biodiversidad.

Pero fue torpedeada desde una cúpula gobernante desarrollista, obnubilada por el incremento momentáneo en el precio de las materias primas (fase de commodities) y la voracidad por millonarios contratos de megaobras con sobreprecio.

Ahora en el 2020, cuando se debate sobre vías para enfrentar la crisis, es crucial en las miradas estratégicas para el Ecuador volver a colocar propuestas pos – petroleras como fundamento en las propuestas hacia dentro y hacia afuera del país. Sería muy grave cerrar los ojos y persistir por el sendero extractivista.

LA MONTAÑA RUSA DEL RENTISMO PETROLERO

El rentismo petrolero ha sido la columna vertebral del patrón de acumulación primario – exportador desde mediados de los años 70 del siglo XX hasta la actualidad, sus vaivenes han sido incesantes, las épocas de prosperidad han estado marcadas por los incrementos de precio y las épocas de desgracia por el derrumbe de la cotización de los hidrocarburos.

Los intentos por la industrialización siempre fueron débiles, esfuerzos nacionalistas boicoteados por las administraciones estatales ávidas de ganancias inmediatas, incluidas las de la década anterior, y la presión de transnacionales, incluidas las chinas.

Es pertinente presentar al lector la información sobre evolución de las exportaciones ecuatorianas en los últimos veinte años, veamos el siguiente gráfico, elaborado[2] sobre base de datos del Banco Central[3].

Gráfico No.1: Evoluciones de exportaciones ecuatorianas 2002 – 2019

(en miles de dólares Fob)

Analicemos la evolución desde inicios del siglo XXI para acá de las principales exportaciones que tiene el país: petróleo crudo, productos primarios sin petróleo, industrializados.

La línea  de la evolución de las exportaciones de petróleo crudo se asemeja a una montaña rusa con caídas graves en los años 2002, 2009, 2015 y elevaciones notables en 2008, 2013 – 2014 (el mejor año es 2013 con exportaciones por un monto de 13.400 millones); para el 2019 las exportaciones de petróleo crudo cayeron y apenas alcanzan a 7.000 millones de dólares (casi la mitad de su mejor momento);  superado por la línea del valor de las exportaciones de primarios no petroleros (camarón, banano, flores) que llegó a 9.120 millones de dólares (este fue su mejor año, seguido por el registro del 2018 con 9.100 millones). Cabe señalar la línea de la evolución de las exportaciones de industrializados (derivados de petróleo, elaborados productos del mar, manufacturas de metales) se mantiene constante (su mejor año fue en 2012 con 5.400 millones) ahora se mantienen en tercer lugar con 4.100 millones de dólares.

Para este 2020 es muy previsible la debacle de las exportaciones petroleras, pero también caerán las de primarios e industrializados, probablemente volvamos a niveles de quince años atrás. El conjunto del patrón primario – exportador cruje por todos sus costados.

Añadamos la complicación que deviene de la dolarización, por lo tanto un país carente de política monetaria.

Es hora de romper la continuidad que arrastramos desde fines del siglo XIX, de boom cacaotero a boom bananero luego a boom petrolero. Es un espejismo apostar a un supuesto boom minero por venir. Sería el peor error estratégico del Ecuador.

Es imprescindible volver a pensar en un Ecuador pos – petrolero y pos – extractivista.

El país demanda verdaderas estrategias de política pública, no remiendos de coyuntura, dar un giro y colocar en otros andariveles las dinámicas de la producción, del trabajo, de la alimentación, de la preservación ambiental, que a la par generen equidad e inclusión.

Pensamos en andariveles de una sustentabilidad productiva aliada con el trabajo y con la naturaleza, de una alianza entre el campo y la ciudad, de una descentralización y desconcentración que potencie zonas internas. Hablamos de transformar la relación entre mercados locales y nacional, la necesidad de una articulación entre producción regional y producción nacional, modelo de industrialización ligada a la generación de empleo, modelo de agricultura ligada a la alimentación de los sectores populares, alimentos sanos y frescos, potenciar a territorios indígenas, montuvios, afrodescendientes, que contengan a la población a nivel de parroquia, de cantón, de provincia, disminuir los rangos de la emigración.

De allí que un pilar de la estrategia pos – petrolera es colocar a las agriculturas familiares y campesinas en un rol clave de la reproducción de la vida, redistribuir tierras, agua y mercados, garantizar el acceso y tenencia de pequeños y medianos productores. Que a los sin tierra, que a las mujeres y jóvenes rurales, se les abra nuevas opciones para sostener las agriculturas en las provincias del interior. Podría ser una de las claves.

[1] Profesor de Sociología del Desarrollo en la Universidad Central del Ecuador, investigador de Sipae.

[2] Elaboración: Sipae, agradezco el apoyo de María Quizphe y Eliana Anangonó para la recolección de datos y elaboración del gráfico.

[3] Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador; consultar en: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Anuario/Anuario32/IndiceAnuario37.htm

Jhaquelin Dávalos E. y Juan Camilo Forero A.

Jhaquelin Dávalos (Bolivia), es pedagoga y realizadora audiovisual, coordina Interaprendizaje, el área de formación del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica y Juan Camilo Forero (Colombia) es docente en la Secretaría de Educación en el Departamento de Cundinamarca. Ambos tienen maestría en Diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje, emitida por el Centro de Cooperación para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe.

La pandemia provocada por el virus COVID-19 ha representado un giro importante para la historia de la educación virtual por las medidas de distanciamiento social y  la disposición de cuarentenas a nivel global.  Esto ha obligado a muchos docentes y ministerios de educación de la región a sostener la continuidad educativa a través de la educación virtual y a distancia. ¿Cuál es el alcance de estas medidas educativas considerando que la mayor parte de la población sudamericana, se ubica en el sector rural y las dificultades de conectividad son bastante graves?

Políticas de educación virtual y a distancia en regiones con alerta sanitaria

El monitoreo de la UNESCO, “La educación en América Latina y el Caribe ante el COVID-19”, ha sido útil para hacer un análisis comparativo de los procesos de virtualización de la educación en la región, en diez país de habla hispana y portuguesa.

a. Plataformas virtuales y contenido digital

Después de explorar páginas webs de los ministerios de educación de la región debemos distinguir a los países que han logrado continuidad educativa desde entornos virtuales de aprendizaje (Uruguay, Chile y Argentina), y los países que trabajan con contenidos digitales que suben a un sitio web (Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Bolivia), o que en su defecto, están en el proceso de consolidar sus plataformas y entornos virtuales de aprendizaje.

Un aspecto determinante para una mejor reacción a los entornos virtuales o a los contenidos digitales es la disponibilidad de electricidad y dispositivos tecnológicos y el acceso y conectividad a internet. Con mejores respuestas a estas medidas virtuales está Uruguay, país que garantizó la infraestructura tecnológica, con la entrega de tablets a 85% de la población estudiantil y su cobertura de internet. De hecho, Uruguay tiene 45% de cobertura de internet en zonas rurales frente a 10% de cobertura en Colombia y 6% de Bolivia.

Gobiernos como Uruguay, Paraguay y Perú, han liberado datos para el acceso a las plataformas educativas oficiales, en acuerdo con empresas telefónicas; sin embargo, se libera el consumo de datos por lo general para descargar archivos de texto, y no así, para reproducir el material audiovisual, que los ministerios o canales de televisión tienen alojados en YouTube. Se trata de medidas paliativas para resolver las dificultades para lograr la universalización acceso y conectividad a internet.

b. Cuadernillos, televisión y radio   

Argentina y Chile han impreso cuadernillos y guías de trabajo, para distribuir en escuelas de áreas rurales y población urbana sin acceso a internet. Ambos países, también, han dispuesto guías y textos oficiales para descargar libremente. Chile cuenta con una biblioteca muy bien actualizada para consultar en línea, de uso exclusivo para estudiantes y docentes.

Los países que han recurrido a la televisión y radios nacionales para acompañar sus planes y programas de educación, en tiempos de cuarentena son Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil, en algunos estados, bajo una metodología de retransmisión de los audios sacados de videos. También se ha visto la reutilización de materiales de educación radial de iniciativas no estatales, que han trabajado desde un pensamiento radial. Se destaca las cartillas radiales de la Acción Cultural Popular – ACPO de Colombia o El Maestro en Casa del Instituto Radiofónico Fe y Alegría – IRFA de Bolivia.

c. Experiencias por sistematizar

Suele criticarse a los docentes por un temor infundado a la tecnología, y por satanizar los recursos digitales; y además, a los jóvenes, por su falta de control emocional ante la gran cantidad de información. Sin embargo, escuchar innovaciones digitales docentes como las de Britzna Jerez (nivel inicial) y Luis Gómez (idioma aymara), resulta importante. Igualmente, para ilustrar esto de mejor forma, compartimos una entrevista realizada a una joven guaraní en el chaco boliviano.

“Primero, el director y los profesores se reunieron para plantear una manera de  mandar las tareas  por WhatsApp e hicieron grupos de padres de familia para preguntarles si estaban de acuerdo. De esta manera, estamos haciendo las tareas de las diferentes asignaturas.

En mi curso hicieron grupo de padres y madres de familia, y de nosotros. Envían las tareas a los padres  y a los  alumnos, a los padres le envían también porque no todos los alumnos tienen teléfono.

Esto me parece bueno porque como pueden imaginar, en el colegio llevamos varias materias y hacemos varias horas de clases, y la idea es  que no nos retrasemos cuando volvamos a clases. Ahora, el problema es que en otros lugares no hay señal o a veces cuesta conseguir dinero para nuestras megas, en mi caso, yo lo consigo lavando ropa.

Hay diferencias entre la educación por WhatsApp y las clases. No es lo mismo, un teléfono no te va explicar como te explica un maestro. Para mí, es mejor un maestro porque te explica su experiencia, te ayuda a mejorar tu personalidad, te da consejos, te corrige, y sobretodo, te ayuda superarte.

Aquí en Timboycito, no hay radio, no llega la señal, mayormente no se utiliza la radio. En el pueblo sí hay radio. Hay la “Radio Tembipe, la Voz del sur”; pero, ya casi no se utiliza la radio porque la tecnología avanza.

En este tiempo, estoy aprendiendo que mi familia es importante, que la tecnología es un medio que nos facilita a acceder a informaciones actuales, para  mejorar. También, en esta época he ayudado a mi papá en su trabajo con la apicultura y he aprendido que la miel es buena para el consumo. Casi nunca lo he acompañado, pero me di cuenta que es una experiencia muy increíble, se aprende cosas muy lindas, aprendes cómo se produce la miel. Estoy muy orgullosa del trabajo que hace mi padre” (Daveida Isavot  Cuitira Rojas, 4to de secundaria, 14 años, Macharetí, Chuquisaca, Bolivia).

Conclusiones

• La cuarentena por la pandemia Covid-19 ha obligado a los sistemas educativos de los países a avanzar en la virtualización de la educación, con muchas dificultades, alguna más que otra. Es preciso estudiar estos procesos a nivel de las políticas oficiales, innovaciones docentes y la de la comunidad de estudiantes, principalmente del área rural.
• La UNESCO estableció que 91,3% de la población estudiantil mundial está afectada por la suspensión de clases ante el Covid-19. La afectación a nivel de la población rural estudiantil, a nivel mundial y por país, es desconocida. Conviene gestionar un mapa de acceso a internet diferenciando el área rural, e involucrar a maestros y estudiantes rurales en el seguimiento de la agenda digital, global (ODS 9, Meta 9.c), nacional y local.
• Las políticas de aprendizaje virtual todavía se enfocan en la apropiación de herramientas digitales. Se debe trabajar en marcos normativos para virtualizar la educación de forma integral. Hasta ahora, los debates sobre la presión del capital en los sistemas de educación virtual, la universalización de la conectividad, la seguridad de datos o los temas de la economía de las telecomunicaciones son temas que están quedando desconectados de estas políticas.
• El presupuesto destinado a educación virtual es crucial para cualquier proceso de reforma educativa, extensión de educación, inclusión y emergencia sanitaria, pues como se está conociendo, se requiere garantizar la infraestructura tecnológica, e impulsar la formación desde enfoques críticos y humanos, que coadyuven a la producción de contenidos, la reducción de costos de acceso a internet, entre otros temas.
• Frente a la inevitable virtualización de la educación es importante mantener el equilibrio entre la vida en línea y fuera de ella. En esta cuarentena, muchos niños y niñas del área rural, a pesar las dificultades, se han conectado con el aprendizaje a través del aprendizaje del trabajo agrícola y pecuario, actividades manuales, actividades de recreación y descanso, que igualmente enriquecen la vida personal y el conocimiento.

*Este artículo es una introducción al ensayo que lleva el mismo nombre: “Virtualización de la educación en Sudamérica frente a la pandemia Covid-19”, que explora las medidas asumidas en diez países de la región (hasta el 3 de mayo de 2020) La sección anexos del ensayo aporta enlaces a plataformas virtuales y material transmedia, útil para autoridades, docentes, estudiantes, familias, comunidades, profesionales en comunicación y cine, literatura, informática, entre algunos.

Coronavirus y cadenas alimentarias: ejemplos del norte y sur de Europa

Livia Barreca

Licenciatura en Geografía en la Universidad de Oxford (Reino Unido).
Nacionalidad italiana y británica. En el mes de mayo se tenía programada
su pasantía en el IPDRS, por la emergencia sanitaria se postergó unos meses.
Nos entrega este diálogo desde Europa.

Desde mediados de febrero, la vida cotidiana de los europeos se ha visto interrumpida por la creciente prevalencia de la infección por Covid-19. Italia fue el primer país europeo en registrar un aumento exponencial de las muertes, lo que el 10 de marzo condujo al cierre de todas las actividades no esenciales con el confinamiento de 60 millones de habitantes italianos (McCann et al. 2020). Hasta el día de hoy, la policía italiana patrulla las calles, deteniendo y controlando todos los movimientos. Salir a hacer las compras se ha convertido en una de las pocas oportunidades de salir de su casa.

Para Ángela, una mujer de 80 años que vive en un pequeño pueblo cerca de Roma, era necesario suspender todas las salidas, incluyendo el cuidado diario de la campiña y las compras. Contraer el virus supondría un riesgo muy alto para ella, así como para muchas otras personas mayores o que tienen enfermedades crónicas. Gracias a la red social del pueblo, Ángela ha encontrado una nueva forma de conseguir comida y tener interacciones sociales.

Huevos, harina y otros alimentos son dejados en su puerta por sus amigos más jóvenes que en cambio reciben galletas caseras y pasta. También se han creado redes de apoyo y socialización en algunos distritos de la ciudad, donde los vecinos se ayudan entre sí e intercambian comidas cocinadas. Más que nunca es evidente la importancia de las redes sociales, la creatividad y las habilidades en la cocina.

Intercambios sociales durante el coronavirus.
Roma, 19 Abril 2020, 17:30.

En el norte de Europa, y particularmente en el Reino Unido, el dramático aumento de los casos de coronavirus se registró aproximadamente un después de Italia. En pocos días el gobierno británico cambió por completo su estrategia para responder a la emergencia del coronavirus, cerrar todas las escuelas y cancelar los exámenes. El confinamiento en casa también se ha impuesto a los británicos, pero a diferencia de Italia los controles policiales son menos apremiantes. Más personas pasan varias horas del día cuidando sus jardines, incluyendo los jardines de la ciudad que en tiempos normales se pasan por alto debido a la falta de tiempo y el acceso más fácil a la comida en restaurantes, comida para llevar y tiendas.

En las últimas décadas ha habido una sustitución gradual de la preparación de alimentos en el hogar por la compra de comidas precocinadas o comidas que se comen fuera del hogar. En Inglaterra el 30 por ciento de las calorías se consumen fuera del hogar todos los días (Lawrence 2020). Sin embargo, en la crisis del coronavirus ha llevado a los repentinos escases en los supermercados de productos alimenticios básicos, como la harina, los huevos y la levadura. Esto se ha atribuido al regreso de la necesidad de cocinar en casa. Los supermercados suelen tener una reserva de stock suficiente para un máximo de tres semanas (Ziady 2020) que sin embargo se vuelve insuficiente en caso de un aumento repentino de la demanda.

En Inglaterra, el 90% del consumo de alimentos domésticos está cubierto por un número muy pequeño de supermercados, el 27% del consumo está proporcionado por una sola cadena de supermercados, Tesco (Editorial 2020). Este monopolio demuestra el poder que tienen sobre los pequeños proveedores de alimentos, favoreciendo a crear situaciones en las que el acceso a los alimentos es menos diversificado y, por lo tanto, más vulnerable.

La vulnerabilidad también está vinculada a las largas y complejas cadenas de suministro de los supermercados, con un mayor riesgo de cuellos de botella que bloquean o retrasan la llegada de productos a los estantes. Esto ha sido en parte el caso en estas semanas de emergencia coronavirus, debido al cierre de fronteras que ha bloqueado tanto los productos del extranjero como la llegada de trabajadores agrícolas estacionales de Europa del Este, que en Inglaterra son esenciales para la recolección de frutas y hortalizas (Editorial 2020). Los pequeños vendedores de alimentos, especialmente si se basan en productos locales o con una cadena de suministro más corta, se ven menos afectados por estos fenómenos y también son más sostenibles desde el punto de vista ambiental gracias a las menores emisiones de CO2. Desafortunadamente, hay que recordar que en el Reino Unido sólo el 53% de los alimentos consumidos se producen localmente (Lawrence 2020).

Personas en fila para entrar al supermercado Tesco.
 Londres, 7 Abril 2020, 10:30.

La emergencia de Covid-19 ha puesto de relieve la fragilidad de la cadena alimenticia en Inglaterra. Además, ya en los llamados tiempos normales, en un país de ingresos altos como Inglaterra, 8,4 millones de personas tienen dificultades para acceder a la alimentación saludable (FareShare), cuando al mismo tiempo hay un desperdicio de 250.000 toneladas de alimentos al año, equivalente a 650.000 comidas (FareShare). En Europa, el 14% de las familias con niños viven con inseguridad alimentaria (Pereira et al. 2017, p.12). El brote de Covid-19 ha empeorado las desigualdades y la inseguridad alimentaria también debido a la pérdida de trabajo e ingresos de tantas personas antes vulnerables. Aunque actualmente nos enfrentamos a la pandemia del coronavirus, no podemos hacerlo olvidando los problemas preexistentes. Estos afectan al impacto que la situación de crisis, ya sea debido a una epidemia o al cambio climático, puede tener en la población (Lara 2020). Este momento debe utilizarse para reflexionar sobre cómo abordar las desigualdades y la sostenibilidad alimentaria, apoyando incluso a los grupos más vulnerables, incluidos los ancianos y las personas con hijos dependientes.

La situación actual podría ser una oportunidad para valorar a los pequeños proveedores de alimentos, aquellos que dependen de cadenas de suministro cortas, que no son complejas y utilizan métodos de cultivo respetuosos con el medio ambiente, como los orgánicos. Las redes de apoyo social en las comunidades locales pueden facilitar aún más la distribución de productos alimenticios, como es el caso de los Grupos de Compras Solidarias (GAS) (Ries 2020). En los últimos años, gracias a la mayor concienciación sobre la crisis climática, se ha producido un aumento de las organizaciones alimentarias orgánicas y sostenibles.

Durante el brote actual, tal vez debido al aumento del consumo de alimentos en casa o para evitar ir al supermercado, donde el riesgo de contraer el virus es mayor, la gente ha tenido que recurrir más a menudo a pequeños proveedores, incluidos los proveedores de alimentos orgánicos, que normalmente se consideran nicho. Podría ser una oportunidad para promover una mayor conciencia de la procedencia de los alimentos y la sostenibilidad para el futuro. Esto se aplica tanto a las comidas que se comen en casa, como las que se consumen en restaurantes y comedores. Sin embargo, es esencial que esta concienciación vaya acompañada de políticas que apoyen una diversificación del mercado alimentario, con apoyo a los productores y consumidores que promuevan productos locales y ambientalmente sostenibles.

Bibliografía:

Editorial (27 March 2020) The Guardian view on empty supermarket shelves: panic is not the problem. Available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/27/the-guardian-view-on-empty-supermarket-shelves-panic-is-not-the-problem

FareShare. Fighting hunger, tackling food waste. “Food waste and hunger in the UK” Available at: https://fareshare.org.uk/what-we-do/hunger-food-waste/ [Last accessed 20/04/2020].

Jadeluca P. (2019) Pranzi e cene fuori casa, boom in Italia. Available at:

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-vita/2019/01/17/news/pranzi_e_cene_fuori_casa_boom_in_italia-216794850/ [Last accessed 19/04/2020].

Lawrence F. (27 March 2020) Millions to need food aid in days as virus exposes UK supply. Available at: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/27/millions-to-need-food-aid-in-days-as-virus-exposes-uk-supply [Last accessed on 30/03/2020].

Lara A. L. (29 March 2020) Causalidad de la pandemia, cualidad de la catástrofe. Available at: https://www.eldiario.es/interferencias/Causalidad-pandemia-cualidad-catastrofe_6_1010758925.html [Last accessed 13/04/2020].

Morton B. (9 April 2020) Coronavirus: Flour mills working 'round the clock' to meet demand. Available at https://www.bbc.co.uk/news/uk-52212760 [Last accessed on 14/04/2020].

McCann et al. (5 April 2020) Italy’s Virus Shutdown Came Too Late. What Happens Now?

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/05/world/europe/italy-coronavirus-lockdown-reopen.html

Ries (7 April 2020) L’economia solidale e la crisi Covid-19: unire le forze per una strategia comune. Available at: http://www.economiasolidale.net/content/economia-solidale-crisi-covid-19-unire-le-forze-per-una-strategia-comune [Last accessed on 21/04/2020].

Ziady H. (2 April 2020) Can’t find what you want in the grocery store? Here’s why https://edition.cnn.com/2020/04/01/business/food-supply-chains-coronavirus/index.html [Last accessed on 11/04/2020].

Problemática alimentaria y crisis sanitaria en Ecuador

Francisco Hidalgo Flor[1]

La crisis provocada a nivel mundial por la pandemia del Covid – 19 está dando la vuelta a todo, nada está quedando en su lugar, empezó siendo un problema sanitario, pero alcanza a poner en cuestión al conjunto del modelo civilizatorio levantado en los últimos setenta años, luego de la posguerra de mitad del siglo XX para acá, esto es el capitalismo globalizado.

En algunas regiones y países con mayor complejidad que en otros, y al parecer las evoluciones en el Ecuador están quedando entre las de mayor drama: ¿Quién no quedo estremecido con las imágenes que los medios de comunicación, nacionales[2] e internacionales, transmitieron el 1 de abril, la exposición de cadáveres en las vías públicas de la ciudad de Guayaquil y la quema de llantas en las barriadas que acumulaban muertos por varios días? Al momento de escribir este artículo se reconoce oficialmente que los datos generados tienen subregistro[3].

Una de las cuestiones que ha emergido en su gravedad es la problemática alimentaria: hay países enteros que tienen dificultad para acceder a alimentos, y en otros países hay zonas, como las barriadas populares, que tienen muchas trabas para acceder a alimentos, además que las cadenas privadas de expendio solo se ubican en zonas de ingresos medios y altos, pero no en los espacios donde viven poblaciones con ingresos bajos. Añadiendo que la situación sanitaria demanda alimentos frescos y sanos, no solo enlatados o envasados, pero aún producidos con insumos contaminantes.

Es la consecuencia de setenta años de un sistema corporativo que construyó a nivel mundial la concentración de la producción y del comercio alimentario, basado en una injusta e irracional división internacional, sostenida sobre la base de tratados comerciales, bajo auspicio de la OMC, que monopolizó fertilizantes y semillas, que obligó a que las mejores tierras del mundo se orientaran a los productos que demandan los países centrales y las grandes transnacionales de consumo, y volvieran dependientes de alimentos a la mayor parte de países en África, Asia y Latinoamérica.

Lo que es peor, en los últimos años, con la promoción de los agrocombustibles, que la producción fuera a alimentar automóviles y la monopólica industria de cárnicos.

Irracionalidad pues aleja la producción de alimentos de las necesidades de las poblaciones humanas circundantes, es más se impone un modelo que obliga a los campesinos a abandonar sus mecanismos de cultivos tradicionales al ritmo que multiplica fertilizantes y semillas de marca transnacional.

Un ejemplo de ello es Ecuador, las mejores tierras del país, aquellas con mayor fertilidad de suelos, con acceso a riego, ubicadas en las zonas planas y valles, conectadas con las principales vías de transporte, con gran apoyo estatal, están orientadas a productos que se consumen en Europa, Estados Unidos o China: camarón, banano, flores.

Los productos agrícolas para el mercado nacional se producen en tierras de poca fertilidad, con poco o ningún riego, alejadas de las principales vías, con escaso apoyo estatal, en unidades productivas pequeñas o medianas: maíz suave y maíz duro, plátano, tomate, frejol, melloco, alverja, pimiento, cebolla, entre otros.

Ahora las bodegas de las grandes compañías, en puertos y aeropuertos están abarrotadas de productos que no pueden salir del país y que jamás tuvieron el propósito de consumirse en el país. Ahí varados y pudriéndose. Los barcos llenos de petróleo sin tener a donde ir. Y en las empresas despidiendo a los y las trabajadores/as.

Mientras en las ciudades, en las barriadas populares con habitantes por miles, hombres y mujeres demandan alimentos para sostener su vida: frutas, hortalizas, cereales, leche, huevos, carne.

Y quienes producen esos alimentos, algunos de ellos se vuelven con mayor demanda por su valor nutritivo como quinua, o su aporte para enfrentar las enfermedades de vías respiratorias: naranja, limón, miel de abeja, son los y las campesinos, agricultores, de la costa, sierra y Amazonía, que se mantuvieron necios produciendo para los mercados nacionales.

Evidencia de lo dicho es que del año 2000 para acá en el Ecuador decreció la superficie en cultivos transitorios, donde está la mayor parte de los alimentos para el consumo nacional, se perdieron doscientas mil hectáreas. Mientras que, en permanentes, donde están la mayor parte de cultivos para la exportación, se incrementó en ciento cincuenta mil hectáreas. Veamos el siguiente gráfico, elaborado[4] sobre los datos de la ESPAC nacional[5]

Otro tema por tratar, de nivel local, es la cuestión del acopio y comercio de alimentos para los sectores urbanos de menores recursos económicos y para las poblaciones marginales, pues el neoliberalismo debilitó o eliminó los circuitos de mercados municipales o estatales, tampoco el desarrollismo trabajó en esa línea.

Las principales cinco cadenas privadas de supermercados fueron las empresas que mayor utilidad generaron en la última década y media, luego de los bancos y las empresas petroleras.

La concentración del mercado en grandes cadenas oligopólicas de mercantilización incrementa la fragilidad del acceso a alimentos para los sectores periféricos y/o marginales. Lo que se agudiza si colocamos el requerimiento de alimentos sanos y frescos, sin químicos ni preservantes.

Es urgente e imprescindible trabajar en líneas de comercialización pública, a través de gobiernos locales y/o provinciales, que acerquen producción agrícola campesina y consumo en barrios populares.

Es emergente fortalecer el apoyo a los esfuerzos locales y regionales a favor de la agroecología.

Finalmente es necesario demandar una perspectiva estratégica, que reconozca que esta crisis sanitaria no es un caso aislado, sino que se encuentra enmarcada dentro de un conjunto de condiciones estructurales mundiales, transformar el sentido esencial de las políticas públicas , que plantee desacoplarse del sistema alimentario global, revertir tierras dedicadas a cultivos de exportación a favor de cultivos para el mercado nacional y recuperar los saberes indígenas y campesinos de armonía entre la vida de los seres humanos con la naturaleza.

Definitivamente hay que dar la vuelta a todo, no se puede volver a la normalidad.

[1] Profesor de Sociología Agraria en la Universidad Central del Ecuador, investigador de Sipae.

[2] Las primeras imágenes sobre las exposiciones de cadáveres en la vía pública en Guayaquil fueron transmitidas por los noticieros de las cadenas privadas de televisión pro – gobiernistas de Teleamazonas y Ecuavisa

[3] A la presente fecha: 06/ 04/ 2020, los datos oficiales reconocen un total de casos confirmados con Covid 19 llega a 3767, y se reconoce fallecimientos de 109 casos.

[4] Elaboración: Sipae, agradezco el apoyo de Freddy Montenegro y Eliana Anangonó para la elaboración del gráfico.

[5] Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua- ESPAC, consultar en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-de-superficie-y-produccion-agropecuaria-continua-bbd/

Gobierno boliviano debe tomar medidas para productores del campo y los jóvenes

Lorenzo Soliz T. y César Soliz O.

El gobierno boliviano decretó este 14 de abril varias medidas complementarias para que la población continúe resistiendo la cuarentena total por el covid-19 hasta el 30 de abril y para disminuir los efectos sobre la economía y el empleo. Entre otras medidas, el DS 4216 establece el Programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que destinará hasta 1.500 millones de Bolivianos para créditos que se otorgarán a cinco años de plazo, con 1 año de gracia, cuya la tasa de interés y condiciones recién serán reglamentadas. Entre tanto el Plan de emergencia de apoyo al empleo y estabilidad laboral a las empresas legalmente constituidas otorgará créditos concesionales por 18 meses con seis de gracia, por un monto equivalente a dos salarios mínimos nacionales, por trabajador, por un máximo de dos meses. Estas medidas sin duda paliarán en algo los efectos que ya se sienten en el empleo, los ingresos y la economía.

Sin embargo estas medidas no alcanzan a las y los productores del campo. Como se sabe, este tiempo de cuarentena total fue posible resistir, en gran medida, gracias a la disponibilidad de productos alimenticios de la denominada agricultura familiar. Tubérculos, hortalizas, frutas y carnes rojas y blancas, entre otros, que contribuyen en modo importante a la seguridad alimentaria estuvieron al alcance de la gran mayoría de la población, a veces con cierta especulación. A ello se sumó la solidaridad y cooperación entre la población, especialmente de grupos y activistas jóvenes, para ayudar a paliar el hambre a los grupos más vulnerables.

Pese a esta evidencia, las medidas gubernamentales no benefician ni atienden a campesinos indígenas y pequeños productores que producen los alimentos con que nos alimentamos cotidianamente. Como en el pasado, se continúa considerándolos solo como sectores pobres y no como productores y productoras, como actores económicos. En el país, según el Censo Agropecuario del 2013, existían 871.927 unidades de producción agropecuaria, de las cuales 803.738 pertenecían a una comunidad (www.ine.gob.bo), todo un sector que produce alimentos y genera empleo directo e indirecto.

Por las restricciones de la cuarentena hay productores(as) del altiplano y zonas de valle que no lograron cosechar aún la papa, y el gorgojo de los andes está mermando la producción más que otros años en las mismas parcelas, y los productores de leche y sus derivados de las zonas más alejadas no pueden comercializar sus productos porque no tienen la forma de llevar sus productos a los mercados. En zonas del valle cochabambino donde se suele realizar la siembra de papa después de la época de lluvias (papa lojru), habitualmente por semana santa, tampoco se llevó a cabo con normalidad. En el Chaco, los animales del bosque (monos y loros) consumieron más maíz de las parcelas ya que sus dueños no llegaron para espantarlos como solían hacerlo, y en zonas del Chaco chuquisaqueño prácticamente quedaron sin productos que cosechar por el ataque de las langostas semanas antes de la declaración de la cuarentena. En la Amazonía campesinos, indígenas y pequeños barraqueros no lograron comercializar toda la castaña recolectada del bosque, incluso anunciada la cuarentena los compradores bajaron el precio de 100 Bs la caja de 23 kilogramos a solo 60 o 50Bs, según los lugares; en las zonas de recolección y producción de cacao no se alcanzó a cosechar y recolectar todo el cacao, al igual que otros productos alimenticios de las familias de esta región, etc. En otras zonas de la Amazonía, hay migración de los pequeños centros urbanos a propiedades privadas y de pequeños productores rurales donde hay productos que cosechar y el trabajo se paga con alimentos. El riesgo mayor de todo ello es que no quede reserva de semilla para la nueva siembra, la siembra de invierno donde hay condiciones para hacerlo.

Con relación a la juventud, rural y urbana, si bien muchos de ellos recibirán el bono universal de 500 Bs., no han sido tomados en cuenta para la generación de iniciativas y emprendimientos que contribuyan a generar empleo e ingresos. La juventud hoy está más formada y más preparada que antes, tienen mayores recursos en conocimiento y manejo tecnológico y redes de contactos y comunicación. La Ley 342 de la juventud establece que a este grupo etario pertenecen personas de 16 a 28 años de edad, según el censo de población del año 2012, había 1.796.001 jóvenes (17% del total nacional) entre 20 y 29 años, de los cuales 1.315.398 estaban en el área urbana y 480.603 en el área rural (www.ine.gob.bo). Todo un potencial de fuerza laboral, creatividad y emprendimiento.

Consideramos necesario que el gobierno nacional tome medidas complementarias para apoyar a estos sectores a los que acabamos de referirnos, no como sujetos de políticas sociales sino por su capacidad y potencial productivo. Dotar de crédito productivo, especialmente capital de operación con bajo interés, a través del sistema financiero que prácticamente cubre todo el país, en las áreas alejadas con la Banca estatal, la Banca de la micro y pequeña empresa y las Entidades financieras de desarrollo. Incentivar procesos de transformación, de ferias y mercados locales, incluir más la producción local en las compras estatales, facilitar el acceso a semillas para las nuevas siembras, entre otras. Para ello debe coordinar con las organizaciones nacionales y departamentales de productores, organizaciones económicas campesinas (OECAS) y las comunitarias (OECOM), asociaciones, cooperativas, etc.). Las ONGs pueden apoyar y acompañar actividades productivas, de transformación y comercialización con modalidades diversas con asistencia técnica, capacitación comunicación, etc.; sumar a ello los esfuerzos y aportes que ya está realizando la cooperación internacional. Mayor coordinación con gobiernos departamentales y municipales en esta materia, para acompañar y apoyar iniciativas de re-dinamización productiva de sectores campesinos indígenas, pequeños productores y de las y los jóvenes en sus jurisdicciones. Solo así se podrá re-dinamizar también las economías locales, de los municipios y ciudades intermedias -hoy mal trechas como efecto de las medidas por la pandemia-, y así disminuir los riesgos de mayores niveles de pobreza y la desigualdad, que ya son marcadamente manifiestas.

De no apoyar a este sector de productores agropecuarios que contribuyen a la seguridad alimentaria nacional –que además no tienen garantizada su propia alimentación y sus ingresos por la pandemia-, es previsible la escasez de alimentos en el país, y mayor contrabando e importación debilitando más la capacidad productiva local. Se prevé que las migraciones se puedan intensificar hacia centros urbanos donde no hay ni habrá empleo suficiente o a las tierras bajas, y habrá que ver si hay opciones fuera del país; será terreno fértil para prestamistas informales y usureros así como el habilito (endeudamiento) que empobrecerán más a esta población sometiéndola a condiciones indignas de trato y trabajo, como el de la zafra, actividades agropecuarias y agroforestales, el empleo doméstico, entre otros. Igualmente, si no se apoya ni otorga oportunidades a la juventud rural y urbana, la tasa de desempleo también irá en aumento, con todas las consecuencias sociales y políticas que de ello se puedan derivar, en un contexto en que, además, permanecerá el coronavirus en nuestro medio.

Agenda económico productiva en la pos cuarentena por pandemia de covid-19

Algunas propuestas para el campo sudamericano

Lorenzo Soliz, IPDRS

La pandemia del covid-19 llegó a la región sudamericana justo en momentos en que en gran parte de ella, es decir en los andes y valles interandinos, en el Chaco sudamericano y la Amazonía, se realizan las cosechas agrícolas y la recolección de frutos de los bosques, aunque aún no se han completado totalmente los trabajos del ciclo agrícola, agroforestal y de recolección.

Actualmente la población rural de la región es de 64,5 millones de personas, 15% del total, de 430 millones de habitantes (http://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa). La región además presenta una alta diversidad cultural, para el año 2014 se estimaba que en América Latina existían más de 800 pueblos indígenas con una población cercana a los 45 millones de personas. (CEPAL. Los pueblos indígenas en América latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos. Santiago de Chile, 2014).

Ante la pandemia del “coronavirus” esta población, especialmente los pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrodescendientes, son los más vulnerables ya que no cuentan con sistemas adecuados de salud para atender enfermedades endémicas como el dengue, malaria, chagas y otras, menos aún para atender personas contagiadas por el coronavirus; tampoco es generalizado el acceso a agua segura en sus comunidades y territorios, entre muchas otras carencias que son evidencias de pobreza y desigualdad al interior de los países y en la región. Para protegerse ante el riesgo de propagación de la pandemia han asumido diversas estrategias según las regiones, condiciones y prácticas culturales: internarse a los bosques evitando el contacto con población urbana; replegarse a sus comunidades y cerrar el acceso de caminos vecinales y otros mecanismos de autodefensa, en algunos países incluso antes de las medidas gubernamentales; cierre y cancelación  de actividades turísticas; resoluciones orgánicas complementarias a las medidas gubernamentales para disminuir los riesgos de propagación y contagio, etc.

En la mayoría de los países, la agricultura sigue siendo importante en la generación de empleo rural, supera el 60% en Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. Según la OIT, un 5% de personas que viven en zonas urbanas cercanas a zonas con actividad agrícola acuden a emplearse en dichas actividades, en Ecuador y Perú supera el 8%. En este tiempo de cuarentena fue visibilizado con mayor claridad el gran aporte de mujeres y hombres campesinos indígenas y pequeños productores a la alimentación urbana y rural.

Sin embargo, en el área rural no todas las familias producen sus alimentos ni lo hacen en la cantidad suficiente para todo el año, tampoco en todos los casos tienen opciones de caza, pesca, melea ni recolección de frutos del bosque. Quienes han desarrollado sistemas productivos diversificados en superficies significativas para su alimentación y para el mercado tienen cierta capacidad de soportar este tiempo de crisis y cuarentena; pero quienes están sintiendo la escasez y están pasando necesidades son aquellos que se dedican a oficios no agropecuarios o han optado por la multi/pluriactividad combinando actividades en el área rural y actividades informales en la urbana; quienes no producen en cantidad suficiente ni diversifican sus cultivos y actividades productivas; quienes no tienen tierra o no la tienen en cantidad suficiente; los que no tienen acceso a riego; en algunas zonas altoandinas también mujeres y hombres adultos mayores y niños(as), entre otros.

En esta coyuntura de la cuarentena, desde el IPDRS saludamos que las organizaciones comunales han organizado de manera colectiva el abastecimiento de alimentos que no producen en sus territorios; organización de la caza y la pesca para proveerse de proteína animal; recuperación y fortalecimiento de mecanismos de reciprocidad y colaboración para compartir productos alimenticios entre las familias; implementación de ferias itinerantes en algunos espacios locales, etc.

Las medidas de emergencia sanitaria y de cuarentena aplicadas en la mayoría de los países de la región por la cantidad de días que ya lleva y porque las ayudas gubernamentales (bonos, canasta de alimentos) que no llegan hasta ahora, está generando malestar, tensiones e incipientes movilizaciones que pueden descontrolarse si no se logra saciar el hambre y atender las necesidades más básicas. Además está dificultando completar adecuadamente las labores del ciclo agrícola, agroforestal y de recolección; ni que decir de quienes generan sus ingresos diariamente para cubrir las necesidades familiares.

Dado que esta situación de cuarentena va a concluir, ya que no es posible sostenerlo por mucho tiempo, y cuando se retomen seguramente de manera gradual las actividades, es necesario afrontar de manera inmediata las consecuencias y efectos que ya está dejando la pandemia en los diferentes ámbitos. Una de ellas es el riesgo de una crisis alimentaria, con desempleo y agravamiento de las condiciones de vida de mujeres y hombres del campo. Por ello desde el IPDRS formula las siguientes propuestas para la etapa de recuperación posterior a la cuarentena por la pandemia.

1. Sistemas de protección y cuidado personal y colectivo.

Bajo la hipótesis que la pandemia del covid-19 va a continuar por lo menos por los próximos meses sino años, seguramente con diverso grado de afectación en todos los ámbitos de la vida de la población, se debe fortalecer el sistema de salud en las áreas rurales, combinando con los sistemas de la medicina tradicional e incrementando recursos públicos para ello. Por su parte la población deberá cambiar definitivamente y asimilar nuevos hábitos de protección y cuidado personal y colectivo tanto en el área urbana como rural interconectados sobre todo por el sistema de transporte e intermediación. En el campo se deberá asimilar nuevos hábitos y prácticas para continuar con la vida cotidiana bajo las nuevas condiciones, una vida productiva y saludable en la familia y en la convivencia comunitaria según cada contexto y cultura.

2. Movilizar recursos y actores para fortalecer sistemas productivos y alimentarios en los territorios

Es imperativo movilizar todos los recursos institucionales, materiales, humanos, económicos, tecnológicos, asistencia técnica incluso virtual, para contribuir en la producción campesina indígena y afrodescendiente que está alimentando a la población, antes y durante este tiempo de crisis; producir especialmente en las tierras y territorios titulados a los que han accedido estos sectores en las última década en prácticamente todos los países, y debe ser de manera sostenible de acuerdo a la vocación productiva y a las características agroecológicas y agroforestales. El aumento de la producción no implica necesariamente ampliación de frontera agrícola sino trabajar en la productividad con fortalecimiento de la base productiva diversificada preexistente. El propósito es asegurar la producción de alimentos para los siguientes seis meses ya que las cosechas obtenidas ahora estarán agotándose. Y, donde sea posible, generar reserva de alimentos.

Se propone la siembra inmediata de cultivos de corto plazo (granos, hortalizas, tubérculos), que se puede empezar a cosechar a partir del segundo mes e incluso antes tanto para su consumo, trueque, intercambio como para los mercados locales y regionales. También promover e incentivar la siembra en huertos, canchones (tras patio) y en todo espacio posible tanto en área urbana como rural para garantizar la disponibilidad y acceso a alimentos en los próximos meses.  Todo esto debe ser complementario al sistema habitual de producción que tienen las familias y organizaciones de las diversas zonas y ecorregiones.

Además, hoy más que nunca, se deben valorar y criar (sembrar, reproducir, cuidar y reservar) la diversidad de semillas nativas o criollas, el material vegetal y el germoplasma en manos de los pequeños productores, campesinos indígenas y afrodescendientes.

3. Mantener, reforzar y en su caso constituir ferias productivas y comerciales

Por la importancia que tienen para dinamizar las economías locales, estimular la producción local y generar empleo directo e indirecto entre otros beneficios, se debe mantener, reforzar y en su caso constituir ferias permanentes o temporales y mercados locales de productos alimenticios y de rigen rural, y de productos necesarios para el campo y las ciudades intermedias en alianza entre productores y consumidores, el apoyo de autoridades locales y la participación de intermediarios en los casos necesarios. En dichas ferias, los productores campesinos indígenas y afrodescendientes deben ser actores relevantes, y no marginales ni marginados como suele ocurrir en algunos casos. Los gobiernos locales deben controlar el agio y especulación y los sistemas de pesos y medidas, principalmente las utilizadas por los intermediarios.

4. Renovados esfuerzos para involucrar a la juventud

No cabe duda que la pandemia también sirvió para ayudar a ver la importancia del mundo rural en sus diversas dimensiones para nuestras vidas tanto en el área rural como urbana. Por ello es necesario renovar estrategias y mecanismos para interesar y ofrecer a los más de 30,7 millones de jóvenes rurales latinoamericanos (PROCASUR, CCDA. Sistematización de los resultados del encuentro internacional de juventudes rurales, tierra y territorios. Abril, 2016) nuevas posibilidades y opciones de participación en el fortalecimiento del desarrollo rural, no necesariamente vinculados con actividades agropecuarias ni en las actuales condiciones de trabajo como realizan sus padres y abuelos. Más bien incluyendo innovaciones necesarias y escudriñando nuevas actividades y emprendimientos en áreas en que puedan desempeñarse (procesamiento y transformación de la producción, comercialización, biocomercio, diversos servicios rurales, etc.), dado que cuentan con mayor formación y capacitación y tienen manejo y dominio de las tecnologías de información y comunicación, de las aplicaciones (app), etc. Además, a diferencia del pasado, muchas zonas rurales están interconectadas y tienen acceso al internet, una herramienta que la juventud conoce y maneja.

5. Organización y control territorial

En territorios de pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrodescendientes que cuentan con áreas destinadas a la cacería, pesca, recolección de frutos y otros recursos destinados al consumo local o a mercados nacionales y de exportación (como castaña, cacao, por ejemplo) deben fortalecer y aplicar las normas y los mecanismos de control, vigilancia y gestión territorial, ya que por la falta de alimentos y la necesidad de ingresos puede convertirse en una actividad depredatoria y atentatoria contra la integridad territorial y de las organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, tanto por acción interna pero sobre todo por acción de actores externos como pescadores y cazadores furtivos, comerciantes de estos productos, recolectores externos, madereros, etc. Lo importante es que las organizaciones territoriales, como propietarios colectivos legales de dichas áreas no pierdan su capacidad decisional y de control y gestión territorial. También tendrán que ejercer control sobre la circulación de actores externos vinculados con industrias extractivas de sus territorios y territorios circunvecinos.

6. Recomponer el tejido social y recuperar la confianza.

No cabe duda que la pandemia ha generado condiciones razonables para la desconfianza entre población urbana y rural, entre vecinos, entre comunarios y comunidades; también frente a las personas en tránsito, los migrantes de retorno, los turistas, etc. Se han debilitado los lazos sociales y comunitarios. Cundió la desconfianza y el temor ante el extraño y la discriminación. Por eso es necesario recomponer el tejido social y recuperar la confianza entre todos, bajo las nuevas condiciones y prácticas de cuidado y convivencia colectiva mencionadas en contexto de presencia del virus covid-19 en nuestro medio. No será fácil, pero es necesario para recuperar la convivencia rural, y rural urbana.

Son necesarias otras medidas como la preservación de empleo urbano y rural, la dotación de bonos a sectores vulnerables, financiamiento productivo, medidas fiscales y arancelarias, entre otras, que aquí nos limitamos a mencionar.