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Convenio internacional de alcance regional busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia ambiental, en aras de consolidar y hacer más efectivo de lo que es el derecho a vivir en un ambiente sano

 Este 27 de setiembre, se cumple el primer año desde que se procedió a recoger oficialmente en Naciones Unidas las firmas de los Estados interesados en suscribir el denominado "Acuerdo de Escazú": desde el 27 de setiembre del 2018, este instrumento regional está formalmente abierto a la firma de los 33 Estados de América Latina y del Caribe.

El mismo día de la ceremonia realizada en Nueva York en el 2018, se recogieron un total de 15 firmas, y un día después la de Paraguay; en el mes de julio del 2019, se registró la firma de San Vicente y las Grenadinas.

El único Estado que, al día 25 de setiembre del 2019, había procedido a depositar su instrumento de ratificación era Guyana, depósito realizado en abril del 2019: un resultado poco halagador, algo superado con el anuncio hecho por varios Estados 24 horas después.

En efecto, desde este 26 de setiembre del 2019, Guyana ya no está sola: depositaron en Naciones Unidas sus respectivos instrumentos de ratificación Bolivia y Uruguay, así como Jamaica, San Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas: véase comunicado oficial de la CEPAL así como estado oficial de firmas y ratificación en este enlace oficial de Naciones Unidas.Cabe precisar que entre las 19 firmas reunidas, no figura la de Chile, como tampoco la de Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, ni tampoco la de Venezuela.

Como se recordará, el denominado "Acuerdo de Escazú", cuyo título oficial es "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", fue firmado en marzo del 2018 en Costa Rica, luego de 4 años de intensas negociaciones (2014-2018).

Las negociaciones fueron auspiciadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones Unidas: este convenio internacional de alcance regional busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia ambiental, en aras de consolidar y hacer más efectivo de lo que es el derecho a vivir en un ambiente sano (véase texto oficial en español).

Cabe precisar que entre las 19 firmas reunidas, no figura la de Chile, como tampoco la de Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, ni tampoco la de Venezuela.

En el caso chileno, resulta sumamente soprendente que se haya negado a firmar este tratado, al ser uno de sus principales impulsores durante la fase de negociación: tuvimos la oportunidad de analizar este insólito cambio de orientación por parte de las nuevas autoridades chilenas electas en el 2018: véase nuestra breve nota titulada "El Acuerdo de Escazú sobre derechos humanos y ambiente: Chile se desdice", que reproduce al final el comunicado oficial conjunto de Chile y de Costa Rica difundido con ocasión del Día Mundial del Ambiente en junio del 2018.

Pese a haber aceptado albergar la próxima Conferencia Mundial de Estados Partes a la Convención Marco sobre Cambio Climático (más conocida como "COP25"), las actuales autoridades de Chile mantienen sus distancias con este tratado regional al punto de no querer tan siquiera firmarlo.sin firma por parte del Poder Ejecutivo, los integrantes de los Poderes Legislativos no tienen cómo iniciar el trámite de aprobación de un instrumento internacional.

La ausencia de estas firmas podría revertirse en caso de que los Estados de la región, por alguna razón, cambien de parecer e inicien su propio proceso en aras de facilitar a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos en materia ambiental. Como bien se sabe, sin firma por parte del Poder Ejecutivo, los integrantes de los Poderes Legislativos no tienen cómo iniciar el trámite de aprobación de un instrumento internacional.

Es de notar que América Latina llegará a la PreCom de la COP25, a realizarse en Costa Rica del 8 al 10 de octubre, con la ausencia de la ratificación de Costa Rica, Estado que promovió activamente, copnjuntamente con Chile, esta iniciativa regional durante la fase de negociaciones, albergando la ronda final de negociaciones y dándole el nombre de "Acuerdo de Escazú" a este novedoso instrumento: es muy dificil que, en estos pocos días que quedan, alguna iniciativa para accelerar el proceso de aprobación tenga lugar en el seno de la Asamblea Legislativa costarricense.

De confirmarse la falta de ratificación costarricense antes de iniciar la PreCom en Costa Rica, estaríamos presenciando una nueva ausencia: una ocasión propicia para reflexionar sobre los logros que se pueden alcanzar por parte del aparato diplomático costarricense desde el Poder Ejecutivo, y la dificultad para trasladarlos luego como prioridad al Poder Legislativo.

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